Noboa cuestionó que la estancia de un preso extranjero cuesta USD 10, mientras que un desayuno para niños está valorado en 0,38 ctvs. Además, aseguró que mantiene contacto directo con el presidente colombiano, Gustavo Petro, para dejar a los presos en la frontera. Alegó que es un proceso necesario para reducir el gasto del Estado.

De la misma manera, señaló que existen artículos de la Constitución que permiten la extradición de un preso. Por ejemplo, si un extranjero cometió un delito en el país y cumplió una sentencia de cinco años o más puede ser «expulsado del país».

«Respetamos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Vamos a seguir trabajando para que se quede así», dijo.

De acuerdo con las declaraciones del primer mandatario, su objetivo es restaurar la seguridad de los ecuatorianos. Además, permitirle a los jóvenes y niños regresar a las escuelas o universidades, que por motivos de inseguridad tuvieron que abandonarlas.

«O también velar por esa madre que no tiene idea de cómo mataron a dos de sus hijos en Nueva Prosperina. Esos derechos también debemos defender», alegó.

De varios destinos

El 10 de enero de 2024, Noboa comentó que empezará este proceso con los presos colombianos. Detalló que entre los reclusos de ese país, Venezuela y Perú suman más del 90 % de la población carcelaria. Asimismo, mencionó que con el decreto ejecutivo 110 y 111 que declaraba objetivo militar a las bandas delictivas, las fuerzas del orden tenían la misión de arrestar a estos sujetos.

Noboa explicó que cortó la luz e internet a los presos con el afán de retirar los «privilegios de esas personas». En aquella época justificó que tenían problemas con algunas cárceles porque están cerca de urbanizaciones y no podría cortar de manera directa la electricidad.

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En entrevista para EFE, Zapata anticipó que propondrá esta medida al ministro de Defensa Nacional de Colombia, Iván Velásquez, en una reunión bilateral dentro del encuentro ministerial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en Brasilia.

El secretario de Estado señaló que el 11 de noviembre es el plazo máximo para que los extranjeros en Perú puedan regularizar su registro migratorio permanente. Sin embargo, se estima que entre cinco y seis mil venezolanos sean repatriados de suelo peruano.

«Estamos trabajando con Cancillería, autoridades de Migración del Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y DD.HH., la ONU y ACNUR para generar una hoja de ruta del corredor humanitario para las personas que no cumplan con los registros para que sean trasladadas directamente a Venezuela», dijo.

Esfuerzos con Colombia

Zapata mencionó que se reunirá con autoridades colombianas y peruanas. En Brasilia tiene pensado abordar el tema con su homólogo colombiano para expresarle la necesidad de trabajar juntos para alcanzar ese objetivo.

«En Ecuador, el problema es que la Ley de Movilidad no nos permite pedir el pasado judicial (de las personas que crucen acá) si tienen cédula. No hay causal para generar una expulsión o deportación. Tampoco en pasos ilegales, es decir, si en un control migratorio no se puede acceder a su pasado es complicado para Ecuador», explicó al medio internacional.

Zapata aclaró que entabló conversaciones con el canciller Gustavo Manrique para activar este comité. Sin embargo, advirtió que Ecuador depende de Colombia para cumplir con el corredor: «a ellos también les sirve la medida para que (los extranjeros) no se queden en territorio colombiano. Depende de las voluntades de los tres países (incluido Perú)».

Finalmente, manifestó a partir del 11 de noviembre -que rige la ley peruana- se palparán las expulsiones. Por ello, el Gobierno Nacional se activará por los pasos legales e ilegales. En estos último, Zapata declaró que reforzarán los controles con elementos de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), sobre todo en puntos como Huaquillas y sectores fronterizos con Perú como las provincias de El Oro y Loja.

Foto: EFE

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La suspensión de las medidas migratorias bajo este título no significa que se abrirán las fronteras estadounidenses ni se flexibilizará el proceso de entrada o de reunificación familiar.

En su lugar, el Gobierno de Joe Biden aplicará el Título 8, que son medidas con «consecuencias más severas» contra los migrantes que intenten entrar ilegalmente, según Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de EE.UU.

¿Qué implica el Título 8?

La Cancillería del Ecuador informó que a partir del 12 de mayo entrará en vigencia el Título 8 que implica «expulsiones rápidas y masivas de los ciudadanos migrantes que incumplan la normativa estadounidense».

Además, los migrantes expulsados no podrán solicitar una visa ni ingresar a los Estados Unidos por un periodo de cinco años. Adicionalmente, si vuelven a hacer el intento de ingresar ilegalmente, serán sometidos a juicios penales.

