El documento señala que el Gobierno insiste en no cumplir con las reformas de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Mientras, la Corte Constitucional (CC) tiene hasta el próximo 23 de mayo para decidir.

También señala que los derechos del magisterio han sido negados durante 10 años, incluida la equiparación salarial. Por ello, dicen estar presentes en la lucha por las reformas de la LOEI. Es decir, formarán parte de las acciones de protesta «hasta que el Gobierno deje de negar» sus derechos.

Los estudiantes exigen que se entregue el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación. Ello posibilitará la adecuación de unidades educativas ya que la Región Costa iniciará clases.

También, plantear la reforma del bachillerato con la participación de la comunidad educativa, «incluyendo a los y las estudiantes» y la modificación de protocolos para no revictimizar a las y los estudiantes y erradicar la violencia sexual que sufren. Esto, en referencia a los casos del Colegio Dillon en Quito y el Réplica Aguirre Abad en Guayaquil.

Solicitan, además, que el Gobierno y el Ministerio de Educación garanticen la existencia de médicos, psicólogos y personal capacitado en los Departamentos de Consejería Estudiantil de los recintos educativos.

La huelga de hambre de la UNE se extendería hasta el 23 de mayo

Al final del documento convocan a la movilización de los estudiantes en futuras acciones y además al XIX Congreso Nacional de la FESE. Con ello buscan defender los derechos conseguidos en las reformas de la LOEI. Y también «rechazando el papel represivo del Gobierno de Lasso que niega los derechos del magisterio y de toda la comunidad educativa».

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