Los interpelantes fueron las asambleístas del oficialismo, Nicole Saca y Adrián Castro, quienes argumentaron que el exministro de la administración de Guillermo Lasso no cumplió con el plan maestro de electricidad, ni previno la crisis energética meses antes del estiaje que amenazaba el rendimiento de las hidroeléctricas.

»Para pedir milagros hay quienes le ponen velitas a los santos, pero lamentablemente fue Santos el que nos puso a nosotros a vivir a punta de velas», expresó el legislador Castro.

Por otro lado, el exfuncionario Santos se defendió ante el Parlamento y resaltó que el juicio político en su contra es inconstitucional porque ya había sido enjuiciado por la misma causa. »Este proceso en mi contra se archivó y se lo sacó nuevamente (…) atenta contra mis derechos», resaltó.

Inconsistencias

El asambleísta Pedro Velasco señaló que el juicio era ilegal, pues la Comisión de Fiscalización no habría cumplido con los plazos para avocar conocimiento de la solicitud de interpelación.

Por su parte, la legisladora Pamela Aguirre señaló que el juicio contra Santos Alvite es completamente válido. No obstante, cuestionó que la asambleísta Nicole Saca »no actuó… ni (con) una sola prueba» contra el exsecretario de Estado, o sea, no argumentó la validez de las evidencias presentadas, además de su injerencia en el incumplimiento de funciones del exministro. (AGM).

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 “La crisis climática y años de falta de inversión han exacerbado la situación energética en el país”, dijo la cartera de Estado en un comunicado.

Ante esta situación, Luque resaltó la importancia del apoyo del sector privado, sin embargo, señaló que las regulaciones actuales establecen barreras para contar con este soporte que serían de gran utilidad pues existe un déficit energético de 1.000 megavatios.

»En una crisis como esta, el sector privado puede darnos una mano muy importante pues son los que más lo sufren», dijo en rueda de prensa.

Actualmente, el gobierno tiene tres ofertas sobre la mesa para la contratación de barcazas de generación eléctrica. Explicó que estas plataformas no tienen una estructura antigua, más bien funcionarían como parque generadores, aún no se establece un presupuesto.

Vuelven las ofertas

Hace un año, ante el estiaje y la falta de 500 megavatios para la demanda energética, una firma turca llamada Karpowership realizó la oferta de una barcaza de generación eléctrica para solventar este déficit.

»Nos dijeron, si les falta energía, marquen nuestro número y en 90 días les proporcionamos lo que necesitan», dijo el exministro Fernando Santos, quien ahora enfrentará un juicio político en la Asamblea. Sin embargo, esta propuesta quedó en la nada. (AGM).

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La legisladora argumentó que Corral era funcionario público, pese a que aún era accionista de una empresa que tenía contratos con el Estado, en este sentido, lo acusó de un incumplimiento sistemático de funciones.

»A pesar de que sabía que había cometido una ilegalidad se presentó ante los medios de comunicación a decir que no le importaba», dijo la parlamentaria.

Agregó que este caso también está bajo la responsabilidad de las autoridades de la Contraloría General del Estado (CGE) durante ese período, del expresidente Lasso y su equipo de trabajo.

Manifestó que en un inicio Corral declaró deudas por aproximadamente USD 6 millones y al finalizar su gestión este valor fue de USD 2 millones. Además, habló de una cuenta bancaria en Panamá con USD 240 mil cuando los funcionarios públicos no pueden tener dinero en paraísos fiscales.

Juicios políticos en fila

En el radar de la Comisión de Fiscalización también está el exministro del Interior, Juan Zapata; el exministro de Energía, Fernando Santos; y el exministro de Economía, Pablo Arosemena.

El pasado 25 de noviembre asambleístas del oficialismo (ADN) y del Partido Social Cristiano (PSC) presentaron solicitudes de juicio político contra los exministros Zapata y Santos. En el primer caso por no abordar de manera eficiente la crisis de seguridad en el país y no ejecutar el presupuesto asignado para el 2023.

Por otro lado, la legisladora oficialista Nicole Saca encabezó la solicitud de juicio político contra Santos Alvite y alegó que el exfuncionario actuó con inoperancia e ineptitud al no prevenir la crisis energética que provocó los apagones en el país. Según ella, el exministro tenía conocimiento desde abril de 2023 de la gravedad prevista en la temporada de estiaje. (AGM).

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El informe fue aprobado con ocho votos a favor y uno en contra por parte de la asambleísta de Construye, Adriana García, quien señaló que no se tomaron en cuenta sus observaciones, en donde se pedía analizar los informes del expresidente de la comisión parlamentaria, Fernando Villavicencio (+), respecto a Coca Codo Sinclair.

De acuerdo a la mesa parlamentaria, la crisis de energía dejó pérdidas que superan los USD 400 millones en los sectores productivos y USD 230 millones en el sector público debido a la importación de energía desde Colombia.

