La mañana de este lunes, Cárdenas aseguró que, al momento, la Inmobiliar no puede hacer efectiva la transferencia de la subasta, ya que, esta se encuentra con una prohibición de enajenación impuesta por las graves consecuencias que se pueden dar por la licitación de este terreno.

Y, pese a que aún no se hace efectiva esta transferencia, Inmobiliar ya entregó una carta de posesión a la comuna. Además, manifestó que ese intentó de posesión se lo realizó a través de la fuerza.

«El Municipio del Cantón Mejía tomará las acciones y medidas correspondientes para evitar que esta perpetuación se efectúe, aunque no contemos con el apoyo de la Policía Nacional y menos de la Inmobiliar», detalló Cárdenas.

Inmobiliar al encargarse de la administración tanto de los bienes muebles e inmuebles pueden comercializar cualquier bien para que el Estado se nutra de fondos.

Pero, durante esta subasta se alega que este espacio es altamente urbanizable, pese a que el territorio pertenece a la categoría de suelo de protección y conservación.

«Es allí cuando ingresa esta Asociación a la subasta. Y el 09 de enero le envían un comunicado al expresidente Lenín Moreno, adjudicando que la compra de este territorio lograría solucionar el problema de vivienda que padecen», explicó el Procurador.

Con esto, Cárdenas aseguró que existe una contraposición a la ordenanza que declaró Bosque protector a Santa Catalina. Pues, dentro de ella se estipula que su suelo no podrá ser cambiado y ni realizar ningún tipo de actividad.

«Este ha sido un bosque que nunca ha sido intervenido de ninguna manera. No se ha realizado tala de árboles, apertura de caminos, levantamientos de capa vegetal, movimientos de tierra o alguna otra actividad», enfatizó Cárdenas.

ACCIONES LEGALES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE MEJÍA

Cárdenas informó que la ordenanza municipal del Cantón Mejía data del 2011, en la que ya se manifiesta que este espacio no ha sido intervenido.

De igual manera, en marzo del año pasado argumentó que impusieron una acción de protección para que se detenga la subasta. Sin embargo, la perdieron en el mes de abril. Y, en junio del 2021 emitieron una nueva apelación ante la Corte provincial de Justicia.

«A lo que desde abril del 2021, hasta la actualidad no se ha tenido una respuesta clara. Pese a que hemos recibido informes y comunicados en los que varios Ministerios de este gobierno se apegan a nuestra petición», detalló Cárdenas.

Finalmente, aseguró que como Estado se debería emprender una acción de alerta para prevenir que hechos de esta naturaleza puedan suscitarse en esta área. Y recalcó que de suceder esto, la parroquia de Uyumbicho sería la más afectada.

RESPUESTA DE FERNANDO CABASCANGO

El asambleista, Fernando Cabascango, comunicó que por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería existe un intento de desaparecer la comuna, aludiendo que esta ya no estaba activa.

«Aquí existen irregularidades, ya que se asume que estas tierras son del Gobierno y eso nunca fue así», explicó Cabascango.

Además, aseguró que la comuna pretende que se garantice su derecho de posesión de sus tierras de manera legal y legítima. Mientras que el, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha hecho caso omiso a la sentencia emitida por el Tribunal de Garantías Constitucionales y pagó a terceros de manera fraudulenta.

«Desde 1911 la Corte Suprema ratificó la propiedad de este territorio como parte de la comuna. No somos ningunos invasores, solo estamos exigiendo se cumplan nuestro derechos constitucionales», mencionó el presidente actual del camino de la comuna Tanda Pelileo, Luis Cuña.

Asimismo, manifestó que son dos cosas las que exigen los miembros de la comuna en función de sus derechos constitucionales:

• Que se respete el derecho a la posesión de la comuna que tiene un aspecto legal y legítimo
• Que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito explique cuáles han sido las acciones tomadas en contra de los funcionarios involucrados en esta ilegalidad y han vulnerado los derechos de la comunidad.

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«Aún hay información que las instituciones se han comprometido a entregar para sustentar sus versiones (…) En el Gobierno no han dado una respuesta sobre el contexto de los hechos», expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Cabascango recalcó que solicitaron información a algunas víctimas y a las organizaciones que participaron activamente en las movilizaciones. Refirió que organismos internacionales también registraron los acontecimientos y esos documentos constarán en el informe que se presentará al Legislativo.

Sobre el uso excesivo de la fuerza

El asambleísta detalló que la información presentada por las instituciones y la sociedad civil resalta el excesivo uso de la fuerza de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA). Esto deberá contrastarse con los datos de las instituciones públicas.

