Volvió al país en enero y presentó rendición de cuentas

La funcionaria regresó a Ecuador en enero de 2025, después del nacimiento de su hija en Argentina en diciembre de 2024. A su llegada, presentó ante la Asamblea Nacional su informe de rendición de cuentas correspondiente a las actividades realizadas durante el año 2024.

El CPCCS no ha designado a su reemplazo

Aunque su periodo está por concluir en menos de un mes, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aún no ha avanzado en el concurso para nombrar a la persona que la sucederá. En caso de que este proceso no finalice a tiempo, Salazar podría permanecer en funciones hasta que se designe al nuevo titular de la Fiscalía.

Investigaciones clave durante su gestión

Durante su tiempo al frente de la Fiscalía, Diana Salazar llevó adelante investigaciones de alto perfil. Uno de ellos fue el caso Sobornos 2012-2016, que culminó con la condena del expresidente Rafael Correa y varios funcionarios de su administración por cohecho agravado. En el caso Las Torres, logró que el excontralor Pablo Celi fuera sentenciado por delincuencia organizada. Además, procesó al exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, por abuso sexual. También formó parte de la investigación del caso Metástasis, que resultó en la sentencia en primera instancia contra el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y otros funcionarios judiciales, por delincuencia organizada.

Juicio político fue suspendido y luego archivado

En mayo de 2024, Salazar comunicó que no podía continuar con el juicio político en su contra, impulsado por el correísmo en la Asamblea, debido a un embarazo de alto riesgo. Dicho proceso, que alegaba un supuesto incumplimiento de funciones, fue suspendido en ese momento. Finalmente, en septiembre de 2024, el Legislativo archivó de manera definitiva ese juicio político.

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Para la Conferencia, la actitud de la fiscal es «digno de admirar». Reiteraron su apoyo a su «lucha contra la corrupción» porque esas personas le restan la posibilidad de una vida mejor.

«Reconocemos su altura moral y su calidad profesional. Admiramos su valentía y fortaleza», expresaron.

Salazar ha protagonizado una serie de escándalos en los últimos días. Desde una denuncia por supuesto plago en su tesis, una disputa con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) , hasta una posible censura y sanción por el Consejo de la Judicatura (CJ).

Primero fue con Lasso…

La entidad exhortó , ”a nombre de los 18 millones de ecuatorianos”, a quienes están en el poder, que respeten y defiendan el orden constituido. Además, invitaron a todos los actores político a realizar un gran acuerdo nacional, ante el panorama político que sometió Guillermo Lasso al país.

”Hemos quedado al amparo de las mafias y de las bandas criminales”, dijeron en un comunicado oficial del 10 de mayo.

La situación de Salazar

La fiscal fue llamada a comparecer en una audiencia pública en Cpccs para determinar y aclarar la denuncia que lleva. Sin embargo, Salazar enfatizó que no asistirá a la reunión porque ella no se debe al Consejo, sino a la Asamblea Nacional.

La esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, Priscila Schettini, demostró una a una las hojas en las que la fiscal habría presuntamente copiado a otros autores.

Luego de esta reunión, el abogado Richard Gonzáles pidió a la entidad una investigación por posible fraude procesal. Asimismo, el Consejo anunció que iniciará una investigación en contra de la fiscal.

Una comisión por la UCE la espera

El colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) solicitó a las autoridades de la Universidad Central del Ecuador (UCE), conformar una Comisión de Auditoría Académica para que analice el supuesto plagio de Salazar.

AJP pidió el nombre de los integrantes de la mesa académica, pues cuestionaron el grado de consanguinidad del rector de la UCE, Fernando Sempértegui, con Luis Eduardo Sempértegui San Lucas y Ricardo Alberto Sempértegui Sánchez, estos últimos son funcionarios en la Fiscalía General del Estado (FGE). (N.J.C)

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A través de un comunicado, la Fiscalía aseguró que ninguna formulación de cargos se puede sustentar sin los elementos de convicción suficientes, como son las pericias correspondientes que Fiscalía ordena practicar, con base en la información recibida en el parte policial, cuya elaboración está a cargo de los agentes de la Policía asignados a cada caso.

«Se realizaron dos audiencias: la primera para tres personas, en la cual Fiscalía formuló
cargos contra dos, por su presunta participación en el delito de extorsión, pese a que
el parte policial de aprehensión llegó a conocimiento de la agente fiscal de turno en
la Unidad de Flagrancia Quitumbe, a las 16:40, es decir, veinte minutos antes de que
venciera la flagrancia (que dura 24 horas) y de que se instale la audiencia respectiva,
agendada para las 16:43″, explicó la institución.

La Fiscalía argumentó que al no contar con los elementos de convicción suficientes, la agente fiscal no pudo sustentar adecuadamente su solicitud de prisión preventiva contra los aprehendidos y se abstuvo de presentar cargos contra el tercero por no contar con los elementos suficientes.

