La Corte calificó como legítimos a los miembros del «Colectivo Yasunidos» para solicitar la consulta popular. Asimismo, verificó que la solicitud, la pregunta y los considerandos cumplen con los requisitos de ley.

El resultado de la consulta popular podría suspender las actividades ya iniciadas de explotación y extracción del crudo. 

La Corte también evaluó los riesgos de los contratos de preventa petrolera y estableció que el superávit en la producción no hace indispensable la explotación del bloque.

Si el resultado de la consulta popular dicta la suspensión de actividades petroleras, su ejecución no sería inmediata, sino que entraría en vigencia dentro de un año (contando desde la emisión de los resultados).

No fue unánime

Tres jueces se opusieron a la consulta popular. Los magistrados Carmen Corral Ponce y Enrique Herrería Bonnet dieron su voto salvado. Ellos explicaron que existen alrededor de 900 contratos y que el bloque 43 es el cuarto de mayor aportación a la producción nacional.

Asimismo, el juez constitucional Richard Ortiz Ortiz también presentó un voto salvado, pero esgrimió otros argumentos. Finalmente, la jueza constitucional Teresa Nuques Martínez no estuvo presente por licencia.

Foto: AP

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