La jueza tomó esta resolución el pasado 12 de agosto y ordenó que los cuatro acusados deben presentarse tres veces a la semana en la Fiscalía de Orellana, de igual manera, no podrán salir del país.

El mayor Xavier Alejandro Pinargote Vázquez, el mayor Freddy Santiago Quintanilla Ayala, el teniente John Jairo Mena Mendoza y el subteniente Ángel Eduardo Jiménez Orozco podrán continuar con su ejercicio profesional en el Fuerte Militar Napo bajo la respectiva vigilancia.

Caso Aidita Ati

El pasado 29 de junio a través de un comunicado, el Ejército informó que en el dormitorio del personal femenino hallaron sin vida el cuerpo de Aidita Ati. Según los primeros informes policiales, la causa de su muerte habría sido asfixia por una obstrucción de vía aérea mientras dormía.

Horas más tarde Fiscalía procesa el caso bajo el protocolo de femicidio y el Ejército sale a pronunciarse con el discurso de ”condenar enérgicamente todos los actos que atenten contra la integridad y la vida de las personas”.

El 30 de junio 18 militares de la brigada militar fueron retenidos por Fiscalía para rendir sus versiones sobre lo acontecido. El mismo día la institución procesó penalmente a cuatro uniformados como autores y coautores del delito.

¿Qué dice la autopsia?

La autopsia final realizada a la subteniente del ejército Aidita Pamela Ati reveló que la mujer fue violentada sexualmente ”en forma grupal y con golpes en todo el cuerpo”.

La Fiscalía de Género en Orellana sigue en la búsqueda de pruebas en torno a la muerte de la subteniente del Ejército en el Fuerte Militar Napo. La perito expuso que la militar fue violada por varias personas, asimismo, la víctima estaba consciente durante la agresión.

El informe también detalló que ”un presunto abuso sexual con fisuras” en las partes íntimas de la subteniente, es decir, enrojecimiento e inflamación en el himen. (AGM).

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Según los testimonios de los testigos, el mayor disparó contra Lamiña en los exteriores de la UPC. Después que la policía cayera al piso, el agente se disparó en la cabeza. Está en el Hospital en condición crítica. Su estado todavía es desconocido.

La Fiscalía General del Estado solicitó el inicio de las diligencia e investigación con relación a este caso que calificó como muerte violenta. (MIB)

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Los sospechosos

Por este caso hay dos personas detenidas, una mujer y un policía en servicio activo, padre de la pequeña. El sargento M. R. Ramos se desempeñaba como agente investigativo de la Policía Judicial de Chimborazo, según información de la institución. Ramos cumple prisión preventiva tras su detención el 9 de febrero.

La mujer procesada es Evelyn B. Fue detenida el 8 de febrero durante las pesquisas de la Fiscalía que realizó siete allanamiento por este caso. La sospechosa es prima de Dana. Se encuentra con arresto domiciliario y custodia policial permanente, al estar en estado de gestación.

Lo que se sabe

La iinformación de la Fiscalía indica que los presuntos mensajes extorsivos a los familiares de la menor provienen de la red de Internet de la prima.

“Con base en los elementos de convicción recabados en las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, se determina que ellos (el padre y la prima) serían los presuntos ejecutores de la desaparición de la niña Dana Alejandra Ramos Pilataxi”, explicó la institución.

La iinstrucción fiscal durará 90 días. Los agentes podrán recopilar más datos para dar con los culpables y las circunstancias de este caso.

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Ante el último apartado, Otavalo mencionó en entrevista con La Calle, que Germán Cáceres, autor confeso del femicidio, se declarará insolvente y el proceso quedará de la misma manera. Además, Otavalo calificó al acompañamiento del Estado como «mentiroso, abandonado y completamente al margen«.

Sybel Martínez, defensora de derechos humanos, detalló para La Calle, que en el gobierno de Guillermo Lasso se dispuso que el bono oscile entre el 29,4 % y el 50 % del salario básico unificado. Explicó que esto depende de las cargas o hijos que tenía la víctima. Si mantenía un niño recibiría USD 125,33, si son dos hijos un valor de USD 183,30 y si son más de tres un total de USD 230,48.

«Acercamientos» con el presidente

La madre de María Belén solicitó atención al presidente Daniel Noboa para que escuche el caso y sepa cómo actuó la Policía Nacional. Sin embargo, hasta el momento no ha recibido una respuesta. De la misma manera, señaló que el Ministerio de la Mujer solo recepta información y no agiliza los procesos y trámites de los acontecimientos.