La cartera de Estado mantiene comunicaciones con los consulados de Ecuador en México y EE.UU. con el fin de proteger los derechos de los ecuatorianos en el territorio de ese país.

¿Cuál es el destino de los migrantes?

La preocupación más grande es la situación actual de los migrantes, entre ellos los más numerosos por nacionalidad: ecuatorianos, venezolanos y colombianos.

Las expulsiones de migrantes indocumentados continuarán con una normativa diferente. Primero, serán llevados a centros de detención para su posterior salida obligatoria del país.

Después, se emitirá contra los migrantes una prohibición de ingreso por al menos cinco años y si reinciden en el acto se abrirá un proceso penal.

Según EFE, cientos de ciudadanos irregulares se entregaron a las autoridades estadounidenses para ser juzgadas por el Título 42, antes de que entre en vigencia el otro título.

Una de las alternativas sería solicitar asilo a los EE.UU. Sin embargo, esta normativa también se endurece por cambios en las reglas.

El «nuevo tablero» establece que los migrantes deberán pedir asilo antes de ingresar a Estados Unidos. Además, el trámite deberá realizarse solamente por los canales legales determinados por ese país.

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«Siempre hemos defendido a las grandes mayorías, a ese mandato que nos ha entregado la Conaie. Algunos han velado los intereses individuales, pero no somos todos. Dentro del Legislativo es importante depurar. He sido muy frontal. Hoy hay que tomar una resolución: la expulsión del señor Ricardo Vanegas fuera de las filas de Pachakutik, sobre todo aquellos que han pactado con la derecha», dijo Farinango durante la sesión.

Vanegas, un mini-Villavicencio

El legislador Vanegas ha sido fuertemente criticado por sus decisiones respecto al Gobierno de Guillermo Lasso. La última ha sido su apoyo al primer mandatario respecto al caso Gran Padrino, rebautizado por la Fiscalía como caso Encuentro.

Fernando Villavicencio determinó a través de un «informe revelador» que las presuntas conexiones de Lasso con la mafia albanesa y los casos de corrupción son falsas. El asambleísta señaló que si bien el presidente tenía conocimiento de la investigación «El Gran Informe» de La Posta, no tiene ninguna vinculación con la presunta estructura criminal.

Frente a esto, Vanegas ha apoyado la tesis de Villavicencio y eso concluyen con la investigación del FPA.

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“Desde que decidí hacer política, mi objetivo ha sido cambiar la manera de hacerla, no volverme una alza manos como quienes hoy me expulsan. He respetado los principios ideológicos de ID, mis votaciones responden a las necesidades del país y no de quienes nos dividen a lo interno”

Añadió que, con sus decisiones, el partido ratifica su posición cercana a Guillermo Lasso. “La ID ha sido calificada como gobiernista y hoy lo ratifican haciéndole el juego al Gobierno para mantener en el poder a Guadalupe Llori.  Tengan la seguridad que nunca negociaré mis principios encaminados a respetar la voluntad de mis mandantes y mejorar su calidad de vida”.

Moreira también opinó sobre una renovación de la organización política. “Responderé y acudiré a las instancias pertinentes del partido y espero una pronta renovación de la ID para que contemos nuevamente con una organización política basada en Justicia Social con Libertad”.

Expulsión

Respecto al reclamo de la asambleísta Yeseña Guamaní en contra de la asambleísta Johanna Moreira, una vez revisado el mismo se considera que las actuaciones de la señora asambleísta Moreira causan un grave perjuicio a la Bancada Legislativa de la izquierda Democrática en la Asamblea Nacional, actuaciones que por lo demás son graves, públicas y notorias. Con estos antecedentes se dispone a separar a esta asambleísta de nuestra bancada legislativa”, dice el comunicado del presidente del partido, Guillermo Herrera.

Con esta decisión, la bancada de la ID expulsa a su segunda asambleísta. Anteriormente tomaron la misma decisión con el asambleísta Alejandro Jaramillo. MIB

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“No soy un político improvisado. Fui concejal de Azogues y fui su alcalde en el período anterior por el movimiento CREO. Tuve la posibilidad de apoyar en varias campañas electorales a Guillermo Lasso y ante su pedido, a pesar de salir como candidato por Democracia sí, le apoyé en segunda vuelta en el austro del país y mi provincia. Formé parte del BAN por petición de César Monge, quien fuera ministro de Gobierno. Desde un inicio tuvimos inconvenientes dentro de esta bancada”, dijo Saquicela.

