El decreto establece que la seguridad sea brindada por un periodo de dos años para los expresidentes y de un año para los exvicepresidentes. El tiempo será contado a partir de la finalización del mandato. Sin embargo, aclara que los plazos podrán alargarse con base en informes de riesgo elaborados por la Casa Militar Presidencial, de ser necesario el caso.

El documento entró en vigencia el martes 7 de noviembre de 2023 y ya fue notificado a los ministerios de Defensa y del Interior, así como a la Casa Militar Presidencial. La nueva disposición amplía los beneficios que había cambiado para «optimizar el gasto público» en 2021.

Se prevé que Lasso deje Carondelet entre el 30 de noviembre y 1 de diciembre del año en curso, lo que significa que él, su esposa María Lourdes Alcívar, el vicepresidente Alfredo Borrero y su cónyuge tendrán seguridad a costas del erario público hasta 2026.

Amplía beneficios

El 31 de agosto de 2021, Lasso emitió el decreto ejecutivo 179 en el que reformaba la seguridad de los exmandatarios. En ese entonces, había dispuesto que la seguridad sea solo para los expresidentes y exvicepresidentes dentro del Ecuador y solo por un año y seis meses, respectivamente.

La decisión la tomó con el objetivo de «optimizar y garantizar el buen uso de los recursos del Estado». Según él, era necesaria la reforma al decreto expedido por el expresidente Rafael Correa en 2010 y reformulado en 2013.

Además, el primer cambio de Lasso en 2021 fue que no se proporcione seguridad ni a los familiares del presidente ni vicepresidente, así como tampoco a los cónyuges o familiares de expresidentes y exvicepresidente.

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Con esta propuesta, el monto de las pensiones vitalicias disminuiría al menos 25% del valor que reciben actualmente los exmandatarios. Es decir, se estima que el rubro se reduciría en alrededor USD 1.260 mensuales.

Opiniones ante la disminución

Los legisladores de Pachakutik, Mario Ruiz, Bruno Segovia, Darwin Pereira, Manuel Medina y Peter Calo, consideran que las pensiones vitalicias deben eliminarse. Señalaron, mensualmente, en pensiones vitalicias se gastan más de USD 81.000.

Por su parte, Wilma Andrade expresó que no se puede afectar a exmandatarios que han terminado su período constitucional, solo a aquellos que no concluyeron su período o fueron sentenciados.

Luis Almeida, del Partido Social Cristiano, no está de acuerdo en que se ponga muchas restricciones. Dijo que las pensiones deben ser solo para exmandatarios que hayan sido elegidos por el pueblo.

El proyecto regresará a la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social para el informe del segundo debate. Puesto a que, tendrá que recoger las observaciones presentadas en el pleno.

Valor actual de la pensión vitalicia

Actualmente los expresidentes de la República perciben una pensión vitalicia mensual equivalente al 75 % de la remuneración vigente del presidente de la República. Esto es USD 3.804, considerando que la remuneración de enero del 2022 del primer mandatario fue de USD 5.072.

Mientras que, en el caso de los exvicepresidentes de la República, la pensión vitalicia se reduciría en USD 1.217,25 que corresponde a un 25% menos de la actual remuneración mensual, del segundo mandatario que según el portal web se ubica en USD 4.869.

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El expresidente argentino Fernando de la Rua, fallecido en 2019; el colombiano Belisario Betancur cuya muerte fue en 2018; Enrique Bolaños de Nicaragua, fallecido en junio de 2021; Armando Calderón de El Salvador que falleció en 2017 y los ecuatorianos Sixto Durán Ballén, cuya muerte acaeció en 2016 y Gustavo Noboa en febrero de 2021.

La Carta

El documento emitido por IDEA pide a la Asamblea Nacional que se respete el “Estado de derecho, se preserve el orden democrático y garantice la estabilidad política, pilares en los que se asienta el desarrollo de los países y el progreso de los pueblos”. El escrito está firmado por varios exjefes de Estado y mandatarios de derecha de varios países de América Latina. Jamil Mahuad, Oswaldo Hurtado, Álvaro Uribe, entre otros, quienes forman parte de los exmandatarios respaldantes.

