Las causales de la acusación se basan en el retraso de la evaluación de fiscales, no pagó la homologación salarial de jueces. Además, habría permitido el recorte de presupuesto de la Función Judicial.

En caso de que la solicitud presentada por los asambleístas sea aceptada, Murillo enfrentaría un segundo juicio político por la misma razón. A este pedido se sumó el exvocal del CJ, Juan José Morillo, quien estuvo envuelto en el anterior juicio.

Juicio político 2022

En 2022, las bancadas Unión por la Esperanza (UNES) y PSC interpusieron un juicio político por incumplimiento de funciones en la evaluación y destitución de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en contra de Murillo. Sin embargo, se salvó del juicio porque la votación en la Asamblea no pasó de los 92 votos requeridos.

En el caso aparecieron audios en los que el exvocal Morillo aseguró que el presidente, Guillermo Lasso, le pidió actuar en favor de la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. De la misma manera, se filtró otro audio en el que conversaba con uno de los jueces que estaba a cargo de tramitar las acciones presentadas por Llori, según Primicias.(D.C.)

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La acción de protección contra el CJ presentada por el vocal suplente fue aceptada parcialmente por unanimidad de la Corte, este 26 de septiembre. 8Aunque, al pedido de Román para ser el vocal principal del CJ lo rechazaron debido a que incumple el artículo 179 de la Constitución.

La resolución dispuso al CJ, un plazo de cinco días para pedir disculpas al accionante. A su vez, dictaminó que Fausto Murillo, actual vocal principal de la institución solicite la activación del mecanismo de selección del delegado de la Corte Nacional de Justicia para presidir de la institución

Así también, la Corte solicitó en el término de cinco días al Consejo de Participación Ciudadana y control Social (CPCCS) pida al presidente de la CNJ, Iván Saquicela la nueva terna para elegir al nuevo titular del CJ.    

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En la Comisión de Fiscalización fue desarrollado el descargo de pruebas por parte del vocal Juan José Morillo, el presidente del CJ, Fausto Murillo, la vocal Maribel Barreno y la exconsejera María del Carmen Maldonado, debido a la solicitud de juicio político que enfrentan por incumplimiento de funciones.

En la diligencia el presidente del CJ sostuvo que el pedido de juicio político es tan solo un pretexto para tomarse la administración de la justicia.

«El juicio político es un pretexto, lo que en realidad quieren es volverse a tomar la administración de justicia. Eso es lo que quieren. Con o sin evaluación, igual hubiéramos sido objeto en juicio político», dijo.

Además, recalcó que los jueces removidos salieron por incapacidad en sus cargos y no por no responder a los intereses del actual CJ. «Los jueces y conjueces que no pasaron la evaluación de 219 no tenían la capacidad para ejercer como jueces de casación», señaló.

Proceso de evaluación de los jueces en 2019

Por su parte, la vocal Barrero indicó que le proceso de evaluación fue desarrollado bajo un proceso metodológico que dio mayor importancia al criterio cualitativo.

«La evaluación a los jueces en 2019 no se trató de un proceso antojadizo, sino de un mandato del soberano, expresado a través del CPCCS-T (…)».

Así también, ratificó que los Comités de Expertos y Apoyo que fueron parte de la evaluación estuvieron conformados por profesionales del Derecho y académicos de primer nivel.

Retardos injustificados y pagos por indemnizaciones

En su comparecencia, el vocal Morillo informó sobre los retardos en los procesos judiciales provocados por jueces y contrajueces de la Corte Nacional de Justicia antes de la evaluación realizada en 2019.

«Esto demuestra cómo la administración de justicia era selectiva. Es decir, las sentencias que querían las sacaban y las que no, las dejaban (guardadas). Ese es el grado de justicia que teníamos y que encontramos en el proceso de evaluación, afectando directamente al usuario”, manifestó.

Asimismo, Morillo señaló que desde 2017, el CJ está pagando alrededor de USD 10 millones por sentencias y reparaciones a causa de destituciones a servidores judiciales en administraciones pasadas.

«Esto ha mermado el presupuesto del CJ», indicó. De esta manera, Morillo solicitó a la Comisión el rechazo al pedido de juicio político en su contra y el de sus compañeros.

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Este lunes 8 de agosto, el presidente del Legislativo solicitó al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela y al presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, tomar las acciones correspondientes para garantizar la autonomía de las funciones del Estado y evitar que la Función Judicial interfiera en ellas.

“Es su deber y obligación no permitir inferencias, ni inferir y evitar cualquier tipo de intromisión por parte de la justicia en las decisiones de los demás poderes del Estado”, señaló en el documento.

Saquicela recalcó que las determinadas responsabilidades y obligaciones de cada función asegura la independencia del actuar entre ellas.

Además, sostuvo que de lo resuelto por el tribunal de alzada respecto al recurso de apelación presentado dependerá la designación y posesión para el Superintendente de Bancos.