Agregó que los dirigentes de la bancada envían mensajes en WhatsApp antes de las votaciones en el Pleno. “A mí nadie me da pensando. Se acostumbraron a, instantes antes de la votación, entregar a través de un WhatsApp, la dirección de cómo se debe votar. Muchas veces discrepamos. Temas como de los maestros a quienes hay que mejorar la remuneración no le gustaron al BAN. Tampoco las amnistías. Ahora llegan a buscar un pretexto de lo que pasó en el CAL, donde hice respetar la ley. Soy un abogado de 26 años”.

Saquicela dijo que el tono que usó para recriminar al secretario fue fuerte y que no buscaba herir susceptibilidades “menos las del secretario, a quien considero un hombre conocedor del derecho”. Todas esas acciones, a juicio del legislador, dieron paso a que la BAN diga que no se actuó democráticamente, con irregularidades.

Añadió que todos los legisladores son testigos de que él se ha apegado a la ley, especialmente cuando ha tenido que tomar las riendas del Pleno Legislativo. “Si no les ha gustado mi criterio propio al BAN, recibo con total serenidad esta expulsión. No tengo nada que reclamar. Seguiré independiente, defendiendo los intereses del país”.

Expulsión

La Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) formada por asambleístas de CREO y algunos independientes anunciaron la expulsión del primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, de este grupo legislativo.

“La Bancada del Acuerdo Legislativo (BAN) ha resuelto expulsar y separar al asambleísta Virgilio Saquicela por su proceder irregular, ilegal y antidemocrático en el Consejo de Administración Legislativo (CAL), quien además de evidenciar una actitud prepotente y deplorable frente a los otros asambleístas, el secretario general y demás equipos legislativos, procedió a sacar a todos los medios de comunicación”, dice parte del comunicado. MIB

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“La Bancada del Acuerdo Legislativo (BAN) ha resuelto expulsar y separar al asambleísta Virgilio Saquicela por su proceder irregular, ilegal y antidemocrático en el Consejo de Administración Legislativo (CAL). Además de evidenciar una actitud prepotente y deplorable frente a los otros asambleístas, el secretario general y demás equipos legislativos, procedió a sacar a todos los medios de comunicación”, dice parte del comunicado.

La bancada condenó el comportamiento de Saquicela. “Estos comportamientos responden a intereses y ambiciones individuales que bajo ningún concepto representan nuestros principios, valores y forma de hacer política en la Asamblea Nacional. A partir de este momento, todos sus actos y declaraciones son de carácter personal, por lo cual, nos deslindamos de los mismos”.

Sesión del CAL

En la sesión del CAL del 6 de abril, el vicepresidente Saquicela apeló a la presidencia de este organismo, con el fin de tramitar el pedido de Darwin Pereira (PK) de conocer las denuncias en contra de la presidenta de la Asamblea y los miembros de este órgano.

Saquicela le pidió a Álvaro Salazar, secretario general, leer el orden del día de los puntos que mocionó Pereira en su pedido de cambio de orden del día. “Como punto de información, vicepresidente, la apelación a la presidencia no tiene ese efecto jurídico. Solamente que usted pase a dirigir la sesión, por lo tanto, el orden del día ya fue aprobado”, explicó Salazar.

“Señor secretario”, interrumpió al secretario. “Usted está para leer lo que se le ordena y para informar lo que se le requiere. Usted no puede opinar, menos emitir un criterio. Si está mal enseñado a eso, tiene que aprender”, dice.

Tras el altercado, Guadalupe Llori y Natalie Arias salieron del lugar de reunión. MIB

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“Vemos con asombro y expresamos nuestra profunda preocupación frente a la paradójica decisión del Coordinador Nacional del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, Marlon Santi, de iniciar un proceso disciplinario interno. Nos prohíben hablar en nombre de PK sin siquiera darnos el debido derecho a la defensa. (…)”, dice parte del documento.

De acuerdo con los legisladores, el proceso no puede hacerse sin la presencia de ambas partes: acusados y acusador. “La expulsión de PK amerita un debido proceso, pruebas, derecho a la defensa que lo ejerceremos ante el Comité de Ética y los tribunales de justicia respectivos. Poseemos como armas: la verdad y el cumplimiento de nuestro proyecto ideológico- político en contra del proyecto neoliberal que se quiere imponer al pueblo ecuatoriano”.

Apoyo desde la CONAIE

La Confederación de Nacionalidad Indígenas (CONAIE) rechazó el comunicado de Pachakutik donde se anuncia la expulsión de seis asambleístas de la bancada de este movimiento.

“Respaldamos a los asambleístas que, con sus acciones, han sido consecuentes con el proyecto político y no se han entregado a este gobierno neoliberal. Rechazamos la ilegal e ilegítima intención de expulsión de los compañero/as”.

