Volvió al país en enero y presentó rendición de cuentas

La funcionaria regresó a Ecuador en enero de 2025, después del nacimiento de su hija en Argentina en diciembre de 2024. A su llegada, presentó ante la Asamblea Nacional su informe de rendición de cuentas correspondiente a las actividades realizadas durante el año 2024.

El CPCCS no ha designado a su reemplazo

Aunque su periodo está por concluir en menos de un mes, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aún no ha avanzado en el concurso para nombrar a la persona que la sucederá. En caso de que este proceso no finalice a tiempo, Salazar podría permanecer en funciones hasta que se designe al nuevo titular de la Fiscalía.

Investigaciones clave durante su gestión

Durante su tiempo al frente de la Fiscalía, Diana Salazar llevó adelante investigaciones de alto perfil. Uno de ellos fue el caso Sobornos 2012-2016, que culminó con la condena del expresidente Rafael Correa y varios funcionarios de su administración por cohecho agravado. En el caso Las Torres, logró que el excontralor Pablo Celi fuera sentenciado por delincuencia organizada. Además, procesó al exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, por abuso sexual. También formó parte de la investigación del caso Metástasis, que resultó en la sentencia en primera instancia contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y otros funcionarios judiciales, por delincuencia organizada.

Juicio político fue suspendido y luego archivado

En mayo de 2024, Salazar comunicó que no podía continuar con el juicio político en su contra, impulsado por el correísmo en la Asamblea, debido a un embarazo de alto riesgo. Dicho proceso, que alegaba un supuesto incumplimiento de funciones, fue suspendido en ese momento. Finalmente, en septiembre de 2024, el Legislativo archivó de manera definitiva ese juicio político.

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«Este es un país donde la Fiscalía, no solamente con Diana Salazar, ha sido utilizada para perseguir. Hay que ver lo que estamos pidiendo. Me preocupa porque la FGE tiene un poder terrible. Con tres palabras de la fiscal en una entrevista, con una investigación que quizá no tiene los elementos para empezar y los están buscando en allanamiento pueden destruir la reputación de alguien», dijo en entrevista con La Calle.

El analista indica que no significa que las investigaciones no tengan validez, pero que las acciones son muy mediáticas y demasiado sospechoso en los tiempos que, a veces coinciden, con los intereses de la presidencia. «Me preocupa que ese poder lo desean los otros políticos, quienes acusan incluso a la fiscal de actuar de forma improcedente o quiénes en público la celebran y en privado le temen y la detestan».

Para Febres Cordero, lo que se está armando del Consejo De Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sea quizá prorrogar a Diana Salazar en sus funciones al frente de Fiscalía por un tiempo. «Uno de los actores con más chances aparte de voluntad para ocupar la Fiscalía es el presidente de la República. En este momento está entrando en la campaña y le convendría más que el concurso se empiece a mover cuando tenga más capital político. Un presidente Noboa reelecto tendrá más peso en la pelea que el actual presidente que tiene probabilidades, pero ninguna garantía de ganar».

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De The Intercept a Drop Site

Ryan Grim (uno de los autores del reportaje de la Fiscal) trabajo en el HuffPost antes de integrar la plantilla de The Intercept, una revista digital de izquierda en Estados Unidos. En conjunto con Jeremy Scahill, un periodista de investigación que viene del activismo social. Sachill cofundó The Intercept, pero en julio de 2024 anunció su salida del medio y el inicio de una nueva plataforma junto con Grim llamada Drop Site.

En su sitio web, el medio digital indica: «En un momento en que el mundo necesita desesperadamente un periodismo contundente, los medios de comunicación del establishment y las corporaciones están fallando al público y a la democracia misma. Por eso Jeremy Scahill y Ryan Grim fundaron Drop Site, una organización periodística de investigación no alineada dedicada a exponer los crímenes de los poderosos, en particular en conflictos abiertos y secretos en los que el gobierno de Estados Unidos desempeña un papel clave».

En su cuenta de X, Scahill explica su salida y la creación de este nuevo medio. «Por más de una década (en The Intercept) hicimos un duro periodismo de investigación enfocado en el estado de la seguridad nacional estadounidense. Es abusiva, es corrupta, es peor en todo el mundo. (…) Nos vamos a enfocar en la política estadounidense y guerras estadounidenses en el mundo».