Además, la comisión responsabilizó politicamente al exministro de Energía Fernando Santos Alvite por sus omisiones en el desarrollo de la crisis energética y el incumplimiento del Plan Maestro Eléctrico. A la lista también se suma el exministro de Economía, Pablo Arosemena al retirar los recursos de CELEC y CNEL , lo cual ahondó las dificultades financieras de las empresas públicas. Ambos exfuncionarios podrían ir a juicio político.

Según las pruebas recabadas, durante el gobierno de Guillermo Lasso se habría intentado beneficiar a Roque Sevilla, exconsejero presidencial ad honorem, con el proyecto fotovoltaico Conolophus. La mesa parlamentaria remitirá la documentación a Contraloría. (AGM).

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Aclaró que la ministra de Energía, Andrea Arrobo, presenta medidas con energías alternativas que son complementarias. Es decir, son «el colchón para la generación de energía». Sin embargo, eso no garantiza que se suspendan los apagones y que adquieran energía más barata. Además, anticipó que el perjurio para el Estado y los ecuatorianos supera los USD 2 mil millones.

«Es una medida parche porque no soluciona el problema de raíz, el cambio debería ser la modificación en la matriz energética», señaló.

Los únicos culpables

Recalcó que los principales responsables son el expresidente Guillermo Lasso, Fernando Santos y Gonzalo Uquillas. «Los tres tienen que responder a la justicia», expresó. También comentó que este problema no sería de emergencia, sino de negligencia del régimen.

Indicó que las autoridades no ejecutaron las inversiones necesarias ni los protocolos de mantenimiento que debieron seguir.

Enfatizó que los juicios políticos terminan en «sanciones morales» que «a la corta o a la larga se les olvida».

Una denuncia con más trabas

Alvear informó que la denuncia que interpuso sobre supuestos sobreprecios ahora está en el despacho de la fiscal General del Estado, Diana Salazar.

Explicó que la fiscal de turno, Consuelo Tapia, puso una consulta de «última hora» en el departamento jurídico de la Fiscalía para determinar si está o no con fuera de corte. Es decir, si el tema involucra a un funcionario, pasa automáticamente a manos de Salazar.

«Es increíble como la fiscal lo toma tan a la ligera y es una cuestión que incluye a todo el país, no nos notifica y nos hace perder el tiempo», comentó.

«Un mercado para desesperados»

Alvear explicó que el mercado spot, en el que se hicieron las últimas acuerdos, es un «negociado para los desesperados», pues utilizan a los que se encuentran en una situación crítica y venden los productos a un valor más alto.

El experto cuestionó que la ministra no haya publicado los términos con los que se contrató el precio de la energía con Colombia. Además, comentó que el «proceso correcto» era presentar una licitación para las empresas colombianas que pretendan vender el país.

«Por ejemplo, tenía que especificar la compra de energía cada dos años cuando haya estiaje, pero nadie sabe a ciencia cierta cómo fue el proceso. La solución no es seguir comprando energía», repitió.

La entrada Alvear: «Decidieron aprobar una ley energética mal hecha y que solo será un parche para el problema» se publicó primero en La Calle.

»El precio lo fijan ellos. La ley colombiana les dice que vendan a precio de mercado y ella no puede cambiar la ley», dijo en entrevista a La Posta.

Agregó que otro factor que le preocupa es la estrategia para establecer acuerdos. Aseguró que solo la presencia de la ministra Arrobo en Colombia no tendría tanto peso como lo tuvo la del expresidente Guillermo Lasso cuando viajó al país vecino para negociar la compra de energía con el presidente Gustavo Petro. Además, dijo que este acuerdo solo está vigente hasta el 31 de diciembre del 2023.

» ¿Qué va a interpretar Colombia? La vez pasada vino una delegación encabeza por el Presidente de la República. Hoy viene la Ministra talvez el Ecuador no tiene interés en que les extendamos los contratos», recalcó.

La casa en desorden

Además, el exministro Santos manifestó nuevamente que no leyó la cláusulas del contrato con Colombia porque »no hubo contrato», pues la cartera de Estado no se habría encargado de la firma sino el Operador Nacional de Electricidad CENACE.

Por otro lado recalcó que la única manera de salir de la crisis energética en la que estamos es dejando todo en manos del sector privado y elevando la tarifa del servicio eléctrico. (AGM).

La entrada Santos asegura que la ministra Arrobo no logrará negociar el precio de energía con Colombia se publicó primero en La Calle.

Alvear señaló que no hay tiempo para «buenas intenciones» en el corto período que enfrenta el gobierno de Daniel Noboa, pues el país necesita acciones inmediatas.

«Ya perdieron un mes y medio en entender lo que está pasando en Ecuador, cuando ya saben que hay una crisis energética», dijo en entrevista con La Posta.