«Sin el parte policial no se pueden disponer pericias, que se convierten en los elementos de convicción sobre los que se sustenta la formulación de cargos y la solicitud de medidas cautelares», insistió en el comunicado.

Respecto a los otras nueve personas, la Fiscalía señala que se inició un segundo proceso en la Unidad de Flagrancia La Mariscal, debido a competencia territorial. Sin embargo, aduce que el parte de aprehensión llegó cuatro minutos antes de las
22:00, hora en que se vencía la flagrancia para este grupo de procesados.

Asegura que el juez que conoció la causa dispuso que se oficie a Asuntos Internos de la Policía Nacional para que se investigue la falta de diligencia en la entrega del parte policial de aprehensión y que se le informe sobre las sanciones que recaigan sobre los agentes suscriptores del mismo.

Finalmente, en el comunicado, La Fiscalía General del Estado hace un llamado para que las instituciones cumplan con sus competencias y de esta forma no se permita la impunidad.

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Según el testimonio de Erazo, las intimidaciones se generaron a través de la plataforma WhatsApp. «Van a atentar contra mi integridad física«, se señala en la denuncia presentada en Fiscalía (difundida por Ecuador Inmediato).

Todo ocurrió el mismo día en que el policía debía asistir a la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y Lucha Contra la Corrupción en el caso denominado ‘El Gran Padrino’.

El oficial de policía debía comparecer ante la Asamblea

El oficial explica que el pasado 16 de febrero no pudo acudir a dicha cita (programada para las 17h00) pues no tenía la autorización del mando superior. No obstante, él solicitó una nueva hora y fecha para comparecer. Dicha Comisión le solicitó presentarse a las 10h30, de ese mismo día, según expuso Erazo.

«Es necesario indicar que la investigación que yo estaba impulsando en el año 2021, como Jefe de la Unidad Investigativa parte de la Dirección Nacional de investigación antidrogas, dejé de conocer desde el 20 de octubre de 2021. Por tanto puedo asegurar que esta investigación la dirigía contra un grupo delictivo organizado conformado por ciudadanos extranjeros de nacionalidad albanesa y de varios ecuatorianos que se estarían dedicando al tráfico internacional de droga», explica el policía.

También insistió en que cualquier ataque contra su integridad física será responsabilidad de dicha organización o de las personas vinculadas directa o indirectamente con esas amanezas. Erazo, solicitó se le otorgue las medidas de protección correspondientes para salvaguardar su seguridad y la de su familia.

JR

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Proceso legal

El 15 de septiembre de 2020 se formularon los cargos hacia el alcalde de Guamote. Los oficios fueron planteados por la compra irregular de insumos de bioseguridad en el contexto de la emergencia sanitaria. El 23 de febrero de 2021, Quishpe solicitó la apelación de su caso, la Corte de Justicia de Chimborazo aceptó el recurso.

En noviembre del mismo año, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la sentencia de cinco años de prisión para el alcalde de Guamote y los dos funcionarios municipales. El delito fue comprobado por la entidad por medio de las certificaciones del portal de compras públicas y un informe pericial.  

El Tribunal de la Sala Multicompetente Provincial de Justicia de Chimborazo declaró la culpabilidad de los funcionarios en el hecho como autores y coautores respectivamente. Tras dos años en el proceso, el 30 de septiembre de 2022 la Corte ratificó la sentencia.

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En redes sociales se divisan enfrentamientos entre policías y protestantes  que llegaron a las inmediaciones de la fiscalía en Latacunga en rechazo a la detención de Iza.

La manifestación  del movimiento indígena rodea la institución donde se analiza el Habeas Corpus en la Fiscalía de Cotopaxi. Se trata de pobladores de las comunidades de Saquisilí, Zunbahua, Salcedo, Pujilí y zonas cercanas a Latacunga.

Los manifestantes, que llegaron en camiones, gritaban varias insignias en contra del presidente Guillermo Lasso. Uno de los escenarios fue el puente Cinco de Junio ubicado al ingreso de la capital de Cotopaxi.

Luego de la detención, Lasso no se ha pronunciado. No obstante, en meses anteriores dijo que Iza terminará “con sus huesos en la cárcel”.

La detención de Iza se dio en la madrugada de este miércoles 14 de junio. La CONAIE y varias organizaciones la catalogaron como un “secuestro de estado”. Esto debido a que hasta las porque hasta las 14:00 no se conocían las razones de la detención.

Por otro lado, varios actores políticos como Evo Morales y organizaciones en defensa de los derechos Humanos se han solidarizaron con el dirigente indígena.

La Fiscalía General del Estado confirmó el procedimiento no fue ordenado por la institución y que tampoco había recibido un parte policial que motivaron la detención.

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