La pistas sobre la trágica muerte de Fernando Villavicencio salieron a la luz en las evidencias presentadas por Fiscalía hace algunas semanas. No obstante, la alerta del atentado ya habría estado en conocimiento de la fiscal.

¿Quién era el sospechoso?

Salazar recalcó que los chats tienen fecha de mayo hasta octubre de 2022- y habrían sido extraídos del celular de Norero en marzo del 2023-. En esas conversaciones se revela que Xavier Jordán solicitó fotografías, documentos, contactos y nombres de personas cercanas a Villavicencio. Requería esta información por la supuesta bulla que hacía Villavicencio con las investigaciones que presentaba desde su curul.

De la misma manera, señaló que la información que se filtró del político provenía de bases de datos de la función pública, es decir, ubicación desde el ECU 911, coordenadas, tarjetas de filiación, fichas y otras, que solo tienen acceso determinadas personas.

“Imagínese que tenían a la mano todo lo necesario para cuando Fernando se les perdiera”, dijo.

Sobre este crimen la fiscal mencionó que supuestamente trabajan en conjunto con el FBI, que ya tiene una “copia espejo” del contenido del celular del excandidato presidencial. Sin embargo, Salazar aludió que no puede dar más detalles porque eso forma parte de la investigación. (AGM).

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«Todos somos iguales ante la justicia», escribió Diana Salazar. Con este texto informó que recibió la notificación del inicio de una investigación previa en su contra por presunto delito de fraude procesal.

La denuncia en contra de Salazar parte de una supuesta manipulación de los partes policiales con los que se consignó el arresto del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, ocurrido el pasado 17 de mayo.

De acuerdo con la denuncia, Salazar habría alterado los hechos para lograr la calificación de flagrancia. La mañana siguiente a la pelea que protagonizó Carrión con el exministro de Salud, Mauro Falconí, no hubo persecución ininterrumpida por parte de la Policía en contra de Carrión por lo que el caso no calificaba como «flagrante»,

Salazar anunció del proceso el pasado viernes 17 de septiembre en un tweet adjunto con la imagen de la notificación del proceso.

Xavier Rosero, fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional, notificó a Salazar de la investigación previa y de su «pleno acceso al derecho a la defensa para lo cual deberá señalar casillero judicial para futuras notificaciones».

Salazar finalizó escribiendo que «cuando se actúa con ética y apego a la ley, las investigaciones no causan miedo».

El delito de fraude procesal, tipificado en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), indica este se produce cuando una persona induce a engaño a un juez en el decurso de un procedimiento civil, administrativo o penal.

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Con una votación de  dos votos contra uno la Segunda Sala de la Corte Suprema (STF) retiró la denuncia del ex ministro Antonio Palocci respondiendo así a la solicitud de la defensa de Lula, quien señaló una violación de la imparcialidad en la inclusión de esta información seis días antes de las elecciones de 2018.
 
La denuncia de Palocci fue incluida por el entonces juez federal Sergio Moro días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Para la dirigencia del  Partido de los Trabajadores y para la defensa de Lula, es otra demostración de los objetivos políticos de Moro, que se convertiría en ministro de Justicia  bajo el gobierno del ultraderechista Jair  Bolsonaro.
 
La presidente del PT,  Gleisi Hoffmann expresó en Twitter. «Es oficial: Moro actuó para elegir a Bolsonaro».

De acuerdo al magistrado de la sala, Ricardo Lewandowski, el desempeño de Moro tenía la intención de generar, al parecer, un hecho político, que revela una brecha con el orden constitucional actual.
 
Para  Lewandowski, se demostró la restricción ilegal impuesta a Lula, que impone la exclusión de pruebas ilícitas.
 
Anteriormente los abogados del expresidente brasileño obtuvieron otra victoria en el Segundo Panel, con el mismo puntaje y los mismos votos. Los ministros le garantizaron al ex presidente acceso a todos los documentos utilizados en un acuerdo entre la constructora  Odebrecht y el Ministerio Público Federal (MPF).  
 
En esta acción judicial Lula da Silva es acusado de recibir una propiedad de al menos 12 millones de dólares de Odebrecht para albergar el Instituto Lula, en la ciudad de  Sao Paulo.

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