El informe aprobado por la Comisión de Fiscalización detalló que Morillo incurrió en un presunto tráfico de influencias en favor de la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. También se delegó esa responsabilidad a Murillo, quien en su cargo de presidente de la Judicatura no habría tomado cartas en el asunto.

No obstante, Morillo señaló que el tráfico de influencias no es una causal dentro de la normativa legal para proceder con la censura.

La mesa parlamentaria también detalló que existió una falta de ejecución en el proyecto de homologación salarial; en este sentido, Murillo detalló que los testigos presentados en esta acusación no tenían evidencias por lo que no había sustento.

De igual manera, se le atribuyó la responsabilidad de falta de insumos a las entidades judiciales y al abandono de la construcción del Palacio de Justicia, en Manabí.

»Creo que fui el presidente que más se preocupó por la construcción del Palacio de Justicia de Manabí (…) cuando estuve en el cargo la obra pasó del 55% al 85% de la reconstrucción», dijo Murillo en su intervención.

Asimismo se le atribuyó arrogación de funciones, pues asumió el encargo de la presidencia del Consejo de la Judicatura por encima del dictamen de la Corte Constitucional.

¿Reparto de cargos?

»Tenemos evidencias de que sí se entregaron puestos públicos a familiares de exasambleístas para evitar que el señor Murillo sea destituido», dijo la asambleísta Sofía Espín a Radio Pichincha en referencia al anterior juicio político interpuesto por la legisladora, Viviana Veloz.

En este sentido, señaló que la hija del exasambleísta Francisco León; el primo del exlegislador, Mario Ruiz; y la hermana de un exdirector de Pachakutik, habrían entrado como funcionarios del Consejo de la Judicatura a cambio de la salvación de Murillo. Por tal motivo existirá un nuevo proceso de fiscalización para investigar estos hechos. (AGM)

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