El Reportaje

En el inicio del reportaje, José Olivares (The Intercept Brasil) y Grim relatan el asesinato de Fernando Villavicencio. También los mensajes entre Diana Salazar y el exasambleísta Ronny Aleaga que revelarían información sensible.

Salazar y su abogado no respondieron a una solicitud de entrevista ni a una lista detallada de preguntas de Drop Site y The Intercept Brasil. Ella nunca ha negado que los chats le pertenezcan, pero Salazar ha calificado todo el calvario como un circo político, diciendo que es un intento de “contaminar ” una de sus principales investigaciones. 

Según los chats, Salazar le entregó a Aleaga información sensible sobre sus casos e investigaciones. Entre esos el caso Encuentro que se pospuso durante un año desde su publicación.

En una entrevista, Aleaga afirmó que no sabía por qué Salazar compartía información sensible sobre sus investigaciones. “Yo también estoy confundido”, dijo Aleaga a Drop Site. “Si éramos adversarios políticos, ¿por qué hubo esta comunicación? No estoy seguro”.

Salazar dijo que sospechaba que el FBI borró información confidencial del teléfono de Villavicencio, durante su investigación sobre el asesinato, antes de proporcionar el contenido a la oficina de Salazar, a lo que "Seño" se refirió como "fraude procesal

Al momento, Salazar no se ha pronunciado sobre este reportaje. Pueden leerlo completo en: Leaked Chats Reveal a U.S.-Linked Prosecutor Is Behind the Assault on Ecuador’s Social Democratic Movement (MIB)

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En el audiovisual de 10 minutos, la autoridad responde a ciertas preguntas con relación a este caso. Expresó que no existía solo «una agenda de hello kitty» sino varias agendas que encontraron en el departamento de Pamela Martínez. Tanto Martínez como Laura Terán se acogieron a la cooperación eficaz, ya que – de acuerdo a la fiscal – quería información de los líderes de la estructura. Salazar agregó fue escéptica respecto a los computadores en Carondelet, donde se encontrarían los archivos verdes. Sobre el influjo psíquico, dijo que si bien no está en la legislación ecuatoriana, utilizó la figura para definir la participación del actor mediato.

Sobre una presunta persecución que rebasa lo político, la autoridad dijo que «ese es el precio que he tenido que pagar por tocar a un intocable. A quien se creía dueño, no solamente de todos los poderes, sino dueño del país, la conciencia y voluntad de las personas». Agregó que «lo último que les queda es venir por mí. Venir a matarme porque no han tenido las herramientas jurídicas para separarme del cargo».

¿Qué dijo Rafael Correa?

«¿Para qué seguir desmintiendo a esta señora? Ni siquiera sabe lo que dice la sentencia… Es sencillo: permitan pericia informática al supuesto computador de Laura Terán, donde se «encontraron» los archivos verdes. Verán que fueron sembrados en el 2019 por órdenes de esta corrupta. Estaremos esperando», escribió en su cuenta de X, el exmandatario.

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«Pero ojo quienes asesinaron a FV (Villavicencio) fueron Los Lobos», es la primera declaración que hace Aleaga acerca de sus chats con la Fiscal. Es frase la habría escrito la funcionaria al respecto del crimen contra el excandidato presidencial. El exasambleísta alega que «tan pronto se dio el crimen, ella se enteró que fueron Los Lobos».

Según la narración de Aleaga, la fiscal habría mencionado que «A mí me dijeron el lunes en la noche en la casa del embajador, salí y pedí a la fiscal hacer todo para la cooperación, pero los mataron. Ellos saben que sí ustedes (presuntamenta la RC) ganan, todo queda ahí». De acuerdo con Aleaga, la Fiscal General manipuló la información del asesinato de Fernando Villavicencio para «sus fines oscuros y turbios».

Más conversaciones

El exlegislador se refirió a otra conversación – el 4 de febrero de 2024 – en el contexto del caso Metástasis sobre los chats entre alias La Negra y El Ruso. La fiscal pregunta «¿A Mayra Salazar le decían la negra?». Aleaga dice que «mmmm a Mayra Salazar, creo que sí y gordita también porque como ella trabajaba con F Gallardo y era súper blanca. Me imagino así la llamaban».

Según Aleaga, la fiscal empezó a posicionar que alias la negra no era ella, sino Mayra Salazar. Según el exasambleísta, existen 1.500 conversaciones con la fiscal que están periciadas por una agencia de los Estados Unidos. Por el momento, Aleaga salió del país y su paradero no se conoce.

