Abogados de Glas y Serrano reaccionan

La tarde del viernes 27 de junio, el condenado Daniel Salcedo llegó al Complejo Judicial Norte de Quito acompañado de un fuerte resguardo policial para rendir su testimonio sobre el asesinado de Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. Dos años después, la Fiscalía General del Estado retoma las investigaciones para dar con el o los autores intelectuales del magnicidio, en cooperación eficaz. Salcedo habría mencionado montos y nombres ante un juez y un fiscal, desde la cámara Gesell. Después de la diligencia, los abogados de Jorge Glas y José Serrano dijeron ante los medios de comunicación que sus clientes no tienen ningún rol de participación. Dámaris Cáceres, abogada del exvicepresidente, aseguró que su defendido no habría sido mencionado de manera directa en el testimonio y que los señalamientos a exautoridades de gobiernos pasado han sido muy escuetos, según las declaraciones publicadas en el medio El Dato.

Por su parte, el abogado del exministro del Interior indicó que no existen pruebas de que su defendido esté involucrado en el caso a pesar de que se ha dicho que se presentarían en la diligencia. Esta versión se encontró en el medio digital El Portal.

Diligencia reservada

Ante estas declaraciones, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado oficial donde advirtió el inicio de acciones legales contra las personas que hayan difundido información catalogada como reservada, puesto que el testimonio constituye una diligencia a la que únicamente tienen acceso los sujetos procesales.

Sin embargo, cuatro meses después del crimen, la exfiscal ya anunciaba sus sospechas de Javier Jordán como uno de los involucrados. En una entrevista en el medio Teleamazonas, de diciembre de 2023, la exfiscal Diana Salazar dijo que en conversaciones de chats, de mayo hasta octubre de 2022, se revelaba una con Jordán en la que presuntamente solicitó fotografías, documentos, contactos y nombres de personas cercanas a Villavicencio.

También señaló que la información que se filtró del político provenía de bases de datos de la función pública, como ubicación desde el ECU 911, coordenadas, tarjetas de filiación, fichas y otras, que solo tenían acceso determinadas personas. “Imagínese que tenían a la mano todo lo necesario para cuando Fernando se les perdiera”, aseguraba la titular de la Fiscalía cuando aún estaba en funciones.

¿Hubo financiamiento y un financista?

Las declaraciones de ambos abogados coinciden en que Salcedo habría señalado que el asesinato de Villavicencio fue financiado con sumas de 20.000, 30.000 y 200.000 dólares pero que, ninguno de estos recursos representaría necesariamente momentos de pagos. Los periodistas mencionaron el nombre de Javier Jordán como el presunto financista, sin embargo, ninguna de las partes confirmó el nombre e indicaron que esta información está en la investigación de la Fiscalía.

Entre los nombres que se habrían mencionado de forma indirecta en el testimonio de Salcedo, estarían el del empresario Javier Jordán, así como el de un exministro identificado como “Pepe”, que algunos relacionan con José Serrano. También se habría afirmado la participación de actores cercanos a un movimiento político, aunque sin acusaciones directas ni documentación verificable. Estas menciones han generado una nueva ola de tensiones políticas y mediáticas.

¿Rumores, especulaciones o verdad a voces?

Desde los espacios virtuales, tanto actores políticos como ciudadanos han cuestionado que este proceso podría estar siendo manipulado con fines políticos, especialmente por figuras públicas que buscan vincular a un movimiento político sin pruebas sólidas.

Sin embargo, el testimonio de Daniel Salcedo deja en evidencia las tensiones entre justicia, poder y verdad. Mientras se mencionan o rumoran nombres que generan ruido político y mediático, las defensas insisten que se trata de acusaciones infundadas y esperan que la investigación sea transparente.

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Impacto en redes y opinión pública

Andrea González Nader se consolidó como una de las protagonistas del debate presidencial según múltiples usuarios de la plataforma X, quienes la consideraron la ganadora del bloque dos en el debate. Su participación destacó por acusaciones directas al correísmo, como su señalamiento de un supuesto pacto del socialismo del siglo XXI con las FARC para utilizar el mar ecuatoriano en el tráfico de estupefacientes. Esta intervención captó la atención del público y muchos consideraron que superó el desempeño de Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana.

La experta en comunicación, Caroline Ávila, señalo que: “En ese bloque el remolino de Andrea González terminó opacando los intentos de los otros candidatos de conquistar la atención. La candidata apuntó al voto anticorreísta e intentó desgastar o al menos distraer con sus ataques a la candidata del correísmo”.

Propuestas y contradicciones

Andrea González, quien se presenta como una líder ambientalista, incluye en su plan propuestas claras como diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de combustibles fósiles y promover la sostenibilidad ambiental. Además, plantea generar empleo en el sector verde como parte de una estrategia para impulsar un desarrollo económico sostenible.

Sin embargo, su postura sobre temas ambientales ha generado contradicciones que cuestionan la profundidad de su manejo del tema. Lupa Media, un medio especializado en periodismo de investigación, expuso que la afirmación de Gonzáles Nader, acerca de que la desaparición de la cascada San Rafael fue causada por la construcción de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair (durante el gobierno de Rafael Correa) fue «imprecisa». Pero según el consultor ambiental Emilio Cobo que no es posible verificar esta hipótesis, ya que no se realizaron los monitoreos hidrogeológicos necesarios en el río ni en la estructura de la cascada.

¿Qué dicen los números y los expertos?

Andrea González Nader tuvo un gran impacto en las redes sociales tras el debate presidencial, destacando en X por su amplia aceptación entre las audiencias anticorreístas. Según Alondra Enríquez, consultora político-digital, este impulso puede ser decisivo si González toma las decisiones políticas adecuadas. Además, datos de Google revelan que fue la candidata más buscada tras el debate, con 10,000 usuarios interesados en conocer más sobre ella.

Según el Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (CIEES), Andrea González obtuvo el primer lugar en el segundo grupo del debate con un 42,16 % de aceptación, superando a Luisa González (31,317 %) y Leonidas Iza (13,73 %), sin embargo, a nivel general se ubicó en tercer lugar con un 19 %. Daniel Noboa lideró con un 35 % y Luisa González le siguió con un 28 %. Este contraste evidencia que, pese a su exposición mediática y consolidación como figura anticorreísta, aún enfrenta retos para convertir la atención en apoyo electoral sólido. Y a nivel global, ocupó el tercer lugar en la percepción de quienes ganaron el debate alcanzó un 19%, superada por Daniel Noboa con 35%, Luisa González con 28%.

Stephanie Macías, estratega en comunicación, advirtió sobre los desafíos de transformar atención en votos: “Una cosa es que te haya llamado la atención su performance; otra, muy distinta, es que haya conectado contigo y le des el voto”.

