En el video se observa a siete individuos con armas y explosivos en el suelo. Sin embargo, no se logra identificar quién habla debido a que la cámara no enfoca sus partes superiores.

«Si no te vas por las buenas, será por las malas. Y si es por las malas te irás al infierno, así que decide bien. Dianita, no hagas uso de todo mi poder, mi gente, mis armas, así que decide bien o serás mi próximo objetivo militar», es el audio que se escucha en el audiovisual.

Por la extensión del origen de la llamada, el número correspondería a un dispositivo ubicado en Ucrania. Además, recibió dos mensajes más: "buen día" y "Usted decide mi Dra".

La Fiscalía se pronunció al respecto y condenó las amenazas. Además, en su comunicado, las conectó con las acusaciones de presunto plagio en la tesis de pregado de la fiscal Salazar y la pugna que tuvo la Institución con el Consejo de la Judicatura (CJ).

«Además de los recientes y continuos ataques a la institucionalidad del Estado, en las últimas horas, las amenazas directas a la integridad de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado y de su familia han escalado», reza el comunicado.

La FGE rechazó el «amedrentamiento» e hizo un llamado a vigilar la «institucionalidad». Asimismo, la Policía Nacional emitió un comunicado en el que respaldó a la máxima autoridad de la Fiscalía.

Las intimidaciones ocurren en medio de un escándalo de supuesto plagio que habría cometido Salazar y que fue denunciado por Acción Jurídica Popular (AJP). El colectivo asegura que Salazar plagió al menos 37 páginas en su escrito académico. Además, también denunció otro posible caso en un artículo científico que involucra a su círculo familiar.

Las autoridades de la Universidad Central del Ecuador conformaron una comisión especial para analizar el supuesto plagio. Sin embargo, no han tomado una resolución hasta el día de hoy.

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El Tribunal de Garantías Penales de Imbabura dictaminó 3 años de pena privativa de libertad contra el excapitán José Luis F, quien dispuso el traslado del material mineralizado desde las minas de Buenos Aires en un vehículo militar.

El pasado 15 de octubre de 2019, la Fiscalía inició la investigación por el hecho, en el que estuvieron involucrados otros miembros militares.

El delito

El traslado se ejecutó bajo la autorización y coordinación del ex capitán que, en ese momento, cumplía funciones de jefe del Subsector en la parroquia Buenos Aires, provincia de Imbabura.

Detuvieron a cuatro militares, quienes formaban parte del personal del Ejército a cargo de evitar la continuidad de las actividades irregulares de minería y del cuidado del mineral en la zona.

Entre las principales pruebas de cargo presentadas por la fiscal del caso, Jéssica Andrade se encontraron el informe técnico de los télefonos de los coprocesados donde se evidenció la planificación y ejecución del delito.

Así también, en el lugar se llevó a cabo el reconocimiento de los hechos y el levantamiento de evidencias en las que constan un vehículo militar que transportaba gran cantidad de bultos con material mineralizado.

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FGE solicitó este martes prisión preventiva para el alcalde de Quito, Jorge Yunda, debido a que la investigación de la compra de pruebas PCR se derivan otros procesos que involucran a sus familiares.

El lunes 26 de abril, FGE emitió dictamen acusatorio en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, como presunto autor mediato en el caso peculado en la compra de pruebas PCR.

Los elementos de convicción recabados durante la investigación demostrarían que el acalde de Quito, Jorge Yunda, “tuvo conocimiento – en todo momento- del proceso de contratación y que preparó las condiciones esenciales para que Lenin M., exsecretario de Salud, suscribiera un contrato con Salumed S.A. por USD 4’226.880  para la adquisición de reactivos PCR Polimerasa para detectar COVID-19 ”, según FGE.

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“En un inicio, otro Tribunal hubiese quemado el proceso judicial contra Rafael Correa. Ni siquiera hubiesen sacado copias del caso para que alguien más lo lea. Este caso es todo lo que no se debe hacer en la Fiscalía. Somos una vergüenza latinoamericana en producción jurídica,”, dijo en entrevista con Radio La Calle.

La decisión del Tribunal en el Caso Sobornos

Estas declaraciones aparecen en el marco de la resolución que tomó el Tribunal de Casación la tarde del 7 de septiembre del 2020. La Corte reiteró la condena de ocho años de prisión al expresidente Rafael Correa Delgado. “No puede ser posible que en un Estado de Derecho se tergiverse el Caso Sobornos. Lo único que se entiende es que hay un guion armado entre la Justicia y los medios de comunicación”, señaló Salcedo.

