Se presume que el acto se habría dado luego del primer caso registrado en este transporte que conecta Guayaquil con Durán, expresa el medio de comunicación.

Sobre este segundo caso la compañía todavía no se pronunciado. A pesar de que, como sabemos, hay cámaras de vigilancia en el lugar y se monitorean todo el tiempo.

Primer caso

El pasado 11 de julio, un vídeo donde dos jóvenes mantenían relaciones sexuales dentro de una cabina de la Aerovía se filtró y viralizó en redes sociales. Tras el hecho, la compañía rechazo actos «que atenten contra la moral y buenas costumbres» y anunció que despedirían a los guardias del turno, ya que avisaron a los jóvenes de la grabación un tiempo después de iniciar el acto. Además de que podrían enfrentar prisión de hasta 3 años por difundir el vídeo sin el consentimiento de los involucrados. (MIB)

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Más de 150 periodistas de 39 países revisaron miles de registros bancarios, entrevistaron fuentes internas, reguladores, fiscales, examinaron documentos judiciales y financieros para corroborar los hallazgos.

Los datos de Suisse Secrets fueron proporcionados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung por una fuente anónima, que los compartió con OCCRP y dio origen a esta investigación global.

“Creo que las leyes suizas de secreto bancario son inmorales. El pretexto de proteger la privacidad financiera es simplemente una hoja de parra que cubre el papel vergonzoso de los bancos suizos como colaboradores de los evasores de impuestos. Esta situación permite la corrupción y priva a los países en desarrollo de los ingresos fiscales que tanto necesitan”, explicó la fuente que decidió filtrar los datos protegiendo su identidad.

El anónimo quiere mostrar que el problema no se debe en sí a los bancos sino al sistema legal suizo que protege los bienes de personas que evaden impuestos. Lo que también prueba que lugares en Europa sirven de la misma forma que las islas en el Caribe para no pagar impuestos.

La filtración

Los datos filtrados incluyen información sobre más de 18.000 cuentas de Credit Suisse, que estuvieron abiertas desde los años 40 hasta bien entrada la última década. La gran mayoría corresponde al período entre 2000 y 2016. En conjunto, contenían fondos por valor de más de USD 100.000 millones.

Involucra a 30.000 titulares de esas cuentas, tanto personas como empresas, con domicilios en más de 120 jurisdicciones y representan a más de 160 nacionalidades. Venezuela es el país con mayor cantidad de nombres y cuentas filtradas por la fuente. Si bien la información filtrada es parcial, no por eso deja de ser relevante. Los nombres con interés local que aparecen en los documentos están vinculados a negocios con Venezuela.

Los años con más aperturas de cuentas fueron 2007 y 2008. El año de mayor cierre de cuentas fue 2014, coincidiendo con la introducción de nuevas regulaciones en Suiza para intercambiar automáticamente información fiscal de clientes con residencia en el extranjero.

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El MSP indicó que también presentará una denuncia ante la Fiscalía, para que determine si existió negligencia o dolo en estas acciones. Además, la institución asegura que está tomando todas las medidas necesarias para reforzar los protocolos de seguridad interna.

Sin embargo, el escrito no aclara cuántas veces se descargó la información confidencial, de al menos 1.5 millones de personas, desde la plataforma digital.

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En este base de datos quedaron expuestos nombres, números de cédula, teléfonos, diagnósticos, historial clínico, entre otros datos custodiados por el MSP. Esto implica una vulneración a la privacidad de los pacientes. Además, entre estos datos consta también información médica de niños y adolescentes.

Si bien, en horas de la tarde del mismo día, se retiró la base, el Ministerio de Salud no ha aclarado cuantas veces fue descargada la información confidencial. Tampoco ha emitido algún comunicado al respecto.

Ante estos hechos, el especialista en datos, Carlos Oporto, recordó en su cuenta de Twitter, que anteriormente el MSP publicó una base de datos no anonimizada e instó a la institución a tomar los correctivos pertinentes, para no poner en peligro los datos de la ciudadanía.

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