Según la denuncia del CDH, el operativo, denominado «Apolo 5» por la Policía Nacional, resultó en la muerte de Miguel Ángel Rodríguez Chilla, de 14 años, presuntamente a manos de la Fuerza Pública. Su hermano, Juan José Rodríguez Chilla, de 16 años, se encuentra internado en el Hospital Guasmo Sur, mientras que José Daniel Ramírez Geraso, de 18 años, permanece en el Hospital Guayaquil con una herida en la columna vertebral que podría ocasionarle una discapacidad permanente.

La organización anunció que el caso será puesto en conocimiento de la Fiscalía para que se investigue la ejecución extrajudicial de Miguel Ángel Rodríguez y la presunta extralimitación en la ejecución del acto de servicio en los casos de los dos adolescentes hospitalizados. «Denunciaremos a todos los uniformados que participaron en el operativo hasta que se determine quién ordenó y ejecutó los disparos», indicó Fernando Bastias, miembro del CDH, en rueda de prensa.

Aumento de desapariciones forzadas en Ecuador

Además de la denuncia sobre el operativo Apolo 5, el CDH alertó sobre un preocupante incremento en los casos de desaparición forzada. Actualmente, se registran 27 víctimas, de las cuales 18 cuentan con un pronunciamiento del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas. Esta instancia ha emitido medidas de acción urgente y cautelares, exigiendo al Estado ecuatoriano responder sobre las acciones emprendidas en la búsqueda, investigación y sanciones a los responsables.

El CDH denunció también que en al menos dos de estos casos, las Fuerzas Armadas han declarado la información como «confidencial y reservada», obstaculizando así el acceso a los nombres de los oficiales involucrados en operativos militares vinculados con desapariciones.

¿Racismo?

Bastias expresó una crítica directa hacia las autoridades, señalando que «aquí hay un direccionamiento político por parte de las autoridades (…) existen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y prácticas de tortura en todo el país; pero además, existe una respuesta de impunidad en el caso». Las declaraciones del CDH surgen tras el asesinato de «Los Cuatro de Guayaquil«, un caso que conmocionó al país en diciembre de 2024.

«Asesinaron a otro niño afro y no solamente eso, sino que inundaron de terror a toda la comunidad en el Guasmo. ¿Contra quién era la pelea? ¿A quién perseguían? (…) ¿De qué se trata esto, señor Presidente? Esperamos una respuesta al manifiesto que le hemos entregado. Díganos cuáles son los protocolos en los procedimientos que tienen la Policía y FF.AA. cuando entran a los barrios pobres de Guayaquil», dijo otro miembro del CDH.

El CDH reiteró su exigencia de justicia y de una respuesta clara por parte del Gobierno Nacional, advirtiendo que no cesará en sus denuncias y acciones legales hasta esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. También hizo un llamado a las organizaciones afrodescendientes del país a movilizarse ante lo que califican como «una clara señal de racismo y aporofobia contra las comunidades más pobres».

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El caso ha generado gran preocupación a nivel nacional e internacional, siendo señalado por organismos de derechos humanos como un presunto caso de desaparición forzada.

Familiares de los menores desaparecidos se reunieron el 23 de diciembre con Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, en un encuentro virtual que también contó con la participación del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).

Durante la reunión, se abordaron los aspectos legales del caso y la importancia de que las investigaciones se realicen de acuerdo con estándares internacionales. “Es urgente emprender una búsqueda efectiva que cuente con la participación activa de las familias, con empatía y sin revictimización”, enfatizó Jarab.

Recomendaciones del Comité de la ONU

El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU emitió el 24 de diciembre un conjunto de directrices al Estado ecuatoriano:

• Implementar de inmediato una estrategia integral para la búsqueda de los menores desaparecidos y llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial.
• Informar periódicamente a los familiares sobre el progreso de las acciones realizadas.
• Aplicar medidas cautelares a favor de las familias de Josué y Ismael Arroyo, Steven Medina y Saúl Arboleda, en consulta directa con sus allegados.
• Asegurar un enfoque diferencial que respete tanto el interés superior de los menores como su pertenencia al pueblo afrodescendiente.

El Comité fijó como plazo máximo el 7 de enero de 2025 para que el Estado informe sobre el cumplimiento de estas disposiciones.

Los hechos bajo investigación

Los menores, de entre 11 y 15 años, fueron interceptados por una patrulla militar tras jugar fútbol en su barrio. Según el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, la aprehensión ocurrió bajo sospechas de robo a una ciudadana, una versión que ha sido rechazada por los familiares.

Videos de seguridad muestran a militares trasladando a los niños en una camioneta. Posteriormente, uno de los menores logró comunicarse con sus padres para denunciar agresiones, pero tras alertar a la Policía, no se obtuvo más información sobre su paradero.

Fernando Bastias, abogado de la CDH, enfatizó que, incluso si los menores hubiesen cometido un delito, debían ser procesados conforme a la ley, con notificación inmediata a sus padres.

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