De acuerdo con la organización, las acciones que se han tomado dentro de la Asamblea Nacional encabezada por Guadalupe Llori, la Coordinación Nacional y la Jefatura de Bancada no gozan de legitimidad. Lo que han hecho, indican, es beneficiarse y dejar ver un “pacto claro” con el gobierno de Guillermo Lasso. MIB

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“Respaldamos a los asambleístas que, con sus acciones, han sido consecuentes con el proyecto político y no se han entregado a este gobierno neoliberal. Rechazamos la ilegal e ilegítima intención de expulsión de los compañero/as: Mireya Pazmiño, Patricia Sánchez, Mario Ruiz, Fernando Cabascango, Darwin Pereira y Peter Calo”, dice parte del pronunciamiento.

Acciones ilegítimas

De acuerdo con la organización, las acciones que se han tomado dentro de la Asamblea Nacional encabezada por Guadalupe Llori, la Coordinación Nacional y la Jefatura de Bancada no gozan de legitimidad. Lo que han hecho, indican, es beneficiarse y dejar ver un “pacto claro” con el gobierno de Guillermo Lasso.

CONAIE exige que se inicien “acciones inmediatas frente a los presuntos hechos de corrupción que involucran a los legisladores Celestino Chumpi, Rosa Cerda, Gissella Molina, Edgar Quezada y Cristian Yucailla”. También que la bancada resuelva principalizar a los alternos de estos asambleístas mientras duren las investigaciones.

Expulsión de Pachakutik

La razón de la separación de estos legisladores sería desacato. El movimiento emitió resoluciones el 7 de marzo del 2022. “Los asambleístas mencionados continúan causando división del bloque, han asistido a las reuniones de la bancada, mantienen sus agendas personales y sus objetivos desestabilizadores. Han preferido el caos y hacer juego a grupos políticos que han afectado los intereses del pueblo. Contradijeron los principios y mandatos de las estructuras de la organización política”. MIB

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“Sobre una supuesta expulsión de PACHAKUTIK, nada más falso que aquello. Ni siquiera nos han notificado con el inicio de expediente disciplinario, que conllevaría el debido proceso. Buscan amedrentar, buscan callarnos, para proteger a Pdta. Llori y apoyar a Lasso. No lo lograrán”, escribió Pereira.

Por su parte, el legislador Mario Ruiz dijo que no claudicarán en su servicio al país. “Si por defender a la Pachamama del extractivismo, el patrimonio nacional y social de nuestros hijos de privatizaciones, al pueblo de los banqueros, la cúpula de Pachakutik nos expulsa, que sean las bases y el pueblo los que juzguen ¡Nosotros no claudicaremos en nuestra lucha!”.

Expulsión de los ‘rebeldes’

A través de un comunicado, la bancada del Movimiento Pachakutik anunció la expulsión de seis asambleístas: Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, Peter Calo, Patricia Sánchez, Fernando Cabascango, y Darwin Pereira.

La razón de la separación de estos legisladores sería desacato a las resoluciones que emitió la máxima autoridad del movimiento el 7 de marzo del 2022. “Los asambleístas continúan causando división del bloque, han asistido a las reuniones de la bancada, mantienen sus agendas personales y sus objetivos desestabilizadores. Han preferido el caos y hacer juego a grupos políticos que han afectado los intereses del pueblo. Contradicen los principios y mandatos de las estructuras de la organización política”. MIB

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“La división del bloque legislativo pudo derivar en la pérdida de un espacio relevante de accionar político para los asambleístas de la Izquierda Democrática, es decir, que se habría provocado un daño irreparable a la acción política delineada para el período 2021 – 2025. Llevaría a una marcada reducción de las posibilidades electorales en el futuro inmediato del partido”, dice parte de la sanción.

El Comité de Ética también señaló que “el procesado estuvo realizando acciones tendientes a la conformación de un nuevo bloque legislativo, muestra clara de buscar la división del partido y que se ha expresado de manera pública en contra del máximo dirigente del partido Guillermo Herrera”.

Jaramillo anunció que presentará la apelación de la expulsión. Compañeros de bancada como Johanna Moreira. “Mi solidaridad con Alejandro Jaramillo, un político honesto, con convicciones, que siempre intentó mantener la unidad en la Bancada ID. Logró que la ID tenga espacios de representación. Hoy sufre un golpe por su postura coherente en la AN y dentro del partido. El partido pierde un líder”.

Alejandro Jaramillo fue electo como asambleísta por la provincia de Pichincha para el período 2021 – 2025 y ocupa la curul 95. Antes de llegar a la Asamblea, desempeñó una carrera de abogado con más de 20 años en la profesión. MIB

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