Las agencias de tránsito, lejos de dedicar espacios exclusivamente al control vial y la movilidad, se convertirán en terreno fértil. Con una ola de asesinatos, contratos amañados y redes de corrupción infiltradas, las instituciones estarían operando como plataformas logísticas y financieras de las mafias. El Estado, por ahora, parece perder esta batalla.

25 AGENTES ASESINADOS Y DECENAS DE ATAQUES: LA NUEVA GUERRA SILENCIOSA EN LAS VÍAS

La violencia contra agentes de tránsito se disparó en Ecuador en 2024. Según el informe de InSight Crime, al menos 25 funcionarios fueron asesinados y se han reportado más de 39 ataques armados contra personal e infraestructura de tránsito en lo que va del año.

El caso más reciente ocurrió el 15 de junio en Machala: sicarios emboscaron a dos agentes, y uno de ellos murió. La semana anterior, en Manta, asesinaron a tiros a Víctor Villa Gómez, convirtiéndolo en el doceavo funcionario de la agencia municipal ejecutado desde 2022.

La mayoría de estos atentados se concentran en la región Costa, donde también se registra el mayor índice de homicidios del país.

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¿CÓMO LAS MAFIAS INFILTRARON EL SISTEMA?

Las agencias de tránsito manejan grandes presupuestos, administran contratos millonarios y tienen acceso a bases de datos y movilidad vehicular, una combinación atractiva para las organizaciones criminales.

De acuerdo con el ministro del Interior, John Reimberg, los grupos criminales han infiltrado estas instituciones, colocando a aliados en cargos clave. Algunos casos, incluso se han utilizado vehículos oficiales para transportar armas o drogas con menor control.

En Durán, empresas vinculadas a narcos como “Washo” y “Negro Tulio” han ganado contratos para servicios de grúas y depósitos vehiculares. En Manta, familiares de capos de Los Chonerostrabajan dentro de la agencia municipal. Cuando se detuvo a Fito en junio, uno de sus acompañantes era un funcionario con más de una década en la institución.

“La agencia habría sido debilitada por redes ajenas al servicio público”, reconoció la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso.

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BLANCOS FÁCILES Y SIN DEFENSA

El rol de los agentes de tránsito, que no portan armas, los convierte en objetivos vulnerables tanto para mafias como para venganzas internas o conflictos personales.

Los ataques, lejos de ser casuales, reflejan una disputa por contratos, puestos estratégicos y rutas de poder. Las mafias ven en estas instituciones no solo un mecanismo de lavado de activos, sino una oportunidad de moverse con información privilegiada, protección institucional y acceso a recursos públicos.

Las mafias ya no solo dominan las calles, también controlan quién te pone una multa.

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ECUADOR PIERDE EL CONTROL SOBRE UNA FUNCIÓN CLAVE DEL ESTADO

La infiltración de redes delictivas en las agencias de tránsito debilita la institucionalidad, alimenta la impunidad y expone a servidores públicos a una violencia que crece en silencio. La falta de reformas estructurales y controles anticorrupción permite que estos espacios se conviertan en cajas negras del crimen organizado. Hoy, las carreteras del país no solo están plagadas de huecos, también de amenazas invisibles que operan desde dentro del sistema. Si no se frena este fenómeno, Ecuador podría ver colapsar otra parte esencial del Estado.

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Las legisladoras acusaron a Carrera, o mejor conocido como Gran Padrino, por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita y enriquecimiento privado no justificado.  

Aguirre y Veloz publicaron un video en redes explicando esta decisión. Carrera “estaría repartiendo puestos públicos y contratos con las empresas CELEC, CNEL, y Petroecuador”.

Las asambleístas exigen a la Fiscalía investigar la red de corrupción denominada como “El Gran Padrino”. Este pronunciamiento también lo exigió la Asamblea Nacional días atrás.

El Gran Padrino

Una presunta red de corrupción en el sector eléctrico estaría encabezada por el cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera. El allegado al mandatario se encontraría operando en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC).