«Estamos en un saco de estadísticas, somos más de 1.500 mujeres y tantos niños que hemos sufrido, pero no han hecho nada», aludió.

Ya quieren salir de prisión…

Otavalo anunció que el jueves 1 de febrero será la audiencia de apelación de Cáceres y Alfonso Camacho, otro implicado en el femicidio de su hija. Enfatizó que esperan que se ratifique los 34 años y ocho meses de prisión que la Función Judicial dictó para el exesposo de la abogada. Además, ratificó que apelarán la sentencia de inocencia de Camacho.

«Esperamos que la justicia sea transparente, que nos demuestre que efectivamente defiende los derechos de las mujeres», dijo.

Comentó que la parte defensora de Camacho alegó que su defendido no puede ser sentenciado porque en el momento de los hechos supuestamente se quedó dormido y no habría escuchado la discusión de la pareja. Sin embargo, Otavalo insistió en que el implicado estaba presente el día del suceso.

«El escuchó los gritos de mi hija, vio que estuvo en la cama de Cáceres y no hizo nada», reafirmó.

Poco o casi nada cambió

«No permiten que Elizabeth sea la víctima del caso, el Estado considera que es la víctima«, reprochó. También, mencionó que supuestamente se investiga quienes formaron parte de este «macabro hecho», pero no han dado respuestas. De la misma manera, indicó que no tienen acceso a los expedientes de la investigación para presionar a las autoridades y generar precedentes.

Luego del suceso, en septiembre de 2022, se abrió el Ministerio de la Mujer para que «se atiendan» los pedidos de las víctimas y les brinden el apoyo adecuado. Agregó que las familias de personas víctimas de femicidio deben «esperar a la voluntad» del Estado para que cumpla sus responsabilidades.

«Cientos de madres debemos pedir de rodillas lo que la ley amparaba. Sin embargo, perdemos nuestros trabajos porque tenemos juicio por esto», dijo.

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Danna y su hermano saben quién es el femicida de su madre. César Narciso P. G., su expareja, habría cometido el delito. Habían salido unos pocos meses en 2020, pero nunca la dejó de perseguir. “Los vecinos lo vieron el viernes en la noche, afuera de la casa, gritando para que le abra la puerta. No lo vieron entrar, pero sí lo vieron salir el sábado en la mañana”, dijo Danna a diario El Universo.

Justicia indolente

Rosa Ramos había denunciado a su agresor tres veces por agresión física y violación. Vivió en una casa de acogida durante tres meses y se cambió de domicilio en cuatro ocasión. A pesar de todo, él hallaba la forma de encontrarla. El 22 de septiembre de 2023, el agresor fue detenido en flagrancia por violar a Rosa, sin embargo, la jueza Gladys Hernández, durante la audiencia de formulación de cargos, dictó medidas cautelares: uso de grillete y presentación periódica todos los miércoles. No cumplió con lo establecido y se abrió un proceso de revisión de las medidas cautelares.

En ese mismo caso, Rosa fue llamada a rendir nuevamente su versión en la cámara de gessell el 5 de enero. Para el 8 de enero se tiene prevista la audiencia preparatoria de juicio. También se ha convocado un plantón para exigir justicia en la Fiscalía Provincial del Guayas.

Mujeres en peligro

Un sistema de justicia desorganizado y negligente se llevó la vida de Rosa y mantiene a su presunto femicida libre, sin embargo también ha puesto en peligro la vida de más mujeres en el país. La abogada Ana Paula S. tiene tres procesos abiertos en contra de su expareja por violencia física, secuestro y agresión que avanzan de forma lenta. A eso se suma que el agresor aún intenta contactarla. «Mientras, mi vida sigue en riesgo. El 24 de diciembre, a través de terceras personas me trató de contactar nuevamente. Sé que sigo en peligro», escribió en su cuenta de X.

A pesar de las pruebas que tiene Ana Paula para demostrar la conducta peligrosa de su agresor, los jueces todavía titubean la pertinencia de llamarlo a juicio. «¿Qué más debe pasarme para que la justicia me proteja? No pido ningún favor solo pido que se actúe conforme a derecho y que lo hagan ya, no después de nueve años como Nina Gualinga o después de muerta como Rosa Ramos», expresó la abogada.

