Nuestro país atraviesa una crisis de inseguridad sin precedentes. A pesar de que el primer mandatario declaró, en enero de 2024, la existencia de un conflicto armado interno, los casos de violencia de género han recrudecido en el último periodo y vemos pocas garantías para que los derechos de las mujeres sea un tema que se encuentre en el ojo del Gobierno Nacional, siendo este un problema público y un problema de políticas poco suficientes y eficientes.

Se estima que una mujer es asesinada cada 27 horas por muertes violentas catalogadas como femicidios íntimos, femicidios en sistemas criminales y transfemicidios, según datos de la ONU Mujeres en su último informe de marzo de 2024 en Ecuador, titulado “Alerta de Género”. Además, en el marco de violencia estructural se identifican factores de riesgo de violencia de género con énfasis en violencia sexual para mujeres y niñas en el contexto de las actividades ilícitas de los GDO y en las operaciones militares. Sin mencionar la alarmante situación de los derechos humanos de mujeres privadas de la libertad dentro de las cárceles.

Sin embargo, las cifras no son claras y existen contradicciones. La ministra del Interior, Mónica Palencia, manifestó que durante los cinco primeros meses de gobierno del presidente Noboa hay una significativa reducción de muertes violentas en un 28%, respecto del gobierno anterior para el mismo periodo de tiempo. En cuanto al comportamiento del femicidio, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, John Game, indicó que también existe una reducción del 22 % en una comparación con el mismo periodo del año anterior.

En la página web del eliminado Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, un informe con corte al 19 de mayo de 2024 muestra que se registraron 36 muertes violentas por femicidio en lo que va del año. Mientras que, el Consejo de la Judicatura informó que solo hasta febrero se han registrado 56 víctimas de femicidio y muertes violentas por motivo de género.

A estas cifras se suma el presunto femicidio de la subteniente Aidita Pamela Ati, encontrada sin vida dentro del Fuerte Militar Napo, la mañana del 29 de junio de 2024. Según versiones de su padre, el militar en servicio pasivo Luis Ati, inicialmente le informaron que su hija había fallecido por una asfixia producida por licor mientras dormía, luego de haber participado de una fiesta de despedida no autorizada dentro de la Institución. Sin embargo, la autopsia revelaría que la joven de 25 años habría sido intencionalmente asfixiada, golpeada y abusada sexualmente. Estarían implicados cuatro militares de rango superior.

Este caso recupera en la memoria social el asesinato de María Belén Bernal en manos de su esposo dentro de la Escuela de Policía de Pomasqui, en septiembre de 2022; y, recientemente se conoció que la subteniente María José Morillo también falleció dentro de la Brigada de Selva 19 Napo, en abril de 2021, en condiciones no esclarecidas aún por las Fuerzas Armadas.

Según la abogada y activista Jéssica Jaramillo hay fallas dentro del Estado y en el reconocimiento de la violencia de género en la sociedad y en el sistema de justicia ecuatoriana. En su gestión como presidenta de la Fundación Contra la Violencia ha podido evidenciar que estos casos, que son muchos más de los conocidos públicamente, tienen relación con el espacio jerarquizado sobre las víctimas que existe en instituciones como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas del Ejército.

Silvana Sandoval, abogada penalista y directora jurídica de la Fundación Mujeres Reales, considera que existen estándares internacionales mínimos que el gobierno ecuatoriano no está observando en su función misional y constitucional en cuanto al tutelaje de los derechos de las mujeres, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

La violencia de género en nuestro país, lamentablemente, no es nueva pero tampoco ha logrado ser erradicada. Las cifras de muertes violentas con motivo de género hablan de una manifiesta vulnerabilidad de las mujeres, niñas y adolescentes ante una sociedad apática de esta realidad. A pesar de que la normativa es amplia, es axiomática la falla en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas que traten estos casos con perspectiva de género, y más aún, dentro de un contexto de conflicto armado interno que el Nuevo Ecuador aún no resuelve, y que arroja cifras en alarmante ascenso.

