Salinas aseguró que la institución queda «firme y sólida». Enfatizó que debido a la fuerza que tiene el narcotráfico es necesario que las «instituciones se renueven, actualizarse y conseguir cooperación internacional».

Salinas aseguró estar orgulloso del trabajo que realizó en la Policía Nacional y las metas que cumplió en la institución.

«Estamos contentos de haber servido al país y de cumplir metas personales y profesionales», apuntó.

El excomandante señaló que César Zapata podría ser su reemplazo, sin embargo, recalcó que Lasso lo informará de manera oficial.

De la misma manera, el ministro del Interior, Juan Zapata, adelantó la salida e Manuel Íñiguez y Fausto Olivo.

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»Él prefirió quedarse con la gente que aparentemente ayudó a tapar el caso», dijo en entrevista para Centro Digital.

Para Carrillo claramente existen evidencias relacionadas al caso que terminó con la administración del mandatario. También indicó que los mismos asesores le habrían recomendado a Lasso que Carrillo salga del gabinete.

En cadena nacional de septiembre del 2022, el mandatario pidió la renuncia de Carrillo tras el femicidio de María Belén Bernal. De igual manera, solicitó la desvinculación inmediata de los generales Freddy Goyes y Giovanni Ponce, sin embargo, sus palabras se las llevó el viento.

Los funcionarios continuaron en sus cargos hasta finalizar al año. Ya en marzo de 2023, Ponce fue desvinculado después de audios filtrados en relación al Caso León de Troya. En la evidencia él y el general Mauro Vargas piden cerrar la investigación.

Carrillo y el Caso Bernal

“A mi me sacaron justamente por eso. Soy el que más ha pedido transparencia dentro de la Policía”, dijo Carrillo en Ecuavisa.

Carrillo relató que el régimen no quiso actuar cuando “los elementos y negligencias del mando institucional” apuntaban a otras direcciones durante el caso. María Belén fue asesinada dentro de la Escuela Superior de Policía el 11 de septiembre de 2022. (AGM).

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En un escrito, Salinas solicita al candidato «de manera cordial» que contraste la información antes de hacerla pública. «Si el candidato conoce de algún miembro de la Policía Nacional que haya ejecutado esa acción en nombre del Comandante General, le solicito se me haga llega esta información para abrir la causa administrativa correspondiente», manifestó.

«Al señor Fernando Villavicencio siempre le he guardado respeto y consideración, he valorado su trabajo periodístico y no sería capaz de ejecutar esas infundadas afirmaciones», añadió.

Villavicencio murió asesinado por tres disparos en su cabeza el pasado 9 de agosto mientras salía de un mitin de campaña en el norte de Quito. Zurita dio declaraciones al respecto este miércoles 16 de agosto en el medio KCH FM:

«La Policía sabe todo, sino, ¿cómo atraparon a los gatilleros pocos minutos después del asesinato? (…) Fausto Salinas mintió (…) después fue a tomar fotos del cadáver de Fernando Villavicencio», afirmó el candidato.

Topic desmiente una denuncia de Zurita en su contra

Ante ello Salinas comenzó afirmando que la Policía Nacional «es la más interesada en que salga a la luz toda la verdad». Además indicó que planea «transparentar» la actuación de la institución durante el resguardo del candidato, el cual contaba con filtros de seguridad.

Salinas aseguró que ordenó la elaboración de un informe técnico que «dé respuestas a la sociedad ecuatoriana». De acuerdo con los resultados de esa investigación, se tomarán acciones, puntualizó.

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El comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, explicó que tras el hecho se logró la captura de 6 sujetos de nacionalidad colombiana. Asimismo, explicó que el detenido en el sitio del crimen también era extranjero.  

“El delincuente abatido fue detenido por tenencia y porte de armas el 17 de julio de este año, es decir, estuvo recientemente detenido y puesto a órdenes de la justicia. Sin embargo, se encontraba en libertad”, dijo en rueda de prensa.

