»Señores militares yo no estoy en contra de que hagan su trabajo pero no vulneren los derechos de los demás», dijo la madre de Cristopher.

El 29 de mayo el estudiante regresaba de la universidad en el metro y su última parada fue en la estación de La Ofelia. Según el testimonio de su hermana Alhí, el joven de 22 años se encontraba con los audífonos puestos, cuando sintió que alguien le sujetó fuerte del brazo. “¿En qué les puedo ayudar?”, dijo.

Señaló que los elementos de las FF.AA. no le dieron explicaciones y lo empujaron hacia una parte de las columnas para empezar con la requisa. Cristopher sacó su celular y empezó a grabar lo que sucedía.

Acciones violentas

Llegó un punto en el que los uniformados lo tomaron del cuello y empezaron a darle golpes en el estómago, un acto de provocación, según el testimonio.

Ante la vulneración a sus derechos, Cristopher les aclaró que es estudiante y que cualquier cosa le pidan de manera educada. Sin embargo, uno de ellos se enojó y lo presionó más fuerte el cuello.

La madre del afectado expuso un vídeo en donde resaltó que uno de los militares intentó colocarle algo en el bolsillo, pero se le cayó y le pasó a su compañero insinuando que la sustancia pertenecía a su hijo.

»Esto no es algo que solo a mi hermano le ha pasado, a mi persona, a mis amigas y amigos a quienes solo por nuestro color de piel o forma de vestir nos han encasillado como ladrones y más», dijo Alhí, quien también es cantante y denunció el hecho en su redes sociales.

El racismo, una realidad actual

Para la madre de Cristpher este suceso es un acto de racismo. En este sentido, destacó que su familia hace obra social y realiza varias actividades con la comunidad. »Simplemente por el hecho de ser negro vienen y el agreden de esta manera», agregó.

Por otro lado, manifestó que las agresiones fueron captadas por las cámaras de TC Televisión. Señaló que el titular de la nota periodística enfatiza que en el operativo se encontró droga y expusieron a su hijo.

Después de lo ocurrido, acudió a la instalaciones del medio de comunicación pero no le atendieron. También pidió las grabaciones de la estación de la Ofelia pero no obtuvo respuesta. (A.G.M)

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La acción implicaría una intromisión en la Constitución vigente del país ya que los militares solamente pueden ejecutar operaciones cuando se ha declarado una emergencia o “estado de excepción”. De esta forma, la acción deberá ser “mitigada” por una reforma parcial de la Carta Magna, aprobada por la Asamblea Nacional.

“Es una acción importante. (…) para tener claro quiénes son los verdaderos enemigos. (…) (permitiría) inclusive la utilización de armamento, justificado por supuesto”, mencionó el ministro de Gobierno, Henry Cucalón.

Según el secretario de Gobierno, esta decisión se fundamenta también en la soberanía o existencia propia del estado. “Los grupos de crimen organizado y narcotráfico no pueden tener a su merced a los ecuatorianos. Atentan contra la existencia del estado. (…) han elevado, lastimosamente, su peligrosidad”, expresó Cucalón.

Así pues, las autoridades consideran que ambos cambios, la declaración y posible reforma, son una solución oportuna para la crisis de violencia que existe en el Ecuador.

¿Cuándo se cataloga a un individuo u organismo como terrorista?

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sí identifica el delito de terrorismo. Es decir, los implicados en un acto terrorista pueden ser juzgados por dicho crimen. Pero la situación es diferente a que un individuo o grupo sea netamente rastreado, identificado y sometido con todo el vigor y herramientas de las Fuerzas Armadas.

Así pues, el delito de terrorismo está ya definido en el capítulo séptimo del artículo 366 del COIP, que se especifica:

“La persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años”.

En el inciso diez del mismo artículo, se define que “cuando por la realización de estos actos se produzca la muerte de una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años”. (B.T.R).

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Las armas serán puestas bajo el amparo de los militares, quienes revisarán las disposiciones sobre la legalidad de las mismas, que en su mayoría se atribuyen al crimen organizado, señaló Ecuavisa.

La destrucción de las armas es necesaria puesto que no existen dueños que las reclamen. Asimismo, serán desbaratadas para evitar que «malos» elementos policiales las revendan.

