El juez Edwin Gallo convocó la reinstalación de la audiencia evaluatoria. En esta, se espera el veredicto que dará a conocer la situación de German Cáceres y Alfonso C. La cita está convocada de manera virtual a partir de las 14:00.

La primera audiencia se dio el 14 y 15 de febrero, pero Gallo suspendió la diligencia para anunciar su decisión en esta nueva convocatoria. El pasado miércoles las defensas de los implicados presentaron pruebas que apoyan la presunción de inocencia de los acusados.

Édison Burbano, abogado de Cáceres, dijo que su cliente debería ser incriminado por homicidio y no por femicidio. En tanto a Alfonso C. se le trató de defender, argumentando que sí cumplió con notificar una novedad registrada en la Escuela Superior de Policía.

Para recordar…

Cáceres confesó ser el asesino de Marían Belén Bernal, su esposa. La víctima ingresó a la Escuela Superior de la Policía el 11 de septiembre pasado y despareció. Días después, el cuerpo fue hallado en el cerro Casitagua.

Mientras todo esto sucedió, Cáceres huyó a Colombia, pero fue reconocido, capturado y repatriado. El autor confeso del crimen se mantiene con prisión preventiva en la cárcel La Roca, al norte de Guayaquil.

Por otro lado, Alfonso C. está implicado en el juicio por ser testigo del crimen. A este se lo acusa de omisión. El implicado ha presentado diariamente en una dependencia judicial.

Jesús López, abogado de la familia Bernal, indicó que existen pruebas suficientes para demostrar que Cáceres cometió feminicidio y que Alfonso C, fue su encubridor.

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De los 332 feminicidios:

• 134 son de carácter íntimo, sexual, o de otra índole;
• 9 transfeminicidios; y,
• 189 feminicidios por delincuencia organizada.

De acuerdo a ALDEA, en los dos últimos años, “las condiciones y características en las que se perpetran los femi(ni)cidios (…) tienen mayor peligrosidad y formas misóginas exacerbadas contra la vida de las mujeres”.

Además, la organización señaló que 48 mujeres reportaron antecedentes de violencia y 9 tenían boleta de auxilio, del total de 332 víctimas. Es decir, se pudieron haber evitado.

La asociación aseguró en su informe que “la víctima más joven tenía 3 meses, y la más adulta 84 años. 14 mujeres estaban embarazadas. 4 de cada 10 víctimas eran madres. Y, por lo menos, 245 hijos e hijas quedaron en situación de orfandad”. (B.T.R)

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Cáceres, contra quien pesaba una orden de búsqueda y captura de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), fue localizado el viernes en la localidad colombiana de Palomino. En ese momento, la Policía colombiana lo detuvo en un bar donde trabajaba. 

«El detenido Germán Cáceres llegará a Bogotá procedente de Santa Marta, con custodia de agentes de la Fiscalìa colombiana, de forma que se garantice su vida e integridad», dijo el ente en un comunicado. 

Añadió que posteriormente, el expolicía irá a la sede de la Fiscalía colombiana y en las próximas 24 a 48 horas, luego de los procedimientos legales y administrativos respectivos, se notificará a la embajada de Ecuador los procesos administrativos para el retorno del detenido. 

Se informó que el canciller, Juan Carlos Holguín; la fiscal general, Diana Salazar; el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela; así como el ministro del Interior, Juan Zapata, «coordinan las acciones necesarias para las próximas horas». 

Tras conocerse la detención en Colombia, la madre de Bernal, Elizabeth Otavalo, pidió al gobierno las garantías para la integridad física de Cáceres. Ella teme por la seguridad del expolicía. Exige que pueda responder ante la justicia de Ecuador por el crimen de su hija. 

¿Cuántos años en la cárcel pasaría Germán Cáceres?

El artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) determina una pena de privación de la libertad de 22 a 26 años para quien cometa femicidio. Este delito se configura cuando una persona mata a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género. El crimen se lleva a cabo gracias a «las relaciones de poder manifiestas en cualquier tipo de violencia», reza el Código. 

La sentencia puede aumentar si se encuentra uno o varios de los agravantes de femicidio que expresa el artículo 142 del COIP:

1. Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.
2. Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales,
   convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que
   implique confianza, subordinación o superioridad.
3. Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima.
4. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público

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Albán sostuvo que el término femicidio debería ser sustituido por feminicidio. Si el Estado ya conoce los problemas de la violencia contra la mujer entonces ya tiene la responsabilidad de actuar.