Hasta la fecha, el primer mandatario no se ha manifestado sobre el caso Ati, pero lo curioso es que el mismo 29 de junio emitió un comunicado al país sobre su prioritaria preocupación ante el archivo del caso de Wilman Terán y el Proyecto de Ley para el aumento de penas por delitos vinculados al terrorismo, tráfico de armas y drogas.

Mira la entrevista completa en La Cita con Jackie

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En lo que va del año, cada 26 horas una mujer murió asesinada de forma violenta. Estos números reflejan el incumplimiento de otra de las promesas del presidente Lasso, »cero femicidios».

La situación es preocupante, pues existen un aumento de 166 casos a comparación de abril del 2023, en donde se reportó 122 femicidios. La provincia que genera más alerta es Guayas que pasó de 35 a 67 casos. Por otro lado, Pichincha pasó de 8 a 13 muertes violentas a mujeres.

Según los datos recopilados hasta el 25 de septiembre del 2023, al menos 74 de las mujeres asesinadas este año eran madres, y como resultado, al menos 122 hijos e hijas han perdido a sus madres a causa de la violencia de género. Además, 13 de las mujeres asesinadas estaban embarazadas.

»Continúan los femi(ni)cidios ante la inacción del Estado feminicida que no cumple de manera efectiva con sus obligaciones, no garantiza derechos; no previene las violencias de género en nuestra contra; que no protege a quienes exigen respuestas ante los hechos sufridos que no previene que las violencias de género sucedan; que no protege a quienes buscan una respuesta; que no garantiza el acceso a la justicia», dijo la Fundación Aldea en una nota de prensa.

#NiUnaMás | Desde el 1/ENE hasta el 25/SEPT 2023, 238 vidas de mujeres han sido violentamente arrebatadas por la #ViolenciaMachista en #Ecuador.
#NuevoMapa Los #feminicidios en sistemas criminales (al menos 130) superan a los femicidios íntimos (94) y transfemicidios (14) pic.twitter.com/lwqAUDr9xK

— Fundación ALDEA (@AldeaFundacion) October 4, 2023

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El implicado habría utilizado el arma de la uniformada y luego de cometer el delito, éste se quitó la vida. La víctima fue identificada como Karelis M., y su agresor David R.

Agentes de la Policía y Criminalística acudieron al lugar para levantar los cuerpos y continuar con las investigaciones.

Un primer reporte señalaría que el motivo del atroz crimen serían problemas personales.

Otra promesa que nunca se cumplió

El presidente Guillermo Lasso creó el Ministerio de la Mujer luego del asesinato de la abogada María Belén Bernal en la escuela de Policía en Quito. Según el mandatario, así se implementaba la política «cero femicidios», pero nunca se cumplió.

Hasta junio de 2023, más de 263 femicidios y otras muertes violentas se registraron en Ecuador. Es decir, en el país han matado a una mujer cada 17 horas.

El informe del Consejo de la Judicatura detalló que el 18 % de muertes responden a femicidios, mientras que el 35 % fueron por asesinatos.

También, identificó que el 50 % de los femicidios ocurrió en los domicilios de las víctimas, del implicado o de algún otro familiar

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El documento detalló que el 18 % de muertes responden a femicidios, mientras que el 35 % fueron por asesinatos. Además, recalcó que el 62 % de los atentados son en Guayaquil, Manabí y Los Ríos.

Las víctimas tenían una edad promedio de 31 años, el 58 % tenía educación primaria y tan solo el 6 % educación superior. El dato más preocupante es que el 54 % de las mujeres tenían hijos y el 4 % estaba embarazada.

En cuanto a los asesinatos, las víctimas rodeaban los 31 años, el 51 % tuvo educación primaria y el 4 % terminó la universidad. Mientras que, el 28 % tenían hijos.

También, identificó que el 50 % de los femicidios ocurrió en los domicilios de las víctimas, del implicado o de algún otro familiar, por otro lado el 59 % de las muertes violentas ocurrieron en la vía pública.