Los agentes han incautado revólveres, carabinas, escopetas, calibres, entre otros. Se espera que el proceso finalice una vez que los organismos judiciales realicen la situación de evidencias de las incautaciones para que salgan de circulación de las unidades policiales que no poseen causas pendientes.  

Sobre el porte de armas

El 1 de abril, el presidente Lasso firmó el decreto ejecutivo 707 en el que autorizó el porte y tenencia de armas, bajo ciertos requisitos para su disposición.

Entre ellas: ser mayor de 25 años, no haber sido sentenciados o tener antecedentes penales de violencia doméstica, un certificado de evaluación psicológica del Ministerio de Salud y otro de destreza de la cartera de Defensa.

Este último ministerio indicó que de no seguir con los protocolos y autorizaciones del porte de armas, existe una sanción de 3 a 5 años de cárcel. También señaló que continúan trabajando para establecer la regulación de las mismas.

A.F

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La medida se tomó debido a los conflictos con las comunidades de la zona que pondrían en riesgo al personal petrolero. La estatal solicitará el refuerzo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para resguardar las instalaciones estratégicas.

“Lamentablemente, la producción va a pararse porque la fuerza mayor implica apagar los pozos para defender a los trabajadores y su integridad”, dijo el ministro de Energía, Fernando Santos, en Radio Democracia.

Para el secretario de Estado, no existe un buen escenario para la producción petrolera pues calcula que con esta situación se dejaron de bombear alrededor de 70 mil barriles diarios. Además, el bajo precio del petróleo puede empeorar el panorama.

El precio del petróleo en descenso

El ministro resaltó que, en 2022, el precio promedio del barril era de USD 86 y ahora se lo vende en USD 56. La proforma presupuestaria para el 2023 proyectaba la producción de 52 mil barriles diarios, sin embargo, la producción bajará entre los 480 mil y 490 mil barriles.

También señaló la importancia de llegar a acuerdos respecto a la focalización de combustibles, pues en enero se registraron más costos de importaciones que exportaciones petroleras. Pese a que el consumo de combustible se incrementó en un 30 %, un factor importante y preocupante es el contrabando.

“Nos estamos convirtiendo en la gasolinera barata de los países vecinos”, dijo a diario El Universo.

Justicia en Orellana

Desde el 2022, la Comunidad de Waorani de Dicaro, en Orellana, se mantiene en resistencia por la contaminación causada por la explotación petrolera en su territorio ancestral.

En febrero, Petroecuador culpó a la comunidad de ocasionar el cierre de la válvula de pozo petrolero de la plataforma AMO A. Sin embargo, rechazaron estas acusaciones.

Los afectados afirmaron que desde hace 38 años han vivido el desamparo del Estado, soportando el desprestigio de las protestas pacíficas y las solicitudes de diálogo. Los habitantes de Dicaro señalaron a Repsol como el presunto responsable del acto vandálico. (A.G.M).

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Tras la información filtrada sobre la alianza de militares, incluyendo oficiales de la Armada del Ecuador con cárteles del narcotráfico, Ordóñez aclaró que se trata de una «acumulación» de varios casos y no de un solo informe.

“No existe ese informe en realidad. Hago un seguimiento sobre el análisis de inteligencia e investigación policial y militar, lo que se menciona es una acumulación de casos, no es que de pronto surgió un grupo de FF.AA que están al servicio del narcotráfico”, dijo en entrevista para Ecuavisa.

Los marinos y el narcotráfico

Según fuentes de inteligencia de Ecuador y Colombia, existe una presunta relación entre miembro de la Armada con el narcotráfico. Los uniformados habrían sido reclutados por la columna de Urías Rondón, socio del cártel de Jalisco, y el Frente Oliver Sinistierra, socio del cártel de Sinaloa, según reportó Primicias.

Los militares involucrados en esta red se encargaban de transportar cocaína, simulando que hacen encargos institucionales. También vendían información sobre los operativos que realizaban en los esteros y el mar para evitar decomisos de combustible.

Alianzas con las organizaciones criminales

Las autoridades informaron que 43 marinos en servicio activo y pasivo presentaron nexos con bandas criminales. Los marinos serían parte clave para robos, tráfico y venta de armas y municiones. Algunos formarían parte de la banda Los Chone Killers, según Informes de inteligencia de la Policía y las Fuerzas Armadas.