“Las autoridades no han dado una respuesta sobre las muertes, incluso el mismo presidente Lasso no ha dado una información del contexto en que sucedieron los hechos”, aseveró Cabascango.

También sostuvo que ni el ministro del Interior, Patricio Carrillo, ni el presidente Lasso han podido presentar pruebas sobre las acusaciones del financiamiento del narcotráfico al movimiento indígena. “La credibilidad del presidente se va perdiendo con sus declaraciones porque no puede sustentar lo que dice”, finalizó el legislador.

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“El presidente Guillermo Lasso como autoridad del Ejecutivo no puede decir al Legislativo si reconoce o no al presidente. Hay un error de comprensión sobre la Constitución que entrega funciones y rompe estructuras de poder. El Pleno de la Asamblea tomó una decisión y esa se debe respetar”, dijo en una entrevista a Radio La Calle.

Agregó que es necesario sanar los problemas en el Legislativo. “Nosotros no reconocemos a Virgilio Saquicela sino a decisión del Pleno y si así lo indica la ley, nosotros avanzaremos en ese sentido. Hay una demanda a la que no se dio paso, si esa es la decisión del CAL, debemos respetar. Subsanar y seguir avanzando”.

En la Comisión de Garantías Constitucionales se ha trabajado en las reformas a la Ley Humanitaria, pero todavía no ha llegado en discusión al Pleno de la Asamblea.

Amenazas del presidente

Cabascango dijo que Lasso solamente amenaza al Legislativo cuando se siente en peligro. “Cuando investigamos el presidente amenazó con la muerte cruzada. Terminó la investigación y se calmaron las aguas. Cada vez que se siente arrinconado, el presidente amenaza a la Asamblea, pero nunca lo ha cumplido. Muchas veces hace declaraciones sin pruebas. En el caso de la acusación a 5 asambleístas de Pachakutik le pedimos pruebas y nunca las presentó”.

Sobre el caso Pandora Papers, el legislador expresó que, a pesar de los esfuerzos, no hubo respuesta del presidente. “Pandora Papers tenía los elementos suficientes para enviarlo a la Contraloría. El contralor hizo un examen de 20 días cuando dijo que ese proceso durará más de 60 días. Finalmente, la recomendación de que el presidente vaya al Pleno a dar explicaciones tampoco sucedió. Esperamos que en el futuro se pueda resolver este tema”. MIB

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«Decimos que no existen las condiciones adecuadas, puesto que, a más del maltrato propinado sistemáticamente al equipo técnico y las constantes humillaciones, situación que no ocurre en otras Comisiones, sentimos, lamentablemente, la existencia de un tema de racismo sumamente marcado hacia quien ejerce la presidencia de esta Comisión; evidenciando claramente la intención recurrente de denigrar y boicotear el trabajo efectuado por su presidencia con argumentos antitécnicos e irracionales», dicen en su carta de renuncia.

Asimismo, explican que han observado con «sorpresa y frustración» que el nivel de debate en la Comisión es nulo. «En las sesiones, en lugar de existir discusiones técnicas, jurídicas e incluso políticas existe únicamente incidentes, gritos, y faltas de respeto a quienes son convocados como comparecientes, al equipo técnico, y con mucho pesar, a Usted señor Presidente», señalan.

Dirigiéndose a Cabascango dicen: «Usted es el mandante del pueblo, porque se lo merece señor presidente y, por ello, le deseamos lo mejor en este especio hostil en el que Usted se encuentra. En este corto tiempo compartido vemos, sin temor a equivocarnos, que es Usted un ser humano noble, de corazón bondadoso y que no ha permitido que la política perversa lo contamine».

Insisten en que es inconcebible que estos hechos se den, precisamente, en la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, en la que debería primar, por sobre todas las cosas, la dignidad humana.

Lamentan también que algunos de sus miembros no hayan ocupado espacios que traten sobre estas materias, y que, pese a ello, hoy representen al pueblo ecuatoriano. «Por ello, las consecuencias son justamente estas: el irrespeto, la
prepotencia, insolencia y la discriminación, con una nula tolerancia a que la presidencia de esta Comisión sea ejercida por una persona de la Sierra ecuatoriana, proveniente de los pueblos indígenas», dicen.

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A las 14:00 de este miércoles 9 de marzo, el Legislativo decidirá sobre el informe que pretende dar amnistía a 272 líderes sociales, defensores de la naturaleza y DD.HH. Pese a que dicho informe fue oficializado fuera de plazo ya que no se logró recoger las firmas necesarias en los 30 días determinados por la ley.