Andrea González y Fernando Villavicencio

Andrea González, quien fuera candidata a la vicepresidencia y compañera de fórmula de Fernando Villavicencio en las elecciones de 2023, se enfrenta al desafío de darle continuidad a los planteamientos de su binomio tras el trágico atentado que acabó con la vida de Villavicencio el 9 de agosto de 2023. Ambos comparten la visión de que la Constitución de 2008 necesita reformas profundas para fortalecer la institucionalidad en Ecuador, aunque sus enfoques divergen.

¿Qué propone con el ofrecimiento de cambiar la Constitución?

Villavicencio proponía retornar a la Constitución de 1998, argumentando que esta ofrecía una base sólida para el desarrollo del país y representaba un modelo más equilibrado en términos institucionales. En contraste, González plantea la redacción de una nueva Constitución mediante un consejo de expertos plurales que incluya perspectivas de izquierda, derecha y academia, inspirado en el modelo de 1976. Su enfoque busca evitar ideologías extremas, priorizar el crecimiento económico y mantener los derechos de la naturaleza de manera más práctica.

Mientras Villavicencio apostaba por recuperar un marco jurídico ya existente, González propone un texto completamente nuevo que sería sometido a consulta popular, marcando así una diferencias.

Lo cierto es que Andrea González deberá convertir la atención mediática en respaldo electoral concreto, siendo esto el punto más complejo de lograr durante su campaña, según varios expertos.

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El evento se llevará a cabo el próximo 4 de diciembre en el Museo Americano de la Diáspora, en Miami, EE.UU. en donde Villavicencio será declarado «Héroe de la Democracia». El galardón será recibido por sus hijas Amanda y Tamia Villavicencio al ser una condecoración post-mortem.

Previamente, este 3 de diciembre las hermanas Villavicencio presentarán su libro “Fernando: una golondrina que sí hace verano” en el Instituto de la Democracia a las 17h00, en Miami.

¿Cuál es el premio George Washington?

Este premio otorgado en EE.UU maneja diferentes ámbitos de reconocimiento, entre los que se encuentran:

• Historia y preservación del patrimonio: Por contribuciones al estudio o conservación de la historia estadounidense.
• Educación cívica: Por fomentar la participación ciudadana y los valores democráticos.
• Servicio público: Por logros destacados en beneficio de la sociedad.

Los polémicos chats de Villavicencio

Entre los presuntos chats encontrados en el celular del ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio se encuentran conversaciones con la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Allí se encuentran envíos de documentos reservados y capturas de diálogos con otras autoridades del Estado.

La cabeza de la Fiscalía también le envió una captura de pantalla de una conversación con Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre una amenaza de allanamiento por una denuncia de fraude en la segunda vuelta de las elecciones 2021 entre Yaku Pérez y Guillermo Lasso.

Otras conversaciones dan cuenta de un pedido de Villavicencio a la fiscal para que le “dé una mano” en una denuncia en su contra que presentó el exasesor Santiago Cuesta. También, Salazar informó a Villavicencio de que en el caso Singue, el tribunal fallaría 2 a 1 a su favor.

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Salazar envió un documento reservado de la transcripción de un audio que estaba en investigación previa. La fiscal le dice a Villavicencio: “No para publicar, es IP. Sólo para usted. Si lo publica es delito”.

La cabeza de la Fiscalía General del Estado también le envió una captura de pantalla de una conversación con Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre una amenaza de allanamiento por una denuncia de fraude en la segunda vuelta de las elecciones 2021 entre Yaku Pérez y Guillermo Lasso.

Otras conversaciones dan cuenta de un pedido de Villavicencio a la fiscal para que le “dé una mano” en una denuncia en su contra que presentó el exasesor Santiago Cuesta. También, Salazar informó a Villavicencio de que en el caso Singue, el tribunal fallaría 2 a 1 a su favor.

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Iniciado el juicio el 25 de junio, la fiscal Hidalgo contextualizó los hechos del asesinato de Villavicencio, seguido de esto, expuso a Carlos Angulo y Laura Castillo Cómo miembros de «Los lobos», en esta primera participación rindieron testimonio familiares del ex asambleista.

En respuestas la acusación hacia Laura Castillo, la abogada indico que su participación en la teoría de la fiscal era ambigua y las pruebas inadecuadas.

El abogado de Erick Ramírez y Víctor Flores, sostuvo que sus clientes no tienen grado de participación alguno, y que la acusación hacia ellos sería el resultado de relevar la inoperancia de la Policía Nacional en el resguardo de Fernando.

El abogado de Carlos Angulo, habló sobre el teléfono de su cliente calificando aquella evidencia como «contaminada» por no seguir adecuadamente el proceso de custodia, asimismo, aseguró que no había prueba directa que lo vincule, y las presentadas serían evidencias periféricas no probatorias.

El primer testigo fue Carlos Cobeña, Mayor de Policía, quién describió los hechos y se refirió a la grabación que captaron las cámaras de una panadería aledaña. Se identificó a Ramiro C., José L., y Jules C., asesinados en el proceso de investigación.

El segundo testigo fue el Capitán de la Policía, Fabricio López, quién estuvo a cargo y dio detalles sobre el levantamiento de cadáver tanto de Fernando como del sicario fallecido en las instalaciones de la fiscalía. De igual manera, al ser parte del operativo en Monjas en donde se capturaron y decomisaron evidencias, extendió su testimonio.

Finalmente el testigo protegido, José Patricio A.M., dijo haber trabajado con Alias el Chino, quién lo habría amenazado de muerte si es que «la vuelta se caía». El juicio se reinstaló para el 26 de junio.

Día 2

En el segundo día del juicio, el cabo de policía Darwin A., indicó que el Teniente Coronel Andrés S., llevó directamente a la fiscalía al sicario herido al considerarlo «de alta peligrosidad», lo que causó su deceso al no tener atención médica inmediata.

Marco Andrés G., Teniente de Policía, dio testimonio de las pruebas encontradas en los dispositivos móviles de los aprehendidos así como en sus objetos personales. Rolando C., Capitán en la Unidad Contra el Tráfico y Consumo Interno, habló sobre la captura de los sospechosos.

Danny S., Capitán de Policía, habría sido quien interceptó la motocicleta y el vehículo con alertas de robo, en donde se capturó a Laura Castillo y Víctor Flores.

Nathalia Salazar, abogada de las hijas de Fernando, informó que amenazaron a sus clientes por medio del chat de la plataforma virtual. «Tania te queremos» fue el mensaje que, según Salazar habría dejado Carlos Angulo, alias «Invisible», enseguida la abogada solicitó medidas para proteger a sus clientes.

El mismo día de la segunda audiencia, la FGE, informó por medio de su cuenta de X, que esta se suspendía para retomarse el 1 de julio, fecha en la que se tomaron testimonios de dos miembros de la policía: Cristian C. Y Luis C., el primero aseguró haber adoptado las medidas pertinentes en la seguridad de Fernando y señaló supuestas amenazas de asambleistas y de alias «Fito» en días anteriores.