La respuesta de la Fiscal

Salazar respondió al video de Aleaga en su cuenta de X con una noticia de RCN Radio sobre el exsenador Rodrigo Lara Bonilla y el capo del narcotráfico, Pablo Escobar. «Se tardó 3 meses en usar la misma estrategia que Pablo Escobar aplicó –en su momento– contra el Presidente de Colombia. No se equivoque, señor procesado, la ciudadanía sabe muy bien que los prófugos vienen por mí.»

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«Quieren callarme, como lo hicieron con Fernando Villavicencio, y ahora lo quieren hacer con la Fiscal», expresó la fiscal en medio de la audiencia donde incorporó 8 nuevos nombres de sospechosos en el caso Metástasis.

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La autoridad añadió que el mismo grupo delincuencial que se encargó de asesinar al excandidato presidencial estaría detrás de un atentado contra ella y lo miembros de su familia. También reveló un nombre: Fabricio Colón Pico, un delincuente asociado con Los Lobos.

Según Primicias, Pico tiene 44 años y acumula 30 años de una carrera delictiva. Sus primeras detenciones datan de la década de los 90, cuando lo sindicaron por robos en los ejes viales del país usando ropa policial.

Conocido por los alias de ‘Capitán Pico’ o ‘Salvaje’, tiene 17 de detenciones y 30 procesos judiciales por narcotráfico, asesinato, delincuencia organizada, robo o extorsión. Salió de la cárcel con un beneficio penitenciario y un grillete electrónico. En 2019 volvió a prisión por extorsionar a taxistas quiteños, obligándolos a pagarle USD 30 semanales. En estos momentos, Colón Pico está libre otra vez. La Policía lo identificó en la ciudad movilizándose en autos de alta gama. No tiene órdenes de captura en su contra. (MIB)

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«Estás mintiendo. Nosotros les planteamos el juicio político a la fiscal y lo vamos a hacer. Las pruebas son demasiado contundentes y ustedes lo saben. ¿Interferir en la justicia cumpliendo la labor constitucional de fiscalizar? ¡Vamos!», respondió el exprimer mandatario al asambleísta electo Henry Kronfle.

Un día antes, el legislador socialcristiano había desmentido la existencia de un posible pacto entre su partido, la Revolución Ciudadana (RC) y el próximo oficialismo (ADN) en pro de gobernabilidad para el presidente electo Daniel Noboa en la Asamblea Nacional.

Sin embargo, Kronfle le contestó a Correa. Alegó que en las «conversaciones iniciales» coinciden en algunos puntos y discrepan en otros, pero aclaró que no promoverán un juicio político contra Salazar.

«Respetamos el derecho de cada agrupación política de proceder en cada caso como resuelva. Exigimos lo mismo respecto a nosotros. En eso consiste la democracia verdadera y la oportunidad de gobernabilidad que merece el Ecuador», manifestó.

Hasta la fiscal Salazar salió a responder por su cuenta de X, donde mencionó que espera que la Asamblea Nacional entrante no se preste para «la impunidad».

«No es la primera vez que los sentenciados amenazan. Estoy segura que la AN entiende el grave momento que atravesamos como país y no se prestará para brindarles impunidad», escribió.

También Construye, movimiento de María Paula Romo, se pronunció. Ratificó su postura de cero diálogos con la RC, a la que consideran como una «mafia con conexiones del narco».

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Se trata de los doctores César Muñoz, docente titular y director de la carrera de Derecho; Holger Canseco, docente titular de la carrera de Derecho; y Franklin Vásquez, docente titular y coordinador de la Unidad de Titulación de la carrera de Derecho, de acuerdo con Radio Pichincha.

El pasado 13 de junio, Acción Jurídica Popular hizo pública una demanda constitucional de acceso a la información pública en contra de las autoridades de la Universidad Central sobre los nombres de los integrantes del Comité. La información se solicitó desde el 29 de mayo, pero no hubo respuesta.

Además, solicitaron copias del acta en la que consta su nombramiento y del Reglamento de Infracciones de los Estudiantes, que entre el año 2004 y 2006 prevé el procedimiento y sanciones contempladas para el plagio. Adicionalmente, una copia certificada de la tesis de grado de la fiscal Salazar.

