La Fiscalía se refiere a un presunto robo y que ya se han abierto las investigaciones al respecto. «Fiscalía y la Policía procedieron con el levantamiento de indicios balísticos y reconocimiento del lugar de los hechos, entre otras diligencias, con el fin de esclarecer los hechos». Arguello es candidato a asambleísta por el PSE y se encuentra estable, sin embargo, su padre está grave en el hospital.

El presidenciable se pronunció con indignación a través de sus redes sociales, ya que días atrás, dio a conocer que sujetos entraron a la casa de su hermano, lo golpearon y se llevaron documentos que – según Granja – eran las pruebas de corrupción en el sistema eléctrico nacional y contratos de candidatos con el Estado.

«Joselo Argüello, mi amigo hace 30 años, baleado hoy luego de un evento con comuneros en el q estuvo a mi lado. Mi hermano Peter, asaltado el lunes en su domicilio. 3 costillas rotas. Es horrible todo esto. No es una campaña presidencial. Estoy enfrentando a los peores criminales», expresó.

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La mesa legislativa recibió la documentación de sus antecesores y llamaron a comparecer a varias autoridades para «concatenar los hechos». La asambleísta Gissela Garzón señaló que la presencia del Ministerio de Cultura, encargados de Patrimonio y otros funcionarios que mantengan una relación directa con los espacios implicados es esencial para otorgar respuestas.

El presidente de la Comisión, Patricio Chávez, resaltó la necesidad de continuar con esta investigación con la presencia de un notario. «En dónde están los bienes que le pertenecen al país ecuatoriano», cuestionó.

En enero de 2024, los legisladores presentarán en el Pleno un informe de fiscalización de recomendaciones y conclusiones con posibles responsabilidades políticas.

«Entre gallos de medianoche»

En febrero de 2018, varios usuarios en redes sociales alertaron que una de las salas del Museo del Palacio de Carondelet fue desmontada. Se trataba de la sala de los obsequios recibidos por el expresidente Rafael Correa durante su mandato. Desde entonces hasta hoy, se sabe poco o nada del paradero de los objetos avaluados en más de USD 2 millones.

El Gobierno de Moreno respondió que “algunos objetos fueron reubicados dentro de la misma exhibición y otros (como documentos personales) se depositaron bajo condiciones adecuadas, dentro de la Reserva de Bienes Culturales” de la institución.

En manos de la Fiscalía

En 2022, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una investigación previa por la presunta desaparición de los bienes. La entidad informó a Moreno y a su esposa, Rocío Moreno, que tiene una denuncia por presunto peculado en el caso. La denuncia la interpuso la asambleísta por UNES, Pamela Aguirre.

También advirtió al Consejo Nacional Electoral (CNE), Registro Civil, Presidencia de la República y Contraloría General del Estado (CGE) para que remitan la información pertinente de manera inmediata.

Moreno ahora tiene una acusación por el delito de peculado en la Fiscalía por desaparecer más de 8 mil piezas del Museo del Palacio de Carondelet”, afirmó Aguirre en entrevista con Radio la Calle.

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Además, la Fiscalía solicitó la retención de cuentas, pólizas e inversiones que tengan los implicados y la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles. Según Primicias, todo eso suma USD 8.3 millones.

La audiencia de formulación de cargos se da luego de que se difiriera en tres ocasiones. Carrera y los otros implicados son acusados de haber participado en una presunta red de corrupción en las empresas públicas.

Primer diferimiento

Para el pasado 31 de octubre se debió dar la audiencia de formulación de cargos contra Carrera y seis personas más. No obstante, el magistrado aceptó cinco pedidos de diferimiento por parte de los procesados, entre ellos Carrera y Jorge Orbe.

La noche anterior (30 de octubre), la entidad decidió acumular los casos León de Troya y Encuentro en una sola causa, con base en los elementos encontrados en los expedientes.

Segundo diferimiento

Justo el viernes 10 de noviembre, la Fiscalía solicitó que se haga extensiva la convocatoria a la audiencia de formulación de cargos a una persona más dentro del caso, al ciudadano Gabriel M.

El juez señaló que no pudo conocer la extensiva ese día debido a la gran carga laboral que tenía (tres audiencias de acción de protección), por lo que recién el lunes 13 de noviembre, conoció el pedido de Fiscalía y procedió a despachar de inmediato.