El entramado de corrupción, revelado en una investigación de La Posta denominada «El Gran Padrino», expone a Carrera como principal beneficiario. Su operador de confianza sería Rubén Chérrez, quien en 2021 creó siete empresas en un solo día y sería procesado por narcotráfico. (B.T.)

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En redes sociales, usuarios expresan su indignación por las publicaciones de Izquierdo a través de su Instagram en el que afirma «Regresando a mis funciones y labores institucionales». Y en sus estados, se ve al funcionario realizando trabajos de investigación en escenas de crimen.

El 5 de febrero de 2022, la defensa de Izquierdo confirmó a diario La Hora que la expresidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, revocó la suspensión de funciones de su defendido.

Según el abogado de la familia Arcentales, el fiscal Izquierdo, expareja de la modelo, es uno de los principales sospechosos en el caso. No obstante, sobre el funcionario no ha existido ninguna vinculación oficial en el proceso.

Caso Naomi Arcentales

El 11 de diciembre del 2021, el cuerpo de Naomi fue encontrado en un departamento en Manta, donde vivía con su pareja, el fiscal Izquierdo. El caso se trató como suicidio, sin embargo, tras hallarse evidencia de que Izquierdo violentaba a la joven, la familia de Noemí solicitó que se investigara al fiscal por presunto femicidio.

A mediados de enero, familiares y su abogado solicitaron que la investigación se lleve a cabo en Quito. El objetivo fue la imparcialidad en el caso, pues, la parte acusada, Juan Carlos Izquierdo, desempeñaba el cargo de Fiscal en Manabí.

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Fiscalía confirmó que entre los detenidos están los presuntos responsables de colocar tacos de dinamita en la Unidad Judicial Albán Borja, hecho suscitado el día de ayer. Los responsables serían parte de la agrupación delictiva denominada «Chonekillers», añadió la institución.

Los detenidos serían responsables de delitos como: decapitaciones, desmembramientos, microtráfico, secuestro, y otros. En el operativo se incautó evidencia que incluye armas, drogas, y vehículos que presuntamente se usaron en varios asesinatos, según indicó Fiscalía.

De los 28 detenidos, 22 tenían una boleta de captura, y los procesarán por delincuencia organizada; 6 se encontraban en delito flagrante. Estos últimos están involucrados en el atentado a la Unidad Judicial.

Sobre el atentado a la Unidad Judicial

La tarde del 20 de abril se alertó de una amenaza de bomba en la Unidad Judicial. Miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) controlaron la situación.

En el operativo encontraron seis artefactos explosivos distribuidos en dos cartones, que se encontraban a 11 metros del parqueadero y el otro cerca a la puerta de la Unidad Judicial Albán Borja.

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En un comunicado emitido por la Fiscalía del Ecuador, se alertó a la ciudadanía sobre un posible abuso de la acción constitucional de habeas corpus.

Según la constitución, en el artículo 89 explica que un habeas corpus tiene por objetivo recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria e ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física del privado de libertad.

Asimismo, la Fiscalía recordó que alias “JR” o “Júnior” tiene al menos dos sentencias de 22 años por asesinato, intimidación, entre otros. Además, el privado de la libertad está involucrado en casos por delincuencia organizada.

“Esta institución ha cumplido con su trabajo, demostrando la responsabilidad del ciudadano mencionado”, indicó en un comunicado.

Alias Jr

Alias Junior es uno de los cabecillas de la organización Los Choneros, que lidera pabellones en las cárceles de Guayaquil. Se lo ha identificado como uno de los más violentos de esa banda.

Además, el antisocial está involucrado en hechos de extorsión dentro del penal y en las disputas dentro del recinto carcelario.

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El 24 de marzo, el primer mandatario refirió que su Ley de Inversiones fue negada y archivada por la Asamblea Nacional debido a que «no se dejó chantajear» de los asambleístas que piden «ministerios, cargos públicos y hasta dinero en efectivo» por condicionar su voto en el Pleno. Sus acusaciones originaron un fuerte clamor en diversos sectores políticos y redes sociales.