Los nombres de los abogados que investigarán el supuesto plagio fueron nombrados por el Consejo Directivo de la Unidad Académica, en sesión ordinaria Nro. 6 -del 31 de mayo al 1 junio de 2023- que emitió la Resolución Nro. UCE-FJCPS-SA-2023-0047-R. (MIB)

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Palacios se dirigía a su hogar después de una audiencia, cuando un grupo de delincuentes lo interceptó y comenzó a disparar. El suceso se registró en la Avenida Nicolás Lapentti, cerca de la Unidad Judicial de Durán.

El cantón de Durán se encuentra militarizado como medida de seguridad por parte del Gobierno. De la misma manera, esta ciudad está con un alcalde que trabaja vía telemática desde el exterior porque fue amenazado días atrás.

Un día antes del incidente, delincuentes atacaron la Agencia de Tránsito con un artefacto exploxivo que fue lanzado dentro de las instalaciones. (DCJ)

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La reunión en la Judicatura estaba prevista para las 20:30 de la noche, pero no se consolidó debido a que los vocales Juan Morillo, Ruth Barreno y Xavier Muñoz no acudieron. Hasta el momento la CJ no ha dado ningún pronunciamiento.

La fiscal general, Diana Salazar, tiene una denuncia por presunto plagio de tesis en su pregrado. En el caso de que se compruebe el plagio podría de ser destituida de su cargo.

En el informe se recomendaba la suspensión de la funcionaria por tres meses, sin sueldo. Asimismo, iniciar un sumario administrativo para concluir en la destitución definitiva de Salazar.

La postura de la fiscal

Salazar a través de su cuenta de Twitter mencionó que no acataría la decisión de la Judicatura porque ella está sujeta al control de la Asamblea. «Este tipo de maniobras dan cuenta de una desesperada intención por tomarse la Fiscalía», rezó en un tweet.

De la misma manera, en la página de la Fiscalía General del Estado (FGE) se explicó que el informe fue elaborado de «forma maliciosa y sin sustento legal» para suspender a la máxima autoridad de Fiscalía.

Supuesto plagio de tesis

El 22 de mayo, Acción Jurídica Popular solicitó al Consejo de la Judicatura (CJ) la suspensión y destitución de la fiscal general, Diana Salazar, por presunto plagio en su tesis de pregrado.

Según los denunciantes, la tesis académica que le otorgó a Salazar el título de abogada tendría un 40 % de plagio. Como principales acciones se presentaron tres denuncias en el CJ, en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y en la Universidad Central del Ecuador (UCE). (DCJ)

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En su cuenta de Instagram, Izquierdo publicó la imagen del diploma con la descripción: “El título de abogado no se sostiene con un clavo en la pared. Se sostiene con trabajo constante, ética irreductible y pasión por la justicia”.

Caso Naomi Arcentales

El 11 de diciembre del 2021, el cuerpo de Naomi se encontró en un departamento en Manta, donde vivía con su pareja, el fiscal Juan Carlos Izquierdo.

El caso se trató como suicidio, sin embargo, tras hallarse evidencia de que Izquierdo violentaba a la joven, la familia de Noemí solicitó que se investigara al fiscal como presuto femicida.

Izquierdo en a la Fiscalía

El fiscal Juan Carlos Izquierdo fue investigado por la muerte de la modelo Naomi Arcentales, pero retomó sus actividades laborales en la Fiscalía de Manabí desde mayo de 2022.

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Quito, 22 oct (La Calle).- Una dictadura es un evento traumático que atraviesa una sociedad y Argentina lo sabe de sobra. Para el gobierno democrático (o monárquico en el caso español) que los sucede, la vía más fácil sería reemplazar la memoria por olvido y la justicia por dádivas.

Eso no pasó en Argentina. En 1983, el gobierno de electo presidente Raúl Alfonsín retornó a la democracia y con ella al inicio de un camino largo y lleno de baches en busca de justicia para la víctimas.

Lo que logra el filme Argentina, 1985 (2022) es mostrar a las víctimas y sus verdugos enfrentadas en un juicio sin precedentes en la historia de Argentina, Latinoamérica y el mundo (nunca los civiles de su país habían juzgado a sus compatriotas militares por sus crímenes). En ella, las figuras del fiscal Julio Strassera (Ricardo Darín) y el fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani) cobra una gran importancia y son el hilo conductor de la historia. Sus acciones definen y son el medio que une a los sobrevivientes con los jueces y la posibilidad de que sus historias se conozcan.

