El primer mandatario agradeció el trabajo del funcionario a través del decreto 785. Flores protagonizó otro escándalo antes de salir del puesto. Uno de ellos es la denuncia de la periodista Verónica Ibarra sobre la violencia intrafamiliar por parte de uno de uno de sus consejeros.

Según la víctima, el exembajador tenía conocimientos de todos los acontecimientos, sin embargo, no tomó acciones para ayudarla.

Por su parte, Flores detalló que la entidad no ha sido notificada de manera oficial o por cualquier otra vía sobre esa denuncia.

Recalcó que una vez difundido el video en redes sociales estableció con las autoridades ecuatorianas una hoja de ruta para esclarecer la denuncia.

Dijo que cerrarían el Darién…

En entrevista con diario Expreso, el exfuncionario mencionó que cerrarían el Darién, uno de los lugares por el cual cruzan cientos de migrantes. No obstante, las autoridades panameñas lo desmintieron.

De acuerdo con la versión del exservidor, Estados Unidos habría tenido una reunión con Panamá, Colombia y Costa Rica para buscar un mecanismo de cierre y terminar el tránsito irregular.

Las autoridades panameñas indicaron que es imposible cerrar más 260 kilómetros de selva. A los pocos días de sus declaraciones, Lasso da por terminadas sus funciones.

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La Cancillería, a través de un comunicado, se habría contactado con las autoridades para esclarecer el hecho y «brindar el apoyo a Ibarra» para que pueda solucionar su situación.

Aseguró que la tarde del 12 de junio notificó al implicado que fue separado de la institución. Según la entidad, se mantiene alerta e involucrada en el caso para velar los derechos de la periodista y su familia.

Una medida desesperada

La mujer tuvo que subir un video en redes sociales para que su caso sea escuchado. En el clip, pedía al presidente Guillermo Lasso y al ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Manrique, que la ayuden a salir de esa situación.

Ibarra mencionó que ya había puesto una denuncia en la embajada de Panamá, el pasado 8 de junio y pidió que ese documento lo haga llegar a la Cancillería para que regrese junto a sus hijos.

«Mi agresor tiene mucho poder político y económico. Me amenazó con utilizar sus influencias y que todos me cierren la puerta para que no pueda criar a mis hijos», expresó.

También recalcó que el embajador de Panamá, Fernando Flores, conoce muy de cerca su caso, pues el agresor sería su mano derecha.

De la misma manera, señaló que se encuentra escondida con sus dos pequeños, una niña de 5 años y un bebé de tres semanas de nacido, junto a su hermana, pero los recursos económicos se le agotan.

Añadió que su pareja puso una denuncia ante la policía de aquel país para que la localicen y le quite a su bebé.

¿Qué dijo Flores?

El embajador panameño detalló que la entidad no ha sido notificada de manera oficial o por cualquier otra vía sobre esa denuncia. Recalcó que una vez difundido el video en redes sociales estableció con las autoridades ecuatorianas una hoja de ruta para esclarecer la denuncia.

Finalmente, apuntó que exigió una investigación contra el servidor para esclarecer los acontecimientos. (N.J.C)

Aclaración: La imagen utilizada en esta nota es una referencial del sitio.

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Cucalón enfatizó que esta «trafasía» pretende justificar el anhelo de llevar a un presidente, sin motivo alguno, a un proceso político. Mencionó que Lasso no ha incurrido en ninguna de las posibles acusaciones presentadas.

«No se puede llevar a un proceso de desestabilización y al manoseo (de la información) para crear el escenario y llegar a ese punto», refirió.

Según el ministro, las conclusiones a las que llegó la mesa «no tienen ninguna lógica». Además, repitió que el informe recibió duras críticas, incluso, por quienes están en desacuerdo con el Gobierno Nacional.

«La oposición señala los errores grasos del documento. No se puede trapear la Constitución para satisfacer apetitos voraces sin nombre», dijo para Ecuavisa.

¿Se aprobará en la Asamblea?

El ministro mencionó que de aprobarse el informe, irá al Pleno de la Asamblea y será un conjunto de ocurrencias para que un grupo de imputados presente la demanda de juicio político. Sin embargo, será la Corte Constitucional (CC) la que determine el dictamen.

«Hay que demostrar y ver todos los escenarios. No se puede menoscabar los derechos, atacar la honra, solo quieren afectar la institucionalidad y el proceso democrático», apuntó.

Vínculo de Cortazar y Aleaga

Al igual que el coordinador del oficialismo, Fernando Flores, Cucalón considera que la investigación tuvo un cierto sesgo político. Aseguró que el audio presentado contra el asambleísta Ronny Aleaga no fue prueba suficiente para que aparezca en el informe. No obstante, hay otras personas que sí son señaladas en el documento.