El ala rebelde de Pachakutik

«Exigimos al señor Guillermo Lasso que con nombres y apellidos de los asambleístas que venden su voto, como lo aseguró, presente la denuncia (…) Les conminamos a que presenten la denuncia respectiva en la Fiscalía y la Comisión de Ética para autodepurarnos», señaló el legislador Mario Ruiz, junto a sus homólogos Darwin Pereira, Mireya Pazmiño, Patricia Sánchez, Peter Calo y Joel Abad.

A través de Twitter, los legisladores Salvador Quishpe y Patricia Sánchez explicaron que si el primer mandatario no revela los nombres de los asambleístas que «vende el voto», entonces actuaría como encubridor del delito, según el artículo 277 el Código Orgánico Integral Penal.

Que intervenga Fiscalía

La asambleísta por UNES, Viviana Veloz, presentó una noticia criminis en la Fiscalía General del Estado con el fin de que la entidad de control investigue la supuesta venta de votos en la Asamblea. «Ecuador debe conocer los nombres de los corruptos y que esto no sea una especulación más de este gobierno», sentenció.

«Lo que dice el Presidente en este video son actos que presuntamente se podrían enmarcar dentro de una conducta típica y antijurídica sancionada por nuestras normas penales. Por lo anterior, pongo en su conocimiento estos hechos para que inicie las investigaciones del caso», reza el documento enviado a Diana Salazar, Fiscal General del Estado.

Da la cara Llori, dice la ID

El asambleísta y jefe de bancada de la Izquierda Democrática, Marlon Cadena, exhortó al presidente Lasso que presente los nombres y apellidos de los legisladores con «maniobras de canje de votos» y llamó a la unidad a todas las bancadas para defender la institucionalidad del órgano.

«Exigimos al Ejecutivo que presente los nombres. No es posible que se manche la imagen de la Asamblea Nacional. Y si hay asambleístas con este tipo de maniobras, pues no pueden estar en la Asamblea. Tienen que rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano y la justicia», subrayó Cadena.

Asimismo, exigió un pronunciamiento contundente por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. «La presidenta debe responder con la firmeza de estos momentos. Es necesario que exija al Ejecutivo que venga acá a dar los nombres de quienes han ido y visitado el palacio», acotó.

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Las violaciones están por debajo de seis delitos: robo a personas, robo de bienes, accesorios y automóviles, robo de motos, robo de carros, robo a domicilio y robo a unidades económicas. Sin embargo, en términos menos técnicos, el robo de un bien, cualquiera sea su naturaleza, podría considerarse bajo la misma categoría. Esto pondría a las violaciones como el cuarto delito más frecuente en el país.

En los últimos siete años, la Fiscalía receptó un total de 41.652 denuncias por violación a nivel nacional. Las provincias del Guayas, Pichincha, El Oro, Manabí y Los Ríos tienen las cifras más altas por este tipo de delitos. En cambio, las provincias del Napo, Zamora Chinchipe y Galápagos reportan menos denuncias en todo el país.

Una tendencia a la alta

Las cifras reflejan que en el año 2021 la autoridad de control registró el mayor número de denuncias por violación, unas 5.804. En contraste con el año 2020 que tuvo 4.886, es decir, una diferencia de 1.082 denuncias. Esto pudo haberse debido a las restricciones de movilidad del estado de excepción por la pandemia de la Covid-19, lo cual redujo la actividad criminal en el país. En este año, las demás categorías de robo arrojan cifras muy bajas en comparación a los otros años.

En la variación porcentual acumulada existe un descenso del 2014 al 2016 de -8.7%. Sin embargo, el indicador se dispara a partir del 2017 a 9.4%. En 2020, se redujo en -10.8% y finalmente volvió a subir a 14.9% lamentablemente.

Además de la Fiscalía General del Estado, los datos también fueron recogidos por el Grupo de fortalecimiento estadístico de indicadores de seguridad y justicia de la Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Crimen, Justicia y Transparencia.

