La medida impulsada por el legislador oficialista Henry Bósquez (ADN), tuvo la aprobación del Parlamento bajo el argumento de «vulneración a los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima» en el proceso original, realizado el pasado 13 de mayo.

La resolución, articulada en dos puntos clave, declara «sin efecto» lo resuelto en la sesión 1027 del Legislativo, subrayando que dichas decisiones –según el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)– deben adoptarse exclusivamente mediante «resoluciones o acuerdos», requisito que, a juicio del oficialismo, no se cumplió. Adicionalmente, ordena notificar formalmente al CPCCS sobre esta decisión, dejando sin vigencia la terna integrada por Iván Montero, Yolanda Salgado y Ángel Romero.

El ambiente en el hemiciclo derivó en un enfrentamiento abierto cuando Bósquez insistió en incluir el análisis de la terna en el orden del día. Tras una primera votación fallida donde la abstención de la asambleísta Carmen Tiupul (Pachakutik) bloqueó la iniciativa, una rápida gestión de bancadas oficialistas logró que la legisladora rectificara su posición.

Este giro permitió la reconsideración de la votación, desatando inmediatas protestas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). Fernando Cedeño (RC) interpeló al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, acusándolo de violar el artículo 145 de la LOFL: «¡Lea la ley, señor Olsen! Los cambios al orden del día solo pueden resolverse por votación directa, sin rectificaciones posteriores», exclamó. Además presentó una apelación formal a la presidencia de Olsen que posteriormente fue desestimada y se continuó con la sesión.

Reacciones

La reacción de Revolución Ciudadana (RC) fue contundente: en un comunicado titulado «Fuera las manos de Noboa del Consejo de la Judicatura», denunciaron un intento del gobierno de Daniel Noboa de «tomarse ilegalmente el CJ». El texto detalló tres violaciones:

1. La inexistencia de normas que permitan retirar una terna ya enviada.
2. La ilegalidad de «reconsiderar una decisión ya reconsiderada» (Art. 145 LOFL).
3. La vulneración de principios constitucionales (Arts. 61.7, 82 y 226).
   «El CJ no es un botín del Ejecutivo. Seguramente, en esa terna hay alguien que no pueden controlar», concluyó el movimiento.

La crítica trascendió, pues el legislador Otto Vera (PSC) manifestó su perplejidad por «rever decisiones legítimamente tomadas», recordando que la terna «fue aceptada, votada y reconsiderada en el periodo anterior». El CPCCS, ahora notificado, queda a la espera de un nuevo proceso de designación, mientras la sombra de la polarización judicial se extiende sobre Quito.

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En el caso Chalecos de las FF. AA. se han realizado pedidos de información a las autoridades competentes y en estos días llamará a comparecer al Ministro de Defensa, Director General del Sercop, Contralor General del Estado, entre otras autoridades. Mientras que para el caso Petronoboa se volverá a solicitar las comparecencias de la Ministra de Energía, Director Ejecutivo de la ARCH, Secretario General de Integridad Pública y el Director General del SRI.

La mesa parlamentaria resaltó que si otra comisión pretende, a la par, iniciar un proceso de fiscalización por estos casos, en los que ha prevenido legalmente la Comisión de Justicia, estaría incumpliendo lo dispuesto en el Artículo 26 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, incurriendo en una falta grave conforme a lo establecido en el Artículo 170 numeral 4 de la citada ley.

La aclaración fue una respuesta al oficialismo que preside la mesa parlamentaria de Seguridad y pretende tratar el caso Petronoboa.

Caso Petronoboa

Respecto al Caso Petronoboa, el asambleísta Leonardo Berrezueta señaló que de comprobarse las irregularidades en Petronoboa se configurarían delitos como tráfico de influencias y tráfico de combustibles. Cuestionó que la empresa de la familia presidencial haya obtenido el permiso para distribución de combustibles en menos de 24 horas cuando el proceso tarda alrededor de seis meses.

También indicó que más de 3 millones de galones de combustible subsidiado se distribuyen entre los clientes industriales de Petronoboa. De esta cifra, 1.152 millones galones van direccionados a la Compañía de Elaborados El Café, que tiene como accionistas a miembros de Grupo Noboa.

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Según el legislador, el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) realizó el informe en que el se basa el medio de comunicación El Venezolano News. Señaló que en vista de que ninguna autoridad hizo eco de la noticia, presentó la denucnia en la FGE.

«Es deber de la Fiscalía sin importar la fuente investigar si la información presentada es verdadera o no», manifestó Cedeño.

El parlamentario enfatizó que una de las obligaciones de esta entidad es acudir a las instituciones correspondientes como el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), el Servicio Nacional de Contratación Públicas (SEERCOP). Estas autoridades deben dar información sobre el estado financiero y contrataciones de Villavicencio y su familia.

Además de la información publicada por el portal, Cedeño precisó que existe documentación que guarda relación con una denuncia presentada por Santiago Cuesta hacia Villavicencio durante el gobierno de Lenín Moreno.

«Tenemos una Fiscalía que actúa de manera pronta con una celeridad en unos casos y en otros con una lentitud bárbara”, recalcó el asambleísta.

Intenciones políticas de Villavicencio

El legislador por UNES mencionó que Villavicencio en lugar de informar si el contenido de la denuncia es verdadero o falso, solo se dedicó a insultar y difamar. Su estrategia es tratar de desviar la atención sacando a relucir juicios políticos pasados con el fin de encubrir las investigaciones.

«El señor saca hechos pasados y cuando debe presentar un informe dice que la Comisión debe abstenerse de realizar un juicio político y los archivan”, declaró.

Origen de la denuncia en contra de Villavicencio

El 14 de septiembre , Fernando Cedeño presentó ante la FGE una denuncia contra Villavicencio basado en la publicación del medio de Miami, EE.UU.

El expediente detalló que Villavicencio presuntamente cobraba por falsas pujas en la compra y venta de fármacos. También se menciona la intervención de las empresas Biotecnologías  y Medicinas, Andafárcamos,  Biomiga Cía. Ltda. Asimismo, dos de estas tres empresas registran a Edison Luque como Gerente general.

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