“Nosotros ya no deberíamos calificar el fenómeno que se viene presentando en Ecuador de simples femicidios, deberíamos empezar a utilizar la expresión de feminicidio. El Estado sabe que esto ocurre, pero no lo previene, investiga o sanciona como debe”, precisó. Es importante recalcar que en el país, el feminicidio aún no está tipificado en la Ley.

Albán ratificó que la violencia de género está normalizada en la dimensión simbólica, política, psicológica, física y sexual. Aclaró que, si bien el Estado tiene responsabilidad en el caso Bernal, no quiere decir que deba ser considerado un crimen de Estado.

 “Que no se trate de crimen de Estado no significa que no haya responsabilidad estatal. Yo creo que el Estado tiene una primera carga de responsabilidad en este hecho”, expresó.

Negligencia del Estado ecuatoriano

La asambleísta por Izquierda Democrática (ID), Yeseña Guamaní recalcó la evasión del gobierno frente al caso Bernal y los demás femicidios. “Es lamentable que tengamos un gobierno que no quiera escuchar y reconocer que existe esta falta de política pública”.

La parlamentaria por Pachakutik (PK), Mireya Pazmiño responsabilizó al Estado por la muerte de las mujeres. “Siete de cada diez mujeres están sufriendo de violencia en el Ecuador con la negligencia de un Estado que no aplica y que no tiene ninguna política pública”.

La violencia contra la mujer

La abogada y experta en DD.HH., Sybel Martínez señaló que la violencia contra la mujer es “sistemática, estructural y cultural”. Además, enfatizó que el femicidio es de los pocos delitos que tienen tanta carga simbólica.

Asimismo, explicó que existe un espíritu de cuerpo malsano en la Policía porque favorecieron la fuga del expolicía Germán Cáceres. Añadió que a diario al menos un uniformado es arrestado en el país por haber cometido contravenciones o delitos.

“Ha habido descuidos y desaciertos en los voceros del Gobierno, así como en su máximo representante que se negó a venir. Yo creo que esa negativa tiene que ver con ignorancia y miedo, porque no tiene respuestas”, mencionó.

La legisladora Amada Ortiz sostuvo que existe una cortina de humo por parte del Gobierno y que dio mucho que pensar al país. “Era el momento y siempre será el momento porque señor Guillermo Lasso aún lo estamos esperando”.

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La abogada de Surkuna comentó que en lo que va de 2022 se ha registrado una muerte violenta cada 23 horas, desde que se tipificó el delito de femicidio. El Estado no solamente evadió su deber de diligencia, si no también la obligación de investigar, sancionar y reparar a los implicados en el caso de María Belén. 

“Es un Estado feminicida porque el feminicidio lo produjo un agente en funciones. No podemos seguir siendo ciudadanas de segundo orden”, aseguró.

Tirira enfatizó que las acciones que el Estado tomó tuvieron el fin de encubrir a los implicados y limitar su responsabilidad. Este tipo de violencia contra las mujeres ya no se considera un tema privado porque es un crimen que comete un agente estatal en un recinto policial.

Omisiones

Según Mayra, una de las negligencias evidenciadas dentro del recinto policial fue ignorar el llamado de ayuda por parte de María B. Asimismo, el descuido en los criterios de reclutamiento y comportamiento en la Escuela. Cuestionó la irresponsabilidad de la organización al no contar con un registro de entrada y salida oficial.

“Cómo es posible que se realicen fiestas dentro de la Institución y que se mantengan relaciones entre tenientes y cadetes”, detalló.

En cuanto a las omisiones del Estado, mencionó que el mayor problema fue la reducción presupuestaria para erradicar la violencia contra la mujer. Además anunció que cerca de mil casos de femicidio se mantienen en la impunidad. «Ni siquiera tenemos presupuesto, y del poco que tenemos no se ha ejecutado ni el 5%”, afirmó.

Señaló que el movimiento feminista y la ciudadanía en general están cansadas de recibir un discurso halagador el 25 de noviembre, mientras tantas muertes se evaden, archivan y olvidan. Destacó la necesidad de canalizar la agenda de las mujeres para atender las exigencias que proponen y evitar que se repitan estos casos de violencia.