Concepto…

Según la Defensoría del Pueblo, la violación comprende cualquier delito que fuerce a una persona a tener relaciones sexuales mediante violencia, amenazas o cuando la víctima esté privada de la razón, posea una enfermedad o discapacidad o sea menor a 14 años.

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Fiscalía allanó las viviendas de las personas implicadas hace unos días. Sin embargo, el caso salió a la luz el pasado 17 de febrero. Una mujer denunció en la Fiscalía de Gualaceo (Azuay) haber entregado USD 40 mil a una mujer que le habría ofrecido entregarle intereses del 15% cada 8 días.

Esta promesa fue cumplida en un principio pero el dinero paró de llegar en el transcurso de las semanas. La Fiscalía pudo identificar a la mujer como María P. en una investigación preliminar a causa de esta denuncia. La misma reveló que la mujer no actuaba sola, pertenecía a una supuesta organización de al menos 4 integrantes. Ellos fueron identificados como Amanda J., Leonardo P., César A., y Carla A.

Una red con múltiples perjudicados

En el operativo se identificaron armas, dinero y libretas. Los documentos encontrados en el allanamiento permitieron contactar a otras personas que entregaron capital a cambio de intereses mayúsculos. En la vivienda de María P., autoridades hallaron archivos remitidos a 8 demandas civiles de víctimas que deseaban recuperar su dinero.

Hasta el momento 20 familias perjudicadas fueron parte de esta red. La investigación logró identificarlas pero hay más víctimas según Carlos Serrano, abogado de dos de estas familias. «No se atreven a denunciar», precisó.

El jurista cree que se pueden conseguir evidencias suficientes para probar este delito. Señaló que uno de los puntos para ser considerado como tal es que la captación es habitual y masiva. «No era un préstamo entre amigos, recibían dinero de personas desconocidas», dijo. Testimonios de víctimas reconocen que María P. inició la captación ilegal hace dos años y medio.

Ayudaban a gestionar créditos a ‘inversores’

Aún no se precisó como operaba la organización pero, pudo conocerse que entre los sospechosos, dos personas trabajaban en cooperativas de ahorro en Gualaceo. Esta agrupación ayudaba a futuros «inversores» a obtener y gestionar créditos que serían depositados en el fraudulento esquema.

La Fiscalía aún no logró calcular el monto total de la estafa aunque, según la Fiscal de Gualaceo, Elizabeth Valarezo, solo contra María P. existen procesos que suman USD 500 mil. «Las personas solicitaban créditos, no solo en esa, sino en varias instituciones financieras, o juntaban dinero entre toda la familia para alcanzar un monto importante», detalla Serrano.

Las autoridades desconocen dónde se encuentra el dinero hasta el momento. Cuentas y bienes de los acusados están bajo investigación. La Fiscalía solicitó la enajenación de estos bienes. Sin embargo, el juez Edwin Regalado negó esta medida bajo el argumento de que la institución ‘no ha justificado sobre qué bienes se debe dictar la medida’.

Este mismo juez dictó medidas cautelares contra 5 de las 6 personas detenidas. Es decir, no podrán salir del país y deberán presentarse periódicamente en el juzgado mientras dure la investigación.

El suceso se expandió

Gualaceo es el segundo cantón más poblado de Azuay, con cerca de 50 mil personas. Muchas de ellas se endeudan para ‘invertir’ en estas redes de captación. Este cantón presenta un intenso movimiento económico por remesas de emigrantes. En 2021, Azuay percibió USD 673 millones en remesas. Gualaceo recibió USD 56,67 millones de ese monto.

«Llama la atención la facilidad con la que ciertas cooperativas están colocando dinero», menciona Rodrigo Mendieta, investigador de la Universidad de Cuenca. El mismo explica que a pesar de ser estafadas, la mayoría de personas no llegan a denunciarlo.