«¿El proceso y la ley es con dedicatoria o la Constitución es a la carta? Manejan los procesos y el ordenamiento jurídico dependiendo los antojos de turno», cuestionó.

Muerte cruzada

En cuanto a la posibilidad de la muerte cruza, el funcionario mencionó que es una atribución que tiene Lasso. Sin embargo, le impiden que active los mecanismos para solucionar la crisis política que atraviesa el país. Esto frente a la advertencia que realizó el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, sobre una paralización si el mandatario disuelve la Asamblea.

El diálogo con supuestas organizaciones indígenas

Cucalón manifestó que el diálogo con las diferentes organizaciones sociales se mantiene abierto y reiteró que la invitación también la realiza a Iza, pese al ultimátum que le dio al Gobierno Nacional. Para el ministro, las mesas de diálogo tienen un alto nivel de cumplimiento, pero la Conaie y el movimiento indígena desmienten lo dicho.

De hecho, el presidente de la Fenocin, Gary Espinoza, informó que la organización se retiró de las mesas de seguimiento del diálogo por el incumplimiento del Gobierno Nacional.

«Alejando la politiquería podemos seguir trabajando, los ciudadanos quieren paz. El gobierno respeta toda forma de protesta social«, expresó.

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El coordinador del oficialismo, Fernando Flores, aseguró que con las 221 páginas del documento se construyó «una fábula para concursos de historia y fantasía». Según los legisladores, no existen causales para la destitución de Guillermo Lasso.

Además, cuestionó la «celeridad» con la que se tomaron las relaciones entre «sujetos, asambleístas y movimientos políticos». «Sorpresa que ahí sí se paraliza la investigación y se deja de lado el proceso», mencionó.

De acuerdo a Flores, en el documento no se menciona a Ronny Aleaga, pese a que se reveló un audio en el que aparecía como presunto involucrado en este entramado de corrupción.

«Aleaga dijo que un audio no era un elemento fundamental para establecer responsabilidad y no tendría validez. El audio no sirve para unos, pero sí para otros», detalló.

El parlamentario comentó que la bloque no respaldará ningún informe. Manifestó que tratan de tomarse el poder por la fuerza, pues elaboraron el documento en ausencia de algunos asesores.

Respuesta de UNES

La vicepresidenta de la Asamblea, Marcela Holguín, apuntó que los legisladores deberían proponer el juicio político contra el Lasso. Afirmó que, una vez socializado el informe, presentada la petición y recopiladas la firmas necesarias, la Corte Constitucional (CC) tiene seis días para pronunciarse y determinar si se admite o no.

«Estamos a expensas de conocer el contenido del informe para analizar en el Pleno de la Asamblea y saber que posición tomará el Legislativo y la bancada. De ser el caso, seremos quienes presentaremos el pedido de juicio político al presidente de la República«, precisó.

El conflictivo informe borrador

EL informe borrador recomienda el juicio político contra el presidente Lasso. El documento será debatido por la mesa el miércoles 1 de marzo y pasará al Pleno de la Asamblea Nacional.

Radio La Calle tuvo acceso al documento borrador de la Comisión y entre sus recomendaciones están:

• Remitir un informe a la Fiscalía General del Estado (FGE) y Contraloría General del Estado para que inicie las investigaciones penales y administrativas.
• Enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso por haber adecuado su conducta al artículo 129 numeral 1 de la Constitución que prevé como causal la censura y destitución del cargo público representativo (…), pues existen indicios de haber cometido del delito de «traición a la patria».
• Enjuiciar políticamente al Jefe de Estado, invocando el artículo 129 numeral 2 de la Constitución, pues su conducta se adecua al cometimiento de los delitos contra administración pública. (N.J.C)

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De acuerdo a la moción del asambleísta por Revolución Ciudadana Pabel Muñoz, los nuevos integrantes los definirán el próximo lunes 14 de septiembre.

Votaciones fallidas

El miércoles 9 de septiembre, la Asamblea Nacional no logró reestructurar la Comisión de Fiscalización del Legislativo, a pesar de que la iniciativa fue presentada el 22 de junio de este año. Tras dos votaciones fallidas en más de 6 horas de debate, el presidente de la Asamblea, César Litardo, volvió a suspender la sesión por falta de garantías.

El proyecto de reestructuración fue inicialmente promovido por el legislador Fernando Flores en junio. La razón de la propuesta fue que varios asambleístas de esa Comisión estarían involucrados en casos de corrupción, incluso dos de ellos, Daniel Mendoza y Eliseo Azuero, fueron removidos de sus cargos por la trama de corrupción en el Hospital de Pedernales.  

Procuraduría buscó evitar el cambio

El debate inició de forma acalorada. Litardo prometió dar espacio para que todos los asambleístas hablen y mocionen sus propuestas. Pero antes, el presidente ordenó a su secretario alterno leer una carta del Procurador General del Estado, Iñigo Salvador, en donde advierte a la Asamblea que no puede reestructurar ninguna Comisión de su Institución sin haber transcurrido dos años de trabajo.