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Además, denunciaron que se estaría fraguando «una metida de mano» e injerencia del Consejo de la Judicatura en la Corte Nacional, pues está indebidamente conformado sin el delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia.

Asimismo, otorgaron su respaldo a Iván Saquicela, al Pleno de la Corte Nacional de Justicia y a la postura del principio de independencia judicial. El presidente de la Corte Nacional, Ivan Saquicela, fue suspendido por 90 días, por el Consejo de la Judicatura por supuesta negligencia manifiesta.

Asimismo, los presidentes de las Cortes de Justicia, dijeron que el Consejo de Participación debe cumplir con lo establecido en el art. 179 de la Constitución de la República. Así como el art. 258 y 262 del Código Orgánico de la Función Judicial y elegir a una persona como su máximo representante.

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Murillo aclaró que suspendieron al juez por 90 días, «pero este caso no tiene nada que ver con el señor Glas, sino con otro caso». La autoridad no explicó el caso en cuestión . El Pleno del Consejo de la Judicatura dio a conocer su decisión al conocer una declaración jurisdiccional previa -por negligencia manifiesta- determinada por la Corte Provincial de Santa Elena.

Murillo también se refirió a que los jueces sancionados no fueron elegidos en su administración. «No hemos elegido jueces. Lo que tenemos es un banco de elegibles de concursos que llevaron adelante el ingeniero Paulo Rodríguez y el doctor Gustavo Jalkh», recalcó.

En 2017, Moscoso fue asesor en el Ministerio de Justicia durante la presidencia de Rafael Correa. Ese mismo año ascendió a Subsecretario de Rehabilitación Social. En 2020 ejerció como Juez Multicompetente. Moscoso permitió que Glas saliera en libertad el pasado 10 de abril.

El exvicepresidente tiene dos sentencias en firme por casos de asociación ilícita (Odebretch)  y cohecho (Sobornos) , además de un proceso por peculado que está en apelación (caso Singue). MIB

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De igual forma, el Cosejo de la Judicatura resolvió terminar el nombramiento temporal del juez de Garantías Penitenciarias de Guayas, Pedro Moreira, quien concedió habeas corpus a ‘Alias JR’, cabecilla de «Los Choneros».

Moreira concedió este recurso el pasado 22 de abril, posibilitando la salida de «Alias JR» de la cárcel Regional de Guayaquil. Inicialmente dispuso su atención médica ya que según su defensa, su estado de salud era muy delicado. Luego, su decisión cambió a arresto domiciliario. JR deberá portar grillete electrónico y contará con custodia policial.

En ambos casos, el Consejo de la Judicatura inició los procesos de investigación respectivas a los jueces, a cargo de la Dirección de Transparencia de la institución.

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“No es tolerable que a través del habeas corpus se pretenda ahora impunidad”, dijo Saquicela. Por ello, solicitó que, por vía jurisprudencial, se aclare el alcance y se delimite el habeas corpus “para eliminar elementos discrecionales que puedan dar paso al abuso de este recurso”.

También pidió revertir el precedente jurídico que impide iniciar procesos por prevaricato. “La Corte Constitucional anterior dijo que no hay prevaricato en acciones de protección y habeas corpus, eso impide, en actos de corrupción, iniciar procesos penales”, aseguró.

Por su parte, Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, solicitó dos acciones que les permitan combatir los actos de corrupción. La primera, que se restituya al Consejo la potestad de actuar de oficio, es decir, iniciar sumarios de oficio cuando se presenten las infracciones, especialmente, las de negligencia manifiesta.

La segunda solicitud fue dirigida a los jueces de cortes superiores, tribunales de alzada y Corte Nacional de Justicia, para que “ejerzan su potestad disciplinaria en el campo que les corresponde, es decir, la facultad correctiva que tiene un juez superior frente a la actuación de un juez inferior”.

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Relató que es «bochornoso» como lo han criticado de manera despectiva los representantes del primer poder del Estado. Él recalca que tiene a su cargo un despacho jurisdiccional multicompetente.

Los argumentos de Moscoso para conceder el hábeas corpus a Glas se sustentan en que padece enfermedades físicas y mentales. De acuerdo al juez, estos males se agravan con la crisis penitenciaria que vive el Ecuador.

En la sentencia escrita se estipula que Glas es «víctima de amenazas constantes». Por ello, ratificó la necesidad de protección, «por verificarse tratos inhumanos y degradantes».

En el escrito también se menciona que el representante del sistema penitenciario, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) no negó estos alegatos.

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Una de los principales cuestionamientos a moscosos es que el habeas corpus debió haberse presentado en Latacunga, sin embargo, se hizo en Manglaralto. El presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, explicó que los jueces deben atender flagrancias y que ese fin de semana el juez Moscoso estaba de turno.

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