Por otro lado, la activista amazónica, Nina Gualinga denunció violencia psicológica en contra de su expareja en 2015 y una segunda vez en 2020, sin embargo, la audiencia de formulación de cargos todavía sigue en veremos, ya que se ha diferido para el 14 de febrero. La activista sufrió manipulación por parte de su agresor que, además le apuntó con una escopeta en una ocasión. Teme por su vida y la de su hijo. «Una noche me miré al espejo. Vi a una chica tan flaquita, tan pálida. Y me pregunté quién es ella. Porque ya no soy yo. (…) En ese momento pensé, tengo 25 años ya me ha amenazado con una escopeta, a los 30 ya no sé si esté viva”, expresó en una rueda de prensa.

(MIB)

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Karen Milán tenía 22 años y estaba discutiendo con Diego A. por el pago de la pensión de alimentos. La disputa habría subido de nivel, por lo que el implicado la golpeó. Según la Dinased, la mujer presentó hematomas en diferentes partes del cuerpo y la causa de muerte fue estrangulamiento.

Los padres de la joven se dirigieron a la casa de Karen para dejar a su pequeña de 9 meses cuando encontraron en el piso al hombre junto al coche con la mujer envuelta en sábanas. Los familiares lo detuvieron hasta que la Policía llegó.

Diego A. fue puesto en prisión preventiva hasta que se realicen las investigaciones y el juez dicte sentencia. (DCJ)

¿Qué ocurrió con Letty Cando?

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Según un informe de Fiscalía, el 2 de septiembre Cando salió a una fiesta con una amiga. Esa noche, entabló una relación amistosa con Johnny Stalyn C. A., a quien conoció a través de terceras personas.

Luego de ingerir bebidas en una discoteca, el procesado ofreció su casa para continuar con la fiesta. La víctima y tres personas más aceptaron la invitación y se dirigieron al barrio Bellavista Alta. Tiempo después todos se marcharon y Cando se quedó dormida en un dormitorio.

De acuerdo con la versión de un vecino de la zona, el 5 de septiembre el procesado se habría encontrado lavando un colchón que tenía rasgos color rosa. También observó que había baldeado toda la casa, algo inusual en él. Sin embargo, un dato relevante fue las huellas, que aparentemente serían de sangre, en el domicilio.

Durante la investigación se halló la cartera y celular de la víctima cerca de la vivienda de Johnny Stalyn C. A. De igual manera, se realizó un informe de hisopados de máculas de sangre que se tomaron en el lugar de los hechos.

¿Quién era Letty?

Letty Cando era una enfermera de 33 años oriunda de Loja. La mujer residía en Quito y trabajaba en en el centro de salud del IESS suroccidental. Además deja a un niño de 8 años en la orfandad, el pequeño vive en Loja junto a su abuela. Tras faltar dos días al trabajo y no establecer comunicación con su familia se activaron las alertas de búsqueda.

»El equipo técnico del Servicio de Protección Integral (SPI) brindará acompañamiento contención emocional, primeros auxilios psicológicos y atención integral a los familiares de la víctima. oriundos de la provincia de Loja», dijo el Ministerio de la Mujer en un comunicado.

Un crimen brutal

El 7 de septiembre la Policía tuvo acceso a las cámaras de seguridad de la zona y pudieron observar a Johnny C. con un costal, en donde llevaba los restos de la mujer. El sujeto hizo cinco viajes de su casa al parque para enterrar el cuerpo desmembrado en siete partes.

»En la inspección a la vivienda del sospechoso, había un documento de un tratamiento por esquizofrenia», dijo el jefe de la Dinased, Miguel Egas.

El detenido confesó su responsabilidad en el delito. Anteriormente ya tenía una investigación abierta por hostigamiento a una mujer. Una familiar del detenido aseguró que había sido violada por él por varios años, pero que no se había atrevido a denunciarlo, reportó Primicias.

El 10 de septiembre una jueza de Garantías Penales de Pichincha le ordenó prisión preventiva. (AGM).

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El miércoles 19 de julio, se llevará una audiencia en el Complejo Judicial Rumiñahui, en la que se decidirá si el sospechoso es apto para recibir otras medidas. Christian N. está detenido desde enero de 2023.

«Nosotros como familia nos sentimos indignados de ver el proceder de este señor que a pesar de todas las evidencias que ha recogido Fiscalía y Dinasec, y pesé a que todo apunta a que él es el actor intelectual del asesinato de mi hermana, pidan libertad», explicó.