Contratos mal hechos de última hora

Según Alvear, días antes de que Santos abandonara el puesto se firmó un contrato en el que se «saltaron todos los procesos que debería seguir»; este firmado por Santos. Recalcó que no hubo un examen del Ministerio encargado, un análisis de experto o acuerdos de tarifas.

«Se saltaron todos lo procesos, alteraron la ley para habilitar un título a puertas de que se vaya Santos», refirió.

Alertó que en la cláusula 14:4 y 14:5 le da la facultad de dar por terminado el contrato cuando ellos deseen; es decir, la empresa puede finalizar el contrato cuando quiera y no dar explicaciones.

Cuestionó que es decisión solo perjudicaría de manera abismal al Estado, pues abre la posibilidad de que la entidad empieza una de las tantas demandas que han interpuesto contra el Estado.

De la misma manera, hay un segundo contrato denominado Conolophus, valorado en USD 63 millones de energía fotovoltaica, por 14.8 megawatts por 25 años. Este fue firmado por Lasso.

«Aunque hubo licitaciones, el megawatt lo valoraron en USD 4 millones y medio, cuando el megawatt no pasa del millón», apuntó.

Además, alertó que este tipo de energía cuesta tan solo USD 0,07, pero por la «buena voluntad» del expresidente Lasso, el país paga USD 0,45.

«Los funcionarios de gobierno tienen que aprender que sentarse en una silla, sea cual sea, es una responsabilidad y no una lotería donde se hacen millonarios o ricos», mencionó.

¿Qué falló?

Según el analista, la principal falla fue la pésima estrategia comercial que utilizaron para «solventar esta crisis». Repitió que mientras se cancelaba hasta 0,07 ctvs., por kilovatio, ahora se paga desde 0,25 ctvs hasta USD 0,50 ctvs.

Reclamó que debieron abrir procesos de licitación para empresas colombianas que vendan energía a un precio razonable. Sin embargo, en el afán de crear una cortina de humo ante la eminente crisis, negociaron de manera inoportuna y apresurada.

«Fueron víctimas de su propia desesperación. Quitarnos energía es como quitar la columna vertebral del país. Así no somos productivos ni competitivos», puntualizó.

Finalmente, anticipó que una de las opciones que tiene el Gobierno Nacional para remediar el desabastecimiento energético es dejar listas las licitaciones a inversión privada.

Además, anticipó la necesidad de que la Contraloría General del Estado (CGE) emita un informe de nulidad a los contratos que firmaron «a último minuto» y evitar que se genere un perjurio mayor al Estado. N.J.C

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La decisión se aprobó con cinco votos a favor, uno en contra y una ausencia. Ahora los pedidos pasarán a la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, deberán esperar un largo rato, pues hay seis solicitudes pendientes de la extinta Asamblea Nacional. Además, las peticiones se atienden de acuerdo al orden de llegada.

La Comisión de Fiscalización emitirá un informe no vinculante sobre el pedido y revisará las pruebas de cargo y descargo.

La Revolución Ciudadana (RC), que impulsó el proceso contra la fiscal, necesitará 70 votos para censurarla y destituirla. La bancada tiene 51 miembros y deberá buscar los otros 19, pues el Partido Social Cristiano (PSC) y el oficialismo aseguraron que no respaldarán esta decisión.

Respuesta de la Fiscal

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado -minutos después de conocer la decisión del CAL- donde señaló que la Unidad Técnica Legislativa anunció, el 4 de diciembre, que la petición en contra de su titular «no estaba enmarcada en los lineamientos constitucionales del debido proceso». Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, aclaró que todo lo presentado estaba en regla.

Además, enmarcó que la solicitud carece supuestamente de argumentos fácticos y jurídicos, y cuestionó que el CAL haya aprobado un informe «que no cumple con los requisitos».

«Es evidente la flagrante trasgresión al principio de independencia de funciones consagradas en la Constitución de la República», detalla el comunicado.

Las primeras reacciones

Kronfle, mencionó que la asambleísta proponente de juico a Salazar, Gissela Garzón, subsanó la prueba que estaba pendiente y el proceso entrará a trámite como las otras peticiones.

Por su parte, la primera vicepresidenta del Legislativo, Viviana Veloz, indicó que los procesos de fiscalización no se deberían entender como un proceso de persecución, sino de «no impunidad».

«En apego a la ley es nuestro deber fiscalizar los actos del poder público. Ningún funcionario o funcionaria es intocable. Ningún servidor por poderoso que se crea está por encima de la ley», apuntó.

Aclaró que la interpelante presentó 12 motivaciones para el juico político por incumplimiento de funciones. Ahora deberán subsanarlo y justificarlo ante la mesa legislativa. «Se presentarán todas las pruebas que nos dan la razón para este petición«, dijo Veloz.