Participación de las instituciones en casos de femicidio

Finalmente, Tirira expresó que la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Igualdad de Género tienen la responsabilidad de involucrarse y vigilar a este tipo de asuntos. Los movimientos feministas han concentrado sus demandas y han sido plasmadas en normativas como la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

“Las mujeres denunciamos, marchamos y exigimos que el Estado cumpla sus responsabilidades, pero también es asunto de la ciudadanía generar empatía y cambiar los roles”, dijo. (N.J.C)

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Se registraron 18 feminicidios en la provincia donde se incluye una muerte violenta provocada por violencia organizada. Diez de los casos se cometieron en el casco urbano de Quito y el resto en parroquias rurales. Ocho mujeres ya habían reportado antecedentes de violencia.

Ellas tenían incluso boleta de auxilio, sin embargo, fueron asesinadas frente a un sistema que no precauteló efectivamente su integridad, de acuerdo al estudio de la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo Alternativo (ALDEA). El mismo estudio destaca que el 100% de los casos fueron cometidos por el círculo cercano de las mujeres. El 77% por su pareja o ex-pareja sentimental.

Las mismas cifras reflejan que solo en 2021, 15 hijas e hijos quedaron en la orfandad, a propósito de la celebración del Día de las Madres. El Gobierno también se sumó a este festejo, sin embargo ni siquiera asigna el presupuesto dedicado a este tipo de casos, según denuncia ALDEA.

Es decir, aseveran que es necesaria la ejecución de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Con ello la justicia debería atender y proteger a las víctimas cuando se acercan a los servicios de atención y protección. Esto se implementaría en territorios urbanos y rurales.

No solo en Pichincha, los feminicidios no reciben suficiente atención

Así como 13 de los huérfanos producto de feminicidios viven en parroquias urbanas de Quito, ocurre 1 feminicidio cada 17 días en Pichincha. Así, esta provincia se convirtió en la segunda con mayor número de casos de feminicidios ya que desde enero de 2014 hasta diciembre de 2021 se registraron 175 casos y 181 hijos en situación de orfandad.

Feminicidios y violencia de género: crímenes cotidianos en Ecuador

Ante esta situación, ALDEA expone que en Ecuador, no se cumplen ni se ejecutan acciones de reparación integral a las familias víctimas de estos crímenes. El organismo exhorta al Estado ecuatoriano, mejore la aplicación de mecanismos de reparación integral.

ALDEA recalca que ‘la reparación integral busca transformar de forma efectiva el daño sufrido tanto física como psicológicamente, a través de medidas que abarcan dimensiones individuales, colectivas, materiales, morales y simbólicas’.

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En este evento, que se realizó este 8 de marzo, se entregaron también créditos productivos a varias mujeres emprendedoras.

El Decreto

Guillermo Lasso habló de la independencia económica de las mujeres. En este sentido, dijo que «las mujeres son un puntal de la reactivación económica». Detalló que 7 de cada 10 organizaciones financieras del sector popular y solidario son lideradas por mujeres. Asimismo, puntualizó que muchos créditos de BanEcuador son para mujeres microempresarias y del sector agropecuario.

La violación es el séptimo delito más denunciado en Ecuador.

El Decreto Ejecutivo 369 establece que se entregará un bono a niñas, niños y adolescentes desde 0 a 18 años en condición de orfandad por femicidio, homicidio o violación con resultado mortal. Este bono será otorgado apenas inicie la investigación previa a estos delitos. El decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial

«Hoy también estamos firmando un decreto modificatorio a la entrega de bonos para niños y adolescentes huérfanos por muerte violenta de su madre. No puede ser que sus hijos además de su dolor tengan que padecer una serie de trámites tortuosos para poder vivir con dignidad», manifestó el Presidente.

Lasso mencionó que constantemente están entregando créditos a nivel nacional para fomentar el emprendimiento en el país. Además, destacó la labor de su gabinete femenino en materias de salud y educación en el marco de la conmemoración del día mundial de la mujer. Además, felicitó el accionar de la asambleísta Cordero frente a la coyuntura actual.