De la misma manera, sostuvo que el implicado ejecutó su plan «como todo sicario», pues depositó USD 2 mil, mientras Paola se desangraba en el vehículo. Sin embargo, a pesar de que las pruebas sobren, piden medidas sustitutivas para que salga Christian.

«Como familia estamos dolitos, porque no sabemos que decisión va a tomar la Fiscalía y la señora jueza que está a cargo del caso», afirmó. Además, comentó que si le preocupa que el supuesto femicidad salga libre porque «se podría fugar».

El plantón para exigir «Jusiticia por Paola», se concentrará desde las 14:00 en los alrededores del Complejo Judidicial, este miércoles.

El caso

El 2 de enero del 2023, Paola Ortega fue asesinada por supuestos delincuentes. Sin embargo, días después se descubrió que los dos implicados siguieron las órdenes de Christian N., esposo de la fallecida.

La noche del incidente, el procesado habría recogido a Paola de uno de sus locales y la habría llevado para comprar comida. Él se bajó de la camioneta en la que se movilizaban y dejó a la víctima dentro, en seguida, dos sujetos la apuñalaron.

Lo curiosos del hecho, es que Christian no regresó rápido al vehículo; además, que dejó abierta la puerta del mismo. Minutos más tarde cuando el regresó con los alimentos, Paola ya se encontraba herida, y él no pidió ayuda, ni se movió hacia una casa de salud, pesé a que a unas cuadras había una clínica.

Christian lo que hizo fue sacar su celular y pagar a los presuntos ladrones. «Los tres negaron ser participes del asesinato«, manifestó para La Calle, María Piedad Alcocer, madre de la víctima.

Paola vivía en la parroquia de Sangolquí y tenía dos hijas; una de 15 y otra de cuatro años. Además, contaba con un local cerca de su domicilio y otro en Quito, en ambos vendía artículos para fiestas.

El informe de Fiscalía

Videos analizados por la Fiscalía muestran cuando el sospechoso desbloquea el seguro de la puerta de la camioneta con el control remoto y minutos más tarde los implicados apuñalan a Paola.

En el informe, la Institución relata que el esposo salió del local, regresó a ver al lugar donde estaba su esposa, caminó hacia el vehículo y nuevamente regresó. Se dirigió otra vez al auto, llegó a la esquina, habló por teléfono, caminó una cuadra, volvió y llegó al auto.

FGE aseguró que los sujetos que asesinaron a Paola habrían visitado a Cristian en el local que ella tenía. «Esto muestra que el crimen iba a cometerse», señaló Fiscalía.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el femicidio tiene una pena de 22 a 26 años de prisión. (DCJ)

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Quito, 22 jun (La Calle).- Un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas dictó prisión preventiva y ordenó la captura de un miembro de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) por el presunto femicidio contra una mujer embarazada. La instrucción fiscal será de 90 días.

Según la investigación de Fiscalía, la víctima habría desaparecido el 25 de noviembre de 2020, cuando fue a una cita médica. Ella estaba en el octavo mes de embarazo. Esa tarde, sus familiares se percataron que no le llegaban los mensajes y que su celular estaba apagado, por lo que su familia puso la denuncia por desaparición.

El 7 de diciembre de 2020 fue encontrado su cuerpo sin vida –en estado de descomposición–, en un terreno baldío de la vía Quinindé, provincia de Esmeraldas.

Las pruebas

En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscal del caso presentó 108 elementos de convicción. Entre las evidencias estaba el acta de levantamiento de cadáver, el informe de la autopsia médico-legal, la pericia de extracción de video de cámaras de seguridad, los informes de interceptaciones telefónicas y de la reconstrucción de los hechos.

Además se expusieron las pericias de rasgos de personalidad practicada al procesado, un audio (sobre un mensaje que la víctima habría enviado a su madre, previo al hecho), la autopsia psicológica y el informe de ADN que determinó que el acusado sería el padre biológico del hijo de la mujer fallecida. (A.G.M)

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Fiscalía informó este 21 de junio la sentencia del juez para los involucrados en el caso, quienes ya fueron señalados como autores directos. Después de dos años, la justicia se hace presente, pues la madre de la víctima, Kathy Muñoz, señaló que existió injusticia, corrupción e incomprensión por parte de las autoridades. 

Lisbeth Baquerizo fue asesinada presuntamente por su esposo, Luis Javier Hermida, el 21 de diciembre de 2020. El médico que examinó el cuerpo de la víctima le dijo a Muñoz que su hija murió por los golpes que recibió en su cabeza y no por una caída de escaleras.