Varias personas solo guardan silencio ante este tipo de casos. Muchos lo hacen por temor a no recuperar su dinero depositado o por la esperanza de recuperar parte de él. Mendieta indica que una de las causas de estos sucesos se debe a la falta de educación financiera generalizada.

«No puede haber un negocio legal que entregue dinero a una tasa mucho más alta de lo que presta un banco». Con todos estos datos, el INEC destaca que la economía del cantón no es la idónea para este tipo de inversiones. El ingreso promedio en Gualaceo fue de USD 290,69 para diciembre de 2021, según el Instituto.

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La audiencia se instaló en la Unidad Judicial Alban Borja. El Tribunal de Garantías Penales dictó la sentencia condenatoria contra los procesados en el crimen del presentador.

Los detenidos: Álvaro Bolívar, alias «Alvarito» y Alexis Paúl Casquete, alias «Casquete», considerados autores materiales del crimen recibieron una sentencia de 34 años y 8 ocho meses de prisión y 200.000 dólares de reparación integral a la víctima.

Mientras que alias “Choclo”, autor mediado, fue sentenciado a 17 años y cuatro meses de prisión y 100.000 dólares de reparación integral a la víctima. Karla Jamilet, pareja de alias “Casquete” recibió 17 años y cuatro meses de prisión y 100.000 dólares de reparación integral a la víctima. Alias “Veloz” y “Redrobán” recibieron la misma sentencia.

La Fiscalía señaló que aún se espera fecha para la audiencia de juzgamiento contra el procesado Aarón Andrés A. C., quien estaba prófugo y fue capturado el 4 de febrero de este 2022. A este implicado se le abrió otro proceso.

También existe un proceso abierto contra alias «Ñorqui», quién es menor de edad, y será procesado cómo tal. Sin embargo, antes de conocerse la verdadera edad de Ñorqui este se encontraba detenido en la cárcel 4 de Quito.

Sobre el asesinato a Ruales

Según las versiones recogidas de los detenidos, alias “Choclo”, líder de la organización delictiva “Los Lagartos”, desde el interior de la cárcel se comunicó con alias “Veloz” para ejecutar el atentado contra el presentador. Según la Policía, se habría pagado 20.000 dólares por el asesinato de Efraín Ruales.

Alias “Veloz” es señalado como el encargado de la logística implementada para acabar con la vida de Ruales. Mientras que Juan Carlos Redrobán robó y cambió las placas del vehículo utilizado en el crimen. Karla, novia de Casquete, supuestamente participó en la eliminación de la evidencia, es decir, en la quema del vehículo en el que perpetró el acto homicida.

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“La defensa de Izquierdo confirmó que se le ha levantado la suspensión al fiscal pero que él va a pedir vacaciones para poder estar enfocado en su defensa”, reseñó el medio.

Según la defensa de la familia de Arcentales, el fiscal Izquierdo, expareja de la modelo, es uno de los principales sospechosos en el caso. No obstante, sobre el funcionario no ha existido ninguna vinculación oficial en el proceso.

¿Qué dice Fausto Murillo?

El presidente provisional del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, no se ha manifestado sobre esta decisión de Maldonado tras su renuncia el 2 de febrero.

Caso Naomi Arcentales

El 11 de diciembre del 2021, el cuerpo de Naomi fue encontrado en un departamento en Manta, donde vivía con su pareja, el fiscal Juan Carlos Izquierdo. El caso se trató como suicidio, sin embargo, tras hallarse evidencia de que Izquierdo violentaba a la jóven, la familia de Noemí solicitó que se investigara al fiscal por presunto femicidio.

A mediados de enero, familiares y el abogado a cargo del caso de Naomi Arcentales habían solicitado, en días anteriores, que la investigación se lleve a cabo en Quito. El objetivo fue la imparcialidad en el caso, pues, la parte acusada, Juan Carlos Izquierdo, desempeñaba el cargo de Fiscal en Manabí.

El 14 de enero, la Fiscal general del Estado, Diana Salazar, mediante un comunicado, dispuso que la investigación se encuentre a cargo de una fiscal especializada en violencia de género desde la Planta Central, en Quito.