La detención de las seis personas

El ministro del Interior, Juan Zapata, informó que los seis sujetos ya registraban delitos; además, que pertenecían a un grupo de delincuencia organizada (GDO). Los detenidos son: Andrés M., José L., Gabriel G., Camilo R., Joures E., y John R.

En el allanamiento se encontró una ametralladora, cuatro pistolas, tres granadas y dos cargadores de fusil, cuatro cajas de munición, dos motocicletas y un vehículo que estaba reportado como robado.

Según Zapata, tras una investigación se reconoció que a dos de los aprehendidos en la escena del delito.

El ataque a Villavicencio

El candidato Fernando Villavicencio falleció después de recibir tres impactos de bala al salir de un mitin en un colegio de Quito, la noche del 9 de agosto de 2023.

Pablo Orellana, uno de los acompañantes de Villavicencio, indicó, en Centro Digital, que un sujeto se acercó a la camioneta en la que el candidato se movilizaba y le proporcionó tres tiros en la cabeza. Mencionó que el implicado habría aprovechado el mitin que realizaba para atacar al candidato. (M.W.)

Video: @notimundoec

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“Me pareció una impertinencia del oficial. A él le avisaron de la entrega voluntaria de armas. Tenía que llegar al filtro tres de la Regional y constatar la entrega de armas, pero cometió el error de ingresar al filtro”, expresó Salinas.

Según el comandante, el miembro policial fue presionado por alias Fito y los delincuentes para salir el vídeo y que al final le entregaron las armas, sin embargo, Salinas reconoce nuevamente que esto sucede por el control de las bandas criminales en las cárceles.

Agregó que no habrá sanción penal, pero si institucional para el gendarme que pertenece a la sección de inteligencia policial.

Control en las cárceles

Salinas reconoció que no hay control en las cárceles, pero dice que, con las nuevas hojas de ruta que seguirán los organismos como el SNAI y la propia policía, volverán a controlar este espacio. “Existe corrupción de parte de miembros de Policía y otras instituciones que permiten el ingreso de objetos prohibidos. Necesitamos que la ley se cumpla porque hay guías que salen libres y vuelven a trabajar”, acotó.

De acuerdo con la autoridad, los presos han roto esquemas, como penetrar en la Penitenciaría del Litoral con unas armas y estrategias que no se habían visto. “Ellos pactan no agredirse entre ellos según la información de los vídeos. Nosotros ( la Policía) no podemos creer en eso, tenemos que seguir enfrentando al crimen organizado”, expresó. (MIB)

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Además, Salinas señaló que 48 policías murieron mientras realizaban prácticas de su trabajo, 230 sufrieron agresiones y 421 fueron heridos. Datos que reflejan la grave situación que atraviesa la institución.

Según el comandante, con la «cooperación y desembolso» del presidente Guillermo Lasso a la institución ha generado «grandes resultados». Sin embargo, varios ciudadanos reportaron las pésimas condiciones en las que opera la institución en las zonas conflictivas. Desde patrullas descompuestas, UPC abandonadas, hasta agentes que comparten el arma.

El gobierno de Lasso prometió, desde 2021, dotar de equipos y uniformes a los agentes, incluso el exsecretario de Seguridad, Diego Ordóñez explicó, en reiteradas ocasiones, que los procesos de contratación ya estaban «a puertas de cerrarse». No obstante, dos años después y con otra autoridad en el cargo, los procesos de compra y contratación no se han concretado.

«La compra de chalecos, casos y otras armas están en marcha y constan en las páginas institucionales. Esperamos que los mil patrulleros lleguen pronto. La gente que habla no tiene idea del esfuerzo que hacen los agentes», resaltó.

Algunos casos

La mañana de este 27 de julio un uniformado fue asesinado al estilo sicariato en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos. La víctima fue identificada como Jefferson Vera. Según información extraoficial, el agente fue interceptado cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

El suboficial primero, Marco Ramírez Gallardo fue asesinado por delincuentes que asaltaron una empresa minera en el cantón Piñas, ubicado en la provincia de El Oro. El doble delito ocurrió la mañana de este 14 de julio de 2023.