El segundo testigo, Luis C., Cabo primero de Policía, sostuvo que no pudo arrancar en el momento del ataque ya que habían personas frente a la camioneta. Una atacante se acercó a la Camioneta a disparar varias veces y Luis C. lo controló en el piso.

Dentro de los testimonios también se llamó a Patricia B., Guissela M., José P., Gloria L., Ruth C., y Daniel F., víctimas colaterales del ataque, quienes señalaron lo que habían vivido.

Día 3 y 4

La tercera audiencia se suspendió con la comparecencia de 16 testigos y 2 peritos. En la cuarta audiencia, el 2 de julio, se escucharon 19 testigos llamados por parte de Fiscalía.

Alejandro Tamayo, quién realizó la inspección ocular indicó que se encontraron un total de 65 vainas calibre 9mm, 3 calibre 223, 9 cartuchos y 6 balas deformadas. Además presentó las imágenes de la autopsia en donde reveló que Fernando tenía dos heridas por impacto de balas, en la región parietal izquierda y en la frontal derecha. En el vehículo se encontraron 14 orificios.

El analista de Dinased, Alejandro P., expuso el análisis de 8 mil llamadas con relación a los procesados, desde varios números, durante el crimen y los allanamientos.

Día 5

En el quinto día de audiencia se receptaron testimonios de 14 peritos por parte de fiscalía, los cuales se dedicaron a reconstruir los hechos del 9 de agosto de 2023. Luis Miguel T., experto en coregsmiento fisionómico analizó las imágenes de 6 personas en el celular de los procesados para identificar a Neydar L. y a Andrés M.

Otro dato importante surgió del testimonio de Sergio G., subteniente de Policía, quién identificó la celda de Carlos A., por medio de modificaciones y características únicas. Esta tenía el doble de diámetro, ventanas rectangulares, baño y se dividía en dos ambientes.

Día 6

El 4 de julio, día en donde se llevó a cabo el sexto día de audiencia se analizaron los dispositivos incautados en el sector de Monjas en donde se expusieron fotos, vídeos y la ubicación de los mismos.

La ubicación señalaba que el dispositivo se ubicaba en el lugar del crimen un día antes del suceso. De ese mismo dispositivo se evidenciaron videos en donde se destruyen dos teléfonos, fotos de Fernando. A ello se suman fotos de un hombre haciendo la característica señal de la banda Los Lobos en 21 de julio de ese mismo año.

Día 7

En el séptimo día se presentaron pruebas desde un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) en donde Laura Castillo registraba ingresos por USD 82 581 desglosados en transferencias por de USD 67 816 y depósitos de USD 12 765.

Además, se sostuvo el posible caso de omisión dolosa desde los altos miembros de la Policía. En el testimonio de Cristian Cevallos, jefe de la cápsula de seguridad de Villavicencio, notificó que solicitó armamento, vehículos y medios de comunicación para la protección del candidato, pero el pedido no se atendió.

Los altos mandos no informaron de atentados, según dice Cevallos. Al no tener respuestas de la Dirección General de Inteligencia, decidió hablar con César Zapata. Este último no pudo dar una fecha para el envío de los implementos y estos llegaron el 10 de agosto, un día después del asesinato.

Se convocó a más de 200 personas, sin embargo no todos pudieron rendir versión. La fiscal Hidalgo presentó 42 pruebas, de las cuales 23 se incluyeron en el expediente. La viuda del ex candidato señaló «novamos a descansar por su memoria».

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Alexander Chimbo, Víctor Flores y Erick Ramírez recibieron una pena de 12 años. Desde la red social X las hijas de Villavicencio se pronunciaron, Tamia indicó que seguirán en la búsqueda de los autores intelectuales, mientras que Amanda indicó «Necesitamos conocer toda la verdad y que esto no se vuelva a repetir. Tras la finalización del juicio, les mostramos una recopilación de los hechos.

Los hechos

El 9 de agosto de 2023, asesinan al excandidato presidencial, Fernando Villavicencio al salir de un mitin político, en Colegio Anderson al centro norte de la capital. La Policía detuvo a seis personas e incautaron armas de fuego, vehículos y explosivos. El séptimo implicado resultó herido, lo que causó su deceso en las instalaciones de la Fiscalía. Días después, se dispuso la liberación de dos detenidos.

El ejecutivo convocó de emergencia al gabinete de seguridad. Declaró estado de excepción por 60 días y solicitó ayuda al FBI para la investigación del asesinato del ex candidato. Patricia Villavicencio, hermana de Fernando, responsabilizó al gobierno de Guillermo Lasso y al Ministro del Interior Juan Zapata, señalando que el gobierno “no quería que destape la corrupción”, y calificando de complot el asesinato.

Luego de tres días del crimen, trasladaron a «La Roca» a Adolfo Macías, Alias “Fito”, líder de la banda “Los Choneros”. El excandidato, días antes a su muerte, habría recibido amenazas por parte de grupos criminales ligados al cartel de Sinaloa.

Audiencia privada

El 18 de agosto, la jueza a cargo del caso autoriza una audiencia privada en donde se examine la información de tres tablets, trece celulares y un dron incautados en los allanamientos. A su vez, la Fiscalía dispone se abra una investigación interna en la Policía Nacional, así como la presentación del informe de protección al ex candidato.

Galo Valencia, tío de Villavicencio, asistió a la fiscalía, junto con la hermana, hijas y viuda de Fernando, el 28 de agosto, en dónde resonó el cuestionamiento acerca del paradero del celular del ex candidato.

Allamientos

Casi un mes después del crimen, la noche del 7 de septiembre, Fiscalía ejecutó allanamientos que resultaron en dos capturas y cuatro órdenes de detención en la cárcel del Inca. De este modo, en el primer mes se vincularon a 13 personas al asesinato. Bajo la idea de Fiscalía que la orden de liquidar a Villavicencio se realizó por medio de llamadas de WhatsApp, desde el teléfono de un recluso en la cárcel de Cotopaxi.

Frente a la expectativa de resultados que pudiera arrojar la Fiscalía en el primer mes, los asambleístas por el movimiento Construye, exigieron respuestas y anunciaron la formación de una comisión en la Asamblea Nacional, que investigue el crimen de Villavicencio. A la exigencia también se sumó el movimiento Revolución Ciudadana, entre otros asambleístas.

El celular de Villavicencio y el FBI

Sobre el teléfono celular de Fernando, Galo Valencia declaró que la hija del excandidato, Amanda, lo habría recibido de César Gonzaga (escolta y amigo de Villavicencio) para después arrojarlo al río Tomebamba en la ciudad de Cuenca, declaraciones que Amanda no desmintió. Sin embargo, Verónica Sarauz, indicó que habría entregado el celular al FBI.