Los implicados

Entre las otras personas que serán acusadas están: Hernán Luque, exgerente de EMCO y prófugo; Leonardo Cortázar, principal fuente de La Posta; Antonio Icaza, exgerente de CNEL; César León, Jorge Orbe y Roberto Bueno, lobistas de las empresas públicas por sus “influencias” en las contrataciones; y, Gabriel M., reciente involucrado.

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La entidad señaló que el artículo 12 de la Ley Orgánica de Prevención del Delito de Lavado de Activos obliga a la UAFE a enviar el reporte de operaciones inusuales e injustificadas y entregar todas las sustentaciones necesarias. Luego, el proceso y sentencias queda en manos de la FGE.

El experto en Seguridad Pública, Diego Pérez, explicó a ese medio que la reserva de información es importante. No obstante, es pertinente analizar las prioridades de las instituciones para evitar que este delito crezca.

Además, resaltó la necesidad de saber qué pasó con las irregularidades que se denunciaron y cuáles fueron las acciones que tomó la Fiscalía.

«La ausencia de datos puede ser un reflejo de la ausencia de resultados positivos en la lucha contra el crimen organizado», explicó.

De la misma manera, el coordinador del Observatorio del Crimen Organizado, Renato Rivera, mencionó que el sistema judicial en el país no ha logrado erradicar el blanqueo de capitales.

No llegan al meollo del asunto

Detalló que el 40 % de los casos que lograron llegar a juicio aún no se ha logrado determinar el sector económico de donde proviene el dinero lavado. «Eso hace que se caiga el caso y quede en nada, nuevamente», insistió.

Además, cuestionó que pese a existir más reportes de Operaciones Inusuales, Injustificadas (ROII) entre 2021 y 20221, ahora las sentencias condenatorias hayan pasado de tres a una cada año. Resaltó que la UAFE se encarga de enviar las alertas, pero el proceso queda en manos de la Fiscalía.

También, cuestionó que no haya una solo sentencia de extinción de dominio, por lo que argumentó que no saben hacer la investigación.

«No existe una política pública o interés particular para impactar en las economías provenientes del crimen organizado», apuntó.

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En el primer clip se escucha al rector de la Universidad Central del Ecuador (UCE), Fernando Sempértegui, admitir que encontró al menos hay 36 citas de pie de página en la tesis y él marcó más de 50 que no tienen pie de página a lo largo del texto. El rector alegó que esa era una «manera coloquial de citar».

Recalcó que la Universidad inició una investigación para determinar la autoría de la tesis. Sin embargo, mencionó que no está dentro de sus funciones anular o no el título de Salazar.

«Yo tengo la tesis aquí y en efecto se comprueba una debilidad -una impericia- para citar», dijo.

En otro fragmento pidió a los demás integrantes que guarden sus dispositivos móviles.

«No fotografíen, no difundan. Guarden todos los papeles en el sobre manila. Al final estaremos recogiéndolos», comentó.

De la misma manera, pidió a los integrantes del HCU que se «pongan en «los zapatos» de una estudiante de 23 años que estaba aprendiendo a escribir». Sempérteguí enfatizó que la «impericia» tenía que ser detectada por el director de la tesis, pero no lo hizo.

«Si el docente a cargo también estaba en ese error y desconocimiento cómo le va a corregir a la alumna», remarcó.

¡Ey! Las normas para todos

A lo largo de la reunión, las posturas de los integrantes del Consejo frente al informe que analizó la tesis de Salazar se complicaban.

Mientras la docente Julieta Logroño justificaba a la entidad y a la Comisión del Consejo Directivo de la Facultad de Jurisprudencia del documento elaborado, la maestra Silvia Vega explicaba que las reglas y normas para evitar el plagio radican en la institución desde 1974. Por lo que no existía alguna excusa para pasar por alto las fallas.

«A mí me parece que no se está falseando a la verdad porque dicen que son coincidencias y hay algunas que no se deben citar», dijo Logroño.

«Aunque aquí se ve -de alguna manera- cosas iguales, son en realidad cuestiones que todo el mundo maneja y es necesario decirlo», repitió.

Por otro lado, Vega apuntó que el reglamento es lo suficientemente claro y específico en estos escenarios. «Es lamentable que no fue observado a tiempo», indicó.

Finalmente, Sempértegui aseguró que la tesis de tercer nivel es «un documento formativo» y no «el tratado de un profesional formado y acabado».

«La tesis pudo haber sido más escueta, vista desde nuestra perspectiva. Es más, la tesis Albert Einstein era muy corta porque tuvo 25 páginas», comentó.