Quevedo

Además, la madrugada del 2 de julio, otro policía fue asesinado mientras transitaba por el parque La Cuadra, en Quevedo. El agente fue interceptado por un grupo de personas no identificadas que le dispararon.

En el lugar sólo se encontró el cuerpo sin vida de Cristian Paúl A., ya que la patrulla en la que se movilizaba fue robada. Además, los sospechosos se llevaron el arma del uniformado.

Un sargento de la policía murió asesinado con un disparo en la cabeza, luego de que no dejara que antisociales le robaran su automóvil en Quevedo. El hecho ocurrió la tarde del 11 de mayo de 2023.

La víctima fue identificada como Hugo Cabezas Arteaga, de 40 años aproximadamente y brindaba servicios en la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) de Mocache.

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Según detalló, los videos donde desprestigien a la candidata serán difundidos por redes sociales a partir de mañana, 26 de julio de 2023. «Zapatos rojos autorizó el uso del Troll Center para subir el perfil de Otto, atacando a Luisa», afirmó Correa.

Correa señaló al Capitán Diego Sebastián Maldonado y al Teniente Jonathan Adrián Ortiz Cajas como operadores del Troll Center. Ambos dirigirían la Unidad Nacional de Inteligencia Estratégica y Operacional (UNISCOP) de la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la Policía Nacional.

De acuerdo con el líder del correísmo, operarían desde una casa de seguridad en la Armenia, suroriente de Quito. Además utilizarían IP ‘espejos’ para camuflar el origen de sus actividades. No obstante, todo estaría a cargo del Director General de Inteligencia, Manuel Samaniego junto al Mayor Gabriel Ramos.

Manuel Samaniego es primo del Comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas Samaniego. De acuerdo con el jurista, Alberto Montenegro, se encuentran en puestos estratégicos. «Mientras tanto la gente desamparada frente a la delincuencia», expresó Montenegro en referencia al uso de recursos públicos del actual Gobierno.

Sonnenholzner sobre Villavicencio: “Sus números son muy bajos para la Presidencia”

Ante ello, Otto Sonnenholzner reaccionó con otro tweet: «una vez más muestras insensibilidad ante los problemas que tenemos, quienes vivimos en el país. Como otras figuras de la política local, culpó a Correa, relacionándolo a un «Gobierno inoperante».

También añadió que si se preocupaba por su campaña, él está preocupado «en brindarle soluciones a la gente. ¡Nos vemos en segunda vuelta!».

Sonnenholzner ya cruzó palabras antes con Correa

El expresidente Rafael Correa advirtió el pasado 18 de mayo que Sonnenholzner será la «ficha de la derecha en las próximas elecciones». Sin embargo, este último dijo para Oromar TV que el exmandatario está preocupado por su postulación, que según él, está fuera de las etiquetas de la derecha y la izquierda.

Sonnenholzner saltó a la palestra pública siendo el vicepresidente de Lenín Moreno (2018-2020). Su trabajo fue criticado por el pésimo manejo de la crisis sanitaria de la COVID-19 y los numerosos casos de corrupción relacionados al sector de la salud.

En dicho mandato ocurrió el escándalo conocido como Vacunas VIP, que demostró la falta de gestión para inocular a los miles de ecuatorianos que murieron durante la pandemia. Sonnenholzner renunció a su cargo de vicepresidente el 7 de julio de 2020 para «trabajar en un proyecto político para el país», el cual se materializó en las elecciones anticipadas de este año.

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La Policía Nacional mencionó que el cargamento arribó desde Estados Unidos (EE.UU.) hasta el puerto de Guayaquil. De acuerdo con la institución, más de 58 mil oficiales se beneficiarán de esta adquisición.

De la misma manera, Zapata comentó que ahora los gendarmes cuentan con 18 millones municiones de corto y largo alcance.