Cerca de finalizar el mes de septiembre, el FBI ofreció USD 5 millones, para quien diera información del asesinato del ex candidato. Días después, el 2 de octubre, Michael Fitzpatrick, Embajador de EEUU, informó que registraron llamadas y correos que ayudarían a recabar pistas.

El 3 de octubre, la FGE ordenó la revisión de los teléfonos del ex candidato de Construye, Christian Zurita, del asambleísta electo, Patricio Carrillo. También el de Carlos Figueroa, médico y amigo de Fernando y Antonio López Cobeña, gerente de la campaña de Construye.

Las discrepancias sobre la importancia del teléfono de Villavicencio en el caso se extendieron. Christian Zurita insistió que no se debía hacer pública la información ni hacer parte de la investigación el dispositivo. De ser el caso, “se destruiría la reputación de Villavicencio”.

Asesinato de los autores materiales

El 6 de octubre, asesinan a los siete reos colombianos, los presuntos autores materiales en el caso Villavicencio. Cabe destacar que, en los teléfonos de los investigados se encontraron llamadas desde la cárcel de Latacunga, que tenía el control de la banda delincuencial “Los Lobos”.

En un comunicado de la FGE, el 8 de octubre, se informó del testimonio anticipado de un testigo protegido, quien narró los preparativos y el monto ofrecido por los autores intelectuales. Zurita responsabilizó al gobierno del expresidente Rafael Correa e indicó que el monto ofrecido por la muerte de Villavicencio fue de USD 200. 000.

Frente a estas acusaciones, el expresidente indicó “Se lo dijimos: asesinan a Villavicencio, retrasan un mes la indagación previa, matan a todos los sicarios excepto a uno, a quien tienen en un cuartel militar y lo hacen acusarnos el 10 de octubre, cinco días antes de las elecciones. Cualquier cosa con tal de impedir nuestra victoria”, y catalogó el testimonio como “un tremendo fraude procesal”.

Audiencias que se suspendieron

Tras 90 días de recolección de pruebas, la FGE cerró la etapa de instrucción fiscal. Se realizó el llamamiento a juicio para el día 29 de noviembre, en la Unidad Judicial Penal. No obstante la audiencia se aplazó al día 19 de diciembre por pedido de procesados. Por segunda vez al día 6 de febrero de 2024 “a causa de artimañas de los abogados”, según indicó la Fiscal Diana Salazar.

Mientras tanto en la asamblea se formó la comisión que investigaría el caso, con el fin de realizar seguimiento a las instituciones públicas. La comisión la conformaban dos asambleístas de ADN, dos del movimiento Construye y uno de Pachakutik, Revolución Ciudadana y el PSC. Cabe destacar que no pudieron comenzar su trabajo sino hasta un mes después a causa de falta de presupuesto para la asignación de un secretario.

La FGE también difundió chats de Leandro Norero, quien “tenía la mirada sobre el candidato” por la difusión de la foto de la piscina publicada el 28 de mayo de 2023. Según Diana Salazar, este mantenía conversaciones con Xavier J., Xavier N., Mayra S., y Ánderson B. En dichas conversaciones se comprometía a “resolver” para evitar la difusión de información.

Al finalizar el mes de enero y a puertas del inicio de la audiencia, Zurita sustentó que el teléfono de Fernando Villavicencio se encontraba en fiscalía, y que su intención siempre fue cuidar la filtración de información de «las pruebas más importantes»

Antes de la audiencia, dos de los seis procesados cambiaron de abogados, lo que provocó una nueva postergación. Se aplazó para el martes 27 de febrero, indicando que «no se aceptarán más dilataciones».

Audiencia preparatoria del juicio

Según Fiscalía, la orden de asesinar a Villavicencio llegó desde el grupo «Los Lobos» en un mitin político pasado en Santo Domingo. Fue Carlos Angulo, alias «invisible», quién enviaría la señal al sicario que acabó con la vida de Fernando.

Fue así como el 27 de febrero, la fiscalía llamó a juicio a 6 personas, de los cuales, uno (Oscar Fierro) recibió el sobreseimiento. Ana Hidalgo, fiscal que lleva el caso, acusó de coautora del crimen a Laura Castillo, encargada de la logística, pues, según Fiscalía, fue quien se reunió y proporcionó vehiculos, armas, municiones e incluso camisetas con el logo del partido de Villavicencio.

La audiencia habría durado cerca de diez horas, por lo que la jueza Irene Pérez solicitó volver a juicio el día 28 de febrero. Los 6 implicados fueron: Carlos Angulo, supuesto autor; Laura Castillo, alias «La flaca», coautora; Johan Castillo, autor material y fallecido. Érick Ramírez, Víctor Flores y Elizabeth Chimbo aparecen como cómplices.

En la versión del testigo protegido, José Patricio A.M., se recabó que a la cabeza de la operación se encontraba alias «Invisible» y alias «Chino». Este último quería el mérito del asesinato. El testigo señala su intención de llamar a la policía antes del crimen. Su pareja, Laura Castillo, lo persuadió, ya que, según su relato «ya tenían comprados abogados y fiscales». La motivación para asesinar al candidato, además del dinero, también era «subir de rango». De acuerdo con el testimonio, quienes hagan el trabajo tenían derecho a «medio Quito y a las cárceles».

Mientras tanto, la investigación sobre el teléfono de Fernando Villavicencio, a diferencia de las declaraciones de Zurita, seguía a cargo del FBI, según la fiscal Hidalgo. Asegurando que no puede revelar detalles de lo encontrado en el dispositivo. «Es una investigación previa que tiene garantías de reserva», sostuvo frente a la comparecencia en la Asamblea.

La nueva audiencia sobre el caso Villavicencio se fijó para los días 8 y 9 de abril. Se postergó a pedido de Alexandra Ch., por cambio de abogado, a los días 13 y 14 de mayo. Esta última fecha también se postergó hasta el 25 de junio, por motivo de solicitud de uno de los abogados defensores.

El 20 de junio, familiares, simpatizantes y allegados de Villavicencio organizaron un plantón para exigir agilidad en las investigaciones del caso. También criticaron el accionar de la comisión de investigación de la asamblea.

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«Pero ojo quienes asesinaron a FV (Villavicencio) fueron Los Lobos», es la primera declaración que hace Aleaga acerca de sus chats con la Fiscal. Es frase la habría escrito la funcionaria al respecto del crimen contra el excandidato presidencial. El exasambleísta alega que «tan pronto se dio el crimen, ella se enteró que fueron Los Lobos».

Según la narración de Aleaga, la fiscal habría mencionado que «A mí me dijeron el lunes en la noche en la casa del embajador, salí y pedí a la fiscal hacer todo para la cooperación, pero los mataron. Ellos saben que sí ustedes (presuntamenta la RC) ganan, todo queda ahí». De acuerdo con Aleaga, la Fiscal General manipuló la información del asesinato de Fernando Villavicencio para «sus fines oscuros y turbios».

