El fallo responde a una acción extraordinaria de protección presentada por la Procuraduría General del Estado (PGE) junto a otras cinco entidades estatales. Según la Corte, las resoluciones judiciales previas vulneraron el derecho a la seguridad jurídica, calificando la actuación de los jueces como un «error judicial inexcusable».

Investigación por presunto prevaricato

Entre las medidas dictadas, la Corte dejó sin efecto la devolución de los bienes a los Isaías, así como la compensación económica que les había sido otorgada en instancias previas. Además, ordenó a la Fiscalía investigar a los jueces responsables de las sentencias que beneficiaban a los hermanos Isaías.

El Consejo de la Judicatura también fue instruido para determinar las sanciones correspondientes contra los magistrados implicados.

Contexto del caso

El origen del litigio se remonta a 2018, cuando los hermanos Isaías lograron revertir, mediante decisiones judiciales, la incautación de sus propiedades, realizada tras el colapso del sistema financiero ecuatoriano en 1999. Las sentencias ahora anuladas habilitaron la devolución de bienes que no habían sido vendidos, donados o cedidos por el Estado, según investigaciones previas.

La Corte Constitucional argumentó que el proceso judicial estuvo marcado por irregularidades, señalando que la transformación de medidas cautelares en acciones de protección fue improcedente.

Un precedente para la seguridad jurídica

La PGE celebró la decisión como una victoria en la defensa de los intereses públicos. «Este fallo reafirma el compromiso del Estado con la seguridad jurídica y evita el uso indebido de garantías constitucionales», señaló un comunicado oficial.

El caso Isaías sigue siendo uno de los capítulos más controversiales del feriado bancario, que dejó graves secuelas económicas y sociales en el país.

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La resolución del Tribunal cerraría los 14 años de litigio del proceso en el extranjero. La decisión ratifica la sentencia del 2021 emitida por el juez de Miami, William Thomas, quien dictó el fallo del principio de derecho denominado res iudicata, es decir, las partes no pueden litigar lo que ya fue discutido.

Pese al dictamen del juez, la PGE acudió nuevamente a la Corte Suprema de Florida sin requerir un permiso en la Corte de Apelaciones. Finalmente, el 1 de marzo el caso se cerró a favor de los hermanos Isaías, reportó diario El Universo.

¿Por qué reclamar los bienes de otro país?

Según la justificación de la PGE, “la demanda se fundamentó en la Doctrina de Actos de Estado, que consiste en considerar válidos en el territorio de un Estado extranjero (EE.UU.) los actos emitidos por otro Estado en su territorio (Ecuador)»

La demanda interpuesta solicitó que la justicia de EE.UU. aplique las decisiones adoptadas por el Ecuador en relación con la responsabilidad de los hermanos Isaías. Sin embargo, la respuesta fue negativa, puesto que el Tribunal alegó que el Estado ecuatoriano no tendría razones legales para reclamara los bienes de los Isaías en el país extranjero, quienes viven en Miami desde el 2000.

Caso de los hermanos Isaías

El caso Isaías con Ecuador parte de la deuda que tienen los hermanos con el Estado de aproximadamente USD 661 millones, en 2008. La demanda pretendía la incautación de sus bienes inmuebles y acciones de empresas.

Con lo incautado se busca cubrir el hueco patrimonial que dejó el ya extinto banco Filanbanco, con el Estado. La sentencia por peculado comenzó en el 2012, por presunto abuso de fondos de préstamos de liquidez entregados por el Banco Central del Ecuador (BCE) a Filanbanco a finales de los 90’s e inicios del 2000. (A.G.M).

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Según reporta diario El Comercio, «el tribunal desechó la apelación presentada por la Procuraduría General del Estado (PGE) en contra de la sentencia emitida el 10 de mayo de 2022 por el juez Johnny Lituma, que ordenó la devolución de los bienes».