Llegó el turno de los legisladores. Varios ya venían con sus discursos preparados para apoyar a Litardo, y otros tenían listo su contraataque. El asambleísta Alberto Arias honró al presidente del Legislativo y exhortó al Pleno a obedecer lo dicho por Procuraduría a través de una moción formal “Según el Art. 237 y el Art. 3 de la Ley de Procuraduría, este organismo está en la obligación de asesorar a todos las instituciones de la Administración Pública”, indicó Arias. Finalmente, señaló que no existe una normativa que permita la reestructuración de las comisiones especializadas.

Moción de Héctor Yépez

El legislador Héctor Yépez no estuvo de acuerdo con las palabras de Arias e inmediatamente presentó su moción. “Cómo se pretende permitir que el Procurador nos controle cuando somos nosotros, la Asamblea, quienes debemos controlar al Procurador”, aseveró Yépez. Así, el asambleísta presentó su propuesta de reestructuración, en la cual la Comisión estaría conformada por dos asambleístas del Partido Social Cristiano, dos de CREO, dos de Alianza PAIS, dos del Correísmo, un independiente, uno del Bancada de Acción Democrática Independiente y uno del Bancada de Integración Nacional.

A esta propuesta se sumaron los asambleístas Fernando Flores, César Rohón y Marcela Aguiñaga. Flores criticó la postura de Arias y Litardo “Si bien es cierto que no existe una normativa que permita reestructurar, la Asamblea ya resolvió que a través de resoluciones y acuerdos tomar sus decisiones. Qué tan bajo estamos cayendo cuando, a través de todas las artimañas, se trata de impedir que suceda esta reestructuración. Me voy a tomar la función de iniciar un juicio político en contra del Procurador por haberse arrogado funciones. El principal poder del Estado es la Legislatura.”, mencionó Flores al Pleno.

César Rohón, asambleísta del PSC, responsabilizó al Gobierno Nacional de lo sucedido. “Esto es aupado y promovido desde la propia Presidencia de la República, para minimizar la Asamblea, para hacer verla como si fuese nada. La reestructuración de la Comisión de Fiscalización debe darse hoy mismo.”, aseguró el legislador.

Marcela Aguiñaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana, lamentó las acciones del presidente Litardo. “Deberíamos llamar la atención al propio Presidente de Asamblea por ser él quién consultó al Procurador. Hoy se congelan solicitudes de Juicio Político. Es por eso que hoy, más que nunca, lamentablemente las circunstancias nos obligan a tomar la decisión para que el Pleno pueda reestructurar la Comisión”, mencionó Aguiñaga.

Negación a la propuesta de Arias

Varios legisladores apoyaron la propuesta inicial de Arias y juzgaron que se los tache de corruptos. Johanna Cedeño y Fausto Terán, quienes actualmente son miembros de la Comisión, recordaron que el Pleno no está por encima de la Constitución ni de la ley. Según ellos, el Art. 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa expresa que los asambleístas elegidos para conformar la Comisión deben ejercer su función durante dos años. En todas las comisiones deberíamos reestructurar y equilibrar las fuerzas. Lo que es indignante es quieran enlodar el nombre de buenos asambleístas”, aseguró Terán.

Tras más de 6 horas de debate, en donde varios asambleístas estuvieron en contra y a favor de la reestructuración, finalmente procedieron a votar. Con 132 legisladores presentes, no dieron paso a las mociones de Alberto Arias y José Serrano.

Tercera moción suspendida y descartada

Llegó la hora de votar por la moción de Héctor Yépez, en donde supuestamente la Comisión estaría conformada por miembros de todas las bancadas. Los asambleístas propuestos para conformar el organismo son: Mercedes Serrano (BIN), Ramón Terán (PSC), Bairon Valle (RC), Esteban Melo (RC), Luis Pachala (CREO), Silvia Vera (CREO), Jorge Corozo (AP), Xavier Casanova (AP), Roberto Gómez (independiente).

Faltaba un asambleísta del BADI y uno de SUMA para que la moción cumpla con lo prometido. César Litardo aprovechó la situación para suspender la sesión y no dar paso a la votación. “He recibido varias llamadas de legisladores que no se sienten incluidos en la propuesta, por lo que he decidido suspender la sesión”, mencionó Litardo al final de la reunión.

Para este 10 de septiembre, los legisladores volvieron a sesionar. Tras descartar la moción de Héctor Yépez y de Fernando Flores, intervino el asambleísta por Revolución Ciudadana Pabel Muñoz. A esta propuesta adhirieron 85 parlamentarios quienes también decidieron que la conformación de la Comisión de Fiscalización sea definido el próximo lunes tras la notificación de cada una de las bancadas para remitir a sus representantes. (DR – SGA)

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