Más conversaciones

El exlegislador se refirió a otra conversación – el 4 de febrero de 2024 – en el contexto del caso Metástasis sobre los chats entre alias La Negra y El Ruso. La fiscal pregunta «¿A Mayra Salazar le decían la negra?». Aleaga dice que «mmmm a Mayra Salazar, creo que sí y gordita también porque como ella trabajaba con F Gallardo y era súper blanca. Me imagino así la llamaban».

Según Aleaga, la fiscal empezó a posicionar que alias la negra no era ella, sino Mayra Salazar. Según el exasambleísta, existen 1.500 conversaciones con la fiscal que están periciadas por una agencia de los Estados Unidos. Por el momento, Aleaga salió del país y su paradero no se conoce.

La respuesta de la Fiscal

Salazar respondió al video de Aleaga en su cuenta de X con una noticia de RCN Radio sobre el exsenador Rodrigo Lara Bonilla y el capo del narcotráfico, Pablo Escobar. «Se tardó 3 meses en usar la misma estrategia que Pablo Escobar aplicó –en su momento– contra el Presidente de Colombia. No se equivoque, señor procesado, la ciudadanía sabe muy bien que los prófugos vienen por mí.»

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El pasado 27 de febrero se llevó a cabo una jornada intensa de la audiencia preparatoria de juicio contra seis sospechosos del asesinato al excandidato presidencial, Fernando Villavicencio. Un testigo protegido, vinculado sentimentalmente con Laura C., coautora del delito, proporcionó detalles relevantes sobre el crimen.

El sujeto afirmó que aquellos involucrados en el asesinato, a quienes describió como «los que hacen este trabajo», tendrían influencia en medio Quito y en las cárceles.

La pieza clave: ‘El Invisible’

La Fiscalía ya había señalado a Carlos A., alias ‘Invisible’, como el presunto «mentalizador» del asesinato desde la cárcel de Cotopaxi. Se reveló que utilizando el servicio de internet del centro penitenciario, el ‘ppl’ se comunicó con los sicarios para planificar el crimen del excandidato presidencial.

La investigación también incluyó la explotación de los teléfonos de Carlos A. y Johan C. (alias ‘Ito’), el sicario que ejecutó el asesinato y falleció posteriormente. Conversaciones por WhatsApp entre ambos implicados revelaron la orden de Carlos A. a Johan C.

«Bien, brother. Cuando usted lo vea, le pega. Confío en usted. Hágale», dice el mensaje de texto. Por otro lado, audios de voz enviados por Carlos A. a Johan C. fueron eliminados minutos después de su envío.

Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, señaló que ‘El Invisible’ es la pieza clave en la cadena de autores intelectuales del asesinato y destacó la importancia de determinar quién lo contrató.

Roles de los implicados

La Fiscalía detalló la estructura jerárquica de los involucrados en el asesinato de Villavicencio. Carlos A., alias ‘Invisible’, fue identificado como el autor intelectual, mientras que Laura C., alias ‘La flaca’, fue señalada como la coautora y encargada de la logística del crimen.

Johan C., alias ‘Ito’, fungió como el autor material del asesinato y falleció tras disparar a Villavicencio el 9 de agosto de 2023. Además, se identificó a Érick R., Víctor F., Elizabeth C. y Óscar F. como cómplices, todos bajo prisión preventiva.

El testigo protegido también reveló conexiones con una banda narcodelictiva. Según su testimonio, ‘Invisible’ y ‘el Chino’, presos en Cotopaxi, lideraban la operación. El testigo mencionó reuniones en el sur de Quito entre el 7 y el 8 de agosto, donde ‘Invisible’ y ‘el Chino’ daban órdenes por videollamada.

La ejecución del crimen

Según la Fiscalía, Laura C. de 23 años asumió el rol de coordinadora logística, encargándose de distribuir motocicletas, armas, autos y dinero entre los otros implicados.

También confeccionó gorras y camisetas con los logos de la lista presidencial de Villavicencio, utilizados para camuflarse durante el asesinato. Se destacó que Elizabeth C., de 21 años, colaboraba infiltrándose en los mítines políticos de Villavicencio, vistiendo prendas afines al movimiento político.

Alias ‘El cura’, uno de los implicados asesinados en la cárcel de Guayaquil, contactó a Laura C. y su pareja para unirse a la operación. Aunque inicialmente accedieron, él se habría negado cuando se enteró de que el objetivo era un personaje político.

Cuando la entidad investigadora preguntó sobre sus motivaciones para participar en la planificación de este asesinato, el testigo respondió que, además de recibir dinero, la acción les permitiría «subir de grado». (AGM).

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La audiencia preparatoria de juicio se llevó a cabo en el Complejo Judicial, al norte de Quito, en contra de seis personas vinculadas al caso. Después de tres diferimientos, la audiencia se concretó.

Freddy Sarzosa, director general de Investigaciones de la Policía , identificó a Carlos Edwin A.L, conocido con el alias ‘El Invisible’, como mentalizador del crimen. El acusado pertenecería a una facción de la banda delictiva de Los Lobos.

Polémica con Fiscalía

En octubre del 2023, Fiscalía General del Estado (FGE) se abstuvo de acusar a dos de los detenidos por este caso. Los sospechosos fueron sobreseídos y se dispuso su libertad con prohibición de salida del país y presentación periódica.

La resolución de la audiencia del 18 de agosto ordenó el levantamiento de las medidas cautelar en contra de Luis P. y Jules C. De igual manera, el juez ordenó la emisión de sus boletas de excarcelación.

En julio del año pasado, ambos sujetos también salieron en libertad por resolución de un juez; en esa ocasión fueron acusados del delito de recepción de bienes robados. (AGM)

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«Lo que se dijo es que no se sabía, que no teníamos idea, porque eso era lo que teníamos que hacer», dijo en el podcast Ya Nada.

Según Zurita, después del incidente, el celular y la información que este contenía «se puso a buen recaudo». Sin embargo, en los primeros días de investigación, el tío de Villavicencio, Galo Valencia, denunció que una de las hijas del político riobambeño habría arrojado el móvil al río Tomebamba.

En una entrevista posterior, ella no negó o desmintió este suceso. No obstante, resaltó que la Fiscalía General del Estado (FGE) debería estar pendiente de los teléfonos de los presuntos acusados en el caso y no del de su padre.

Era una prueba valiosa

Pese a que las autoridades pedían que se explote el teléfono de Villavicencio, Zurita aludía que esa «no era el arma homicida y no tenían por qué toparla». Ahora, justificó ese accionar con el argumento de que el dispositivo era «un objeto y motivo de persecución» por quienes habrían asesinado a su compañero.

«¿Para saber con quién hablaba Villavicencio? Todos los días vemos como se filtra información que la pueden descontextualizar», refirió.

