El acto fue premeditado. Desde el lunes 2 de junio, comerciantes recibieron panfletos y llamadas amenazantes exigiendo pagos de hasta USD 3.000 como «entrada» y USD 200 semanales. Según uno de los comerciantes, los extorsionadores advirtieron que incumplir estos pagos desencadenaría atentados. «Avisamos a la Policía sobre las amenazas, pero las rondas preventivas no evitaron el ataque», declaró la fuente al diario Extra.

Imágenes difundidas en redes sociales evidencian el impacto de la detonación, incluyendo un cráter de 50 cm de ancho y 35 cm de profundidad entre dos locales. Personal del consorcio de limpieza Urvaseo retiró esta madrugada escombros metálicos y restos de cemento que cubrían la zona, mientras la Empresa Municipal de Gestión de Riesgos de Guayaquil evaluaba los daños.

La Policía Nacional analiza los restos del explosivo en medio de una ola creciente de extorsiones en el sector. Comerciantes expresan alarma ante lo que describen como actos terrorismo. «Estas bandas están probando su poderío con métodos de guerra», denunció una dirigente.

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El hecho ocurrió el pasado 25 de diciembre el ataque ocurrió a manos de 30 sujetos vestidos con uniformes militares. Los agresores irrumpieron en la obra de construcción, utilizando vehículos con logotipos del ejército para confundir tanto a las víctimas como a los cuerpos de seguridad.

Según el director del SNAI Luis Zaldumbide, los atacantes secuestraron a un jefe de campamento, un ingeniero, un técnico hidrosanitario y dos guardias de seguridad.

Además, los sujetos colocaron explosivos en las instalaciones, causando serios daños estructurales en las oficinas y dormitorios del personal. De igual manera, despojaron a los trabajadores de sus teléfonos móviles para evitar que se comunicaran con las autoridades.

«Se movían con total impunidad», afirmó Zaldumbide, quien denunció que los atacantes aprovecharon el caos para destruir parte de la infraestructura de la obra y sembrar el pánico en la zona. El director del SNAI subrayó que este ataque forma parte de una estrategia orquestada por grupos criminales y sectores políticos.

El incidente ha generado una ola de indignación y temor entre los residentes de la región, quienes exigen mayores medidas de seguridad ante el crecimiento de la violencia. Mónica Del Pozo, una comunera, expresó su preocupación por la falta de protección policial en el sector y la creciente presencia de bandas criminales que, según ella, han incrementado los actos de extorsión, robos y secuestros en las últimas semanas.

El proyecto carcelario continuará

La nueva Cárcel del Encuentro, uno de los proyectos clave del gobierno, es vista como una solución para descongestionar el sistema penitenciario del país. Sin embargo, la violencia registrada en los últimos meses ha puesto en evidencia las dificultades que enfrentan las autoridades para garantizar la seguridad en áreas cercanas a las nuevas instalaciones.

En medio de la alarma social, el director del SNAI reafirmó que las obras de construcción de la cárcel no se detendrán. «El proyecto sigue adelante, no nos vamos a detener ante estos actos violentos. Estamos comprometidos con el avance del sistema penitenciario para mejorar las condiciones de seguridad en el país», dijo Zaldumbide.

¿Otra cárcel en Santa Elena?

 Después de varios días de protesta en Archidona, Napo, por la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la zona, el gobierno informó la reubicación de este proyecto. El lugar tentativo sería Salinas, en Santa Elena, tras el ofrecimiento del alcalde Dennis Córdova, sin embargo, el planteamiento no fue socializado con el Consejo Cantonal, según la concejal Priscila Del Pezo.

«El vínculo que tiene el alcalde con el presidente no tiene que obligar a la ciudad a aceptar un proyecto capricho», dijo Del Pezo en entrevista con La Calle.

Agregó que existiría una vulneración de derechos si el alcalde Córdova concreta la construcción con el gobierno ya que se saltaría el debido proceso. Aclaró que en primera instancia es necesaria la autorización del Consejo para el levantamiento de un proyecto en cualquier predio de la municipalidad.

La concejala señaló que ya existen inconvenientes con la construcción de la primera cárcel de máxima seguridad en la parroquia Simón Bolívar, en Santa Elena. La ciudadanía ha denunciado casos de extorsión, un problema que antes no existía en el sector.

«Va a existir un impacto directo al turismo (…) Es imposible pretender que una cárcel le va a garantizar seguridad a la ciudadanía o va a dinamizar la economía», resaltó.