Además, recalcó que el pasado 4 de julio ya recibieron un primer cargamento con 4,3 millones de municiones y esperan completar los 24 millones que solicitaron.

Sin embargo, la promesa del gobierno de Lasso fue equipar a la Policía desde el 2021 y hasta el momento ese ofrecimiento no se cumplió. De hecho, el comandante de la Policía, Fausto Salinas confirmó que los uniformados deben compartir un arma para salir a patrullar.

Otro escándalo en seguridad

De la misma manera, Zapata «denunció», hace poco tiempo, un supuesto intento se soborno por la compra de chalecos antibalas. Confesó que le habrían ofrecido USD 2 millones para que acepte, pero no los denunció antes porque “no grabó la conversación”.

“Créame que me he parado duro para que estos procesos salgan (la adquisisción de chalecos), porque hay muchos interéses que querían que estos procesos no salgan. A mi mismo, cuando recién llegué como ministro, me ofrecieron dos millones por el proceso de chalecos“, comentó para Expreso.

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El 21 de julio el ministro del Interior, Juan Zapata se reunió con el presidente de la CNJ Iván Saquicela para establecer una alianza en conjunto. Además, se prevé invitar a la Fiscalía para que tomar acciones ante la delincuencia y que los casos no queden impunes.

Por su parte, el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, señaló que en la Dirección de Protección existen 56 dispositivos de seguridad integrados por 92 policías que brindan protección a jueces y fiscales.

A falta de armamento…

Respecto a la resolución aprobada para la utilización de armas incautadas a la delincuencia en operativos policiales, el ministro Zapata señaló que a través de la Policía Judicial ya se genera el inventario del armamento con la participación de peritos, la unidad de Criminalística y el apoyo de la Fiscalía.

“Nuestra intención es generar procesos rápidos, pero cumpliendo con la norma para que el armamento pase a mano de la Policía Nacional”, indicó.

También comentó que se incrementaron programas de capacitación en seguridad y autoprotección para jueces y fiscales; y se realiza patrullaje intermitente en las instalaciones del Consejo de la Judicatura (CJ) y Fiscalías de todo el país.  

Atentados a Judicatura

Pesa a que existe un supuesto patrullaje constantes en el CJ, en los últimos meses han existido varios atentados. El 2 de junio un incendio acabó con la Unidad Judicial Civil y de Trabajo de Esmeraldas. El CJ denunció que se trataría de un atentado contra la Función Judicial.

A través de redes sociales, el Consejo advirtió que los ataques ocurren en medio de una “campaña maliciosa y mediática”. Sin embargo, aclaró que no permitirá los amedrentamientos de ningún tipo.

Tres amenazas de bomba ocurrieron el 11 de mayo en las provincias de Manabí, Imbabura y Pichincha, en las direcciones provinciales de Quito, Ibarra y Portoviejo. También sucedió una alerta similar en la dependencia de Quevedo, el 24 de mayo. Más adelante, el 20 de junio ocurrió una alerta de bomba en la dependencia judicial de Santo Domingo. (A.G.M).

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»Es inaceptable que un proceso electoral, que debería ser un símbolo de esperanza y cambio positivo para nuestra nación, se vea empañado por la sombra de la violencia y la intimidación», dijo en un comunicado.

Respecto a la seguridad policial, el comandante de la Policía Fausto Salinas aclaró que no se brindará seguridad a todos los postulantes al Legislativo. Únicamente el candidato que tenga riesgo inminente o se encuentre en un sector crítico puede elevar una solicitud al CNE.

Solicitudes de resguardo policial

El Ministerio del Interior informó que hasta el momento tres candidatos para la Asamblea Nacional solicitaron resguardo policial para la campaña política de las elecciones anticipadas 2023.

Los solicitantes de las alianzas Centro Democrático, Actuemos y lista 5 pertenecen a la provincia de Imbabura, Chimborazo y Esmeraldas.