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»Todo Ministro, incluso la Ministra actual, será preso de este sistema estatista», dijo en entrevista para la Defensa.

Agregó que no existe un culpable del problema que hoy en día afecta al país, en ese sentido realizó una invitación a buscar soluciones. Pese a sus declaraciones enfatizó que durante el gobierno de Rafael Correa »se gastaron millones y se hicieron muy malas plantas eléctricas».

De igual manera, se mostró sorprendido ante las declaraciones de la ministra de Energía, Andrea Arrobo, en la Comisión Legislativa de Fiscalización. Santos resaltó que él no se encargó del proceso de transición, de hecho dijo que el funcionario que durante su administración realizó este papeleo, actualmente desempeña el cargo de Viceministro en esta cartera de Estado.

Por otro lado manifestó que el tema de los subsidios al sector industrial era un »problema pequeño», pues ese dinero no era una gran representación en comparación de otras inversiones. Respecto a los »contratos de última hora» dijo que ya estaban negociados desde hace varios meses y eran importantes para el país.

Los »acuerdos claros y limpios» que Santos dejó sobre la mesa están relacionados con inversión en ochos proyectos de energía alternativa, tres de energía hidráulica y una eólica. (AGM).

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Tras la dura crisis energética que atraviesa el país, finalmente el gobierno retirará los incentivos al sector industrial. El pasado 17 de noviembre el ministro Santos informó esta resolución al director de la Arcernnr, Luis Bonilla.

“Una vez realizados los respectivos análisis, se dispone que se proceda con la eliminación
de este incentivo tarifario aplicado a consumos de energía eléctrica del sector industrial″, dijo en un oficio.

El jefe ministerial requirió que se realicen los trámites correspondientes para llevar a cabo esta disposición que también aplica para el sector industrial y de servicios.

“Para el año 2024 no se contempla la emisión de certificados de ahorro, se los receptará durante el primer trimestre del año 2024 con miras a incluirlos en las directrices del pliego tarifario correspondiente al año 2025″, especificó.

Por otro lado, el costo de comercialización de energía para el sector residencial se mantendrá igual. También continuará la aplicación del subsidio de la tarifa de exoneración para adultos mayores y personas con discapacidades.

Los grandes beneficios

Según el balance energético nacional, los sectores industriales son los que consumen alrededor del 42.2 % de energía del Ecuador.

La energía en el país es subsidiada por lo que este beneficio está dirigido a la población en general, pero también se beneficiaban las grandes empresas privadas del sector industrial, incluidas las petroleras y mineras, que consumen un gran porcentaje de electricidad en el país.

Actualmente, el país atraviesa una temporada de estiaje por lo que desembolsa más dinero para obtener energía. En medio de esta crisis, las grandes compañías mantenían la tarifa subsidiada que va desde los 0.05 ctvs hasta los 0.09 ctvs por kWh. Del otro lado, las familias pagan de 0.09 ctvs hasta 0.12 ctvs el kWh. (AGM).

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Después de tres meses de la consulta popular sobre la extracción petrolera en el Yasuní, la estatal aprobó el calendario para cerrar las operaciones en el bloque Ishpingo, Tambococha, Tiputini e ITT. La Corte Constitucional había establecido un año de plazo para finalizar las operaciones petroleras en este lugar.

»El desmantelaje puede llegar a no menos de USD 1.800 a USD 2 millones, aparte de todos los procesos que tenemos que indemnizar, ya no vamos a generar ingresos y esto afecta al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP)», dijo a Ecuavisa.

Lavada de manos

El ministro de Energía, Fernando Santos, ya había anticipado que la responsabilidad del desmantelamiento del Yasuní quedaría para el otro gobierno de turno. También había manifestado su posición en contra de que se detenga la extracción petrolera en esta zona, pues indicó que existiría pérdidas económicas.

Pese a los resultados de la consulta popular, el jefe ministerial se acogió al artículo 57 de la Constitución. »Los que tienen que decidir si se inicia o termina una operación de explotación de recursos naturales son los habitantes del territorio», resaltó.

¿Afectaciones?

El secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo de Ecuador (ANTEP), David Almeida, señaló que en 2022 el precio promedio del crudo en el ITT fue de USD 82.17 por barril, ese valor se dejó utilidades por USD 1.211 millones en el país.

”Si el petróleo fuera brea no se podrían producir 58 mil barriles de petróleo por día. Efectivamente el contenido de agua es alto como ocurre en todos los reservorios de petróleo a nivel mundial”, dijo en entrevista a Radio La Calle.

Otra visión

Para la vocera del colectivo Yasunidos, Manaí Prado, el Yasuní tiene un ciclo muy importante porque de ahí nacen las nubes que provocan las lluvias en los Andes y genera el agua que se consume en el país. ”No podemos sacrificar el lugar más biodiverso del mundo por ”beneficios económicos” que realmente no benefician al país”, señaló a este medio de comunicación.