El 29 % de los agresores en casos de femicidios aún no han sido identificados y en los casos de muertes violentas los datos escalan al 90 %. (N.J.C)

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De este total, 58 son femicidios en el plano íntimo, familiar, sexual y transfemicidios y al menos 64 femicidios en los sistemas criminales. La provincias que presenta más este delito es Guayas con 35, le sigue Los Ríos con 16, El Oro con 13, Manabí con 11, Santa Elena con nueve y Pichincha con ocho.

Desde el 2014, la violencia por motivos de género arrebató la vida de 1.503 mujeres en nuestro país.

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Más datos

La edad promedio de las víctimas se ubica en los 32 años. La más frecuente es 25 años. La más joven tenía menos de un año, la de mayor edad tenía 70 años. Por lo menos, seis eran menores de edad.

46 de ellas eran madres, 80 hijos e hijas quedaron en situación de orfandad. En el 47% de los casos, existía un vinculo sentimental con la víctima. Cinco femicidas se suicidaron.

16 mujeres habían reportado antecedentes de violencia, dos tenían una boleta de auxilio y una había sufrido abuso sexual. Nueve estaban embarazadas al momento de ser asesinadas. 62% murieron por arma de fuego, 18% por arma blanca y 9% por el uso de manos. (MIB)

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Lasso dijo que el apoyo y el reconocimiento a las “mujeres fuertes” del país aparece en acciones concretas. “Primero, creamos el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, en segundo lugar, declaramos el Registro único de Violencia como política pública y en tercer lugar amplificamos la voz de las madres víctimas de femicidio”, expresó.

No sería necesario amplificar esas voces si existiera una política pública para disminuir los femicidios. Solo en 2022, la cifra de muertes violentas por cuestión de género llegó a 332, según datos de la Alianza Feminista para el Mapeo de Femicidios. Esto quiere decir que asesinaron a una mujer cada 26 horas.

El mandatario agregó que “educamos con enfoque de género a las fuerzas públicas y otras instituciones”. Esa educación llegó tarde en el caso de Germán Cáceres, quien se encuentra en proceso de juicio por ser el autor del femicidio de su esposa María Belen Bernal. No es el único caso, en Ambato un mayor de Policía violó a una niña de 9 años y se encuentra en proceso de juicio.

Otros vacíos

Para la ministra de educación, María Brown, es un “reto” romper la barrera laboral para que la mujeres en ese rubro lleguen a cargos altos. Algo que no ha tenido solución en anteriores gobiernos y que tampoco la administración actual ha propuesto cambiar. Agregó que “las mujeres somos capaces de hacerlo todo”, sin mencionar que un verdadero apoyo estatal nos permitiría conseguir esas metas.

Lasso recordó que la principal demanda es el aumento de presupuesto para aplicar la Ley de erradicación de la violencia de género, una normativa vigente de 2018 que no tuvo tratamiento en el gobierno de Moreno y a la que el actual presidente prometió darle importancia y recursos. Eso en 2021 cuando todavía existía la Secretaría de Derechos Humanos. “Por eso invertiremos USD 24 millones hasta 2025”, una promesa que lleva desde el inicio de su mandato y que hasta ahora no ha tomado forma. (MIB)

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En lo que va de 2023, un total de 945 homicidios intencionales han ocurrido a nivel nacional, reporta diario El Universo. Es decir, un promedio de 16,2 casos por día.

Si la tendencia continúa, el año cerrará con cerca de seis mil casos de homicidios, una cifra histórica y récord. Los últimos datos disponibles reflejan que 4.614 casos es el tope. Este número es considerado el más alto de la historia del país, superando incluso al promedio de América Latina y el Caribe.

La economía también se ve arrastrada por esta ola criminal. De 130 empresas en Quito y Guayaquil, encuestadas por el medio, 26 señalaron que gastan casi USD 1 millón en seguridad contra la delincuencia que pueda afectarles.

La provincia de Esmeraldas tiene la mayor tasa por muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Luego le sigue Guayas, Los Ríos, El Oro y Sucumbíos.