Zurita indicó que luego de saber que el FBI apoyaría en la investigación, decidieron entregar el teléfono para «evitar» que infiltrados en la Policía Nacional y la Fiscalía saquen provecho del suceso.

«Debíamos precautelar la prueba del caso, eso fue lo correcto. Era lo justo que teníamos que hacer aunque se hayan disgustado autoridades. Lo lamento mucho», finalizó.

«Se destruiría su reputación»

El 6 de octubre, Zurita recalcó que la explotación del teléfono de Villavicencio no servirá de nada. Mencionó que filtrar la información de ese teléfono era más perjudicial que mantenerla en reserva. Detalló que hay personas involucradas que son vulnerables y no están en el “ojo público”.

“Por qué tenemos que dejar en evidencia y que se filtre una información que destruiría su reputación”, señaló para Teleamazonas.

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La declaración de Tello ante la Comisión Parlamentaria que investiga el asesinato del excandidato presidencial, Fernando Villavicencio (+), causó conmoción entre los legisladores, quienes tuvieron que declarar la sesión como reservada para precautelar su seguridad.

El asambleísta del oficialismo, Adrián Castro cuestionó que existan 529 usuarios tras el manejo libre del aplicativo, ya que no existen las garantías de control. “No me quiero imaginar cómo estaría el propio Fernando Villavicencio”, resaltó.

Tello detalló que esta es una herramienta diseñada por el ECU 911 y tiene la función de rastrear un teléfono móvil a nivel nacional. El proceso se da a través de una triangulación de empresas de telefonía celular con el GPS de cada dispositivo. Este herramienta también es utilizada por otros organismos.

»No solo el ECU 911 podría estar rastreando un móvil también podría ser rastreado por las telefonías celulares por disposición de alguna autoridad competente», resaltó.

¿Quiénes utilizan Mobile Locator?

Tello indicó que el 10.87 % del uso de esta aplicación es del personal del ECU 911 y del despachador de la Policía Nacional. Por otra parte, el otro 89.13 % es ejecutado a través de solicitudes judiciales. Además, el 79% de los usuarios son de Policía Nacional.

En el caso de la institución, una vez atendida la emergencia a través de una llamada telefónica se procede a realizar una ficha técnica y posteriormente se realiza el rastreo del dispositivo móvil. Todo este registro entra a cadena de custodia servicio del sistema judicial. (AGM).

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Su figura trascendió fronteras gracias a su cercanía con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. Córdoba alcanzó notoriedad durante el gobierno de Álvaro Uribe, donde desempeñó un papel crucial como intermediaria con las FARC para lograr la liberación de secuestrados. Sin embargo, su cercanía con los líderes guerrilleros también la hizo objeto de controversia y críticas.

Su historia en la política colombiana

Con una carrera legislativa extensa, Piedad Córdoba ingresó al Congreso por primera vez en 1992 como miembro del Partido Liberal. No obstante, en 2010, la Procuraduría General la destituyó por presunta colaboración con las FARC. En 2016, el Consejo de Estado anuló dicha decisión, considerándola basada en conjeturas.

Su regreso a la política en 2018 incluyó una candidatura presidencial y, en 2022, fue elegida nuevamente como senadora por el Pacto Histórico, coalición que respaldó la candidatura presidencial de Gustavo Petro.

La noticia de su fallecimiento generó reacciones en el ámbito político colombiano. El presidente Gustavo Petro expresó sus condolencias y destacó la lucha de Córdoba por una sociedad más democrática.

Polémica con Fernando Villavicencio

El ex candidato presidencial por Construye, Fernando Villavicencio acusó a Piedad Córdoba de estar vinculada con Álex Saab, señalado como testaferro de Hugo Chávez y que lavó dólares en Ecuador. Esto luego de exponer las acciones de Saab. Sin embargo, tras estas acusaciones, Córdoba negó cualquier tipo de vínculo con Saab y amenazó con denunciar al ex asambleísta.

Cuando Villavicencio fue asesinado en plena campaña electoral de 2023, la esposa del fallecido, Verónica Sarauz, intentó vincular a Cordóba con al trágico suceso. Posteriormente, la política colombiana desmintió que hubiera tenido algo que ver, o estar relacionada, con este magnicio.

“Por motivos que desconozco, sectores de los medios de comunicación han creado una narrativa a la luz de la tragedia de la familia Villavicencio en la cual me involucran, afectando a mi buen nombre”, escribió Córdoba en que aquella ocasión, a través de su cuenta X.

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La pistas sobre la trágica muerte de Fernando Villavicencio salieron a la luz en las evidencias presentadas por Fiscalía hace algunas semanas. No obstante, la alerta del atentado ya habría estado en conocimiento de la fiscal.

¿Quién era el sospechoso?

Salazar recalcó que los chats tienen fecha de mayo hasta octubre de 2022- y habrían sido extraídos del celular de Norero en marzo del 2023-. En esas conversaciones se revela que Xavier Jordán solicitó fotografías, documentos, contactos y nombres de personas cercanas a Villavicencio. Requería esta información por la supuesta bulla que hacía Villavicencio con las investigaciones que presentaba desde su curul.

De la misma manera, señaló que la información que se filtró del político provenía de bases de datos de la función pública, es decir, ubicación desde el ECU 911, coordenadas, tarjetas de filiación, fichas y otras, que solo tienen acceso determinadas personas.

“Imagínese que tenían a la mano todo lo necesario para cuando Fernando se les perdiera”, dijo.

Sobre este crimen la fiscal mencionó que supuestamente trabajan en conjunto con el FBI, que ya tiene una “copia espejo” del contenido del celular del excandidato presidencial. Sin embargo, Salazar aludió que no puede dar más detalles porque eso forma parte de la investigación. (AGM).

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Jordán reaparece en los nombres de la FGE luego de que se destapara el caso Metástasis, una trama de delincuencia organizada en el sistema judicial, y se difundieran las conversaciones de Leandro Norero con Jordán y pidiera realizar un seguimiento al excandidato presidencial.

La viuda del político, Verónica Saraúz, y la fiscal comentaron que esto se trataría de una «jugada» por parte de los abogados de los procesados.

«Acaban de aplazar otra vez la audiencia (…) ojalá en febrero no nos salgan con más argucias», expresó Sarauz en su cuenta de X.

En primera instancia, la audiencia estaba prevista para el 29 de noviembre de 2023. Sin embargo, por peticiones externas, se pospuso nuevamente para el 19 de diciembre.

Versión de Jordán

Jordán en su cuenta de X indicó que «está presto a colaborar con todo lo que necesite la justicia», después de la vinculación que Salazar realizara. Según él, la única vía que ha utilizado para defenderse fue la vía judicial.

«Estamos seguros de que la justicia brillará (…) Los verdaderos responsables de destruir al país aparecerán», dijo.

