Su figura trascendió fronteras gracias a su cercanía con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. Córdoba alcanzó notoriedad durante el gobierno de Álvaro Uribe, donde desempeñó un papel crucial como intermediaria con las FARC para lograr la liberación de secuestrados. Sin embargo, su cercanía con los líderes guerrilleros también la hizo objeto de controversia y críticas.

Su historia en la política colombiana

Con una carrera legislativa extensa, Piedad Córdoba ingresó al Congreso por primera vez en 1992 como miembro del Partido Liberal. No obstante, en 2010, la Procuraduría General la destituyó por presunta colaboración con las FARC. En 2016, el Consejo de Estado anuló dicha decisión, considerándola basada en conjeturas.

Su regreso a la política en 2018 incluyó una candidatura presidencial y, en 2022, fue elegida nuevamente como senadora por el Pacto Histórico, coalición que respaldó la candidatura presidencial de Gustavo Petro.

La noticia de su fallecimiento generó reacciones en el ámbito político colombiano. El presidente Gustavo Petro expresó sus condolencias y destacó la lucha de Córdoba por una sociedad más democrática.

Polémica con Fernando Villavicencio

El ex candidato presidencial por Construye, Fernando Villavicencio acusó a Piedad Córdoba de estar vinculada con Álex Saab, señalado como testaferro de Hugo Chávez y que lavó dólares en Ecuador. Esto luego de exponer las acciones de Saab. Sin embargo, tras estas acusaciones, Córdoba negó cualquier tipo de vínculo con Saab y amenazó con denunciar al ex asambleísta.

Cuando Villavicencio fue asesinado en plena campaña electoral de 2023, la esposa del fallecido, Verónica Sarauz, intentó vincular a Cordóba con al trágico suceso. Posteriormente, la política colombiana desmintió que hubiera tenido algo que ver, o estar relacionada, con este magnicio.

“Por motivos que desconozco, sectores de los medios de comunicación han creado una narrativa a la luz de la tragedia de la familia Villavicencio en la cual me involucran, afectando a mi buen nombre”, escribió Córdoba en que aquella ocasión, a través de su cuenta X.

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«Durante un reconocimiento y vigilancia en la frontera norte, las Fuerzas Armadas del Ecuador localizaron una base abandonada con pertrechos presuntamente de Grupos Irregulares Armados de Colombia», publicó la institución a través de Twitter.

En el operativo se encontraron colchones, tela paraguas, cocinas, camas improvisadas, ollas y vajillas. Las instalaciones fueron destruidas.

Según reporta diario La Hora, la base pertenecería a la columna móvil Urías Rondón, una de las alas disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Desde principios de junio, en Esmeraldas permanecen 2 mil uniformados y se considera a la provincia como «Zona Especial de Seguridad». El Gobierno desplazó la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que «trabaja en territorio esmeraldeño a través de unidades especializadas del Ejército, Marina, Aviación conjuntamente con la Policía Nacional para combatir y disminuir la inseguridad», reseñó el medio.

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“Ante los ojos de Colombia y el mundo, el Estado colombiano y las extintas FARC-EP firmamos un Acuerdo de Paz cuyo propósito general es erradicar definitivamente la violencia política y atender a las víctimas del conflicto armado. Un propósito por el que decididamente luchamos”, escribió en un tuit.

El líder del partido Comunes que se formó tras la disolución de las FARC explicó que, aunque ellos cumplieron lo pactado, el gobierno no hizo lo mismo. “Aunque no hay avances en la Reforma Rural Integral ni en la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y la reincorporación comunitaria está desfinanciada. Sepan que no cesaremos en la lucha por implementar integralmente el Acuerdo de Paz. Ese es nuestro mayor anhelo”.

De los siete millones de hectáreas de tierra que el Estado iba a formalizar, solo se ha realizado el 0,7%, es decir, 10.554. Tampoco se ha dado un esfuerzo suficiente para garantizar la sustitución voluntaria en vez de la erradicación forzada.

Excombatientes asesinados

La violencia contra los exintegrantes de la guerrilla también apareció durante estos cinco años. Asesinaron a 285 excombatientes desde la firma del acuerdo, 36 de estos crímenes ocurrieron en 2021, de acuerdo con los números de Comunes.

Según las cifras de Naciones Unidas, han matado en promedio a uno cada seis días desde septiembre del 2016, cuando la guerrilla se disolvió y se abrió paso a la vida civil.

Los registros de la ONU hablan de 32 muertes en 2017, 65 en 2018, 78 en 2019, 73 en 2020 y 40 más entre enero y agosto de este año. A esa cuenta de agresiones deben sumarse 21 casos de posible desaparición forzada, más de 300 casos de amenazas y 67 atentados contra exguerrilleros que se han mantenido en el proceso.

En 41 casos se han logrado condenas; otros 44 están en juicio y hay 49 crímenes por los que se han dictado 279 órdenes de captura. La Fiscalía informó a las Naciones Unidas que por problemas de seguridad, solo han ingresado al 65% de escenas del crimen.

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