Se declaró sin procedencia y se rechazó la apelación. En el fallo, la Corte Provincial dio la razón la defensa de los Isaías en «todas sus partes». Por tanto, el Estado ecuatoriano deberá restituir las propiedades y accionede las que eran dueños los exbanqueros. Entre las acciones están: Departur Turismo y Apartamentos, Hotel Colón Internacional, Tabacalera Andina Tanasa o Industrial Shulk.

La apelación -desechada al fin y al cabo- fue presentada por la Procuraduría, la Secretaría de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar) y el Banco Central del Ecuador (BCE). También tuvieron participación el Ministerio de Agricultura y la Unidad de Gestión y Regularización de la Presidencia de la República.

«Las entidades buscaban impedir que los expropietarios de Filanbanco recuperen los bienes. Solicitaron a la Corte Provincial que se declare la nulidad del dictamen de Lituma y pidieron la declaratoria jurisdiccional por error inexcusable ya que habría supuestas inconsistencias en el fallo inicial», reseñó diario El Universo.

El dictamen de la Corte se dio a conocer a las partes el lunes 12 de septiembre. La resolución fue notificada tras 28 días de audiencia de estrados llevada a cabo el 16 de agosto. En ella, los involucrados, el Estado ecuatoriano y la defensa de los Isaías, expusieron sus argumentos.

Finalmente, la Corte del Guayas precisó que los dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) son de efecto obligatorio, directo e inmediato aplicables por los jueces del Ecuador. Por su parte, Procuraduría no ha anunciado su impugnación a la decisión de la Corte Provincial.

Todavía no acaba

Las autoridades ecuatorianas aún dirigir el caso a la Corte Nacional de Justicia. No obstante, el abogado de los exbanqueros, Jorge Zavala Egas, señlaó que incluso con una nueva apelación debe cumplirse la sentencia de primera instancia.

Un poco de historia

En 2008, la AGD en el gobierno del expresidente Rafael Correa incautó los bienes de los hermanos, basado en un informe de la firmque dictaminó un hueco patrimonial de más de USD 600 millones del Filanbanco.

Fuentes: El Comercio, El Unvierso.

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Ante la negatividad de la resolución, la Procuraduría General del Estado (PGE) expresó “se interpondrá el termino respectivo, un recurso horizontal por falta de motivación, previo  a la presentación del recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de dicho país”.

Recordemos que el caso Isaías con Ecuador parte de la deuda que tienen los hermanos con el Estado de aproximadamente USD 661 millones. La demanda pretendía la incautación de sus bienes inmuebles y acciones de empresas.

Con lo incautado se busca cubrir el hueco patrimonial que dejó el ya extinto banco Filanbanco, con el Estado. La sentencia por peculado comenzó en el 2012, por presunto abuso de fondos de préstamos de liquidez entregados por el Banco Central del Ecuador (BCE) a Filanbanco a finales de los 90’s e inicios del 2000.

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Después de 23 años, recoge diario El Universo, continúan la discusión técnico-política sobre «quiénes quebraron Filanbanco». Un problema que desencadenó múltiples litigios penales, civiles y administrativos, tanto en el Ecuador como en cortes internacionales.

El último en conocerse fue una demanda al Estado por parte de los exaccionistas privados de Filanbanco, Roberto y William Isaías. Ellos exigen reparaciones por las incautaciones de sus bienes en 2008. El proceso se lleva a cabo en un tribunal de la Corte del Guayas desde diciembre de 2021.

La historia

Los hermanos Isaías afirman que entregaron el banco «saneado» y con bienes en garantía. «Que la entidad quebró a causa de la fusión con La Previsora, que sí tenía pérdidas». Sin embargo, las autoridades económicas determinaron que el «hueco» que estos omitieron en el banco por los presuntos manejos dolosos eran imposibles de suplantar aun con la inyección de fondos públicos.

Según Ceclilio Moreno, editor de investigación en revista Vistazo, la historia de Filanbanco inicia algunos mese antes de diciembre de 1998. Explica que la transitoria 42 de la Constitución de 1998 aprobaba que «el Banco Central del Ecuador (BCE) entregue préstamos de liquidez a las instituciones financieras en problemas. Y en septiembre de ese año, el BCE hizo el primer desembolso al Filanbanco», reseñó el medio.