Por el ministro Juan Zapata hizo un llamado a los candidatos presidenciales Otto Sonnenholzner, Jan Topic y Daniel Noboa para que acepten la seguridad de la Policía Nacional. Sin embargo, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Diana Atamaint, señalo que Topic sí tendría el debido resguardo, lo cual evidencia una descoordinación de información. (A.G.M).

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Zapata mencionó que, en un operativo de la Policía Nacional, capturaron a un extranjero que sería el presunto responsable del atentado y le siguen la pista a los otros implicados. Según el ministro, el detenido estaría involucrado en otros delitos.

Además, comentó que el país tiene una política migratoria más débil de toda la región. Señaló que la Ley de movilidad impide que los uniformados puedan actuar de manera oportuna.

«La política de migración es liviana y a veces impide el trabajo de los gendarmes. Sin embargo, las investigaciones continúan para dar con el paradero de los otros implicados», resaltó.

El atentado

Al menos seis sujetos a bordo de una motocicleta ingresaron a una peluquería ubicada en la Nueva Aurora y dispararon contra los ciudadanos que se encontraban en el local. Según la versión de los moradores se tratarían de exempleados venezolanos que laboran allí.

Personal de la Policía y el Cuerpo de Bomberos acudieron al sector para levantar los cuerpos e iniciar con las investigaciones.

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«Se ha capturado a dos personas presuntamente vinculadas al asesinato de Rubén Cherres. Posteriormente a las 10:30 tendremos una rueda de prensa para dar más información «, dijo en entrevista con radio Democracia.

Agregó que la acción de la Fiscalía fue fundamental para «hacer la retención de las personas que fueron detenidas en la madrugada y que en las próximas horas serán sometidas a una audiencia de juzgamiento».

El mensaje, según el comandante Salinas, es que hay fiscales y jueces de primera. «Jueces valientes, fiscales comprometidos con el país y la excepción que siempre hay jueces, fiscales, algunos policías también tenemos problemas, que no cumplen su deber en las circunstancias que estamos viviendo».

Rubén Cherres

El 31 de marzo, en un apartamento de Punta Blanca, Santa Elena, se encontraron a tres personas asesinadas. Entre ellos estaba Rubén Cherres, un empresario con presuntos vínculos con la mafia y el narcotráfico.

A Cherres lo buscaba la Policía por estar implicado en el caso Encuentro o Gran Padrino, sobre una presunta pirámide de corrupción en las empresas públicas. El empresario era amigo cercano de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. El caso derivó en un juicio político contra el mandatario y finalmente en la declaración de muerte cruzada. (MIB)

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El 8 de mayo la empresa extranjera envió un oficio dirigido al mandatario; al ministro del Interior, Juan Zapata; al exdirector del SERCOP, Dennis Valencia; y al comandante general de la Policía, Fausto Salinas. En el documento se detallaron varios cuestionamientos en torno al proceso de compra de chalecos antibalísticos.

“La entidad cae en un vicio que demuestra un direccionamiento hacia un »requisito» dirigido a una fábrica, US Armor Corporation con un »modelo» específico de producto y con un »género» específico, sin abrir oportunidades a mejores ofertas”, dice el oficio expuesto en una investigación de Radio Pichincha.

Además, la empresa solicitó que se realice de nuevo este concurso que garantice transparencia. Sin embargo, el Gobierno hizo caso omiso a su requerimiento y el Ministerio del Interior continuó con el proceso.

Otros reclamos

En un oficio dirigido al general Salinas, la empresa multinacional chilena Enhanced Combat Performance denunció irregularidades en el concurso y la falta de garantías a la libre competencia. »Podrían estar favoreciendo a un proveedor específico y no necesariamente al más calificado ni al de mejor calidad o mejor precio en el mercado», resaltó.

A esta denuncia se sumó otra empresa, Zeta Group, que envió un oficio el 16 de mayo a Zapata, Valencia y el contralor general del Estado, Carlos Riofrío, en donde se denunció un sobreprecio del 25 % en el proceso y un alto grado preferencial a otros proveedores.