Otros temas

El primer mandatario se refirió a distintos ‘avances’ en otros campos, como el penitenciario. Detalló que su gobierno trabaja de forma paralela en un proyecto cuya meta es impulsar capitales semilla para mujeres, con un monto inicial de USD 300 mil.

Además, indicó que destinó un presupuesto de USD 24 millones a la prevención de la violencia de género «a todo nivel y a todos los espacios de la sociedad». Precisó que USD 2 millones se destinarán a emprendimientos de mujeres víctimas de violencia. Afirmó también que crearon más de 350 mil nuevos empleos adecuados y que luchan contra la desnutrición crónica infantil.

Asimismo, según explicaron las autoridades, la Secretaría de Derechos Humanos cuenta con 70 psicólogas, a nivel nacional, para atender a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Recordó la eliminación del IVA en toallas sanitarias y pañales. «Las mujeres como más alta prioridad del Estado», dijo Bernarda Ordóñez.

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Zambrano insistió en que quieren robarse el cuerpo de la joven con el fin de desaparecer evidencias que lograrían determinar la responsabilidad del agresor.

La exhumación

La mañana de este miércoles se llevó a cabo la exhumación del cuerpo de Naomi Arcentales, en el cementerio del cantón Pedernales, Manabí, para ser sometido a una nueva autopsia en el Instituto Forense de Quito.

Este proceso fue solicitado por el abogado y familia de la occisa, tras revelarse chats y grabaciones en donde se evidenciaba que la joven habría sufrido constantes maltratos físicos y verbales por parte de quien era su pareja, el fiscal Juan Carlos Izquierdo.

En un primer informe se detalló que la causa de muerte de la modelo fue por suicidio. Sin embargo, tras difundirse las pruebas en contra de su pareja, la familia de Naomi expresó su preocupación y llegó a la hipótesis de que podría tratarse de un caso de femicidio.

Se espera el nuevo informe pericial para determinar la causa exacta de muerte de la joven.

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Asimismo, dijo que desconocen si el Fiscal se encuentra aún en el país, pero que ya se pidió un informe a migración. «El cuerpo de Naomi no presentaba puñaladas solo hematomas y equimosis. El día de ayer 20 de diciembre se ordenó la exhumación del cuerpo y se espera que con esos resultados técnicos y científicos se pueda determinar que hubo un delito», aseveró.

De igual forma, indicó que el fiscal Juan Carlos Izquierdo, presunto autor y principal sospechoso de la muerte de Arcentales, no rendirá su versión hoy, 21 de diciembre, como estaba planificada, sino que lo hará mañana, 22 de diciembre, a las 11 de la mañana, vía zoom. El abogado insistió en que esto podría generar inconsistencias y falta de objetividad en el trabajo investigativo.

García apunta que “realizar una declaración vía zoom genera inconsistencias jurídicas y no abona a la objetividad con la que debe actuar la Fiscalía. «Por ello, el caso debe ser trasladado hasta la capital de la República”, sostuvo.

Respecto al material audiovisual que se viralizó en redes sociales, menciona que “demuestran que el fiscal Juan Carlos Izquierdo es un agresor y que habría violentado contra la joven, en varias ocasiones. «No es posible aun imponer una prisión preventiva, porque aún está en etapa de investigación previa y hay que respetar el estatus de inocencia”, dijo.

“En esta etapa, investigación previa, es donde se levantan todos los indicios que apunten que hubo un delito, pero lo que hoy por hoy se pide es transparencia objetividad y agilidad en el proceso, porque el principal sospechoso no es un ciudadano común. Se trata de una persona que tiene un cargo en la Fiscalía General, como Fiscal de la provincia de Manabí, por ese motivo realizar estas diligencias jurídicas vía zoom es una falta de respeto”, apuntó e abogado.

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“Esta violencia es la más extendida, persistente y devastadora en Ecuador y el mundo; las mujeres indígenas comparten y se unen a la lucha de las mujeres montubias, afro ecuatorianas, mestizas y campesinas. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es una fecha de reivindicación histórica y permanente”, señala la organización.

La CONAIE recoge los datos de Alianza para el Mapeo y Monitoreo de los Feminicidios en Ecuador, que señalan 172 mujeres y niñas muertas violentamente por razones de género, entre enero y noviembre del 2021.