Contra la historia personalista…

La película también es sobre detalles. Una Argentina de los años 80, donde las cosas volvían a tomar forma tras siete años de dictadura. Strassera, un fiscal en Buenos Aires, amante de la música clásica, casado, dos hijos y con miedo cuando supo que el juicio no funcionó con una corte militar y tuvo que ir a manos de lo civil, a sus manos. Lo consideran un héroe aunque él no lo cree. Su alegato de acusación es histórico.

Moreno Ocampo desciende, por otro lado, de una estirpe de militares, con una madre católica ferviente que va a misa con Videla y que se enoja con su hijo por no defender a los militares. Aún así, sigue adelante por sus principios de abogado. Para él, nadie estaba fuera de la ley, incluyendo a los colegas de su tío. Un grupo de jóvenes se dedico a buscar testimonios con base en el informe «Nunca más» de 1984, que recopilaba las horrorosas historias que rememora el film.

¿Un suceso atemporal?

¿Por qué ahora? ¿Por qué de nuevo? No es la primera que realizan una película sobre la dictadura, aunque sí la primera en abordar el juicio a las Juntas. El consuelo de la ciudadanía es la memoria. Una herramienta poderosa, mientras no muera el recuerdo doloroso de que en los países del Cono Sur, secuestraban, torturaban y asesinaban personas bajo la premisa del enemigo, el sospechoso, el revoltoso. En medida de que persiste el recuerdo se puede sanar la herida y mejorar para que la democracia no se nos vaya y el terror jamás se repita.

Un dato histórico

En 1984, el informe Nunca más obtuvo la cifra de 7.954 casos entre desaparecidos y muertos entre 1976 y 1983. Liderada por el escritor Ernesto Sábato, el trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas fue recolectar testimonios en todo el país. Sin embargo, una cifra que se ha manejado por las organizaciones es la de 30.000 casos.

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Alcívar viajaba en un auto todoterreno, cuando varios sujetos armados lo atacaron, en la avenida Quito Río Yamboya, en el centro de Santo Domingo. El atentado criminal ocurrió la noche del jueves 5 de mayo.

Los sicarios huyeron y luego quemaron el carro en el que se movilizaban, según las primeras revelaciones hechas por las autoridades que investigan el caso. Sin embargo, la policía indaga si realmente es el vehículo en el que se movilizaban los sicarios.

El fiscal fue trasladado una clínica local, donde es evaluado. No obstante, su estado de salud es reservado. Según información preliminar, la acompañante identificada como Krystel Ramos, falleció en la clínica por recibir varios impactos directos.

En los alrededores de la casa de salud se desplegó gran cantidad de efectivos policiales.

¿Qué se sabe de Alcívar?

Al fiscal Víctor Alcívar se le removió de sus funciones en 2013 por, presuntamente, no acusar a un sujeto señalado de robar piezas de autos en Santo Domingo.

Entonces, el exministro del Interior, Javier Córdova, lo denunció en el Consejo de la Judicatura por actuar contra la seguridad ciudadana al dejar libre a dicho ciudadano.

No obstante, hace dos años Alcívar se reintegró como fiscal por decisión de un juez.

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“Respecto del agente fiscal de Manabí,  Juan Carlos I he dispuesto la medida preventiva de suspensión de su cargo, mientras el #CJ investiga posibles infracciones disciplinarias de nuestra competencia, FGE deberá investigar el presunto delito”, expresó la presidenta de la institución judicial.

Por su parte la Fiscalía indicó que desde se conoció el caso, la fiscal general, Diana Salazar, ordenó que se aplique el Protocolo de Investigación de Femicidios y que la investigación la lleve adelante una agente fiscal de la provincia de Guayas. “La FGE le recuerda a la opinión pública el principio de reserva de las investigaciones”, añade el comunicado.

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Abusos

Más pruebas para investigar el presunto suicidio de la modelo Naomi Arcentales aumentan las dudas sobre la naturaleza de su muerte. Su pareja tenía comportamientos misóginos y violentos con ella.

Así lo reveló su hermana Tais a través las conversaciones que Naomi mantenía con Izquierdo. Las respuestas de Izquierdo muestran  que ejercía violencia física y psicológica sobre su conviviente.

Las causas de la muerte de Naomi se siguen investigando al existir sospechas de la familia Arcentales de una manipulación en el informe inicial. Todo esto sucede mientras cambian de defensa. Ahora a la cabeza del abogado Luigi García, quien impulsa la exhumación del cuerpo.