El ministro de Defensa, Luis Lara, altos mandos militares y la Unidad de Inteligencia de la Policía informaron que los involucrados trabajan en distintas partes de la Costa.

“La política de cero tolerancias a la corrupción anunciada desde mi cartera constituye una prioridad para el jefe del Comando Conjunto y los comandantes de las Fuerzas, que deben generar informes periódicos sobre del estado de cada uno de los casos de corrupción, tanto en el aspecto militar como en los procesos judiciales”, expresó Lara. (A.G.M).

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Según un comunicado, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) arremeten de manera violenta a los campesinos de la parroquia Buenos Aires, en Imbabura, para dar seguridad a la empresa minera Hanrine Ecuadorian Exploration and Mining. S.A.

Las comunidades y organizaciones responsabilizan a la titular de la empresa minera Hancock Prospecting, Gina Rinehart, y al presidente Guillermo Lasso de los graves abusos a los derechos humanos.

Ante las acusaciones, hicieron un llamado a la Corte Constitucional para aceptar y priorizar un acción de protección interpuesta por los miembros de la comunidad. El documento recalca que la empresa Hanrine ingresó ilegalmente al territorio.

La minería en Buenos Aires

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció a través de redes sociales los graves daños de la empresa minera Hanrine la parroquia de Buenos Aires. Las FF.AA. custodian los proyectos impulsados por esta compañía privada. Además, se han producido diversos enfrentamientos violentos con los campesinos de la zona.

Plan de Seguridad Minera

A partir de este 2023, el Gobierno anunció que trabajará en un plan de seguridad que busca proteger a las concesiones donde ha existido presencia de minería ilegal. También se busca erradicar “los ataques violentos contra los campamentos”, según el Ministerio de Energía y Minas.

La fase inicial cuenta con 11 proyectos mineros que serán declarados como Áreas Reservadas de Seguridad. En estos caso, los militares podrán intervenir en situaciones de ataques y violencia. Las diversas concesiones protegidas se encuentran en las provincias de Bolívar, Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Imbabura y Azuay. (A.G.M).

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“Nos sorprende que al día de hoy pretendan resolver los problemas más sentidos de la sociedad ecuatoriana poniendo más bala, más militares y más policías. Rechazamos esta actitud del presidente de la República.” dijo Iza en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Además, señaló que hay que enfocarse más en la educación para que los jóvenes no caigan en las pandillas y en la droga. Para Iza, este país no ha garantizado este derecho, por ende, el problema es estructural, recalcó el líder indígena.

Persecución

Iza recalcó que las políticas estructurales del Gobierno no resuelven el problema de la pobreza en Ecuador. Esta es la razón por la que se declaran luchadores sociales, a pesar de que el Estado aún los acusan de violentos y vandalistas, recalcó.

También mencionó que solicitan e insisten a la Fiscalía General del Estado (FGE) ponerle fin a la persecución de los luchadores sociales. “Solo resistiremos cuando veamos que nuestros derechos son violentados”, señaló Iza. (A.G.M).

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“Nosotros tenemos datos de Inteligencia, que se están trabajando. Existen pruebas contundentes, inclusive en algunas relaciones con candidatos a las próximas elecciones, en zonas fronterizas especialmente”, expresó el funcionario.

Opositores a la consulta popular

Zapata manifestó que los opositores a la consulta popular estarían involucrados en la “narcopolítica”. Se trataría de “narcodelicuentes” y “cabecillas de bandas delictivas” que “se alimentan de la corrupción”.

El primer mandatario, Guillermo Lasso, entregó al mediodía la Reforma Parcial con lo que se plantea la colaboración de las Fuerzas Armadas (FFAA) con la Policía Nacional para “la lucha contra el crimen organizado”. “Hago un llamado a la unidad, para que actuemos a favor de la seguridad ciudadana. Dejemos la politiquería a un lado”, publicó en su cuenta de Twitter.

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El ataque fue reportado por @FalconFeedsio, @_bettercyber y @elhackernet, el 27 de octubre. Según Falcon Feeds, el grupo atacante BlackCat (AlphV) habría sustraído información relacionada a documentos secretos, estrategias de guerra, planes de defensa externa e interna.