La cifra incluye 103 feminicidios (60,4%), 7 transfemicidios (4,1%) y 62 muertes violentas de mujeres por delincuencia organizada, que tienen un componente feminicida y de género. Asimismo, indica que 11 víctimas eran niñas y adolescentes menores de 18 años, cinco de ellas tenían apenas entre 1 y 4 años.

“Ante ello, denunciamos esta escalada de la violencia contra las mujeres y niñas, un escenario que se vuelve más complejo para las mujeres indígenas, rurales y campesinas y frente al abandono estatal”, sentencian.

La organización argumenta que para que las sociedades puedan convivir en igualdad, desarrollo, paz, con pleno respeto de los derechos humanos es fundamental que se detenga la violencia contra la mujer, pero también es urgente que las mujeres se mantengan organizadas y movilizadas pues, a través de la historia los derechos y reivindicaciones sociales se han adquirido mediante la resistencia social.

“Recordemos a Rosa Uquillas; Lidia herrera; la «negra» Julia, en las jornadas del 15 de noviembre de 1922. Las caminatas de Dolores Cacuango hacia el Palacio de Carondelet para exigir reivindicaciones para la clases obrera, indígena y campesina. A Mama Tránsito Amaguaña y su lucha por la educación Intercultural Bilingúe, a través, de escuelas clandestinas para niños y niñas. La historia confirma el papel fundamental de las mujeres en las luchas populares”, sostiene.

De igual forma, manifiesta que respaldan y se unen a las luchas de las mujeres por defender el derecho a la vida, a la decisión sobre sus cuerpos, por los territorios y los recursos naturales.

“Por nuestras compañeras criminalizadas injustamente, por todas las madres y esposas víctimas de violencia intrafamiliar, por todas las mujeres víctimas de la exclusión e invisibilización en espacios laborales, organizativos y educativos. Que la unidad y la lucha en igualdad nos permita avanzar hacia un desarrollo con justicia social”, puntualizan.

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Las centenarias piedras de Carondelet fueron el escenario donde el Gobierno Nacional anunció una nueva campaña comunicacional, llamada: «De la indignación a la acción».

¿Cuánta fuerza puede tener una frase?, me pregunto, mientras escucho de los ministros de Estado en un video. ¿Salvarán alguna vida?

«Tres de cuatro mujeres han sufrido violencia en el Ecuador. Cada tres días asesinan a una mujer y el 92% de los asesinos forman parte de su círculo de confianza», dice el secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla.

La campaña tendrá tres fases. Varias cápsulas enumerarán diferentes formas de violencia contra la mujer cuando la campaña aparezca por los canales oficiales del Estado.

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Veremos las cápsulas gubernamentales en los medios de comunicación, en las redes. «Los Centros Violeta serán un lugar donde las niñas y mujeres podrán sentirse seguras. Allí recibirán atención médica, sicológica y ayuda jurídica. Esperamos tener uno en cada provincia», dijo en su discurso la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez.

La esposa del presidente, María de Lourdes Alcívar, también participó. «Es un gran día para celebrar a la mujer, su valor y la importancia en el mundo. Defender la vida nos da poder. Debemos sentirnos poderosas sino lo hacemos nosotras, nadie lo hará […] Si Guillermo se enoja, yo me voy por la derecha, hago mis cosas y después viene el amor y el perdón», añadió sobre su propia experiencia.

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«El gobierno anterior destinó menos de USD 2 millones a esta causa. Nosotros lo elevamos a USD 24 millones. Hemos activado el registro único de violencia contra las mujeres. Está en fase preliminar y pronto estará operando. Estaba pendiente desde hace tres años, nosotros lo tendremos en cuatro meses. En Ecuador faltaba voluntad política y sensibilidad para actuar en este problema que afecta a la sociedad», expresó el presidente Lasso.

El mandatario dijo que este tema es prioridad del Gobierno, también el empoderamiento de las mujeres. «Debemos actuar de inmediato ante cualquier forma de abuso hacia ellas. No basta con indignarse cuando sabes que un conocido maltrata a su pareja. Tienes que actuar».

«El trabajo del Gobierno debe extenderse a los Ministerios de Educación, para emitir campañas entre los niños y niñas,  para que la semilla que sembramos en ellos germine en igualdad y respeto».

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