En el mismo periodo, el extinto Congreso discutía la Ley de Reordenamiento en Materia Económica. Con esta ley, se creo la AGD para precautelar los dineros de los clientes de los bancos que presentaron problemas de liquidez y demás. La Ley se publicó en el Registro Oficial el 1 de diciembre de 1998. Al día siguientes, los hermanos Isaías entregaron el banco y el 3 de diciembre recibió más dinero del BCE.

El diario señala que el exsuperintendente de Bancos, Juan Falconí Puig, calculó el dinero que recibió Filanbanco hasta 2002. «Entre agosto y diciembre de 1998, cuando aú era de los Isaías, el BCE le dio USD 309 millones; y bajo el control estatal, el 3 de diciembre, USD 140 millones; el 28 de diciembre, USD 400 millones; el 2 de febrero de 1999, USD 100 millones y USD 176 millones, en dos momentos del día; y en junio del 2002, USD 300 millones. En total, Filanbanco recibió USD 1.116 millones».

Falconí Puig explica estos montos sin contar el hueco de USD 654 millones que ya tenía la entidad bancaria. Hueco calculado por una auditoría de Deloitte & Touche hasta el 31 de diciembre de 1998. Dicha auditoría se entregó a la Superintendencia en 2001 y se hizo pública en 2008; junto a otras operaciones entre Roberto Isaías y Filanbanco Trust & Banking Corp., la sucursal en Panamá; y unas reestructuraciones de créditos.

El exsuperintendente asegura que las pérdidas para el Estado estarían entre los USD 3 mil y 5 mil millones. No obstante, el abogado de los Isaías, Jorge Zavala Egas, niega estas incriminaciones. Subraya que cuando los hermanos Isaías dieron el banco, este estaba solvente y sin pérdidas. El problema, según él, nace con la fusión de La Previsora el 5 de julio de 2000, que sí tenía deudas y acreedores, por lo cual cierra.

La fusión

En 1999 el Ecuador sufrió el feriado bancario. La peor crisis financiera de la hisoria del país al mando del gobierno de Jamil Mahuad y la caída de 16 bancos. Uno de ellos fue La Previsora que contaba con una situación crítica.

El banco fusionado cerró en julio de 2001. Óscar Ayerve, quien presidía la Junta de Acreedores de Filanbanco, «calcula que esta tenía unos 750 mil clientes con depósitos e inversiones por USD 1.400 millones», recoge El Universo. Según él, gran parte de esas acreencias se cubrió con un bono del Estado por USD 300 millones hallado en la bóveda del banco.

Hasta el 2013, expone Ayerve, la AGD atendió a unos 500 mil clientes. No obstante, a unos 300 mil «no se les pagó ni un centavo».

Orden de prisión

Gracias a un informe de las irregularidades hecho por Falconí, la entonces fiscal general Mariana Yépez, formuló el 16 de junio de 2000 una excitativa fiscal para investigar el uso de préstamos del BCE. Una semana después, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Galo Pico Mantilla, anunció el auto cabeza de proceso contra los Isaías y otros funcionarios por el presunto manejo fraudulento de los créditos del BCE y dictó una orden de prisión preventiva.

En septiembre del mismo año, Pico Mantilla suscribió el pedido de extradición para los hermanos, que para entonces se hallaban en Miami, EE.UU.

En 2003, el expresidente de la CSJ, Armando Bermeo, dictó auto de llamamiento a juicio plenario por peculado con los Isaías y otros. Finalmente, confirmó la prisión preventiva.

«La sentencia en primera instancia por peculado (malversación de fondos) llegó el 10 de abril de 2012. se los declaró culpables y se los condenó a ocho años de prisión», expone el medio.

Por su parte, los hermanos presentaron una apelación, que fue negada el 13 de marzo de 2014. Después pidieron una revisión del fallo mediante una casación que ratificó la sentencia el 31 de octubre de 2014. No obstante, la figura penal cambió a peculado bancario. «Y quedó en firme».

