La Federación Nacional de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador (FENASPE), junto a asociaciones de las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos, Orellana y Santa Elena, rechazó la anunciada «militarización» de la infraestructura de Petroecuador, revelada el 28 de abril durante una reunión en la estatal. Según la federación, el gobierno planteó incorporar a los guardias privados a la nómina pública, pero sin claridad sobre su continuidad laboral.

En respuesta, FENASPE resolvió:

1. Convocar asambleas generales en territorios afectados, con participación de asambleístas y gobernadores.
2. Vigilar que la transición respete los derechos laborales bajo el principio de «todos o ninguno».

Diálogo infructuoso con el gobierno

Tras una reunión con delegados de Presidencia y Petroecuador, FENASPE calificó los resultados como «insatisfactorios», señalando que el «fantasma de los despidos» persiste. Aunque la federación insistió en priorizar el diálogo, advirtió que, de no haber avances, articularán «acciones de confrontación y resistencia amparadas en la Constitución».

«Queremos apelar al sentido humano de este gobierno. Estamos dispuestos a unirnos para proteger nuestra dignidad y la seguridad de nuestras familias», afirmaron.

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