Esta declaratoria es emitida en apoyo al presidente tras el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional del Ecuador. El informe fue entregado el pasado 7 de octubre para que se efectúe una investigación sobre el caso denominado «Pandora Papers».

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En su informe, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, dijo que la violencia vino de parte del movimiento guevarista. «En la manifestación en la Plaza de Santo Domingo se ha producido hechos de carácter vandálico por un grupo de jóvenes del Movimiento guevarista. Vestían de negro y llevaban mochilas verdes, algunos fueron detenidos».

Durante los tres días de protestas, algunas vías importantes del país fueron bloqueadas por los manifestantes. Ante esto, el gobierno respondió con la policía y miembros del Ministerio de Transporte para abrir las vías.

Tanto el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación De Nacionalidades Indígenas (Conaie) indicaron un puente por el feriado de Difuntos y declararon que aún se mantienen en resistencia.

El Movimiento Indígena

Desde 1990, el movimiento indígena bajo la representación de la Conaie ha mantenido una visibilización de sus derechos cuando éstos se han visto en riesgo. Tres presidentes han terminado en la destitución de sus cargos tras movilizaciones donde el movimiento indígena ha tenido un gran peso. El primero fue Abdalá Bucaram, a quien el congreso en 1997 lo declaró con incapacidad mental para gobernar. Sectores sindicales y los indígenas se mantenían en oposición al expresidente.

 En el 2000, el sector indígena cerró las principales vías y marchó hacia Quito, donde los ciudadanos ya protagonizaban marchas en contra de Jamil Mahuad. La dolarización era ya un hecho tras los sucesos de 1999 con el Feriado Bancario. Un triunvirato lo echó del poder.

De allí saldría el próximo presidente del Ecuador en 2003, Lucio Gutiérrez, quien inició su gobierno con el apoyo de Pachakutik. Las cosas no resultaron bien. La política neoliberal, el acercamiento con Estados Unidos, la ‘pichicorte’, el nepotismo y el regreso de Bucaram al país fueron la gota que colmó el vaso. Una vez más, un grupo de quiteños bajo la denominación de forajidos, echaron abajo ese Gobierno en 2005. Ayudados por el movimiento indígena.

En 2021, con el protagonismo de la Conaie y las organizaciones sociales vale preguntarse si el escenario se pone en contra para el gobierno de Guillermo Lasso o si los diálogos venideros darán fruto.  

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«Acepté bajo la condición de que antes fuera vacunado el personal de Salud. Por encontrarme en el grupo erario de más riesgo de muerte debido a mi avanzada edad», dijo Hurtado en un mensaje a un medio local.

El expresidente es parte del grupo de personas a quien, por medio de un oficio, el ministro ha invitado para la vacunación.

Invitación a rectores

Los rectores de la Universidad Técnica de Ambato, la Universidad Andina Simón Bolívar y otros centros de educación superior también recibieron invitación.

No obstante, Asamblea del Sistema de Educación Superior, que aglutina a estas autoridades indicó que «para ser beneficiarios en este proceso de vacunación con criterios de salud pública, el carácter de rector no nos parece relevante, a no ser que pertenezcan a los grupos de atención prioritaria. Participaremos en pie de igualdad con los demás miembros de la comunidad universitaria».

El Comité de Transparencia del Plan de Vacunación creado por el presidente Lenín Moreno ya recomendó vacunar en la fase cero «a los expresidentes de la República; titulares de otras funciones del Estado, Fiscalía, Fuerzas Armadas y Policía Nacional».

Esa posición contrasta con el personal médico del Hospital Pablo Arturo Suárez, quien protesta porque hay personal de primera línea que todavía no recibe la primera dosis.