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A un paso de que el gobierno de Guillermo Lasso deje el poder se efectuará la adquisición de estos implementos para la Policía por un valor de USD 30 millones.

El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo en entrevista para Teleamazonas que el 17 de octubre se entregarán formalmente los chalecos, un primer lote de patrulleros, cascos especiales y equipo para el manejo de explosivos.

La controversial compra

El 8 de mayo, la empresa de confecciones Inducon, en Colombia, emitió un informe al presidente Lasso, al ministro Zapata y al excomandante de la Policía, Fausto Salinas sobre presuntas irregularidades en el proceso de compra.

“La entidad cae en un vicio que demuestra un direccionamiento hacia un requisito dirigido a una fábrica, US Armor Corporation con un modelo específico de producto y con un ”género” específico, sin abrir oportunidades a mejores ofertas”, dictaba el oficio expuesto en una investigación de Radio Pichincha.

Además, la empresa solicitó la repetición del concurso para que existan garantías transparencia. Sin embargo, el Gobierno hizo caso omiso a su requerimiento y el Ministerio del Interior continuó con el proceso.

Un intento de soborno

El 6 de julio, Zapata denunció que lo intentaron sobornar por USD 2 millones para que acepte la adquisición de chalecos de una determinada empresa. Según el funcionario no expuso esta información antes porque »no grabó la conversación».

“Créame que me he parado duro para que estos procesos salgan porque hay muchos intereses que querían que estos procesos no salgan. A mí mismo, cuando recién llegué como ministro, me ofrecieron USD 2 millones por el proceso de chalecos“, comentó para Expreso. (AGM).

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Miembros de la Policía Nacional y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) se trasladaron al lugar para iniciar con las investigaciones e identificar a los sospechosos. Hasta el momento no se reportan heridos o muertos.

Según la versión de los moradores, los implicados merodeaban el sector en una motocicleta. Además, aseguraron que los dueños del lugar no habían recibido amenazas, llamadas o panfletos como advertencia, de acuerdo con Ecuavisa.

De la misma manera, el coronel del GIR, Javier Toapanta mencionó que el explosivo pudo ser un taco de emulsión comercial de alto poder. También, indicó que hasta marzo de 2023 han recibido 55 alertas en Guayaquil.

Es decir, los agentes reciben de tres a cuatro amenazas diarias, de las cuales el 95 % son reales. Toapanta comentó que los explosivos son de uso comercial utilizadas para actividades mineras.

Guayaquil como punto débil

El 13 de abril, la U.S Embassy & Consulate in Ecuador (Embajada de EE.UU) alertó que recibió información fidedigna relacionada con varios planes de atentados con bombas en varios lugares de la ciudad de Guayaquil. 

Luego de difundirse la alerta, la Policía informó que la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) es patrullada de forma permanente como medida preventiva. También se destacaron los controles y operativos de su personal de inteligencia en distintos sectores del puerto principal.

“Las acciones operativas se coordinan de forma permanente con personal de las Fuerzas Armadas y demás organismo de seguridad (…) La Institución hace un llamado a la calma y mantenerse informado por fuentes oficiales”, reiteró la Policía Nacional. (N.J.C)

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Varios moradores comentan que este tipo violencia no es aceptable, pues incrementan la preocupación y propicia el molestar general. Por ende, se convocaron a manifestaciones pacíficas para exigir a las autoridades soluciones firmes y seguras.

Atentados

El primer atentado ocurrió en el distrito sur, las autoridades acudieron por una llamada de alerta. Sin embargo, se trataría del presunto extorsionador que se lesionó por el impacto del artefacto en su mano.

El segundo atraco fue en Suyurco, cerca del centro de revisión vehicular. En horas de la madrugada, se utilizó un explosivo para llevarse un cajero automático.

Exigencias

Uno de los objetivos es demandar el respaldo de autoridades y evitar que actos delictivos como éstos se normalicen.

Expresan que la intención de unirse es almacenar respaldo y seguridad entre ellos, dejar el miedo de lado y realizar acciones que frenen este tipo de transgresiones.

Héctor Supe, uno de los dirigentes de organizaciones barriales expresó su preocupación por el uso de estos artefactos. Señaló que días atrás hubo un altercado y amenazas del uso de explosivos en un hotel de otro dirigente.