De igual manera, se detalló que el concurso no fue publicado en medios extranjeros ya que se trataba de un concurso internacional. En este sentido, se pidió que se declare desierto este procedimiento.

»Las empresas extranjeras han corroborado que Ecuador se caracteriza por se un país donde no existe transparencia en los concursos públicos», dice la carta expuesta por el medio de comunicación.

¿Sobreprecio?

El Ministerio del Interior realizó la adquisición de 51.870 chalecos antibalas para la Policía Nacional, sin embargo, este proceso de compra registra múltiples irregularidades y reclamos por parte de las empresas participantes.

Después de varias promesas del exministro Diego Ordóñez la dotación de chalecos antibalas a la fuerza pública ya es un hecho. La cartera de Estado planteó un presupuesto de USD 32.044.579 millones para la adquisición de estos implementos.

La comisión técnica de la cartera de Estado realizó un informe que recomendaba la adjudicación parcial de las »ofertas económicas más bajas» realizadas por dos empresas norteamericanas. La primera es U.S Armor Corporation que ofertaba 51.385 chalecos por un valor de USD 23.503.935 millones.

Por otro lado, la propuesta de Point Blank Enterprises Inc para la adquisición de 1.035 chalecos con un precio de USD 2.240.423 millones. En total existiría una inversión de USD 25.744.358 millones que según el Ministerio significaría un ahorro de USD 6.300.221 millones, es decir, el 19.66 % del presupuesto referencial del proceso.

En base a la investigación de Radio Pichincha existen otros seis ofertantes, incluso, una empresa nacional que proporcionaba un ahorro de más de USD 9 millones en comparación con las empresas que fueron recomendadas por la cartera de Estado. (A.G.M).

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Los uniformados preparan los papeles para la deportación del implicado. El comandante de la Policía, Fausto Salinas, indicó que el detenido salió en libertad tras obtener algunas medidas cautelares. Señaló que incumplió algunas de esas medidas como presentarse periódicamente ante la justicia, por lo que ordenaron su aprehensión.

«Esta es una muestra del combato frontal que tiene con las organizaciones delictivas», dijo el ministro del Interior, Juan Zapata en su cuenta de Twitter.

Arboleda salió en libertad el 1 de abril, luego de que el juez Byron Orejuela del cantón Flavio Alfaro, en Manabí, concediera su libertad.

El sentenciado había sido procesado por tráfico de drogas, armas y explosivos. La justificación del magistrado para boletas de excarcelación es que en el proceso existen vulneraciones a la integridad física y de salud de los carcelarios.

Además estaría involucrado en el asesinato del exdirector de la Cárcel El Inca, Santiago Loza. La víctima murió a estilo sicariato, el pasado 1 de julio.

Esta sería la tercera vez que «Gordo Luis» es detenido. La primera fue el 4 de febrero de 2022, en Samborondón, pero fue liberado en abril del mimo año. Luego fue arrestado en diciembre de 2022 en un operativo para detener a otros integrantes de la banda.

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»Algunos jueces incluso ordenan acciones administrativas que no son de su competencia. La Policía Nacional hará la denuncia correspondiente en contra de los jueces», dijo el comandante general de la Policía, Fausto Salinas.

Como ejemplo puso un caso suscitado en el 2014, en la provincia de El Oro. Un policía fue sentenciado a un año de prisión pero se dio a la fuga. Luego de que prescribió el caso, el uniformado solicitó su reincorporación y los jueces la aceptaron.

También está sobre la mesa los casos de cuatro policías acusados por faltantes de drogas. No obstante, irónicamente un juez que ordenó su reintegración a la misma unidad de Antinarcóticos.

¿La ley lo permite?

 El Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP) permite la reincorporación policial con el grado, derechos y condiciones bajo las siguientes alternativas:

• Si se revierten los efectos jurídicos de la sentencia que provocó el cese.