El ingreso a la página oficial de la Institución, www.ccffaa.mil.ec, no está permitido y al intentarlo aparece un mensaje. “Es posible que algunos atacantes intente robar tu información (p.ej., contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito). El Ministerio de Defensa señaló que la página se encuentra en mantenimiento.

Mencionados grupos de seguridad digital están encargados del comunicar sobre incidentes cibernéticos, violaciones de datos, actores de amenazas, ransomware e infracciones a nivel mundial.(P.C.V)

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Las cámaras de seguridad del CPL captaron cuando un policía ingresó con una mochila al baño de la sala de espera. Al salir, la actitud sospechosa del sujeto alertó a su compañero de trabajo y al revisar el baño encontró la mochila dentro de un tacho de basura.

Al abrir a mochila encontraron municiones para calibre 7.56 y 5.56. Después de hacer la entrega el policía se dirigió a la cárcel regional donde están los líderes de las bandas delictivas. EL SNAI informó que el sujeto será investigado, pero, hasta el momento no se ha liberado una orden de captura o alerta.

Aportes a la delincuencia

No es la primera vez que agentes penitenciarios intentan pasar armas, municiones o sustancias sujetas a investigación a centros carcelarios. El 20 de septiembre sorprendieron a un policía con cerca de 500 municiones en su chaleco antibalas. La entrega se la realizaría en la cárcel regional de Cotopaxi.

El 2021 se denunciaron casos similares a estos, pues el 12 de agosto un agente penitenciario intentó pasar 70 municiones escondidas en su bota. El 07 de septiembre, encontraron a un militar con armas, drogas y municiones. Además de las armas y las sustancias, también se trafica celulares. El 17 de diciembre se decomisaron alrededor de 12 teléfonos.

Crisis carcelaria

Entre el 2021 y lo que va de 2022, Ecuador evidenció seis matanzas en diferentes centros penitenciarios del país. En febrero se desató simultáneamente la crisis en los centros de Latacunga, Guayaquil y Cuenca. Para julio, septiembre y noviembre, el epicentro de esta crisis fue Guayaquil.

El 04 de octubre de 2022 se registró otro incidente en la cárcel de Latacunga donde resultaron 16 muertos y 43 heridos. Un día después, el 05 de octubre otra matanza se perpetuó en la cárcel de Guayaquil con un saldo de 13 muertos y 23 heridos aproximadamente.

Las crisis carcelarias, sociales y económicas que atraviesa el país son la prueba fehaciente de la falta de preocupación por parte del Gobierno para controlar la situación. La inseguridad, narcotráfico y asesinatos son temas que desbordan el país del encuentro que prometieron. ¿Acaso el accionar de las bandas delictivas sobrepasa el poder policial? (N.J.C)

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La decisión consta en el Decreto Ejecutivo 421, donde Lasso cesó de sus funciones como comandante general de la Policía Nacional, al general Carlos Cabrera Ron y en su lugar, designó al general de distrito, Fausto Salinas Samaniego.

También sustituyó al general de división Orlando Fuel Revelo como jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. por el general de brigada (Grab.) Nelson Proaño Rodríguez. Asimismo reemplazó al comandante general de la Fuerza Aérea, brigadier general Geovanny Espinel Puga por el brigadier general Marcelo García Urbina.

Además, el último cambio fue el del comandante general de la Fuerza Terrestre, Grab. Luis Enrique Burbano, que será reemplazado por el Grab. Franklin Gustavo Acosta. No obstante, a quien no cesó y ratificó en su cargo de comandante general de la Fuerza Naval, al contralmirante Luis Brumel Vázquez.

Al menos 11 asesinatos se han registrado luego de decretado el estado de excepción

Estos cambios a la cúpula policial se dan 6 días después de la declaratoria del estado de Excepción, en Esmeraldas, Manabí y Guayas. Estas tres provincias registraron un reciente incremento de muertes violentas y criminalidad.