Hasta el momento el respaldo de la convocatoria cuenta con alrededor de 56 barrios y otros gremios de buses, productores, entre otros que se suman al reclamo justo de su seguridad. Además, señalan que la tarea de protegerse no es de uno, sino de todos. (A.F)

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La alerta de la Embajada de los Estados Unidos sobre explosivos resultó ser verdad, pese a los operativos realizados por la Policía Nacional la noche del 13 de abril.

Las autoridades registraron la detonación de tres explosivos «con carga mínima» en diferentes puntos de la ciudad, según dijo Alain Luna, director de Investigación de la Policía, para Ecuavisa.

Fausto Salinas, comandante de la Policía, mencionó para NotiMundo que dos de los atentados ocurrieron en la Alborada y en la avenida Machala, entre Vélez y Hurtado.

El tercero en los exteriores de una distribuidora farmacéutica en Pascuales, reportó Primicias. En cuanto a este último, se sabe que hay un vehículo detenido y se trata de identificar las huellas dactilares.

Afortunadamente, las detonaciones no cobraron la vida de ninguna persona; solo se registraron daños materiales. Todo esto sucedió aunque la Policía mantuvo «patrullajes permanentes» con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Gringolandia sabe más que la Poli

El Gobierno de EE.UU. alertó sobre información creíble -que resultó verdadera- sobre ataques en la ciudad porteña. Frente a ello, las fuerzas del orden ecuatorianas desplegaron efectivos para patrullar las calles.

Durante la noche del jueves, el ministro del Interior, Juan Zapata expresó en entrevista con Carlos Vera que la Embajada no se comunicó con él para advertir sobre los ataques.

Sin embargo, el director Luna reveló que sí fueron informados sobre los atentados por parte de grupos criminales.

La Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) está en estado de excepción por el decreto ejecutivo del presidente Guillermo Lasso. Santa Elena y Los Ríos también se rigen por la medida.

¿Vuelven los atentados?

En noviembre de 2022, Ecuador se desangró por la ola de violencia que golpeó a la región costa. Guayas y Santo Domingo fueron las provincias más afectadas por más de una veintena de atentados, entre coches bomba, sicariatos a policías, explosivos y ataques a UPC’s.

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Los uniformados se encuentran en el lugar tratando de desactivar el dispositivo y han pedido a los moradores que evacúen la zona. El equipo especial de antibombas fue desplegado.

Actualización a las 10:55

Las autoridades informaron que los agentes policiales lograron retirar el chaleco con explosivos del cuerpo del ciudadano. Además, se cerró la avenida Velasco Ibarra para asegurar el perímetro, de acuerdo a la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil.

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Las primeras versiones señalan que presuntos extorsionadores embalaron con explosivos a un trabajador de una joyería, al norte de Guayaquil.

En videos se observa cómo el sujeto camina afligido alrededor de la joyería en la que posiblemente trabaja, Orocash Ecuador. Se trataría de extorsionadores que piden dinero a cambio de la integridad de la víctima.

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En videos se observa cómo el sujeto camina afligido alrededor de la joyería en la que posiblemente trabaja, Orocash Ecuador. Miembros de la Policía Nacional acudieron al lugar la mañana de este jueves 30 de marzo de 2023.

Se trataría de extorsionadores que piden dinero a cambio de la integridad de la víctima.

Noticia en desarrollo…

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Cuatro son coches bomba, cinco son artefactos explosivos, dos son atentados contra policías y uno es una serie de comunicados entregados al canal televisivo RTS. Diez ya ocurrieron. Se presume que las bandas criminales «Los Tiguerones» y «Los Lobos» estarían detrás de estos actos criminales.

El primero ocurrió la madrugada del martes, a las 02:00. Dos uniformados fueron asesinados por sicarios en las calles Cuenca y 17, suburbio de Guayaquil. En cambio, en el sector Baleario Estacio, al norte de la ciudad, la Policía reportó ataques a sus integrantes. Se desconoce el número de víctimas y si perdieron la vida.

Por otro lado, se registraron coches bomba y artefactos explosivos en el terminal terrestre de Pascuales, en UPC´s y gasolineras de Guayaquil y Esmeraldas.

• Coche bomba en la gasolinera Primax, en Pascuales.
• Coche bomba en la UPC de la Alborada.
• Artefactos explosivos en las UPC de las Orquídeas, Socio Vivienda y Guamote (Pascuales).
• Artefacto explosivo en el viaducto de La Prosperina y en la gasolinera Terpel, vía Perimetral.