• Por otra sentencia que ordene la reincorporación.

Para Salinas, en muchas ocasiones lo estipulado en la normativa ha significado un retroceso. Durante el año 2020, se ha reincorporado 15 servidores policiales; en el año 2021, 64; en el 2022, 168 servidores y en lo que va del año 2023 son 39, dando un total de 286 policías reintegrados a la institución.

»Los jueces deben tomar decisiones coherentes con la situación que vive el país, porque nosotros estamos empeñados en sacar a los malos elementos», resaltó. (A.G.M).

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El primer mandatario recibió la distinción Gran Cruz del Orden y Seguridad Nacional de la Policía. Asimismo, el Instituto de Seguridad Social de los uniformados (Isspol) le otorgó una condecoración en virtud de su apoyo para la recuperación de los recursos de 80.000 familias policiales.

El comandante general de la Policía, Fausto Salinas dijo que las condecoraciones son un “justo reconocimiento a su apoyo a la institución y la colaboración para la consecución de objetivos trazados”.

Por otro lado, el jefe de Estado le entregó la medalla «Alberto Enríquez Gallo» al ministro del Interior, Juan Zapata. El funcionario recibió la insignia mientras el país enfrenta una fuerte crisis de inseguridad.

Más condecoraciones sin sentido

El 10 de mayo, la condecoración «Alberto Enríquez Gallo» fue entregada al exsecretario de Seguridad, Diego Ordoñez. En ese entonces, el ministro Zapata, y el comandante Salinas le entregaron el galardón.

Sin embargo, usuarios en redes sociales reaccionaron de manera negativa a esta noticia, pues resaltaron que su gestión no rindió frutos. (DCJ)

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Los uniformados capturaron a cuatro sujetos, entre ellos el líder de R7, en Santo Domingo. La organización criminal se dedicaba a delitos como robo, extorsión y sicariato, en diferentes provincias del país.

Por otro lado, se incautaron 3 armas de fuego (entre ellas un fusil), cartuchos, cuatro vehículos, radios de comunicación y celulares.

El pasado de R7

Tan solo en mayo del anterior año, un amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo dejó dos fallecidos y cinco heridos. De manera extraoficial, se hablaba de más de 50 acribillados y 100 prófugos.

El comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas señaló que el altercado se originó a causa de un reo.“Es una persona que estaba detenida en la Cárcel de La Roca. Por un habeas corpus fue obligada a ser trasladada a otra cárcel, en este caso la de Santo Domingo”, dijo en esa ocasión.

Salinas comentó que se trata del PPL “Anchundia”, quien estuvo en la Cárcel de Turi y se le trasladó en avión a La Roca y finalmente a Santo Domingo. “Es del grupo R7, que entró en pugna con el grupo delincuencial de Los Lobos”, apuntó.

Más capturas

El 9 de mayo las Fuerzas Armadas (FF.AA.) capturaron a Luis N.Q., alias “Comandante Pullas”, supuesto líder de “Los Tiguerones“, en Atacames, Esmeraldas. El hecho ocurrió el 9 de mayo de 2023.

Las FF.AA. y la Policía Nacional realizaron varios allanamientos en la provincia costera y decomisaron un arma de fuego, panfletos para extorsiones, tres fundas con sustancias sujetas a fiscalización y municiones. (A.G.M).

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Los uniformados realizaron varios operativos en Esmeraldas, donde capturaron al sujeto. Además, apresaron a otros dos sospechosos en el barrio 15 de Marzo e incautaron dos armas de fuego, una motocicleta y dos celulares.

Los agentes explicaron que el detenido es acusado de más muertes violentas en la provincia verde y que es «un objetivo de alto valor de la Policía». Asimismo, anunciaron que los aprehendidos se encuentran en manos de la justicia para iniciar con los procesos de investigación.

Los oficiales realizan las «cruzadas por la seguridad» con la intención de «no darle tregua a la delincuencia«, dijo el comandante general Fausto Salinas.