Anticipó que continuará con las acciones judiciales en contra de Christian Zurita y otros implicados.

Eran 13 detenidos

El 9 de septiembre, un mes del asesinato de Fernando Villavicencio, la FGE mencionó que siete personas más se vincularon en este atentado. Con eso, ya eran 13 los detenidos por el asesinato del político.

Sin embargo, el 7 de octubre de 2023, la noticia del asesinato de seis de los investigados fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral y uno más en la Cárcel de Quito, hizo eco al caso.

El SNAI informó que los reos muertos fueron identificados como Jhon Gregore R., Andrés Manuel M., Adey Fernando G., Camilo Andrés R., Sules Osmin C. y José Neyder L.

Según el SNAI, las víctimas no presentaban señales de violencia o tortura, pero sí tenían signos de ahorcamiento. Además, los cuerpos de los reos fueron encontrados en el pabellón 7 cuando ellos fueron ubicados en la celda 9.

Los asesinatos se produjeron el mismo día en el que el exministro del Interior, Juan Zapata declarara que el informe sobre el asesinato de político riobambeño estaba listo y recomendaba la desclasificación de la información. Según él, «no había nada que esconder».

Nuevamente en cero

Actualmente, la Policía Nacional y la FGE tiene a otros seis implicados en el asesinato, pero la entidad de control no ha logrado recuperar más pistas de los autores intelectuales o demás implicados en el caso. Pese a que días antes de las elecciones argumentara que un «testigo protegido» habría revelado datos «importantes» a la investigación.

No obstante, cinco meses más tarde, dos audiencias diferidas y algunas «sospechas» despejadas la entidad no ha logrado avanzar en el proceso. (N.J.C)

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El caso Metástasis mantiene más de 14 mil fojas de expediente del teléfono de Leandro Norero que representaría la trama de corrupción más grande del sistema judicial en el país. Para Salazar, esta sería la oportunidad de depurar el sistema judicial y presentar una nueva visión a los ecuatorianos.

«El caso Metástasis toca las fibras del Estado de derecho y pone en riesgo la seguridad jurídica», afirmó en Teleamazonas.

Vínculos con Fernando Villavicencio

Salazar recalcó que los chats tienen fecha de mayo hasta octubre de 2022. En esas conversaciones se revela una con Javier Jordán en la que solicita fotografías, documentos, contactos y nombres de personas cercanas a Villavicencio. Requería esta información por la supuesta bulla que hacía Villavicencio con las investigaciones que presentaba desde su curul.

De la misma manera, señaló que la información que se filtró del político provenía de bases de datos de la función pública, es decir, ubicación desde el ECU 911, coordenadas, tarjetas de filiación, fichas y otras, que solo tienen acceso determinadas personas.

«Imagínese que tenían a la mano todo lo necesario para cuando Fernando se les perdiera», dijo.

Sobre este crimen mencionó que supuestamente trabajan en conjunto con el FBI, que ya tiene una «copia espejo» del contenido del celular del excandidato presidencial. Sin embargo, aludió que no puede dar más detalles porque eso forma parte de la investigación.

La orden contra Glas

Salazar aclaró que el nuevo llamado que tiene el exvicepresidente Jorge Glas responde a la investigación por el caso Reconstrucción de Manabí. Según la titular, la única orden que dio fue llamar al exsegundo jefe de Estado a que comparezca en la Fiscalía. Aclaró que el accionar de la FGE se limita en la Embajada de México.

«Las noticias que salen en las redes y en los medios de comunicación solo dilatan las acciones que se llevan en la entidad», recalcó.

En cuanto a su relación con el caso Metástasis, indicó que Norero habría recibido USD 250 mil por la libertad de Jorge Glas y Daniel Salcedo. De acuerdo a la inferencia de Salazar, «estos favores» se los pagaría con favores políticos.

Sobre Terán

Salazar mencionó que el expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, alias «El diablo», «abrió las puertas a los abogados de Norero» cuando era juez nacional de una sala especializada de la Niñez y la Familia. Eso a cambio de recibir supuestamente USD 450 mil, que en el teléfono lo registraban como «450 mil flexiones».

La titular de la FGE, comentó que el abogado le había enviado la foto del contacto de Terán, un juez de despacho y un video del subcoordinador de su despacho.

Los beneficios desde el SNAI

Los chats muestran que Norero tuvo libre comunicación, fiestas, comidas y beneficios para «hacer más llevadera la situación» para él y a su familia, por parte del exdirector del SNAI, Pablo Ramírez.

Además, repitió que mantuvo conversaciones con Daniel Salcedo -ahora prófugo- para guiarlo a las mismas estrategias y «acceder a los mismo beneficios».

La relación con Intriago

Salazar apuntó que Angulo, alias «El Estimado», abogado Agustín Intriago, exalcalde de Manta, asesinado el 23 de julio de 2023, mantenía una relación con el exrecluso. Salazar detalló que las principales implicaciones fue en la contratación pública con contratos que servían para su defensa.

«Es decir, desde el Estado y a través de su contratación estábamos financiando la defensa de este procesado por lavado de activos y narcotráfico», refirió.

Otras relaciones

Según la fiscal, habrían periodistas y actores políticos que rogaban a Norero por determinada información. Además, policías que realizaron operativos falsos, pasaban información, encubrían y cambiaban pruebas para evitar implicarlo en más procesos.

Es el caso de la fiscal María José Aguirre, que a través de una reformulación de cargos, cambió una pena de 10 años a una de un año, por una cadena valorada en USD 8 mil.

Algo similar ocurrió con el coronel Mazón, quien se reportaba con Norero para alertarle los operativos. El coronel habría salido beneficiado económicamente, pues el narcotraficante habría financiado la recuperación de un familiar y el viaje de su hijo a Rusia.

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Este intrigante episodio es objeto de una minuciosa investigación por parte de la Fiscalía, que apunta hacia una red de delincuencia organizada. Jueces, fiscales, servidores judiciales, guías penitenciarios, policías y abogados particulares, todos señalados de recibir sobornos con el propósito de favorecer a Norero y sus familiares mediante resoluciones judiciales y beneficios penitenciarios.

Las comunicaciones, expuestas en una abrumadora cantidad de 14,000 páginas durante una extensa audiencia de formulación de cargos presidida por la fiscal general, Diana Salazar, arrojan luz sobre una serie de eventos perturbadores.

Desde presuntas actividades ilegales relacionadas con el asesinato del alcalde Agustín Intriago hasta la orden directa de Norero para la ejecución del abogado Harrison Salcedo. Incluso se desentraña un inquietante seguimiento al periodista Fernando Villavicencio, quien, de manera trágica, fue posteriormente asesinado.

Las supuestas vínculos entre Leandro Norero con Agustín Intriago

En este caso en desarrollo, Agustín Intriago, mencionado de manera breve pero impactante, se vincula a través de la teoría fiscal con Helive A., uno de los principales operadores de Norero.