Años anteriores

De acuerdo al Ministerio del Interior, 1.372 homicidios se registraron en 2020, mientras que en 2021 se reportaron 2.494. Una diferencia en aumento por más de mil muertes por año.

Diciembre de 2022 superó las estimaciones de las autoridades que sostenían 4.392 casos, pero la realidad superó por 222 casos más. Así también, la tasa de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes era de 19.66 y ahora es de 25,5 %.

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“La Policía está haciendo un barrido y espero que no haya espíritu de cuerpo. Hoy están haciendo un barrido (en la Escuela de Policía). Se pidió hoy apoyo a los bomberos y al Municipio (de Quito)”, dijo la Elizbeth Otavalo mientra ingresaba a una audiencia en Fiscalía.

Los familiares de María Belén se han dividido para atender los frentes que se abrieron en este caso. Este sábado, se instaló la audiencia contra la cadete Joselyn S. P., quien fue detenida la víspera en la Escuela Superior de la Policía, y que habría participdo junto a la pareja de Bernal en su desaparición, según informó la Fiscalía. 

“Preferí estar aquí, quisiera también estar allá, en la búsqueda de mi hija. Tengo familiares que están ahí, nos estamos dividiendo porque no creo en lo que la Policía haga. Tenemos que hacer una veeduría constante porque de lo contrario no hay verdades”, dijo la madre de María Belén. 

El caso

Según los primeros indicios, se presume que María Belén desapareció el 11 de septiembre en la Escuela Superior de la Policía Nacional de Pusuquí. 

El hecho sucedió después de visitar a su esposo, policía en servicio activo con rango de teniente. Según Fiscalía, el martes 13 de septiembre se envió la alerta por desaparición de la ciudadana de 34 años.

Según el ministro del Interior, Patricio Carillo, las investigaciones del caso siguen en curso. En la Escuela Superior se detuvieron las actividades para realizar rastreos en los alrededores. También se tomaron versiones a 35 alumnos, de los cuales 16 hablaron.

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En las afueras del complejo, familiares y amigos clamaron justicia por la muerte de Lisbeth Baquerizo. El presunto agresor, Luis Hermida, se encuentra prófugo de la justicia por lo que el caso se encuentra suspendido.

El señalado como agresor cuenta con dos casos procesales, uno por femicidio y otro por fraude procesal. La jueza Nancy Beltrán, el pasado 11 de agosto, emitió una alerta roja a la Interpol para la captura del incriminado y de esta forma continuar con el proceso. 

Realizada la autopsia se reveló que Lisbeth Baquerizo «sufrió de heridas contusas cortantes y traumatismo craneal encefálico». En el informe consta que el cuerpo presentaba signos de manipulación, algunas heridas presentaban pegamento.

En el caso aparecen el padre y el hermano de Hermida como posibles coautores del crimen.

 El caso de Lisbeth Baquerizo junto con el de Naomi Arcentales conmocionan al país. Según datos emitidos por la Fundación Aldea, la violencia contra la mujeres y niñas aumentaron en 2021. Son 172 casos de violencia de género en el Ecuador. Estos datos fijan a este periodo como de los más violentos para las mujeres; solo en Guayas se registran las cifras más altas de feminicidios, seguidas por Manabí, Pichincha y Los Ríos.  

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Se incluyen siete transfeminicidios y 61 muertes por violencia organizada. En total asesinan cada 44 horas a una mujer en Ecuador.

La organización también informa que de 17 de las mujeres asesinadas fueron reportadas previamente como desaparecidas. Al menos 11 de ellas fueron abusadas sexualmente. 37 de las víctimas habían reportado antecedentes de violencia y ocho tenían boleta de auxilio.

Herramientas para la muerte

El 48.8% de las muertes sucedieron con armas de fuego, el 18% con arma blanca, el 12,2% con las manos y el cuerpo, esa misma cifra con otros objetos y en un 8.7% no se conoce.