La masacre en el puerto

La mañana del 11 de abril, 30 sujetos ingresaron en lancha hasta el puerto y comenzaron a disparar. El Gobierno calificó la acción como «terrorista», pues nueve personas perdieron la vida. Según las autoridades, la masacre fue ejecutada por el grupo delictivo de Los Tiguerones.

El coronel Javier Buitrón informó que activaron los protocolos para seguir a la embarcación y dar con el paradero de los antisociales. Sin embargo, hasta el 3 de mayo se confirmó que el supuesto autor del atentado fue detenido. (D.C.)

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La sesión está convocada para el 4 de abril a las 08h30 en la Asamblea Nacional. La finalidad del encuentro es que las autoridades informen sobre la orden de detención que pesaba sobre Cherres, quien era el principal sospechoso del caso »El Gran Padrino».

Asesinato de Cherres

El 31 de marzo la Policía Nacional confirmó el asesinato de Rubén Cherres en Punta Blanca, Santa Elena. Cherres era el operador de Danilo Carrera, presunto líder de la estructura criminal «El Gran Padrino» y cuñado del presidente Guillermo Lasso.

Las otras tres víctimas son dos hombres y una mujer. Uno de ellos fue identificado como Juan Ángel Perero que elaboraba como guardia de seguridad.

Según los uniformados, las cuatro víctimas presentaban signos de tortura y fueron encontrados maniatados en dos viviendas del lugar. (A.G.M).

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La denuncia fue presentada el 30 de enero del 2023 bajo la causal de vulneración a la libertad de expresión. Después de más de un mes de ser emitido el oficio, hasta el momento no existe una respuesta y Vargas aún se mantiene en la institución como inspector general.

“Vargas, dice Torres, aún no es investigado por esto tampoco. Parece que así se irá de la Policía: con toda inmunidad”, reportó la periodista Karol Noroña.

Irregularidades en la Policía

Según una investigación de Radio Pichincha, en agosto del 2022, Torres denunció la crítica situación de seguridad en Quevedo, provincia de Los Ríos. Traspasos y “castigos” fueron la única respuesta que recibió por parte de la institución.

En enero del 2023,  la defensa de Torres, Alberto Montenegro dijo que abrieron una carpeta en contra de su representado. La razón sería una publicación en una cuenta de Twitter que aparentemente sería de Torres.

“No tiene foto de perfil y tampoco tiene nombre, pero desde la Policía conjeturan que esa cuenta es de Torres”, reclamó Montenegro.

En sus discursos autoridades como el ministro del Interior, Juan Zapata, y el comandante General de la Policía, Fausto Salinas, aseguran que existe transparencia en la institución.

“Pero al abrir procesos administrativos contra los uniformados que precisamente denuncian la corrupción o las ilegalidades a la interna contradice sus declaraciones”, agregó el jurista.

Ya han intentado callarlo

Torres ya ha enfrentado antes otros procesos por denunciar la indiferencia e irregularidades de la institución. Esta ya sería la tercera acusación que enfrenta por este motivo. Los dos casos anteriores fueron archivados.

El coronel de la Policía ha experimentado cuatro transferencias a diferentes unidades policiales, en menos de siete meses. En Portete, al sur de Esmeraldas, denunció que no había patrulleros y que los generales se negaban a arreglar el parque automotor. Además, advirtió que no se suscribieron los contratos con las mecánicas.

La contestación que recibió a su denuncia fue su traslado a Pastaza. Después de dos meses lo movieron a Quevedo y finalmente le dieron el pase a Quito.

La Reunión con Salinas

Respecto a la supuesta publicación de Twitter, el coronel Torres le presentó su explicación al general Vargas, quien resolvió en un solo día, que la sanción de Torres sin tener la certeza de que las publicaciones fueron de Torres.

“El General Vargas simplemente manifiesta lo que sospecha y de forma automática lo sanciona, sin dar motivos. Es una consigna para que el coronel Wilson Torres no hable”, dijo Montenegro.

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