Harrison Salcedo, su propio defensor

El jurista aseguró que se había operado la espalda cuando tuvo que defenderse de una acusación por asociación ilícita tras conseguir la liberación de su cliente, Jorge Zambrano. El líder de los Choneros fue sentenciado a 20 años de prisión por el asesinato de Roddy Figueroa cuando Salcedo logró salir de prisión. “Mi familia sufre por esta situación, pero hasta donde me permitan seguiré siendo mi propio abogado”, mencionó.

Según el jurista, este proceso se abrió en retaliación porque denunció que la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, el asambleísta José Serrano y otros personajes, se reunieron en octubre en la casa de Litardo para planificar un golpe de Estado aprovechando la movilización indígena que tuvo lugar ese mes.

De acuerdo con la información que entrega el jurista, la reunión habría tenido lugar en octubre de 2019, en el edificio Bristol, en la torre 3, en el departamento 907; lugar de residencia del presidente de la legislatura. «Le invitaron a una reunión para proponerle que sea parte de un golpe de Estado en las asonadas de octubre”, denunció Salcedo. (GG)

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De acuerdo a la información que entrega el jurista, la reunión habría tenido lugar en octubre de 2019, en el edificio Bristol, en la torre 3, en el departamento 907; lugar de residencia del presidente de la legislatura. «Le invitaron a una reunión para proponerle que sea parte de un golpe de Estado en las asonadas de octubre”, denunció Salcedo.

“¿Quién vive ahí? El presidente de la Asamblea Nacional [César] Litardo. ¿Quiénes comparecieron a esa reunión? La Fiscal General Diana Salazar, la más alta representatividad del Consejo de la Judicatura, el Contralor [Carlos] Polit, el propio Litardo, el asambleísta José Serrano, entre otras personalidades”, agregó.

Según Salcedo, quien también orquesta toda esta trama es Santiago Cuesta Caputi, “en una enemistad manifiesta, directa, contra María Paula Romo y el grupo de los ministros que le siguen fielmente”.

Reparto de los hospitales

Salcedo también denunció que su defendido posee información sobre la trama de corrupción en el reparto de los hospitales en el país. «Por eso existen presiones para dejarlo en indefensión.

“Mi defendido tiene mucha información al respecto de toda esta organización que planteó desde la Asamblea y los más altos poderes del Estado sobre la repartición de las cuotas políticas (…) Esta pugna lo que produce es la denuncia del reparto de los hospitales y la entrada de corrupción que se sigue develando”, dijo el abogado.

Finalmente, dijo que su trabajo está bajo riesgo y que ha recibido amenazas que podrían incluir un proceso penal en su contra. “Quieren silenciarme, quieren dejar sin defensa a mis clientes”, dijo.

Así mismo dijo: “Yo no soy político. Soy un abogado que está tratando de que se haga la justicia a través del derecho. [La justicia] se está ensombreciendo porque los mismos que investigan están vinculados a la trama de este caso del asambleísta Mendoza”, concluyó.

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El comunicado de esta institución recuerda que los ataques a la independencia judicial atentan directamente contra la Democracia y el Estado de Derecho. Además, exhortó a las altas autoridades del Ecuador a que promuevan la responsabilidad de los autores de los autores de ese hecho. «El respeto a las resoluciones judiciales es un deber de todos, especialmente, de quienes se desempeñan en el Sistema de Justicia”, afirma.

La FLAM en una entidad que tiene entre sus objetivos procurar la independencia permanente, real y efectiva del Poder Judicial, en todos sus aspectos; cautelar y defender la dignidad y el prestigio de la función jurisdiccional.

Los antecedentes

La presidenta del Consejo de la Judicatura, Carmen Maldonado, dictó la suspensión en contra del Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales, Ricardo Ramos.

La decisión de Maldonado se realizó en virtud de dos quejas presentadas por la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, y por la Ministra de Gobierno, María Paula Romo.

Romo presentó una queja contra Ramos, por haberse negado a conceder un acto urgente para recibir testimonio anticipado del extranjero que sobrevivió al ataque en la cárcel de Guayaquil, el pasado sábado 8 de agosto. En este hecho murió el ciudadano israelí Shy Dahan.

Más tormenta para María Paula Romo

Este caso se suma a la tormenta que vive la ministra Romo, después de que el Pleno de la Asamblea Nacional  solicitara que el presidente Lenín Moreno remueva del Ministerio de Gobierno a María Paula Romo.

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