La respuesta de Salazar

La fiscal, a través de un comunicado, indicó que este sería otro supuesto «intento por menoscabar su reputación» y denunció ser víctima de violencia política.

«Esta campaña expectativa, una vez más, pretende continuar con el ataque sistemático de un proceso que, desde el punto de vista jurídico, ya está resuelto», reza el comunicado.

Era como un tesoro…

El 14 de julio de 2023, AJP interpuso una demanda de acceso a la información contra la UCE por no entregar la información sobre la tesis de la fiscal. En este recurso solicitó audios, grabaciones, actas de la reunión en las que se discutió el tema y la votación -aprobada por la mayoría- para definir los “errores de la fiscal” como una “impericia”.

El rector de la UCE se opuso a entregar el clip y mencionó que esta sería solo una “intención de ofender al HCU de manera pública”. En ese momento, apeló la resolución y pidió al juez la prevención del uso legal y constitucional de la grabación.

Sin embargo, el pasado 31 de octubre, el Tribunal de la Corte de Pichincha ordenó la entrega inmediata del audio de la reunión que analizó el supuesto plagio de Salazar.

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Además, pidió a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que ponga a «trámite urgente» esta acusación y aseguró que tomará las medidas necesarias para llegar hasta las últimas consecuencias.

«Se metió con mi nombre y con mi honor. Señor, usted presente las supuestas pruebas que yo me defenderé con la verdad», dijo en el encuentro de alcaldes, prefectos y asambleístas de la RC.

A pocos días de la segunda vuelta electoral, Bravo, designado por Lasso como gobernador y quien mantuvo acercamientos políticos con Álvaro Noboa hace unos años, apareció en redes sociales e indicó que González tendría varias cuentas en paraísos fiscales.

Según él, el primer destino sería Nueva Zelanda a través de la empresa Dezire Consultant Limited con un total de USD 231.821,08; y otro en Capital Security Bank, en Islas Cook, con USD 131.205,92.

Sin embargo, la postulante aseguró que esta es otra de «las campañas sucias y malintencionadas para dañarla». Enfatizó que después de el proceso el exgobernador tendrá que rendirle cuentas a la justicia.

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Zurita mencionó que filtrar la información del teléfono de Villavicencio es más perjudicial que mantenerla en reserva. Detalló que hay personas involucradas que son vulnerables y no están en el «ojo público». Además, indicó que se pondría en riesgo a las fuentes humanas que compartieron documentos.

«Por qué tenemos que dejar en evidencia y que se filtre una información que destruiría su reputación», señaló para Teleamazonas.

Según él, la información que se expone en los procesos judiciales se filtra -tarde o temprano- a los medios de comunicación.

Aunque las autoridades enfatizaron que el teléfono permitiría dar con otras pistas sobre el asesinato, Zurita argumentó que hay otras formas para conseguirlas y no precisamente en su celular. «El dispositivo no tiene nada y no vamos a encontrar nada», repitió.

A la final sí dio su celular

La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó los celulares de Zurita, Patricio Carrillo y 23 personas más. Los implicados tenían 48 horas para entregarlos.

El excandidato explicó que una cosa es que soliciten los dispositivos a todas esas personas para transparentar el caso y otra distinta es que sea por exigencia de otros sectores.

«Nosotros dimos porque como dice la gente el que nada debe, nada teme, mas no porque somos sospechosos como dicen», refirió.

Negligencia por todo lado

El reemplazo de Villavicencio apuntó que hay dos puntos de negligencia en el caso. Por un lado, la participación de la Policía Nacional, quien debió garantizar las medidas de protección, y por otro la despreocupación de la Dirección General de Inteligencia al no atender los riesgos que el excandidato podía sufrir.

«Había un informe en el que marcaba que la vida de Fernando corría un 96 % de riesgo, pero no hicieron nada», dijo.

En cuanto a los 100 pedidos que realizó el jefe de seguridad de Villavicencio, Cristian Cevallos, enfatizó que eso no le «exime de la responsabilidad del caso».

«O Cevallos es ineficaz o la Dirección de Inteligencia es la ineficaz y no creo. A lo mejor no realizó de manera correcta las solicitudes», subrayó.

Además, acentuó que todos estos problemas solo evidencian que el comandante Fausto Salinas no supo manejar el conflicto.

«La responsabilidad es de la Policía por negligencia y omisión, y ante eso solo hay silencio y desidia por parte de la cúpula», finalizó. (N.J.C)

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