11 de las víctimas eran adolescentes y niñas menores de 18 años. Siete eran adultas mayores. Cinco estaban embarazadas al momento del asesinato.

Madres e hijos

91 de ellas eran madres de familia. 161 menores de edad quedaron huérfanos. En el 46% de los casos, el feminicida era la pareja o conviviente. La provincia con más casos es Guayas con 69. Le sigue Pichincha y Manabí con 16 y los Ríos con 15.

Desde enero de 2014 hasta noviembre de 2021, 1.022 mujeres fueron víctimas de femicidio en Ecuador.

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«La violencia debe ser un tema prioritario en el discurso político. Debemos trabajar el tema de la prevención porque la violencia es fuertemente naturalizada. En todos los casos de feminicidio siempre hay testigos y en el peor de los casos deciden no intervenir porque hay creencias asociadas a un asunto privado cuando es un asunto público», dijo durante una entrevista con Radio La Calle.

La representante de la fundación confirmó que en lo que va del 2020 se registraron 101 feminicidios y 70.000 llamadas por violencia de género. «El 25 de noviembre es un día dramático. Es deber del estado proveer políticas públicas que impidan la violencia de género y el incremento de embarazos adolescentes», añadió.

La pandemia y el Estado; factores determinantes

A raíz de la pandemia, Vera sugirió que los canales de comunicación se redujeron. Las mujeres tuvieron menos posibilidades de acudir por ayuda, según dijo. Además ratificó que la violencia es un problema cultural.

«Hace falta un ejercicio cotidiano para actuar contra la violencia. Ayer mujeres fueron detenidas por pegar unos afiches del Día Internacional de la eliminaciónde la violencia contra la mujer. Precisamente cuando estaban retenidas, los policias debían atender una llamada por violencia de género y no acudieron al lugar hasta después de una hora», señaló.

La abogada manifestó que es necesario trabajar al interior de las comunidades y la educación temprana en los hogares. «Es un acto negligente de los operadores porque no lo consideran relevante. Las campañas del Estado sin faltad mientras no se intente políticas que apoyen realmente. Hay una lucha muy fuerte con los sectores conservadores», manifestó. (GG).

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“En el 72% de los casos, los feminicidas eran parte del círculo familiar de las mujeres, sus parejas o exparejas. De las 81 víctimas 11 eran menores de edad, una de ellas, una niña de apenas 4 meses. El 56% de las víctimas eran madres y dejan en situación de orfandad a por lo menos 85 menores”, indica una parte del informe.

La emergencia sanitaria por Covid-19 en Ecuador que llevó al confinamiento de los ciudadanos agravó la situación de violencia hacia las mujeres en los hogares. Desde el inicio de la emergencia, el 16 de marzo pasado hasta el 4 de octubre hubo 62 femicidios. Mayo (15 casos) y agosto (13 casos) fueron los meses más violentos. Desde el 2014 se han contabilizado la pérdida de 813 mujeres a causa de la violencia feminicida o “pandemia en la sombra”, como la define las Naciones Unidas.

Otros datos

El 30% de casos tenían antecedentes de violencia y en el 6% de casos tenían boleta de auxilio. El 34.6% de los femicidios fue con arma, el 21% con manos y cuerpo, el 17.3% con otros objetos, el 16% no se conoce, 8.6% con armas de fuego y el 2.5% con arma química.

El 72% de los agresores eran parejas, exparejas o parte de su círculo familiar. 11 de ellos se suicidaron. La edad más frecuente de las víctimas es entre 25 a 34 años. La de menor edad tenía 4 meses y la mayor, 83 años. 11 víctimas eran menores de 18 años y 56% eran madres.

85 niñas, niños y adolescentes quedaron en la orfandad. 10 de las víctimas están desaparecidas. Del 4 al 23 de octubre se registraron nuevos feminicidios en Otavalo (Imbabura) y Quito (Pichincha). El informe también nombra el asesinato de Javier Viteri en Arenillas, El Oro por su identidad de género y orientación sexual.

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