“La tuvieron que golpear con un hacha, machete o cuchillo que le abrió la cabeza. El médico me explicó que después de abrirle el cráneo, trataron de pegarlo con brujita para engañarnos”, mencionó.

Los otros involucrados

Durante este tiempo, la mayoría de los procesados aún no han sido juzgados a excepción de Richard A., se acogió al procedimiento abreviado, por lo que fue sentenciado a cinco meses de prisión. en junio de 2021.

La audiencia de juicio para la familia política de la víctima, Miguel H. N. (cuñado) y Luis H. G. (suegro) será en julio. Por otro lado, Luis Javier H. N. (esposo) y Roland E. M. (hermano del médico) se encuentran prófugos por lo que su proceso se encuentra suspendido. (A.G.M).

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Una jueza de la Unidad Especializada de Garantías Penitenciarias aceptó la petición de prelibertad y resolvió que el sentenciado debe llevar grillete electrónico, no acercarse a la familia de la víctima y presentarse una vez por semana al Centro de Privación de Libertad Masculino Pichincha N°2.

Por el caso Karina del Pozo recibieron sentencia a 25 años de prisión tres personas: José Antonio Sevilla, Gustavo Salazar y David Piña. Éste último llevaba 10 años de condena.

Caso Karina del Pozo

Este caso es importantísimo en la legalidad ecuatoriana porque fue el punto de partida para conseguir la tipificación del femicidio como delito en Ecuador.

En 2013, la víctima acudió a una fiesta, pero no volvió a casa. Ella fue reportada como desaparecida y después encontrada en una quebrada. El informe forense comprobó que fue abusada sexualmente, golpeada en la cabeza con una piedra y estrangulada. (MIB)

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»Vamos a seguir y vamos a apelar porque él es culpable», dijo la madre de Bernal, Elizabeth Otavalo.

Por otro lado manifestó que no ha recibido acompañamiento del Estado en este duro proceso, pese a la pena máxima que recibió Cáceres resaltó que nada le devolverá la vida de su hija.

La audiencia de cargos fue convocada para este 25 de mayo a las 14h30 en el Tribunal del Complejo Judicial Norte, en Quito. Sin embargo, esta fue una sesión postergada ya que el pasado 19 de mayo se suspendió porque la defensa de Cáceres no asistió.

En las inmediaciones del lugar existieron varios colectivos que unieron sus voces para exigir justicia por Bernal. En el otro frente se encontraba la familia de Camacho, quienes aseguraban su inocencia.

El juicio

El juicio empezó el 15 de mayo, después de la extradición de Cáceres desde Colombia, lugar al que escapó. Durante este período de tiempo, acudieron varios testigos y se expusieron las pruebas de cargo.

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), los implicados podrían recibir hasta 34 años de prisión por el delito de femicidio y agravantes.

En enero 2023, Cáceres admitió que asesinó a Bernal. Sin embargo, su nueva defensa, el abogado Sebastián Espinosa, aseguró que su cliente “no es autor confeso”.

El femicidio

La abogada María Belén Bernal desapareció el 11 de septiembre de 2022 en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, en Pusuquí, al norte de Quito. Su cuerpo sin vida fue encontrado diez días después, en el cerro Casitagua, a unos cuatro kilómetros de distancia de la escuela de formación policial.

Desde ese momento la familia, especialmente la madre de Bernal han buscado justicia, verdad y reparación. (DCJ)

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La historia de Ana Paula tiene un serie de hechos que transcurren desde hace un año y medio. Sin embargo, el 21 de mayo el caso tocó fondo, pues ella se encontraba en un bar junto a sus amigas, cuando su expareja se le acercó y le escupió en el rostro.

»Mi hija anda con sus medidas de protección en el teléfono, afuera del lugar había un patrullero y aunque en principio no querían ayudarla al final lo hicieron», dijo su madre en un tuit.

El hombre de 30 años se enfrenta a otros dos procesos por incumplimiento de medidas y esperan la reformulación de cargos por secuestro. Por el momento esperan que el sujeto no se fugue ya que su flagrancia concluía a las 02h00.

No es la primera vez

La activista por los derechos humanos recalcó que el 11 de enero el sujeto burló las seguridades de su casa, entró y la secuestró. Después de lo ocurrido no le quisieron aceptar la denuncia en flagrancia. Más tarde, la joven apareció golpeada por la Ruta Viva, en Quito.

