Este caso, que ha captado la atención nacional, gira en torno a la presunta participación de jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios, funcionarios judiciales y abogados particulares en una trama de delincuencia organizada. Su objetivo habría sido favorecer judicialmente a Leandro Norero, conocido como el Patrón, y a sus familiares.

Terán cumplirá detención en Cárcel 4 de Quito

La Fiscalía alega que Terán desempeñó un papel clave en este entramado corrupto durante su tiempo como juez en la Corte Nacional de Justicia. Como consecuencia de esta medida, el presidente de la Judicatura y los demás acusados deberán cumplir su detención en la Cárcel 4 de Quito.

Además, el juez Córdova ha concedido a la fiscal General del Estado, Diana Salazar, un plazo de 90 días para llevar a cabo la instrucción fiscal correspondiente a este caso.

En una audiencia que reveló la complejidad del asunto, Córdova destacó que el delito de delincuencia organizada, imputado por la Fiscalía, no puede ser equiparado simplemente con la asociación para delinquir. En 16 casos, la Fiscalía logró demostrar la existencia de un peligro concreto de fuga por parte de los imputados.

Según estas deliberaciones, deberán cumplir prisión preventiva, además de Wilman Terán: 

1. Ángulo Bravo Paúl Helive
2. Aguirre Carbo María José
3. César Manuel Acaro
4. Curipallo Ulloa Emerson Geovanny
5. Gaibor Gaibor Adolfo Richard
6. García Cedeño Gabriel Genaro
7. García Masías Sofía Natalia
8. Masón Simaleza Lenín Neicer
9. Novillo Arana Xavier Alexander
10. Palacios Shinin Álex Francisco
11. Paredes Flores Héctor David
12. Salazar Merchán Mayra Carolina
13. Sánchez Coello Christian Gabriel
14. Segovia Dueñas José Luis
15. Zumba Santamaría Santiago Paúl

Acicionalmente, se dictaron medidas alternativas, como arresto domiciliario para un adulto mayor, Ronald G., y para los demás detenidos, prohibición de salida del país y presentación periódica en la Corte de Justicia de cada provincia.

La defensa de Terán responde

La defensa de Terán, a cargo del abogado Alejandro Piedra, anunció la presentación de un recurso de hábeas corpus en un intento por recuperar la libertad del presidente de la Judicatura. Piedra afirmó que no existe ninguna vinculación entre Terán y el narcotraficante Leandro Norero, cuyo asesinato inició la investigación conocida como Metástasis.

Además, se plantea la posibilidad de que Terán tome vacaciones para evaluar el impacto en su posición dentro de la Judicatura. Este caso sigue desarrollándose, desentrañando una red de corrupción judicial que ha dejado al descubierto la complejidad y la gravedad de los hechos imputados.

Por ahora, se sabe que el reemplazo de Terán sería, el también jurista, Álvaro Román.

JR

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La audiencia (que inició a las 14h00) duró un lapso de tres horas. El dictamen final fue corroborado por Fiscalía a través de sus cuentas oficiales. «El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia acoge argumentos expuestos, rechaza el recurso de apelación interpuesto y ratifica la sentencia de 3 años de prisión«, publicó en Twitter.

El abogado de Carrión argumentó ante los magistrados que durante proceso se había armado una persecución contra el ex funcionario. Asimismo, planteó que «no se podía comprobar un abuso». Argumentó que fue rechazado antes de ratificar el fallo primera instancia.

Tras lo ocurrido, a Carrión le resta la alternativa del recurso de casación antes de cumplir su sentencia. Actualmente le resta un año y dos meses de condena.

Priscila Schettini califica el dictamen como injusto

«Nos indigna que los magistrados Felipe Córdova, Byron Guillén y Luis Rivera hayan avalado el caso armado y forjado por Diana Salazar. Son cómplices de esta injusticia, protegen a Salazar. La protegen inventando lapsus de formalidad, ahora son lapsus numéricos. Y Freddy Carrión tiene que pagar nuevamente cárcel por culpa de esta clase de justicia prostituida», expresó Priscila Schettini, esposa del exdefensor.

«No descansaré hasta que Diana Salazar, hasta que los jueces, la policía, Lenín Moreno, y las personas y autoridades que estuvieron armando este caso judicial paguen. Hasta el último. Por las lágrimas de mis hijos de mi familia», concluyó Schettini ante los medios de comunicación.

En tanto, Freddy Ron, uno de los abogados de Carrión, exigió que la justicia respete los derechos de su defendido y que no se enrede la situación con «conceptos tan arcaicos». «Existió una investigación fraguada por parte de Diana Salazar y Mayra Soria«, manifestó la defensa de Carrión.

Los antecedentes del caso Carrión

Freddy Carrión está detenido en la Cárcel 4 de Quito desde el pasado 16 de mayo de 2021. Esto, luego de una confrontación entre con Mauro Falconí, exministro de Salud. El hecho ocurrió en el domicilio de este último.

Durante esa noche se registraron vídeos en los que se observa a Carrión forcejear con una mujer, que sería pareja de Falconí, en el asecensor del edificio. Posteriormente, fue arrastrada contra su voluntad fuera del elevador. Suceso que trascendió en redes sociales. Luego de hacerse público el hecho, Carrión fue procesado por abuso sexual y condenado a tres años de prisión.

JR

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Este 11 de mayo, Felipe Córdova, juez de la CNJ pidió al Legislativo el permiso para iniciar con el enjuiciamiento de la legisladora, Ana Belén Cordero, por supuestas expresiones de difamación y deshonra en contra de Héctor Rodríguez, exgerente de Yachay.

Según la denuncia presentada por Rodríguez, las expresiones fueron emitidas en un informe realizado en la Comisión de Fiscalización sobre las universidades emblemáticas del país.

Sin embargo, Cordero aseguró que el informe evidenciaba el abuso de los recursos del Estado y la incapacidad académica y administrativa de quienes estaban en el cargo. En este documento también, se pedía la comparecencia a la Fiscalía de algunos exfuncionarios de universidades para ser investigados por la Contraloría, entre ellos: Héctor Rodríguez Chávez, Mario Cuvero, William Vásconez, Fander Falconí y René Ramírez.

¿En qué radica la denuncia presentada por Héctor Rodríguez?

La denuncia estaría enmarcada en el artículo 396, numeral uno, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual trata de las contravenciones de cuarta clase, cuya sanción es de 15 a 30 días de pena privativa de libertad de quien, por cualquier, medio emita expresiones en descrédito en contra de otra persona.

Por su parte, el juez de la CNJ aseguró que el proceso se da en virtud que la persona denunciada posee la dignidad de asambleísta nacional, hecho que lo conduce a garantizar el debido proceso y llevar a cabo el trámite correspondiente, bajo el artículo 128 de la Constitución y 111 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Se debe considerar que la denuncia ya pasó por manos de una jueza de Pichincha, quien se abstuvo de darle continuidad, alegando que la denunciada goza de fuero de Corte Nacional, al ser asambleísta.

El Pleno de la Asamblea Nacional tiene 30 días para responder al pedido, de no ser así, se considerará que la autorización fue concedida.

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