“Si el día de hoy ustedes deciden que la representación que me dieron los pichinchanos llegue a su final. También tendré que agradecerles. Me habrán ahorrado tres días de vergüenza”, dijo antes de dar paso a la votación.

Aunque Villamar habría pedido una medida cautelar al Consejo de la Judicatura, misma que le fue entregado. Sin embargo, 98 asambleístas aprobaron la continuación del juicio y la petición de revocatoria de la medida por extemporánea. Además solicitaron se llame la atención al juez que la expidió.

Carnet de discapacidad

De acuerdo con las pruebas presentadas al Comité de Ética, el asambleísta Villamar no presentó la documentación respectiva que acredite al carnet de discapacidad como regular. Desde el Ministerio de Salud Pública indicaron que no hay respaldos. Por lo que no hay ninguna prueba de descargo.

El carnet le habría permitido a Villamar importar un vehículo con los beneficios de una persona con discapacidad. Además de rebajar el monto de la pensión que atorga a su hijo. Las pruebas del Comité de Ética se entregarán a la Fiscalía General del Estado para su investigación.

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De acuerdo al Consejo de la Judicatura se aprobó que Villamar “cancele USD 1.169,16 por la deuda atrasada más USD 1.200 por la pensión, lo que genera un total de USD 2.369,16 mensuales hasta la cancelación total de lo adeudado: USD 14.029,94, en un plazo de doce meses, según lo acordado”.

Sin embargo, la defensa de Villamar utilizó su condición de discapacidad para llegar a un acuerdo que disminuya el valor de la pensión de USD 1.200 a USD 800. En un video, el mismo legislador indica que su hijo sufre una discapacidad (autismo con el 46%), de manera que la deuda vulnera los derechos del menor de edad.

«Otra cosa que vi en las redes es que se está ventilando el aumento de pensión alimenticia de mi hijo, para eso estoy pagando el 56% de mi remuneración, lo que incluye el acuerdo y el valor que debo pagar. Mi hijo tiene una discapcidad como yo», señaló Villamar,

¿Qué dice la ley?

Según el artículo 20 del Código de la Niñez y la Adolescencia sobre el incumplimiento de lo adeudado indica:

«En caso de incumplimiento en el pago de dos o más pensiones alimenticias sean o no sucesivas, el Juez/a dispondrá la prohibición de salida del país del deudor a y su incorporación en el registro de deudores que el Consejo de la Judicatura establecerá para el efecto».

El registro de deudores estará disponible en la página web del Consejo de la Judicatura y en la Superintendencia de Bancos y Seguros para que consten en la Central de Riesgos.

Por otro lado, el artículo 21 señala:

«El padre o madre que adeude dos o más pensiones de alimentos, mientras no cancele las obligaciones vencidas quedará inhabilitado para: a) Ser candidato/a a cualquier dignidad de elección popular; b) Ocupar cargo público para el cual hubiere sido seleccionado/a en concurso público o por designación».

Escala de gravedad de la discapacidad

De acuerdo al grado de discapacidad, Villamar padece de una discapacidad grave (50% al 74%) que implica síntomas, signos y secuelas de deficiencias permanentes que causan una disminución importante de la capacidad de la persona para las actividades de la vida diaria.

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Dentro del diálogo, Iza cuestionó la actuación del Gobierno Nacional. Puntualmente se refirió a las “dádivas como política de Estado”, refiriéndose al recorrido que han realizado miembros del Ejecutivo para entregar beneficios a miembros de las comunidades. Este tema fue apoyado por Sierra quien sugirió que el Gobierno estaba intentando dividir el movimiento indígena con regalos.

Villamar, entonces arremetió contra los indígenas. “No hay que romantizar la existencia de los indígenas. Son tan ecuatorianos como cualquier otro”, dijo refiriéndose al apoyo que recibe el movimiento por parte de la ciudadanía.

A pesar que es conocido por todo estudiante de primaria que los pueblos originarios fueron despojados de sus tierras y riquezas en la época de la conquista española, para el asambleísta Villamar los indígenas deben reconocer las 2,5 hectáreas de tierra que el Estado les entregó, “no hay un reconocimiento de que la Republica les tiene un altísimo aprecio y consideración a los indígenas”, recalcó.

Además de eso, Villamar también responsabilizó, sin mostrar pruebas, al movimiento indígena de los saqueos, actos vandálicos y daños materiales que se produjeron en el paro de octubre.

Para Villamar, no hubo un exceso de fuerza de los militares y policías. Tampoco recordó a los manifestantes asesinados por la fuerza pública.

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