En la universidad en donde estudiaba, a Ana Paula le proporcionaron un botón de pánico, para que pida auxilio en caso de que aparezca en el campus. Esta medida fue implementada porque un día al salir de clases, al encender su vehículo, apareció de pronto en el asiento de atrás, dijo Martínez a Radio Pichincha.

»¡El tipo la acosa en todo lado, todo el tiempo la persigue, la denigra, es invivible!», exclamó.

Trabas en la justicia

La reinstalación de la audiencia tardó tiempo hasta revisar los expedientes y llamar testigos, cuando »cada parte procesal tiene que traer a los suyos’‘, dijo Martínez. De igual manera, denunció que el detenido no estaba arrestado bajos los protocolos de seguridad establecidos ya que se encontraba caminando »casi a la salida de la Fiscalía’‘.

»El sistema es altamente revictimizante, 18 horas pasamos en Flagrancia, en donde ni siquiera hay asientos. Nosotras también nos sentamos en el piso. El trato es infame, nos maltratan, se niegan a hacer las cosas. La noche de ayer domingo me pedían  copias certificadas de lo dictado por la Junta de Protección de Derechos», resaltó y dejó en evidencia la realidad de las familias que pasan por estos procesos.

En apoyo a la situación varias amigas y amigos de Ana Paula, llegaron a las inmediaciones del lugar con diferentes pancartas que contenían mensajes de apoyo. Por su parte Sybel Martínez cuenta la historia de su hija para que no sea una víctima más de femi(ni)cidio. (A.G.M).

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El 14 de mayo se celebrará el día de la madre, pero ¿cómo celebrar si tu hija ya no está?, ¿cómo celebrar cuando tu hija murió en manos de femicidas? Estas son muchas de las preguntas que se hacen las personas que han perdido a sus familiares a causa del femicidio.

«Somos madres que no solo sienten tristeza por perder a sus hijas, somos madres que sienten ira«, dijo Elizabeth Otavalo, madre de Bernal. Agregó que ahora se reúnen para pedir «justicia, verdad, reparación y no repetición».

En la rueda de prensa estuvieron las madres de María Belén y Katherin, ambas asesinadas a manos de policías en servicio activo. Asimismo, estuvo la madre de Paola Ortega y la tía de Juliana M., joven que fue encontrada en Quinindé junto a dos amigas más (todas muertas).

Katherin Cingaña

Katherin Cingaña tenía 28 años cuando fue asesinada por su esposo. El femicida es policía y utilizó su arma para acabar con la vida de la joven el 3 de mayo de 2023 en el Inca, al norte de Quito.

Katherin dejó en la orfandad a un niño de casi tres años. Sus familiares le piden al presidente Guillermo Lasso y a la fiscal, Diana Salazar justicia y todo el peso de la ley. «El arma que posee un policía es para cuidar, no para matar, y menos a tu esposa«, mencionó la prima de la fallecida.

María Belén Bernal

La abogada María Belén Bernal desapareció el 11 de septiembre de 2022 en la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, en Pusuquí, al norte de Quito. Su cuerpo sin vida fue encontrado diez días después, en el cerro Casitagua, a unos cuatro kilómetros de distancia de la escuela de formación policial.

Bernal fue asesinada por el expolicía Germán Cáceres. «Somos madres que también fuimos asesinadas con nuestras hijas. Nuestras hijas fueron asesinadas por policías», explicó la madre de la víctima.

Actualmente, se espera el dictamen del Tribunal tanto para Cáceres como para el teniente Alfonso C., quien es acusado por omisión de los hechos. La audiencia de juzgamiento iniciará el lunes 15 de mayo.

Paola Ortega

El 2 de enero del 2023, Paola Ortega fue asesinada por supuestos delincuentes. Sin embargo, días después se descubrió que los dos implicados siguieron las órdenes de Christian N., esposo de la víctima.

«Los tres negaron ser participes del asesinato y se espera que para septiembre haya una audiencia», manifestó María Piedad Alcocer, madre de la occisa. Alcocer se cuestiona cómo celebrar el día de la madre si su hija fue asesinada.

Paola vivía en la parroquia de Sangolquí y tenía dos hijas; una de 15 y otra de cuatro años. Además, contaba con un local cerca de su domicilio y otro en Quito, en ambos vendía artículos para fiestas.

Juliana M.