Según Prado, el petróleo del Yasuní es de mala calidad de cada 100 barriles solo siete son de petróleo, todo lo demás es brea, es decir, agua formación tóxica, además de que se vende a muy bajo precio a nivel internacional. ”Se perdieron 15.000 millones de dólares en casos de corrupción”, resaltó. (AGM).

La entrada Los pozos petroleros del Yasuní se cerrarán en agosto del 2024 se publicó primero en La Calle.

El informe del Observatorio de Gasto Público detalla que, de toda la ejecución presupuestaria, los egresos se distribuyeron en inversiones financieras, pago de personal y transferencia de inversiones.

En cuanto al PAI, la cartera de Estado recibió USD 6,877 millones para la ejecución de varios proyectos sociales, económicos y de levantamiento de infraestructura. En total serían 16 planes, con un presupuesto de USD 82,4 millones que debían desarrollarse en este año. Sin embargo, solo uno contó con suerte y se ejecutó al 100 %, mientras que los otros aún reposan en el archivo.

El dinero destinado para el PAI se lo hizo bajo dos programas claves: el de Transmisión 2012-2022 y el de Reposición y Ampliación de Instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión (que no detalla inversión desde enero a septiembre de 2023). Ambos tenían un presupuesto de USD 36,7 millones, pero las iniciativas solo cuentan son el 2,52 % de ejecución.

Cero ejecución

El documento desglosa otros proyectos en los que no se registró una ejecución, entre ellos:

• El Sistema Nacional descentralizado de la gestión del riesgo y emergencias;
• programas de apoyo a la reforma de empresas públicas;
• Reposición y ampliación de instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión;
• Desarrollo de la prospectiva y de la planificación energética en Ecuador:
• Plan fronteras para sustitución de cocinas de inducción:
• Programa de reforzamiento de redes de distribución eléctrica para el sector acuícola, otras.

¿Y la plata?

Para el financiamiento de estos proyectos se utiliza- en su mayoría- inversión extranjera; sin embargo, también depende de la recaudación de impuestos, colocación de deudas, préstamos internacionales, entre otros. Todos ellos dependen de una «buena planificación estatal y gestión de las autoridades de turno».

Ahora, debido a la crisis que atraviesa el país, la cifra de gastos supera a los ingresos, tal como ocurrió en 2022, pues los ingresos sumaron USD 16,4 millones, mientras que los gastos fueron un total de USD 207 millones. «Lo más probable es que esta cifra se replique en este periodo», explica el informe.

Ya tenía un antecedente

En el análisis de 2022 de «Ingresos fiscales vs Ejecución Presupuestaria», la cartera de Estado obtuvo la puntuación más baja de las 26 entidades analizadas por el Observatorio de Gasto Público, pero justificó los resultados alegando que solo maneja de manera directa el 11 % de sus egresos. Mientras que, el otro 89 % provienen de créditos multilaterales que se transfieren a empresas como Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), encargadas de la gestión y distribución de electricidad.

La entrada La ejecución presupuestaria del Ministerio de Energía llegó al 32 % hasta septiembre de 2023 se publicó primero en La Calle.

Calahorrano detalló que, en agosto de este año, el régimen canceló USD 65 millones por la compra de energía, en septiembre USD 60 millones y en octubre USD 47 millones. Recalcó que darle mantenimiento al parque hubiese costado USD 30 millones aproximadamente.

«Desde hace un año sabían que esto podía pasar y se avizoraba esta crisis. El propio exviceministro hizo público este problema y no hicieron nada», dijo en un Café con JJ.

Reprochó que el exviceministro de Energía, Marcelo Jaramillo justificara todo este desastre con que el «Estado no tenía los recursos suficientes» para realizar inversiones en el sector eléctrico. Además, señaló que el propio Jaramillo reveló que los apagones regresaron por un «exceso de confianza que no se consideró a tiempo, por lo que no hicieron un plan preventivo».

¿Qué fue lo que pasó?

Según el exsecretario de la cartera de Estado, el país consumió casi toda la reserva energética que guardaba la Central de Maza entre agosto y octubre de 2023. No obstante, explicó que una regla de oro para este sector es «dejar a punto» a todas las centrales eléctricas en el primer semestre del año.

También, recalcó que las autoridades no continuaron con la construcción de la planta Toachi Pilatón, una obra que en el 2017 se encontraba en un 90 % de avance. Puntualizó que las centrales térmicas de Pascuales, Machala, Jaramijó, Santa Elena, Esmeraldas 1 y 2, Gonzalo Cevallos y Trinidad han recibido poco o nulo tratamiento.