«He puesto en el orden del día el tema de las amnistías para devolver la tranquilidad y la esperanza a los compañeros luchadores sociales, de la naturaleza y del agua, y a sus familias, por ser perseguidos y encarcelados por la justicia. Segundo, devolverle la armonía y estabilidad a la Asamblea Nacional», señaló la la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori.

El problema, las firmas

Ya que el informe fue firmado fuera del plazo establecido, puede que exista un conflicto al momento de otorgar las amnistías. El asambleísta por Pachakutik, Fernando Cabascango, señaló a la Presidenta del Legislativo que se presentó el informe de aprobación dentro del plazo establecido de 30 días. También añadió la incongruencia del Legislativo, que en otros casos ha convocado al pleno y ha tramitado informes sin firmas.

El asambleísta Fernando Villavicencio remitió una queja porque Cabascango envió sin las firmas correspondientes el informe para conceder amnistías a procesados por violencia en octubre de 2019, en el último día del plazo. Sin embargo, se retractó y retiró su denuncia.

Por su parte, el coordinador Nacional del movimiento Pachakutik, Marlon Santi, expresó que confía en que las distintas bancadas de la Asamblea voten a favor de las amnistías a los defensores sociales y de la naturaleza, como muestra de un «hecho histórico». Asimismo aseguró que los 25 legisladores de Pachakutik votarán unánime por dicho informe.

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«¡No lo vamos a permitir! ¿Cuál es la fijación con impedir que centenares de perseguidos políticos puedan vivir en paz?», reza el tweet.

El asambleísta Fernando Villavicencio remitió una queja porque Cabascango envió sin las firmas correspondientes el informe para conceder amnistías a procesados por violencia en octubre de 2019, en el último día del plazo. Asimismo, señaló que posteriormente se envió el informe firmado, pero fuera del plazo establecido.

Cabascango respondió a la Presidenta del Legislativo aduciendo que se presentó el informe de aprobación dentro del plazo establecido de 30 días. También señaló la incongruencia del Legislativo, que en otros casos ha convocado al pleno y ha tramitado informes sin firmas.

«La falta de firmas no invalida el documento. Lo que intenta hacer el asambleísta Villavicencio con su queja es perjudicar a las 272 personas beneficiarias de amnistías producto de sus caprichos políticos», dice Cabascango en un memorando.

El llamado de Cabascango

En el documento, el legislador de Pachakutik le dice a la presidenta Llori que no puede dar cabida a estos ‘caprichos’. Cabascango también indica que Llori representa a estas 272 personas y advierte que si da paso a la queja del Consejo de Administración Legislativa (CAL), estaría actuando en contra de la práctica parlamentaria.

«Señora Presidenta, usted no puede permitir que personas llenas de odio y venganza sigan afectando a ecuatorianas y ecuatorianos inocentes», aseveró.

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Porsteriormente, Cabascango envió el informe firmado, pero fuera del plazo establecido.

El legislador envió un memorando a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, mencionando que en la sesión 074, en la que se aprobó el informe, se llevó a cabo de forma semipresencial el 11 de febrero, sesionaron de forma virtual 7 asambleístas y la reunión finalizó a las 20:02.

En el documento también se detalló que las firmas no se recogieron por ese motivo, es decir, por la virtualidad y que el primer informe enviado solo contenía la firma de Cabascango en calidad de presidente de la Comisión.

Cabascango agregó en el escrito que las firmas iban a ser recogidas al día siguiente, es decir, el 15 de febrero.

En la sesión 074, se manifestaron nueve votos a favor, con lo que se aprobó el informe de Amnistías por unanimidad.

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“En los pasillos de la Asamblea se negocian cargos a cambio de votos”, dijo la legisladora del oficialismo a un medio digital.

El brazo político de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador exigió a Ana Belén Cordero, que además es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea, que exhiba los nombres de los asambleístas que estarían en el mercado de votos. 

“Exigimos que el Gobierno nacional y sus funcionarios denuncien a los asambleístas que están haciendo del voto una mercancía de negocio personal. Y un llamado al pueblo ecuatoriano para que esté vigilante del actuar de los asambleístas en las votaciones del pleno y las comisiones”, señalan. 

A decir de la organización, lo dicho por Cordero no pasa de ser un chisme de pasillo “si las acusaciones se hacen sin precisar nombre”. Además sugieren que “la única certeza que deja esta declaración es que el Gobierno estaría abierto a este tipo de negociaciones que evidencian las peores prácticas de la corrupción en nuestro país”. 

El documento está firmado por los asambleístas Patricia Sánchez, Darwin Pereira, Mario Ruiz, Mireya Pazmiño, Fernando Cabascango, Peter Calo, Dina Farinango y Ángel Salvador Maita.

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