Por su parte, el nuevo comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, declaró, en entrevista con FM Mundo, que buscan incorporar 30 mil nuevos efectivos al cuerpo policial. Además, como parte de la ‘depuración’ de estas filas, incorporarán un nuevo reglamento disciplinario y componentes extranjeros de otros organismos policiales.

Como último punto dijo que es importante el ‘diálogo’ con la ciudadanía para trabajar de manera conjunta contra la delincuencia.

Salinas ha trabajado en grupos especiales de operaciones de la Policía Nacional y conjuntamente con el Gobierno de Colombia en ámbitos como el narcotráfico.

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Como región estamos entrando en un periodo donde la voluntad colectiva determinará qué camino tomemos en cuanto a políticas económicas y sociales: si favorecemos al mercado por encima del ser humano o si seguimos en la construcción de alternativas perfectibles. Distintos procesos electorales se acercan, y aunque ganar las elecciones no signifique ganar el poder, entre 2020 y 2021 habrá la oportunidad de nivelar en cierta medida el campo de juego.

En octubre pasado vivimos ya una explosión colectiva, que reflejó el hartazgo hacia la desigualdad más opulenta y hacia un sistema violento. Entonces, las movilizaciones identificaron claramente a los responsables: el FMI, el neoliberalismo y el capitalismo salvaje.

Los Presidentes, como si se tratara de un plan previamente establecido, defendieron al mercado a través de la Policía y Fuerzas Armadas, ciudadanos y ciudadanas sin un ojo fue la característica de varias protestas. Aunque se logró apagar las protestas, no se resolvieron sus causas estructurales y se continuó con la agenda neoliberal fondomonetarista en la región.

Pero es aquí donde cobran importancia los próximos procesos electorales, porque se pueden cambiar las agendas. Bolivia es el ejemplo. La OEA fue capaz de perpetrar un golpe de Estado a Evo Morales, con tal de mantener la agenda del capital. Añez con biblia en mano, tomó la Presidencia y comenzó: repudio a Venezuela, privatización de empresas públicas, salirse de UNASUR, represión a su pueblo.

Con la rotunda victoria del MAS-IPSP con más de la mitad de los votos diciéndole NO a la agenda neoliberal, Bolivia tomó su decisión y toda la región debe entender ese poder de la decisión colectiva. Estados Unidos debe decidir, y nosotros soportar, entre 4 años más de Trump o Biden; Chile entre redactar una nueva Constitución o seguir con la de la dictadura; Venezuela entre profundizar el chavismo o ponerle un freno; Perú entre continuar con la crisis política o enrumbarse en el camino de la estabilidad.

¿Y nosotros? Pues debemos tomar la misma decisión sobre qué agenda queremos seguir. Un reciente estudio de la UNICEF sobre Ecuador, expone que a una familia de clase media que cae en la pobreza durante la pandemia le tomará 8 años salir de ella, cuando antes le tomaba 3. Y si la familia tiene hijos, le tomará 20 años. Eso nos jugamos: qué agenda queremos para atacar el problema de la pobreza y la desigualdad; para cuidar del medio ambiente; para vivir.

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A bordo de la aeronave se encontraban tres tripulantes, quienes están a salvo. Dos de ellos no presentaron ningún tipo de lesión tras ser revisados por paramédicos. Sin embargo, el piloto del helicóptero fue trasladado de inmediato por miembros de la Cruz Roja hacia el Hospital Militar.

En un comunicado de las Fuerzas Armadas, se explica que la aeronave realizaba una sesión de entrenamiento. Luego, en un momento inesperado, el helicóptero perdió el control. Las autoridades locales aún no han especificado las razones del siniestro. Se espera que el Ministerio de Defensa realice una investigación al respecto.

Los Bomberos de Quito tuvieron que intervenir

Tras confirmarse el suceso, el Cuerpo de Bomberos de Quito se acercó a la zona para evitar la posible propagación de un incendió tras el impacto del helicóptero.

El Hospital Militar recibió a los afectados para las valoraciones médicas. Se establecerá de inmediato la Junta Investigadora de Accidentes (JIA) para determinar las causas del percance. 

El ECU 911 informó que la atención de la emergencia se coordinó con personal del Cuerpo de Bomberos de Quito, Policía Nacional del Ecuador, Ministerio de Salud Pública y Agencia Metropolitana de Tránsito. 

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