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Frente a esto, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que se le niega este recurso judicial, por el hecho de que, Abdalá Bucaram Pulley y su equipo de abogados tratan de desconocer lo señalado en el artículo 541, numeral 3, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

“El plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que se hizo efectiva la orden de prisión preventiva. Dictada la sentencia, se interrumpirán esos plazos”, se detalla en el comunicado.

La sentencia

Salcedo tiene una sentencia de 13 años de privación de libertad por peculado; 4 años por el delito de fraude procesal y 3 años por el ingreso de artículos prohibidos al centro de privación de libertad.

La entidad señaló que la defensa de Salcedo, pretende sacarlo de prisión, mediante “argumentos falsos.”

En el comunicado, la Fiscalía también realizó un llamado a los demás órganos de la Función Judicial para que observen este tipo de casos que pretenden distorsionar la norma legal y favorecen a quien ya ha sido hallado como responsable del cometimiento de un delito.

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Los presuntos responsables son dos hombres venezolanos que viven en el domicilio donde se halló el cadáver de una mujer. La víctima tenía 26 años y se presume que el móvil fue el robo, pues la joven no llevaba pertenencias.

El segundo crimen ocurrió en el sur de Quito. Alrededor del medio día, una mujer de 60 años fue asesinada por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta. 

Según informó la Policía Nacional, la mujer y su esposo hicieron un retiro bancario y fueron interceptados por los delincuentes. En el forcejeo, para impedir el asalto, la mujer fue alcanzada por una bala.

Según la Policía Judicial, el robo a personas es el delito que más se comete en Quito. Entre enero y junio se han registrado 2.386 denuncias por este motivo.

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«Todos somos iguales ante la justicia», escribió Diana Salazar. Con este texto informó que recibió la notificación del inicio de una investigación previa en su contra por presunto delito de fraude procesal.

La denuncia en contra de Salazar parte de una supuesta manipulación de los partes policiales con los que se consignó el arresto del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, ocurrido el pasado 17 de mayo.

De acuerdo con la denuncia, Salazar habría alterado los hechos para lograr la calificación de flagrancia. La mañana siguiente a la pelea que protagonizó Carrión con el exministro de Salud, Mauro Falconí, no hubo persecución ininterrumpida por parte de la Policía en contra de Carrión por lo que el caso no calificaba como «flagrante»,

Salazar anunció del proceso el pasado viernes 17 de septiembre en un tweet adjunto con la imagen de la notificación del proceso.

Xavier Rosero, fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional, notificó a Salazar de la investigación previa y de su «pleno acceso al derecho a la defensa para lo cual deberá señalar casillero judicial para futuras notificaciones».

Salazar finalizó escribiendo que «cuando se actúa con ética y apego a la ley, las investigaciones no causan miedo».

El delito de fraude procesal, tipificado en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), indica este se produce cuando una persona induce a engaño a un juez en el decurso de un procedimiento civil, administrativo o penal.

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El juez Juan Carlos Terán Moreno, también levantó las medidas alternativas que pesaban sobre el exmandatario como: la presentación una vez por semana ante la Fiscalía, el uso de grillete electrónico y la prohibición de salida del país, impuestas en la audiencia de formulación de cargos.

El proceso inició cuando se encontraron, el 3 de junio de 2020, varias piezas arqueológicas que no fueron justificadas como posesión al interior de su domicilio.

Fiscalía apelará la resolución emitida por el juez, quien emitió –la tarde del martes 16 julio– auto de sobreseimiento a favor de Bucaram.

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Quito, 27 de ene (Radio La Calle).- Mediante la cuenta de Twitter, la Fiscalía del Ecuador, se pronunció ante información manifestada por la mayoría de los medios de comunicación, de que el fallecido Efraín Ruales tenía un cita en la Fiscalía para declarar por el caso de venta de insumos médicos.

Indicó la Fiscalía que el proceso de investigación se está desarrollando.

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