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«Se incluya en la lista de vacunación inmediata a los candidatos a la presidencia de la República. Por su alta vulnerabilidad y necesidad nacional de buen estado de salud de los mismos. Así mismo incluir en la fase 0 a los expresidentes de la República; titulares de otras funciones del Estado, Fiscalía, Fuerzas Armadas y Policía Nacional», indica uno de los puntos de su discurso.

Otra de las propuestas de este Comité es trabajar en un plan para que el sector privado (clínicas, laboratorios, universidades con facultades médicas) se incorporen al proceso de vacunación «para descongestionarlo y poder dar mayor y más rápida cobertura a la población».

Los miembros del Comité

Los pedidos de este Comité de Transparencia no deben ser una sorpresa ya que dos de sus integrantes están vinculados a universidades privadas. Gonzalo Mantilla Cabeza de Vaca es decano del Colegio de la Salud de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Carlos Ortega Maldonado, canciller de la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil y Carlos Montúfar, integrante del Consejo de regentes de la USFQ.

Por otro lado, en la lista de accionistas del Hospital de los Valles (institución privada) consta el rector de la Universidad San Francisco de Quito, Santiago Gangotena.

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«A pocas semanas de la elección es poco saludable para una democracia que no estén claramente definidas las opciones presidenciales, para que la ciudadanía cuente con el tiempo necesario para tomar tan trascendental decisión», reza el comunicado.

El pedido lleva las firmas de los expresidentes Lula da Silva (Brasil), Fernando Lugo (Paraguay), José Mujica y Tabaré Vásquez (Uruguay). También se agregaron las rúbricas de: Evo Morales (Bolivia), José Miguel Insulza (ex secretario de la OEA) y otros cancilleres.

Parlasur

El Parlamento de la Mercosur (Parlasur) también manifestó su desconcierto por la judicialización de la política en este caso.

«En este sentido, considero que es imprescindible asegurar la amplia participación de todos los actores de la vida política ecuatoriana».

Recurso en el TCE

El candidato de UNES y sus simpatizantes se encuentran en vigilia permanente hasta que el organismo resuelva el caso.

Para Arauz hay dos opciones: la primera es desechar el recurso presentado por el excoronel y exministro de Lucio Gutiérrez, Carlos Arboleda apelando al Código de la Democracia por presuntas irregularidades en la inscripción del binomio, lo que en consecuencia pondría la participación de UNES en firme.

La otra opción es mandar el trámite al Consejo Nacional Electoral, lo que demoraría un mes. Tema preocupante para la organización política ya que según el calendario electoral, el inicio de campaña será el 31 de diciembre.

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«Resulta de mucha preocupación que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro decida dar relieve a las palabras del Ministerio del Interior de Bolivia sobre la posibilidad de “un nuevo fraude” del MAS. Estas actitudes no hacen sino polarizar de forma temeraria un escenario político ya tenso y conflictivo a pocos días de las elecciones», dice parte de la misiva.

Las autoridades también hicieron un llamado a la comunidad internacional. Instaron a todos a estar pendiente de que las elecciones del próximo domingo en Bolivia se desarrollen de forma transparente y sus resultados sean respetados.

El pedido aparece en el contexto de la detención de los senadores argentinos que llegaron a ese país para actuar como veedores en las elecciones.

Extranjeros encontrarán la muerte en nuestro territorio

La presidenta interina, Jeanine Áñez realizó, el pasado 9 de octubre, un acto de «desagravio» a los soldados y oficiales que en octubre de 1967 vencieron a la guerrilla de Ernesto «Che» Guevara. La misión fue descrita por la mandataria como una “miserable invasión comunista”. El ministro de defensa, Fernando López calificó a Guevara como un “terrorista que buscó humillar a Bolivia”.

«A los que vengan van a encontrar en Bolivia unas Fuerzas Armadas entrenadas y listas. No vamos a permitir que extranjeros, cualquiera que fuera su nacionalidad. Cubanos, venezolanos, argentinos o lo que fuere. Ellos van a encontrar la muerte en nuestro territorio», indicó López.

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