Juliana fue una de las víctimas del triple asesinato de las chicas halladas enterradas en Quinindé, a orillas del río Esmeraldas. Las jóvenes eran oriundas de Santo Domingo y Quito.

«Se llevaron a una niña linda, una niña inocente. Aún seguimos sin entender que pensaron esos malditos para hacerle esto a Juliana y a sus amigas», sostuvo la tía de la mujer. (DCJ)

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El 4 de mayo Fiscalía informó sobre este caso y dio a conocer que la víctima falleció. Su cuerpo fue llevado a Medicina Legal para desarrollar el proceso de la autopsia. El sospechoso del crimen fue llevado a la cárcel de El Inca, la norte de Quito.

La instrucción fiscal será de 30 días y el caso estará a cargo de un fiscal especializado de la Dirección de Derechos Humanos. Hasta el momento se desconoce los detalles sobre el caso y la Policía Nacional no ha hecho un pronunciamiento oficial.

Caso Bernal

Este caso se suma al del femicidio de María Belén Bernal, quien fue asesinada en la Escuela Superior de Policía por el expolicía Germán Cáceres. Actualmente, se espera el dictamen del Tribunal tanto para Cáceres como para el teniente Alfonso C., quien es acusado por omisión de los hechos. (A.G.M).

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La Fiscalía informó que ordenó indagar el caso y reveló que se trataría de un miembro de la Policía Nacional quien habría querido cometer el crimen, pero fue aprehendido en flagrancia.

En horas de la madrugada de este 4 de abril se formularon cargos contra el involucrado.

Noticia en desarrollo…

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El 23 de febrero del 2023, la Fiscalía informó en un tuit que en el marco de la instrucción fiscal abierta en Cotopaxi contra Segundo Ángel T. por su presunta participación en el femicidio de Nelly Alexandra Orozco, se ejecuta la búsqueda de la menor de edad. En el bosque de Alaquez encontraron los restos de Nelly el 8 de febrero del 2020.

Presunto femicida

Pasaron tres años para que el presunto femicida de Nelly O. y su hija apareciera. La Policía aprehendió el pasado 5 de febrero a Segundo Ángel T. cuando acudió a sufragar en Chilibulo al sur de Quito. Enfrenta ahora un proceso judicial.

Orozco vivía con sus tres hijos en el sector de Chillogallo, al sur de Quito. Su familia la reportó como desaparecida el 5 de enero del 2020. Según Manuel Guamba, primo de la víctima, un hombre invitó a Nelly a Latacunga para regalarle un celular y una canasta navideña. Allí fue la última vez que las vieron con vida. (MIB)

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La Policía informó que el sujeto manejaba cuatro identidades para movilizarse en Colombia, Chile y finalmente Perú. Además, Campos se dedicaba a actividades comerciales en el país vecino, específicamente a la venta de comida en una carreta.

Los familiares de María Fernanda, encontraron a la víctima en el baño del domicilio con su cráneo roto y con su rostro destrozado. En la autopsia se llegó a la conclusión que la occisa recibió 29 golpes con un martillo.

Responsabilidad penal

Campos es investigado por presunto femicidio. No obstante, la familia de María Fernanda se encuentra preocupada, pues hay la posibilidad de que después de 15 años del delito se extinga la responsabilidad penal.

La defensa del acusado puede realizar un trámite legal para que el individuo pueda ejercer sus derechos, deberes e incluso salir libre. El caso está paralizado desde el 2012 ya que la ley ecuatoriana determina que no se puede juzgar a una persona en su ausencia.

El teniente de la Zona 8, Mario Escobar, dijo que la extradición tomará entre tres y cuatro meses. “Fiscalía será la que se va a encargar del proceso para traer al sospechoso”

El juicio

El 17 de noviembre de 2011, el juez Primero de Garantías Penales del Guayas, Ángel Rubio, dictó la prisión preventiva para Campos. El resultado se baso en el levantamiento del cadáver, reconocimiento en la autopsia, y por los testimonios.

Los testigos indicaron que vieron ingresar a María Fernanda al edificio en horas de la tarde, pero Campos salió solo en la noche. El juez tenía 90 días para presentar el dictamen final tras terminar con las indagaciones en el caso.

En las intervenciones del juicio, un familiar aseguró que la relación entre la víctima y el sospechoso había terminado. Agregó, que “Campos tenía celos excesivos, él la acosaba permanentemente”, recogió La República.