«No alcanzó la plata»

Jaramillo, indicó para Primicias, que el gobierno ya no puede hacer «mea culpa» de la crisis energética que atraviesa el país porque el estiaje los «tomo por sorpresa». Sin embargo, un operador Nacional de Electricidad ya advirtió en febrero de 2023 que el estiaje de este año sería más fuerte en comparación a otros años.

La larga lista de justificaciones no termina ahí, pues Lasso responsabilizó de los apagones a los procesos de contratación, a las acciones de gobiernos anteriores y a la supuesta reactivación económica que implementó en su periodo.

Además, el ministro de Energía, Fernando Santos, señaló que «es de humanos cometer errores”. “¡Así es la vida! Llena de accidentes. No se pudo prever la intensidad de la crisis, lo que podemos es minimizar el tiempo que dure”, dijo en entrevista para FM Mundo.

De acuerdo con el ministro, el gobierno no tiene inteligencia artificial para pronosticar lo que iba a suceder. No obstante, para otros analistas esto sí se pudo evitar, pero para ello era necesario que se declare en emergencia al sistema eléctrico un año atrás.

La entrada Calahorrano: «Lasso paga USD 172 millones por energía, pero costaba la mitad arreglar el parque termoeléctrico” se publicó primero en La Calle.

Después de la declaratoria de emergencia al sector eléctrico, los reportes de la CENACE exponen que la producción energética del país es del 74 %, es decir, aproximadamente 18.603 MWh diarios.

Las centrales hidroeléctricas son las que más generan producción porque cubren una demanda de hasta 20.747 MWh. En cambio, otras alternativas como la energía no convencional y gas natural generan cerca de 4.280 MWh por día.

En el área de la producción hidráulica, la central de Coca Codo Sinclair es la más productiva. Tan solo este 31 de octubre y 1 de noviembre ha generado el 44 % y 31 % de energía.

La CENACE expuso que durante el mes de octubre la producción de electricidad fue del 66 % y Coca Codo Sinclair aportó con el 29 % de energía al campo hidráulico, lo cual es equivalente a 487.852 MWh, más de la cuarta parte de la energía en el Ecuador.

Las críticas a Coca Codo Sinclair

La Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair de 1500 MWh de potencia se encuentra ubicada en las provincias de Napo y Sucumbíos. Inició su construcción en julio de 2010 y fue inaugurada el 18 de noviembre de 2016, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.

»El proyecto de Coca Codo Sinclair ha sido extremadamente politizado y técnicamente muy mal manejado (…) ¿Qué sería del país sin esta hidroeléctrica?», dijo el exministro de electricidad, Esteban Albornoz. a Radio Pichincha.

En varias ocasiones el ministro de energía, Fernando Santos, ha manifestado que esta obra es una desgracia y que fue un error construirla. »Esta central es un modelo de cómo no debe hacerse una central hidroeléctrica», dijo en entrevista para La Barra Espaciadora en enero del 2023.

Del otro lado, el mismo jefe ministerial admitió que sin esta central hidroeléctrica la situación energética del país sería crítica. Actualmente, el Gobierno ecuatoriano y la empresa contratista de la obra Sinohydro siguen en la negociación de una solución a los problemas que han impedido la recepción oficial de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. (AGM).

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“¡Así es la vida! Llena de accidentes. No se pudo prever la intensidad de la crisis, lo que podemos es minimizar el tiempo que dure”, dijo en entrevista para FM Mundo.

De acuerdo con el ministro, el gobierno no tiene inteligencia artificial para pronosticar lo que iba a suceder. Para otros analistas este medida se pudo evitar y era necesaria la declaratoria de emergencia al sistema eléctrico un año atrás. Por su parte, Santos aseveró que el estiaje se adelantó tres meses, que ahora existe más demanda y que Colombia tiene limitaciones para vendernos energía.

“Ahora no puedo ir con una pistola donde el ministro de Colombia y decirle que nos venda energía, son circunstancias impredecibles que tratamos de corregir en el menor tiempo”, agregó.

El jefe ministerial admitió que el Estado no tiene dinero y que la única solución es la inversión privada, pero puede tomar tiempo. Para dar algo de »esperanza» mencionó que el déficit de energía es solo del 10 % y que no están dejando en tinieblas al país. (AGM).

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»No alcanza la generación para cubrir la demanda» dice el ministro de Energía, Fernando Santos en rueda de prensa.

Señaló que cada empresa eléctrica gestionará el racionamiento de energía sin que exista graves afectaciones. La suspensión del servicio durará alrededor de cuatro horas en el día, en la Sierra y Amazonía, y tres horas en la región Costa. Durante la noche y la madrugada no habrá cortes por la inseguridad en el país.

Los cortes de luz serán continuos durante la mañana o en la tarde, es decir, no se distribuirán por horas, aclaró el director del operador nacional de electricidad Cenace, Gabriel Argüello.

