Los moradores se concentraron en los exteriores de una UPC del cantón. Según ellos, el decreto pretende dar paso a las actividades de la empresa minera CURIMINING S.A. Al lugar acudieron uniformados quienes se encontraban resguardando el edificio policial.

Los carteles de los manifestantes resaltaban la Ley de Aguas, la cual se presume, se modificaría con la consulta que se iba a realizar en el UPC del poblado

Este decreto permitirá ejecutar el proceso de consulta ambiental en comunidades, sobre proyectos de extracción de recursos y obras con impacto en el medio ambiente.

«No a la agricultura, porque nos contaminan» afirmó uno de los asistentes. Además, comentó que ya son 15 años que la localidad enfrenta las intenciones extractivas.

Aseguró que la actividad minera que se llevaron a cabo mató a gran parte de la flora fluvial del pueblo. También, enfatizó que la mayoría de habitantes centran su actividad económica en la agricultura.

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El clamor de los manifestantes

En videos difundidos en redes sociales por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), los manifestantes reclamaron que nunca dieron paso a la consulta.

Actualmente, todos permanecen en ‘vigilia’ y la consulta que pretendía realizarse en esta fecha al parecer fue cancelada. Al momento no hay comunicado oficial del Gobierno al respecto de lo sucedido.

(S.B.).

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Tráileres con plataformas llegaron al sitio y procedieron a retirar las máquinas con custodia militar. Asimismo, las autoridades informaron que se trasladaron las excavadoras hacia el Recinto Ferial del Tena. La maquinaria tendría un valor de USD 150.000, por lo que la inversión ascendería a los USD 16 millones.

La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, declaró que tienen el control total del área y realizan investigaciones para llegar a los dueños de la maquinaria y con todas las personas involucradas en el comercio ilícito.

“No nos retiraremos hasta ver a este lugar libre de minería ilegal. Tengan la seguridad que continuaremos combatiendo estas actividades ilícitas en todo el territorio ecuatoriano”, mencionó la funcionaria. 

La intervención en el área comenzó el fin de semana pasado cuando llegaron militares y policías a Yutzupino. La maquinaria estaba en la zona del río Jatunyaku en busca de oro.

Sobrevuelo

En la mañana del viernes 18 de febrero, Alexandra Vela junto con la Policía y F.F.A.A, sobrevolaron la zona afectada. Por lo que, aseguró que el operativo en Napo ha tenido éxito.

En imágenes compartidas a través de Twitter se observa la depredación de las áreas naturales como consecuencia de la minería ilegal. Una de la zonas más afectadas es el río Jatun Yaku, el cauce natural fue desviado y quedó devastado.  

Durante las últimas semanas, ambientalistas y activistas denunciaron la depredación que se estaba realizando en Yutzupino.

Sin embargo, según alertas de varios defensores de los derechos humanos, la Fiscalía no actúa y se le acaba el plazo para la flagrancia. También se habla de que autoridades de Napo tendrían maquinaria sacando oro en en el río Yutzupino.

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No obstante, el corredor hoy se encuentra a salvo, gracias a comunidades, organizaciones y defensores de los derechos humanos y ambientales que hicieron frente al consorcio y al intento de actividad extractiva, según recogió en una investigación el medio GK.

El CELS se encuentra ubicado en se encuentra ubicado en las provincias de Tungurahua, Pastaza y Morona Santiago. Y es considerado un refugio de flora y fauna; y alberca cuencas hidrográficas y gran diversidad de hábitats en sus 30.000 mil hectáreas de bosque.

El medio Wambra Media informó que el Bloque 28 forma parte de los 16 bloques petroleros del Sur Oriente que fueron lanzados a licitación en noviembre del 2012, en la XI Ronda.

En 2015, el Bloque 28 fue adjudicado por el Estado ecuatoriano y, según recopiló GK, el consorcio tenía previsto encontrar reservas “entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Para ello, iba a invertir 25 millones de dólares para la exploración inicial y unos 375 millones de dólares para la implementación”.

Según el portal de la organización Open Democracy, indígenas y comunidades de las cuencas de los ríos Napo y Pastaza lucharon para que las montañas se mantengan libres de explotación petrolera, minera e hidroeléctrica.

La CONFENAIE también se hizo presente en los diversos plantones y se opuso al Bloque 28.

Ordenamiento Jurídico

Los procesos extractivos en el Ecuador según la Constitución, en su art. 57, numeral 7, se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades:

“La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; (…) La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna.”

Según esto, el Consorcio debió consultar previamente a las comunidades kichwa que habitan en las riberas del río Anzu: Simón Bolívar, Gavilán del Anzu, Jatun Paccha, Boayacu, Pukayaku, San Pablo de Allishungo, entre otras.

Por otro lado, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales postula el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, y su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.

Ambos ordenamientos no fueron considerados por el Bloque, vulnerando de esta manera los derechos de las comunidades.

Trabajos en el Bloque y Resistencia de las Comunidades

Los trabajos en el corredor empezaron antes de la consulta previa. Según rezan los escritos de GK y Open Democracy, desde 2016, cuando se hicieron inspecciones en la vía Mera – Colonia 24 de mayo.

En 2018, se entregó a la Defensoría del Pueblo una declaración de las comunidades en la que manifestaban que “los recursos hídricos y naturales, no son negociables con ninguna transnacional petrolera porque somos la ruta del agua”. 

La Defensoría inició la investigación para determinar si existía una vulneración de derechos y si existió el proceso de consulta estipulado en la Carta Magna.

Igualmente, Open Democracy manifestó que las comunidades como el Pueblo Ancestral Río Anzu, la Comuna San Jacinto Pindo, y el Pueblo Originario Kichwa de Santa Clara, entre otros realizaron asambleas desde en el año 2019 en las que ratificaron su posición de lucha contra el extractivismo y plantear propuestas para proteger la selva (Kawsak Sacha).

Además, Open Democracy expresó que la contaminación por la actividad petrolera afectaría alrededor de 109 comunidades indígenas que habitan en el bloque 28.

La defensa, en coordinación con Defensoría del Pueblo de Pastaza, después de la investigación interpuso una acción de protección con medidas cautelares para suspender toda actividad relacionada con la autorización, construcción y puesta en funcionamiento la plataforma del Bloque 28, recogió GK. 

Sin embargo, Open Democracy escribió que, en 2021, representantes del consorcio realizaron procesos de socialización sobre el bloque.

Según los testimonios recogidos por la organización “(las empresas) llegaron con ofrecimientos de desarrollo y con dádivas a las distintas comunidades (…) no les importa la realidad de las comunidades y el tejido cultural existente con el entorno natural (…) todos nos hemos activado en defensa del agua y de la vida con el lema: Fluye como el agua ¡No al Bloque 28!»

La población emitió un manifiesto que declara que los recursos hídricos naturales no son negociables con ninguna empresa petrolera y que defenderán las cuencas hídricas y sus territorios.

Sorpresivamente, en octubre del mismo año, el consorcio informó que había desistido el de seguir con el proceso.

Los habitantes del corredor aún se encuentran vigilantes, porque los temas de contaminación ambiental en Ecuador se han visto marcados por desastres como el caso Chevron-Texaco en territorio Cofán, provincia de Sucumbíos, y han tenido consecuencias negativas para la salud y para la naturaleza.

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