La captura

«El sujeto fue detenido en Perú y ahora está a órdenes de la justicia para su extradición», informó la Policía Nacional. Además, detallaron que la captura se efectuó con ayuda de los uniformados de Perú. Tras la fuga de Campos, se puso la alerta roja de búsqueda en 160 países.

El tío de la difunta, Christian Flores reconoció que tras meses de lucha lo único que se obtuvo es poner al agresor como “el segundo más buscado”. No obstante, el abogado de la parte acusada manifestó que considera fuera de lugar la inclusión de su defendido en la lista de los diez más buscados del Guayas ya que el sospechoso no se encontraba en la audiencia. (D.C.)

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El último sospechoso en este crimen se mantuvo prófugo durante estos últimos meses. Sin embargo, la investigaciones correspondientes permitieron dar con su paradero en la localidad de Alóag (sur de la provincia de Pichincha).

El día del crimen, Ortega se encontraba con su esposo a bordo de un vehículo. En un momento dado, ambos se detuvieron para comprar comida. Su pareja sa bajó del vehículo y Ortega se quedó en el interior. Minutos después un auto apareció y dos sujetos descendieron. Uno de ellos se acercó al carro en el que estaba la mujer y la asesinó en 30 segundos.

Según información oficial, el presunto homicida habría apuñalado a Paola Ortega trece veces. El arma blanca provocó un daño irreversible en la zona de la arteria carótida, lo que provocó que la víctima se desangrara.

Médicos especialistas sostienen que el autor del crimen conocía cuáles son las partes más vulnerables de la anatomía humana, pues las heridas que propinaron a Ortega fueron letales.

La lista de sospechosos aumenta

El pasado 7 de abril, Mártires C., otro de los implicados, también fue detenido en el marco del caso de asesinato. Aunque él fue detenido en la provincia de Esmeraldas.

Según los registros de las cámaras de seguridad revelarían que él fue el segundo implicado en el asesinato. Mártires C., se habría quedado vigilante frente al vehículo en el que se trasladaba con su cómplice, mientras este último atacaba a la mujer. Ambos abondaron el lugar tras materializar el ataque.

Por ahora, incluso el esposo de Ortega, Cristhian N., cumple prisión preventiva mientras concluyen las investigaciones. A él se lo acusa como presunto autor intelectual del crimen.

Asimismo, la policía está en busqueda de otro implicado. Se trata de una mujer que habría recibido una transferencia de dinero de USD 2.000 poco después de ejecutarse el delito. Aparentemente, sería familiar de uno de los investigados.

El feminicidio de Paola Ortega fue uno de los primeros en registrarse a inicios de este 2023. La mujer deja en la orfandad a sus dos hijas. Su familia exige la pena máxima para los responsables del crimen.

JR

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Samantha Maldonado trabajaba en un restaurante en Chicago. Luego de terminar su turno laboral se dirigió a un bar para encontrarse con unos amigos. Posteriormente, acudió a un encuentro con su expareja, Alejandro Arellano. La pareja había tenido una relación de aproximadamente 5 meses, pero terminaron una semana antes del asesinato.

Acorde con el medio Univisión, ambos estuvieron en un bar a las 12h30, luego Samantha corrió despavorida del bar y Arellano la siguió hasta la estación de trenes. La joven intentó tomar un tren, pero Arellano la forcejeó y la apartó de las puertas del tren. Acto seguido la apuñaló repetidas veces en el pecho, abdomen y brazo.

La joven de 26 años intentó bajar las gradas de la estación y se desplomó en el camino. Varias personas la socorrieron y acudieron por ayuda. Samantha reveló a los paramédicos que el responsable fue su expareja, Arellano. Este fue el mayor aporte a la investigación, según las autoridades.

La policía siguió el rastro del sospechoso, el agresor se encontraba con la misma ropa del asesinato. Esto permitió que se identificara sangre y tejido de la víctima en la navaja que portaba Arellano.

Acorde con las declaraciones del sujeto, solo recordaba un «pinchazo» que le dio a la joven. Por el momento se encuentra detenido y sin derecho a fianza.

Su padre viajó a Chicago para reconocer el cuerpo de la víctima, relató que su hija tenía el propósito de expandir sus estudios y regresar a Ecuador para emprender un negocio familiar. Por el momento se creo un fondo de apoyo para repatriar su cuerpo.

Si usted desea contribuir a este fondo puede hacerlo a la cuenta de ahorros (Banco Pichincha): 2209116319. Más información a continuación:

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