Se prevé que esta medida termine a mediados de diciembre. Santos resaltó que si son más constantes las lluvias las condiciones del servicio eléctrico mejorará. (AGM).

Gerente General de @CELECEPOficial, Gonzalo Uquillas: "Todas las centrales de CELEC están disponibles para despachar Electricidad. El lunes entrará a operar la Central Termoesmeraldas, lo cual aportará con 125 MW adicionales para el sistema energético". pic.twitter.com/yGnwp56scy

— Ministerio de Energía y Minas Ecuador (@RecNaturalesEC) October 26, 2023

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La energía en el país es subsidiada por lo que este beneficio está dirigido a la población en general, pero también a las grandes empresas privadas del sector industrial, incluidas las petroleras y mineras, que consumen un gran porcentaje de electricidad en el país.

Actualmente, el país atraviesa una temporada de estiaje por lo que desembolsa más dinero para obtener energía. En medio de esta crisis, las grandes compañías mantienen la tarifa subsidiada que va desde los 0.05 ctvs hasta los 0.09 ctvs por kWh. Del otro lado, las familias pagan de 0.09 ctvs hasta 0.12 ctvs el kWh.

De acuerdo a una investigación del portal digital Plan V, el ministro de Energía, Fernando Santos, se habría reunido con representantes del sector industrial para asegurarles que Energía no aumentará las tarifas a ese sector mientras él se mantenga en su cargo.

Los lujos de un barco hundido

Mientras la élite empresarial mantiene estos beneficios, el gobierno le compra energía a Colombia por 0.57 ctvs el kWh, este valor no llega ni a la cuarta parte de lo que pagan varias empresas. De hecho, este precio es 12 veces más caro de lo que cuesta en el país, incluyendo la amortización de inversiones, según el ingeniero Jorge Hidalgo, experto en temas energéticos.

»Si Colombia nos vende mañana a un dólar el kWh le compramos, porque no existió una planificación adecuada para enfrentar esta situación», dijo en entrevista para Radio La Calle.

El ministro Santos reconoció que el país gasta USD 30 millones a la semana en la adquisición de energía. La temporada de estiaje dura alrededor de tres meses lo que implica un desembolso de USD 500 millones al país vecino. Este hueco económico será la herencia para el siguiente gabinete de Estado.

Según el último balance energético nacional, el consumo de energía a nivel nacional está distribuido de la siguiente manera; 42.2 % el sector industrial; 29. 5 %, el sector residencial; el 25.9 % , servicios públicos y sector comercial; el 0.1 % el transporte; y el 2.3 % otros.

El panorama actual

La época de estiaje y la venida del fenómeno del niño serán los principales problemas para el abastecimiento de producción de energética a nivel nacional durante los próximos meses. Hidalgo resaltó que el gobierno tuvo dos años para preparar un plan de contingencia ante estas alertas que ya se preveían.

Por otro lado existieron errores que no se corrigieron a tiempo. Por ejemplo, en el caso de Termogas Machala, el suministro de gas natural ha ido disminuyendo considerablemente en los últimos seis años, sin que Petroecuador ponga en marcha acciones correctivas.

La escasez de recursos económicos para inversión en el Campo Amistad provocó que la planta Termogas Machala funcione a solo a un tercio de su capacidad.

La situación llegó al punto de que la central se vea forzada a usar diésel en lugar de gas natural, un relevo caro para el país, sobre todo ahora en la época de estiaje en donde existe un deficiencia en el funcionamiento de las hidroeléctricas.

Hidalgo resaltó que al final de cuentas los productores de diésel serían los más beneficiados. Ahora generar energía desde la plantas termoeléctricas es más costoso por el uso de fuel oil, el promedio de kWh unos 0.12 ctvs a diferencia de las hidroeléctricas en donde regularmente el costo es de 0.04 ctvs a 0.06 ctvs por kWh. (AGM).

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Santos señaló que debido a este aumento «desconectaron la energía en zonas de mayor demanda para evitar un colapso más grande». Un día antes el secretario de Estado aseguró que la electricidad en el país estaba «a salvo» y que todo se trataría de un desfase que fue controlado.

De acuerdo a él, los cortes duraron unos minutos y la conexión se reestableció de manera paulatina. Sin embargo, ciudadanos denunciaron en redes sociales que el apagón duró al menos dos horas.

«Las empresas tuvieron que bajar un poquito el porcentaje de electricidad, pero ya todo estuvo bien», mencionó para Primicias.

Además, argumentó que el suministro energético que llega desde Colombia se mantiene «intacto». También, explicó que el país colombiano continuará vendiendo los 400 megavatios de energía y desde el viernes Perú entregará 40 megavatios.

Qué mismo…

Luego de que Santos anunciara los cortes de energía, lo desmintiera e hiciera una rueda de prensa para «aclarar» la situación, llamó a los ecuatorianos a «mantener la calma».