El proceso se cayó (?)

En 2018, ya en el gobierno de Lenín Moreno, el abogado de los Isaías planteó un recurso de revisión que finalizó el 19 de mayo de 2021 declarando la inocencia de los acusados.

Durante el gobierno de Rafael Correa se incautaron los bienes de los Isaías basados en el informe de Deloitte aprobado por la Superintendencia en marzo de 2008.

El exministro de Economía, Fausto Ortiz, dijo a El Universo que «el 4 de julio de ese año se realizó una reunión del directorio de la AGD en la que se designó a Carlos Bravo como gerente. El 7 de julio, él firmo el acta de la reunión y viajó de Quito a Guayaquil. Por la tarde, Correa lo convocó al Palacio. Al llegar se enteró de que en reunión se estaban definiendo detalles del operativo de incautación que se ejecutó la madrugada del 8 de julio».

No obstante, en un receso le pidieron a Ortiz que «vuelva a firmar el acta de la reunión del 4, pero su contenido estaba cambiado pues decía que en ella se habían resuelto las incautaciones, lo cual era falso. No la firmó». Entonces, el expresidente Correa le dijo: «firmas o te vas». Ortiz renunció.

Según el medio, la AGD incautó a los Isaías 195 empresas. Pero tiempo después continuaron emitiéndose, al parecer, cien resoluciones de incautaciones, expresa la defensa de los Ísaías.

El 9 de julio, la Asamblea Constituyente pronunció el Mandato 13 para blindar la acción de la AGD y se les prohibió a los hermanos Isaías ejecutar causas constitucionales.

Debido a todo este proceso, los exbanqueros consideran que fueron ilegales las incautaciones. Por tanto, procedieron a poner una demanda en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El 30 de marzo de 2016, el organismo internacional declaró que los «derechos de los Isaías fueron vulnerados» y que por ende, «todo es nulo», apunta su defensa. En el dictamen se muestra, además, que el Estado ecuatoriano debe disponer medidas de reparación.

Actualmente, la demanda de los Isaías es de USD 2 mil millones consecuencia de una serie de procesos civiles sobre las incautaciones durante estos 23 años.

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Por: Diego Álvarez, redactor

Quito, 22 may (La Calle).- El Tribunal Nacional de Justicia rechazó las consideraciones de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, sobre una posible ilegitimidad de la defensa de los hermanos  Roberto y William Isaías, para el recurso de revisión sobre la sentencia ejecutoriada por abuso de fondos de préstamos de liquidez que otorgó el Banco Central a Filanbanco, a inicios de siglo.

 “La perito se atribuye potestades propias del juzgador”, alegó Salazar para Diario El Comercio. Añadió que la experticia “no constituye prueba nueva que quebrante la lógica y la razón del Tribunal de juicio”. Por esta razón, pidió al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por Daniella Camacho, Luis Rivera y Marco Rodríguez, que descarte dicho indicio.

De los tres, solo el magistrado Marco Rodríguez consideró los argumentos de la Fiscal, declarando de improcedente al recurso de revisión de los hermanos Isaías. Los jueces Camacho y Rivera se basaron en la pericia, que establece que la sentencia de ocho años de cárcel para los exdueños de Filanbanco fue “errada”, dado que “excluyó circunstancias y distorsionó hechos”.  

En 2012, los Isaías tenían una condena por presuntos abusos de los fondos de préstamos de liquidez otorgados por el Banco Central del Ecuador a Filanbanco. En marzo del 2019, Estados Unidos negó el pedido de extradición de los hermanos Isaías, que actualmente residen en Miami. El Departamento de Estado consideró que la justicia ecuatoriana “no ha sido capaz de demostrar la existencia del delito”.  

Dado que la sentencia estaba ejecutoriada, la defensa recurrió a la revisión como último recurso para demostrar la inocencia de los dueños de Filanbanco.

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