Salcedo —presente el 17 de julio ante la comisión— había autoimpuesto 10 días para documentar sus señalamientos, entre ellos:

• – Presunta vinculación de Xavier Jordán (procesado por Caso Metástasis) con financiamiento ilegal a campañas, incluida la Revolución Ciudadana;
• – Declaraciones sobre el asesinato del candidato Fernando Villavicencio («Lo mejor era silenciarlo«);
• – Mecanismos de adjudicación fraudulenta de contratos médicos con empresarios y exfuncionarios.

Falta de respaldos y credibilidad en entredicho

La asambleísta Ana Herrera confirmó hoy que no se recibió ningún documento en los correos institucionales. Argumentó que su silencio erosiona la seriedad de sus denuncias». El presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez (ADN), había calificado previamente la comparecencia como «una ironía sin sustento», subrayando que un sentenciado por corrupción acusaba «sin presentar un solo papel».

Contraste con contrapruebas

Mientras Salcedo incumple, Xavier Jordán —acusado por él— presentó 12 contratos del Hospital de Manta que expondrían desvíos por USD 1.600 millones (2020-2025).

Según Jordán, estos vinculan a «familiares y operadores de Ferdinan Álvarez, Salcedo y Publio Vázquez». Álvarez rechazó las imputaciones y criticó la ausencia de Jordán en su citación del 21 de julio, aunque aceptó analizar los documentos.

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El juez Stalin Palacios aceptó el trámite interpuesto por el legislador. Se espera que la audiencia sea este 23 de noviembre a las 17h00. “Esta sesión fue llamada de una manera ilegal, porque no se hizo el debido proceso”, recalcó Varela.

Según él, no existió una acción contundente y de parte de la Comisión de Fiscalización no existió el informe respectivo “en donde se puedan defender todos y nosotros podamos conocer el proceso”, señaló.

Además, dentro de las causales, manifiesta que la respectiva comisión presentó un informe fuera de los plazos establecidos, por ende, correspondía ordenar el archivo del juicio político. Por otro lado, se estaría vulnerando el derecho a la igualdad ya que el juicio se ejerció únicamente a cuatro de los siete miembros del Cpccs.

Los otros tres integrantes habrían esquivado el juicio político por relaciones familiares, filiación y pactos políticos, según asambleístas. Bajo el sustento de esos argumentos, solicitó al juez la suspensión de la sesión, en donde el Pleno del Legislativo suspendió a los cuatro consejeros del Cpccs.

Otra visión…

Para el asambleísta de UNES, Ferdinand Álvarez no se puede judicializar la política. “Asambleístas por intereses oscuros presentan acciones de protección cuando no está dentro de sus funciones”, resaltó Álvarez.

Según el parlamentario, los jueces no deben entrometerse en otras funciones del Estado y no dejarse presionar por otros motivos. Esta dinámica de pedir acciones jurisdiccionales puede convertirse en un peldaño para que los jueces respondan a favor de los intereses del Ejecutivo.

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