De acuerdo con este medio de comunicación, que contactó a Santi sobre el tema, al dirigente indígena le tomó por sorpresa la detención de su hija porque lo último que sabía de ella era que salió de la Asamblea y estaba estudiando la Universidad. No dará declaraciones hasta tener información de sus dos abogados sobre este proceso.

Una sofisticada fábrica

Caracol Radio informó que el descubrimientos se hizo en el municipio de Caldono al nororiente del Cauca. Allí miembros del Ejército asignado a esa área junto con personal de la Fiscalía y la cooperación de Estados Unidos desmantelaron el lugar.

El brigadier general Federico Mejía relató al medio que «en el inmueble se hallaron 54 placas para la elaboración fraudulenta de la moneda y se da la incautación de un millón 174 mil dólares. Además, las tropas y funcionarios encuentran moderna maquinaria para ejercer esta práctica ilegal que entre otros puntos, genera preocupación a la justicia norteamericana». El oficial también detallo que tuvieron la ayuda de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ya que en la zona de Cerro Alto, un área de resguardo indígena, la Fuerza Pública tuvo dificultades a su ingreso. (MIB)

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El grupo estaba conformado por diez personas, nueve ecuatorianos y un colombiano. Según informó la Policía, este grupo se encontraba realizando un falso control antidelincuencial en las calles Piedra y Morales, sector del Cumandá, en el Centro Histórico de Quito. 

La institución dijo que durante el operativo, los individuos afirmaron pertenecer a la Organización de Delitos Flagrantes (CDF). Los ciudadanos tenían en su posesión motocicletas con distintivos policiales. Además, portaban uniformes similares al Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía Nacional (GOM). 

Uno de los ciudadanos tenía en su posesión credenciales e insignias policiales. “Al verificar los datos en el sistema SIIPNE, no registraba como servidor policial”, declaró la Policía.  Se trata de Daniel Alejandro Flores Silva, ecuatoriano de 36 años, que portaba una credencial similar a la de la Policía en el grado de Teniente y Capitán. 

“Su objetivo consistía en recorrer en motocicletas con distintivos (similares a los de la Policía Nacional del Ecuador), en diferentes sectores de la ciudad, realizando operativos antidelincuenciales haciendo pasar a uno de los integrantes como funcionario policial en el grado de Capitán de Policía, quien dirigía y daba instrucciones a los demás para la ejecución de los operativos y registro de las personas”, aseguró la Policía en un comunicado. 

Entre los objetos decomisados se encontraron 7 motocicletas, 10 cascos, 2 radios, 7 chalecos antibalas, 18 documentos personales y 8 teléfonos celulares.

Los detenidos

1.- Daniel Alejandro F. S., ecuatoriano de 36 años, registra antecedente por falsedad en la identidad, en 2008.

2.- Jonnicifer Jean Paul D. C., de 42 años, colombiano, registra antecedente por ejercicio de funciones sin promesa legal, en 2012.

3.- Edison Fabián V. V., ecuatoriano 29 años, no registra antecedentes.

4.- Jonathan Fernando C. S., ecuatoriano de 20 años, no registra antecedentes.

5.- Dilan Fabián M. P., ecuatoriano de 22 años, no registra antecedentes.

6.- Daniel Alexander T. T., ecuatoriano de 30 años, no registra antecedentes.

7.- Brando Jesus T. E., ecuatoriano de 24 años, no registra antecedentes.

8.- Estefanía Elizabeth N. T., ecuatoriana de 38 años, no registra antecedentes.

9.- Sandra Leticia G. L., ecuatoriana de 49 años, no registra antecedentes.

10.- Miguel Ángel M. M., ecuatoriano de 30 años, no registra antecedentes.

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Sotomayor falsificó los resultados de una prueba PCR, por el evento de Ampliación de la Reserva Marina en Galápagos, al que asistieron el presidente Guillermo Lasso y otros funcionarios.

Lasso y otros miembros del Gobierno llegaron la tarde del pasado jueves, 13 de enero, a las Islas Galápagos, para firmar el decreto que oficializará la creación de una nueva reserva marina.

Este caso se suma al de cientos de personas que evitan vacunarse o son casos positivos y tratan de ocultarlo. Hace pocos días, estos hechos fueron denunciados por el Ministerio de Salud Pública.

Según la denuncia del ente rector en salud, cuatro personas fueron sospechosas de entregar certificados de vacunación fraudulentos contra la COVID-19. El viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, José Ruales hizo, un llamado a la ciudadanía para que denuncie este tipo de actos. “Con estas denuncias se pueden realizar las investigaciones necesarias”, aseguró.

Lo que llama la atención es que sea un propio funcionario del Gobierno el que utilice recursos antiéticos como la falsificación de una prueba de laboratorio y exponga a otras personas al contagio del virus.

Según las propias directrices del Ministerio de Salud, cuando una persona da positivo para el virus de la COVID-19, debe permanecer aíslada al menos 10 días, para evitar contagiar a otras personas.

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Por todo este servicio, que se oferta en redes sociales, piden USD 20, detalló una moradora de las Acacias, en el sur de Guayaquil a diario El Universo.

Otro ciudadano denunció a ese diario este tipo de servicios por mensajes de WhatsApp. Allí solicitan USD 30 por documento e incluso se lo entregan en su casa.

“Muchos aprovechan de que hay gente que no se quiere vacunar porque le teme a la vacuna, porque dicen que tienen chip, entonces caen en las redes. Ahora también las largas filas hacen que las personas desistan y busquen estas opciones”, comentó a El Universo un ciudadano en exteriores del vacunatorio en el Colegio José María Egas.

Una de las razones para este tipo de delitos es la necesidad de la gente, que necesita el certificado, pero no quiere acudir a la vacunación o no sabe cómo conseguir el documento.

Delito de falsificación

De acuerdo con el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) se detalla que la persona que falsifique, destruya o adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos, privados, tendrá una sanción de cinco a siete años de prisión.

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