«El país puede estar seguro (de) que no habrá apagones, ha sido un problema puntual que esperamos no se repita”, dijo.

Por otro lado, el 7 de enero del 2023, el funcionario pidió a los ecuatorianos que recen a Dios para que llueva en el país y no se generen otros apagones.

“Dar una respuesta categórica es muy difícil, porque depende de Diosito que nos mande aguas. Pero yo diría, en el caso extremo, que no va a haber apagones. Se están tomando las medidas desde el Ministerio”, explicó en entrevista para Notihoy.

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Lasso entregó a la CC el primer decreto-ley, la reforma tributaria, tras activar la muerte cruzada. Se pretende que la Corte evalúe, analice y acepte la reforma económica.

Según, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemana, el Gobierno emitirá nuevos decretos ejecutivos que ayuden a mejorar la «situación de las familias ecuatorianas«. De la misma manera, hizo énfasis en que todo lo que tenían planeado hacer en dos años se resolverá en seis meses.

El artículo 148 de la Constitución establece que hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el jefe de Estado podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, puede expedir decretos-ley de urgencia económica.

Reforma Tributaria

La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar (Lefam), fue presentada por el Estado, como un beneficio que recibirán cerca de 340 mil familias. El proyecto supuestamente reduciría el impuesto a la renta de los ecuatorianos y deducirá los gastos personales de USD 15,294.

Lasso y Arosemena, se negaron a dar de baja a la ley porque, según ellos, respondía a aspectos inconstitucionales y demagógicos. Ahora se espera que la ley pase el filtro de la CC para ser ejecutado.

Reforma Laboral

Para el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, «el presidente va a aprobar leyes que no fueron tratadas por la Asamblea«. Una de ellas, es el proyecto laboral que fue entregado al Legislativo en 2021.

El paquete de reformas laborales que se presentó, no contemplaba el respeto a las ocho horas diarias de trabajo, sino que proponía dividir las 40 horas a la semana. Asimismo, se ofrecía un sistema de contratación indefinido.

«Yo también voy a recomendar el decreto, y como todo proyecto tiene que ser revisado, aclaró antes de ingresar a la reunión con todo el Ejecutivo.

¿Reforma en el sector de eléctrico?

El ministro de Energía, Fernando Santos, dijo que los decretos que se van a aprobar es para acelerar los plazos que lamentablemente la «maraña burocrática y la desidia de infiltrados correistas han impedido«. El funcionario acotó que el sector privado debe ser el que impulse a la sociedad.

«El sector privado debe ser el que impulse el sector energético, en el de comunicaciones, el de obras públicas. Se dará mayor cabida al sector privado para sus nobles fines», reiteró. (DCJ)

Video: @patop12

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La instalación presenta un hundimiento de tierra que ha pasado de 70 centímetros en 2019 a más de un metro en 2023. La producción de la planta se distribuye en un 85% a la industria de la cerámica y también a más de 3.000 habitantes de las comunidades aledañas al cantón El Guabo.

El ministro de Energía, Fernando Santos, anunció el cierre de la planta con la finalidad de evitar una desgracia. «Cerramos esta planta, mal construida, mal operada y mal reparada, porque representa una bomba de tiempo», dijo para Ecuavisa.

Sin embargo, el expresidente Rafael Correa, en 2017, aseguró que todas las deficiencias en la construcción fueron detectadas en su gobierno. Según el exmandatario, este no es un caso nuevo, sino que el Gobierno y la prensa lo «reinauguran».

«Se demandó penalmente a la contratista española ROS ROCA y se detuvo al gerente ecuatoriano», aclaró Correa. Además, agregó que los contratistas españoles se fugaron.

El juicio contra Ros Roca

Petroecuador ganó el juicio contra la empresa Ros Roca, encargada del funcionamiento de la planta de licuefacción de gas Bajo Alto en 2016. Ecuador demandó a la empresa por daños y perjuicios tras paralizar la planta por ocho días.

La suspensión en la instalación fue por fugas de gas a través de grietas que presentaba el lugar. La juez encargada del caso determinó que “el contratista de Ros Roca no elaboró un diseño adecuado a las condiciones y características del terreno en donde se implantó el proyecto“, recogió El Universo.

Mantenimiento de la planta

En enero de 2019, en el Gobierno de Lenín Moreno, el consorcio ICC-Tecnatom (España) realizó una evaluación técnica en la planta. El resultado fue que en el sitio había hundimientos por problemas de asentamiento de las tierras sobre las cuales está construida la instalación.

Para agosto de 2020, el Estado confirmó que tras 25 días se realizó la limpieza, revisión y cambio de equipos en la planta de gas. El exgerente general de Petroecuador manifestó que los trabajos permitirían recuperar la integridad y confiabilidad de la planta. (D.C.)

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