Según el medio digital Primera Plana, panfletos fueron entregados al canal RTS. En el comunicado, las bandas criminales «Los Tiguerones» y «Los Lobos» amenazan a las autoridades si intervienen en los pabellones 8 y 9 de la Penitenciaria del Litoral. Advierten que si «tocan a los suyos» atacarán con todo su poderío logístico y de fuego. El mensaje se dirige específicamente al presidente Lasso y al director del SNAI, Guillermo Rodríguez.

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La madrugada del 24 de agosto, un atentado con explosivos alertó a los moradores de la 28 y Chambers al sureste de Guayaquil. Los antisociales detonaron bombas molotov en un taller mecánico que dejó como resultado cuatro vehículos destruidos, cuyas pérdidas oscilan entre los USD 20. 000.

Miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) activaron el protocolo para la detonación controlada de un saco de yute con 3 tacos de dinamita encontrado en el lugar.

Explosivos en Quito

Mientras tanto, en horas de la tarde, una explosión fue registrada en las calles Rafael Barahona y Ambato, sector 24 de Mayo en el centro de Quito, que dejó como resultado dos personas heridas.

Agentes especializados del GIR hallaron 20 cápsulas detonantes eléctricas y cinco partes de cápsulas detonadas.

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El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez informó que la investigación sobre el atentado contará con el apoyo de investigadores estadounidenses, quienes hicieron su arribo al país, este miércoles 17 de agosto.

“El gobierno de los EE.UU. coopera con Ecuador para combatir la inseguridad, tráfico de drogas y el crimen organizado. Para avanzar en la lucha contra la delincuencia anunciamos la donación de un traje antibombas avalado en $55.000 a”, indicó la Embajada de Estados Unidos en su cuenta de Twitter.

En una entrevista en Ecuavisa, Jiménez sostuvo que el manejo de la seguridad debe contar con la colaboración de todos y que es una pelea que debe darse en conjunto.

“La seguridad es un tema que nos compete a todos. Esperamos la colaboración de las autoridades con una actitud de corresponsabilidad a favor de los ecuatorianos”, dijo.

El trabajo de los especialistas extranjeros consistirá en analizar y determinar qué tipo de explosivos fue utilizado en el ataque efectuado del pasado 14 de agosto que dejó 5 fallecidos y más de 20 personas heridas.

Acciones fallidas del Gobierno

Frente a los altos índices de inseguridad por la que atraviesa el país, la ciudadanía vive un ambiente de incertidumbre.

Sicariatos, ataques con explosivos, asaltos, etc., son muchas de las actividades delincuenciales que van en aumento.

Pese a que el Gobierno ha intentado frenar esta crisis mediante decretos de estados de excepción, no lo ha conseguido.

El pasado 14 de agosto, el presidente Lasso dictaminó un estado de excepción para los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón por grave conmoción interna.

Sin embargo, los hechos violentos siguen incrementándose.

Tan solo en las primeras 24 horas, luego de anunciarse la medida, un artefacto explosivo y un triple asesinato fueron registrados en Guayaquil.

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La noche de este 15 de agosto, una pareja de esposos y su hija de 15 años fueron asesinados con varios disparos en el interior de su domicilio, ubicado en el Callejón 50 y calle Sedalana, en el suburbio de Guayaquil.

El hecho habría ocurrido luego de que cinco sicarios ingresaran a la vivienda y acribillaran a las víctimas.

Entre los primeros indicios hallados en la escena del crimen se encontraron 23 restos balístico.

Una menor de 11 años, hija de los fallecidos sobrevivió al ataque debido a que se encontraba jugando en la casa de una vecina.

Según información de la Policía, el hombre asesinado registraba antecedentes penales por distintos delitos contra la vida, asociación ilícita, portación de armas y droga, etc.

Una trampa para niños

Por otra parte, la mañana de este 16 de agosto, un artefacto explosivo atado a un hula-hula fue colocado en una calle del sector de la Cooperativa Julio Potes, en el Guasmo Sur, en Guayaquil.

El objeto captó la atención de los habitantes, quienes lo catalogaron como «una trampa para los niños» y dieron aviso a la Policía.

Agentes Antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) detonaron el explosivo.

Sin embargo, aún no existe un pronunciamiento oficial referente a lo ocurrido.

Estado de excepción sin resultados

Pese a que el presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción por grave conmoción interna en los cantones Guayaquil, Durán y Samborondón, el pasado 14 de agosto.

La medida no ha dado resultados positivos, ya que los hechos violentos continúan en aumento y aterrorizan a la ciudadanía.

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