El juez Máximo Ortega aceptó el pedido de caución solicitado por la defensa de Sebastián Yunda. En un inicio el equipo de Yunda ofreció USD 5.400 pero Fiscalía no aceptó. En cambio, la unidad investigadora solicitó 200.000. Sin embargo, el juez impuso el monto final.

Sebastián Yunda aún se encuentra fuera del país, y su juicio está en pausa hasta que el retorne al país. Al momento, se planea la extradición del implicado que se encuentra en manos de la policía en Argentina.

En caso de que se cancele la caución se suspende la prisión preventiva. Además, para asegurarse de que Yunda cumpla con su presencia en el juicio, deberá presentarse una vez al mes. Estas medidas se llevarán a cabo después de 15 días de su retorno al país.

El caso

Sebastián Yunda es procesado por asociación ilícita en presuntos actos de corrupción en la anterior administración de su padre, Jorge Yunda, en el Municipio de Quito. Fiscalía lo acusa por presuntas irregularidades en dos contratos para la compra de cámaras de videovigilancia por USD 1,7 millones, firmados por la entidad municipal.

La caución fue posible después de que un Tribunal ratificará la inocencia de Adrián Haro, Cynthia Puga y Wang Yilong, quienes eran coprocesados de Yunda hijo en el caso de asociación ilícita. (D.C.)

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No obstante, en la investigación fiscal, las autoridades estadounidenses remarcaron que Pólit contó un co-conspirador, presuntamente un familiar, cuyo rol fue camuflar las coimas recibidas por parte de Odebrecht y Seguros Sucre.

Más condiciones

La jueza ordenó otras condiciones para garantizar la comparecencia de Pólit al juicio. El uso del grillete electrónico para su monitoreo, arresto domiciliario en la casa de su hija, restricción de las visitas y la entrega de sus pasaportes y documentos de viaje. Finalmente, debe presentarse a las autoridades judiciales.

En abril, Pólit solicitó que se le baje la fianza a USD 11 millones, pues no tenía los USD 18 millones solicitados en un inicio por la jueza de instrucción. La ofertase rechazó. Uno de los requisitos era que los bienes y fondos sean de origen lícito. El excontralor tiene hasta el 4 de mayo para declararse culpable o inocente por los cargos. Después de ello se empezará un juicio rápido, es decir, un juicio donde Pólit entregará información clave sobre el caso. MIB

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Según el abogado de Pólit, Fernando Tamayo, los bienes y activos del exfuncionario en ese país suman USD 15 millones pero algunos inmuebles están hipotecados. Por ello señala que «puede pagar USD 10 millones en bienes y USD 1 millón en efectivo». Esto fue solicitado a la Corte del Distrito de La Florida, ente que lleva a cabo su proceso.

«La familia del señor Pólit estuvo de acuerdo en que se le congelen fondos por casi $13 millones, sumando el valor total de las propiedades y sustrayendo el valor de las hipotecas», dijo en una declaración escrita por Tamayo.

Además del monto que asegura poder pagar, dice que aceptará que se le ordenen un arresto domiciliario y el uso de grillete electrónico. «Esto está más allá de las condiciones mínimas para garantizar la comparecencia de Pólit», acota su abogado.

Pólit es acusado de seis cargos relacionados con lavado de activos que implicarían USD 10 millones en coimas de un funcionario ecuatoriano de Seguros Sucre y de Odebrecht.

De acuerdo a su defensor, el acuerdo conjunto de fianza está garantizado por el ‘historial y características’ del excontralor. A ello se refiere con que no registra ningún tipo de antecedente por hechos violentos o actividades relacionadas a estupefacientes, aparte del ‘esquema de sobornos’.

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También subraya que Pólit no tiene intenciones de abandonar EE.UU. y que recibe tratamiento médico regular debido a que sufre una condición cardiaca. Aún no se ha emitido pronunciamiento la Corte de la Florida.

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Un juez negó la solicitud de caución interpuesta por la familia Bucaram. El magistrado señaló que la solicitud no cumplía con los requisitos necesarios para ser aprobado. Adicionalmente, FGE solicitó que se revisen las medidas cautelares impuestas sobre Gabriela Pazmiño, pues no ha cumplido con la presentación periódica ante la Fiscalía. 

Los hermanos Michel y Dalo Bucaram, Gabriela Pazmiño y Abdalá Bucaram Ortiz son investigados por una presunta asociación ilícita para la venta irregular de insumos médicos en los hospitales de Guayaquil, en el marco de la crisis sanitaria producto del Covid-19.

Antecedentes

En agosto, la policía detuvo a Abdalá Bucaram Ortiz. El ex presidente supuestamente estaba implicado en la venta ilegal de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. El ciudadano israelí Shy Dahan, asesinado en prisión, y los familiares de Bucaram también habrían sido parte de esta red de asociación ilícita. Fiscalía celebró la detención del ex mandatario. No obstante, Bucaram quedó en libertad horas más tarde.

El 03 de septiembre de este año, los hermanos Michel y Dalo Bucaram, junto con Gabriela Pazmiño, solicitaron al sistema judicial el recurso de caución. Esta medida habría permitido el retorno de los implicados al país y su defensa en libertad, a cambio del pago de una fianza de USD 30.000, tarifa sugerida por los implicados.

Jorge Acosta, abogado de la familia Bucaram, consideró este recurso pertinente para evitar la prisión preventiva contra sus clientes. Acosta señaló que la familia Bucaram es víctima de una perseución política y mediática para velar las verdaderas raíces de la corrupción. (JBS)

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El pedido de caución, interpuesto por Jorge Acosta, defensa de la familia Bucaram, exige la fijación de un monto económico como fianza. Esto salvaría a los implicados de enfrentar la prisión preventiva que, actualmente, pesa sobre ellos.

En la solicitud, se plantea el pago de USD 30.000 mientras dure la investigación en contra de Michel Bucaram, Dalo Bucaram y Gabriela Pazmiño. La solicitud será receptada el 14 de septiembre por Gianella Noritz, jueza a cargo del caso.

Antecedentes

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga a 15 personas por supuestas tramas de corrupción en torno a la venta irregular de insumos médicos durante la emergencia sanitaria. Entre ellos, se destacan los nombres Daniel y Noé Salcedo Bonilla y los hermanos Jacobo, Michel y Dalo Bucaram Pulley, junto a su esposa Gabriela Pazmiño.

La defensa de la familia Bucaram, Jorge Acosta, manifestó que contra sus clientes se ha desatado una persecución política y mediática para ocultar las verdaderas raíces de la corrupción. El 27 de julio señaló «¿por qué razón no están vinculados a la investigación quienes efectivamente entregaron la administración de los hospitales?”.

Gabriela Pazmiño, quien supuestamente está embarazada, se pronunciado en su defensa con criteros menos técnicos. Tras una cámara de celular en Miami, en medio de lágrimas, Pazmiño se pronunció contra la orden de prisión en su contra: “Mi familia merece respeto al igual que la tuya (…) Soy una mujer honesta, basta de críticas», comentó. (JBS)

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