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Como Naomi Michell Arcentales Sabando fue identificada la mujer, de 23 años de edad, que fue encontrada muerta en el departamento que compartía con su esposo, un abogado que se desempeña como fiscal en Manabí.

Ella era modelo, según información preliminar que dieron sus amigos. No hubo pronunciamiento de la familia.

La mujer se habría ahorcado en el departamento que compartía con su esposo. La vivienda está ubicada en el piso trece de un edificio frente al mar, un área privada y de propiedad horizontal (parte alta del hotel Poseidón).

El conviviente informó a la Policía que él fue quien la encontró sin vida.

El fiscal Marcelo Vásconez autorizó el levantamiento del cadáver

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“Existió manipulación de la información por parte de las personas que asistieron al allanamiento. A Pablo Celi no le encontraron absolutamente nada. Hay un parte policial de la incautación de sus cosas en el allanamiento y no existe un solo dólar en la casa de Pablo Celi y esa chaqueta no es de su propiedad”, indicó el jurista para Radio La Calle.

“Considero que este es un  tema interno. A todo el mundo le hicieron pensar que Diana Salazar, fiscal general de la Nación, estuvo en el allanamiento en casa de mi defendido y no fue así. Tampoco existió dinero en la chaqueta de mi defendido. El parte policial lo prueba”, añadió.

Más tiempo en el cargo

El contralor subrogante está hospitalizado en el Eugenio Espejo de Quito y no mantiene comunicación con nadie aparte del personal de salud que lo atiende. De acuerdo al abogado, Celi mantendrá su cargo alrededor de cinco meses por baja médica y vacaciones.

“Los plazos son los que marca la ley. En este momento cuenta con baja médica por la COVID-19. Los 60 días sin sueldo terminaron el fin de semana. Ahora corre el plazo de la licencia médica que puede alargarse hasta los 90 días. Además, el contralor tiene 60 días de vacaciones de las que podría hacer uso”, explicó Ron.

El 14 de junio, la fiscal Diana Salazar denunció en su Twitter que un grupo de personas, algunos “ciudadanos ilustres”, protegen y defienden al contralor subrogante.

El presidente Guillermo Lasso preguntó si algún miembro de su gobierno constaba en esa lista. Aunque no dijo nombres, Salazar confirmó que no existía ningún miembro del Gobierno actual.

Sobre el tema, la hija de Celi se pronunció en Twitter. ““Mal le hace a la majestad de tan alta y delicada función el afán de lanzar acusaciones temerarias, sin individualizar destinatarios, más bien parecen advertencias amenazadoras que reflexiones propias de persecutor penal.”

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La Fiscal Diana Salazar, quien en el orden del día era la primera en comparecer, remitió un oficio. En el mismo, se excusó de no asistir a la sesión de la mesa.

Frente a la ausencia de la Fiscal, la asambleísta Amapola Naranjo manifestó: «como vemos no le deja dormir el Caso Sobornos (…) a la Fiscal General del Estado y se evidencia sus prioridades. Solo le quitaba 30 minutos de su tiempo y esta es una investigación muy importante». Por su parte, se sabe que Fiscalía entregó las ampliaciones de los testimonios de Santiago Cuesta y Edmundo Tamayo. Este último asegura que Eliseo Azuero habría sido quien le entregó el cargo de Administrador del Servicio de Contratación de Obras (Secob).

María Paula Romo tampoco asistió a la comparecencia convocada por la Comisión. Según la funcionaria cumplía actividades en el manejo de la crisis sanitaria. Ante esto, el asambleísta Serrano señaló que los comparecientes y en específico María Paula Romo son sujetos a la fiscalización de la Asamblea.

Además, Liliana Durán solicitó que se vuelva a llamar la presencia de los comparecientes, que siendo funcionarios de primer orden deberían asistir a rendir testimonio, además, enfatizó que la ministra tiene información sobre el caso y que debe “dar la cara”.

Comisión protestó por la acción de los comparecientes

Antes de finalizar esta parte de la sesión, José Serrano recordó que comparecer frente a la Asamblea es parte de las responsabilidades de los funcionarios y manifestó que la asistencia por parte de ellos es de carácter obligatorio y no algo que recae en su decisión deliberada.

Por último, el presidente Lenín Moreno, decidió no asistir al llamado y tampoco entregó ninguna justificación de su ausencia. De esta manera continúan las sesiones de la Comisión Multipartidista con la misma tónica, donde los llamados a rendir versión no asisten. (AB)

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