Ambos habrían coordinado supuestos delitos contra la administración pública, utilizando el Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta como telón de fondo. Intriago, asesinado en junio de 2023, añade un misterioso giro a la trama.

El contexto de la muerte de Harrison Salcedo

Harrison Salcedo, abogado de figuras como Jorge Glas y alias ‘Rasquiña’, también encuentra su lugar en este entramado. La revelación de una conversación donde Norero ordena su asesinato arroja luz sobre las conexiones oscuras y la violencia que rodean a este caso.

Los chats revelarían que Norero dijo a Daniel Salcedo (otro de los implicados) que ordenó el ataque al jurista porque planeaba «hacerlo visible públicamente y para no hacerlo le pedían dinero«. Pero también porque Harrison Salcedo habría insultado a su familia.

Salcedo, asesinado en abril de 2021, se convierte en una pieza clave de este rompecabezas criminal.

¿Qué pedía Fernando Villavicencio?

La sombra de la intriga se alarga sobre el periodista Fernando Villavicencio, cuya denuncia provoca un seguimiento meticuloso por parte de Norero y Helive A. Este último reveló, en una conversación, que Villavicencio estaba involucrando a Leandro Norero en irregularidades con contratos con el IESS. Luego, aparentemente, Helive A. tomó contacto con un asesor de Villavicencio, quien dijo que le «deja sano» a Norero «si le regalan 200».

Luego se ordenaron seguimientos hacia el ex candidato presidencial, incluso utilizando vendedores de caramelos para mantenerlo vigilado. Esta fue la antesala al trágico asesinato de Villavicencio en agosto de 2023, diez meses después del fallecimiento de Norero.

El caso Metástasis apenas está dando sus primeros pasos, con 16 personas bajo prisión preventiva, una con arresto domiciliario y 14 más enfrentando diversas medidas alternativas.

Esta trama de corrupción judicial, crímenes violentos y conspiraciones presenta un panorama desconcertante que promete más descubrimientos. La sociedad, ahora espera el desenlace de uno de los casos judiciales más complejos y escalofriantes de la historia reciente.

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Por su parte, González aludió que FV nació de la necesidad de un desarrollo integral, y de la casi inexistente justicia en el país.

«Me despido de Gente Buena con el corazón lleno de agradecimiento hacia aquellas personas que defendieron la paz y el orden en las noches más oscuras del país», reza el comunicado.

Antes de que González hiciera público este comunicado, formó parte de la alianza entre Gente Buena y Construye -partidos con los que corrió a la Presidencia- luego de la campaña electoral. Luego de la muerte de Fernando Villavicencio (+) las fisuras en el movimiento se hicieron evidentes.

La división les «pasó factura» hasta en el Pleno del Legislativo, pues Construye pasó de ser la segunda fuerza política a la tercera, luego de que varios «independientes» se anexaran a otras bancadas.

En los primeros conflictos, González -posteó en su cuenta de X- que la «campaña sucia que viven los asambleístas de Fuerza Valiente/ GB» venía de «personas poderosas». Según la excandidata, la agenda partidista de esas «fuerzas» se anteponían al bien común.

«Buscar justicia, libertad y desarrollo te puede costar enemigos poderosos, pero de eso ya vivimos bastante (…) Y no no son los de la RC», expresó en su red social.

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La mesa legislativa se conformó con siete miembros de las bancadas de las fuerzas políticas: Adrián Castro (Independiente), Mónica Salazar (RC), Manuel Bohórquez (ADN), Luzmila Abad (PK), Édgar Benítez (Independiente), Hernán Zapata (Gente Buena) y Viviana Zambrano (Construye).

La moción aprobada del parlamentario Blasco Luna (RC) tuvo el apoyo de 119 votos frente a siete negativos y seis abstenciones, de un total de 132 asambleístas presentes en la sesión 874.

La comisión multipartidista tendrá un periodo de función de 90 días con posibilidad de prorrogarse 90 días más, previa aprobación del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Además, la mesa deberá elaborar un informe pormenorizado que contenga hallazgos, conclusiones y recomendaciones, el cual será presentado ante el Pleno de la institución.

La tarea pendiente ahora será escoger el presidente o presidenta que encabezará dicha conformación.

Primera propuesta

La segunda fue la vencida, pues la primera moción la presentó la asambleísta de Construye, Viviana Zambrano, pero no pasó ya que tuvo la abstención de 102 voluntades y apenas 22 votos afirmativos.

La legisladora solicitaba que la comisión dure hasta seis meses y se pueda prorrogar por un año; además de que una condición era que la presidencia de la mesa la tuviera Construye (lista 25).

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»No solo se jugó con la vida de él, se jugó con la vida de todos los binomios presidenciales. Voy a solicitar a la Asamblea Nacional que de manera inmediata pida ese expediente administrativo para que realicen investigaciones externas», dijo la defensa de Cevallos, Erwin Romero.

Agregó que no es justo que la indagación esté en manos de los superiores de la misma Policía y que se investiguen entre ellos. Según él, los informes -que habrían sido creados luego de la muerte de Villavicencio- tenían el objetivo de justificar conductas omisivas en las que recayeron otros oficiales de la institución. »Se ha pedido pericias y se ha podido determinar que esa documentación es presuntamente es falsa», resaltó.

Esta 16 y 17 de noviembre se llevará a cabo la audiencia pública de juzgamiento. En la sesión se presentará un sumario administrativo en contra del capitán Cevallos. El Tribunal de disciplina de la Policía convocó a la defensa del acusado al edificio de la Inspectoría General, al norte de Quito. (AGM).

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Después de tres meses del asesinato de Fernando Villavicencio se instalará la audiencia contra los sospechosos del crimen. El 6 de octubre fueron asesinados seis de los 13 procesados como autores materiales del asesinato del expresidenciable, en el pabellón siete de la Penitenciaria del Litoral.

Al día siguiente, otro de los implicados fue asesinado en la cárcel de El Inca, al norte de la capital. La múltiple muertes de los sospechosos hicieron más compleja la investigación del asesinato.

Polémica con Fiscalía

La Fiscalía General del Estado (FGE) se abstuvo de a dos de los detenidos por el asesinato de Fernando Villavicencio. Los sospechosos fueron sobreseídos y se dispuso su libertad con prohibición de salida del país y presentación periódica.

La resolución de la audiencia del 18 de agosto ordenó el levantamiento de las medidas cautelar en contra de Luis P. y Jules C. De igual manera, el juez ordenó la emisión de sus boletas de excarcelación. Aún se desconocen los motivos que impulsaron la decisión del órgano de derecho público.

En julio de este año, ambos sujetos también salieron en libertad por resolución de un juez, en esa ocasión fueron acusados del delito de recepción de bienes robados. (AGM)

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