Abogados de Glas y Serrano reaccionan

La tarde del viernes 27 de junio, el condenado Daniel Salcedo llegó al Complejo Judicial Norte de Quito acompañado de un fuerte resguardo policial para rendir su testimonio sobre el asesinado de Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. Dos años después, la Fiscalía General del Estado retoma las investigaciones para dar con el o los autores intelectuales del magnicidio, en cooperación eficaz. Salcedo habría mencionado montos y nombres ante un juez y un fiscal, desde la cámara Gesell. Después de la diligencia, los abogados de Jorge Glas y José Serrano dijeron ante los medios de comunicación que sus clientes no tienen ningún rol de participación. Dámaris Cáceres, abogada del exvicepresidente, aseguró que su defendido no habría sido mencionado de manera directa en el testimonio y que los señalamientos a exautoridades de gobiernos pasado han sido muy escuetos, según las declaraciones publicadas en el medio El Dato.

Por su parte, el abogado del exministro del Interior indicó que no existen pruebas de que su defendido esté involucrado en el caso a pesar de que se ha dicho que se presentarían en la diligencia. Esta versión se encontró en el medio digital El Portal.

Diligencia reservada

Ante estas declaraciones, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado oficial donde advirtió el inicio de acciones legales contra las personas que hayan difundido información catalogada como reservada, puesto que el testimonio constituye una diligencia a la que únicamente tienen acceso los sujetos procesales.

Sin embargo, cuatro meses después del crimen, la exfiscal ya anunciaba sus sospechas de Javier Jordán como uno de los involucrados. En una entrevista en el medio Teleamazonas, de diciembre de 2023, la exfiscal Diana Salazar dijo que en conversaciones de chats, de mayo hasta octubre de 2022, se revelaba una con Jordán en la que presuntamente solicitó fotografías, documentos, contactos y nombres de personas cercanas a Villavicencio.

También señaló que la información que se filtró del político provenía de bases de datos de la función pública, como ubicación desde el ECU 911, coordenadas, tarjetas de filiación, fichas y otras, que solo tenían acceso determinadas personas. “Imagínese que tenían a la mano todo lo necesario para cuando Fernando se les perdiera”, aseguraba la titular de la Fiscalía cuando aún estaba en funciones.

¿Hubo financiamiento y un financista?

Las declaraciones de ambos abogados coinciden en que Salcedo habría señalado que el asesinato de Villavicencio fue financiado con sumas de 20.000, 30.000 y 200.000 dólares pero que, ninguno de estos recursos representaría necesariamente momentos de pagos. Los periodistas mencionaron el nombre de Javier Jordán como el presunto financista, sin embargo, ninguna de las partes confirmó el nombre e indicaron que esta información está en la investigación de la Fiscalía.

Entre los nombres que se habrían mencionado de forma indirecta en el testimonio de Salcedo, estarían el del empresario Javier Jordán, así como el de un exministro identificado como “Pepe”, que algunos relacionan con José Serrano. También se habría afirmado la participación de actores cercanos a un movimiento político, aunque sin acusaciones directas ni documentación verificable. Estas menciones han generado una nueva ola de tensiones políticas y mediáticas.

¿Rumores, especulaciones o verdad a voces?

Desde los espacios virtuales, tanto actores políticos como ciudadanos han cuestionado que este proceso podría estar siendo manipulado con fines políticos, especialmente por figuras públicas que buscan vincular a un movimiento político sin pruebas sólidas.

Sin embargo, el testimonio de Daniel Salcedo deja en evidencia las tensiones entre justicia, poder y verdad. Mientras se mencionan o rumoran nombres que generan ruido político y mediático, las defensas insisten que se trata de acusaciones infundadas y esperan que la investigación sea transparente.

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«Este es un país donde la Fiscalía, no solamente con Diana Salazar, ha sido utilizada para perseguir. Hay que ver lo que estamos pidiendo. Me preocupa porque la FGE tiene un poder terrible. Con tres palabras de la fiscal en una entrevista, con una investigación que quizá no tiene los elementos para empezar y los están buscando en allanamiento pueden destruir la reputación de alguien», dijo en entrevista con La Calle.

El analista indica que no significa que las investigaciones no tengan validez, pero que las acciones son muy mediáticas y demasiado sospechoso en los tiempos que, a veces coinciden, con los intereses de la presidencia. «Me preocupa que ese poder lo desean los otros políticos, quienes acusan incluso a la fiscal de actuar de forma improcedente o quiénes en público la celebran y en privado le temen y la detestan».

Para Febres Cordero, lo que se está armando del Consejo De Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sea quizá prorrogar a Diana Salazar en sus funciones al frente de Fiscalía por un tiempo. «Uno de los actores con más chances aparte de voluntad para ocupar la Fiscalía es el presidente de la República. En este momento está entrando en la campaña y le convendría más que el concurso se empiece a mover cuando tenga más capital político. Un presidente Noboa reelecto tendrá más peso en la pelea que el actual presidente que tiene probabilidades, pero ninguna garantía de ganar».

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«Estas personas serían parte de un grupo familiar que estaría lavando dinero y utilizando el sistema financiero nacional, a través de supuestos ingresos como comisionistas, compra venta de divisas y/o prestamistas. Uno de los detenidos es funcionario de la @UAFE_EC, cuyo cargo le ha permitido que los investigados no sean reportados por dicha institución», colocó Fiscalía en un tuit.

Según las investigaciones de la institución, el monto de ingresos de los sujetos de 2016 a 2023 sería de màs de USD 21 millones. La audiencia de formulación de cargos se desarrolla en el COmplejo Judicial Norte. Fiscalía solicitó prisión preventiva para Édgar J. y Diego J. (funcionario de la UAFE). Para Roberto Z., prohibición de salida del país, presentación periódica y uso de grillete electrónico. Petición a la que el juez dio paso.

¿Quién es el funcionario?

Diego J. es funcionario público desde 2014. En la Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos ocupó diversos cargos hasta 2017. En 2018 estuvo en la Unidad de Análisis Financiero y Económico y en Petroecuador. Su trabajo a la UAFE se extiende hasta 2024. Entre 2023 a 2024 trabajó en la Superintendencia de Bancos, de acuerdo con sus declaraciones juramentadas en Contraloría.

Su hermano Edgar J., corrió como candidato a la Alcaldía de Quito en las elecciones seccionales de 2019 por el Movimiento Adelante Ecuatoriano Adelante, lista 7 del excandidato presidencial y empresario Álvaro Noboa. (MIB).

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En su domicilio de Samborondón se recabaron algunos indicios, entre los que se incluyen computadores, dispositivos móviles, tarjetas de memoria y documentos. Respecto a la ubicación de Toledo, la institución indicó que están realizando otros 3 allanamientos en oficinas y domicilios de Guayaquil para ubicar al abogado.

Denuncia realizada

El abogado Diego Chimbo, defensa del exasambleísta Pablo Muentes, involucrado en el caso Purga, colocó en la Fiscalía Provincial de Pichincha, una denuncia por peculado y fraude procesal en contra de Francisco Fierro, Ricardo Noboa Bejarano, Esteban Noboa Carrión y Mayra Salazar.

El jurista habló con los medios de comunicación e indicó que «el Banco del Pacífico pagó por la defensa de Mayra Salazar en el caso Metástasis» y presuntamente habría sembrado información en el testimonio anticipado de la comunicadora en el caso Purga.

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Si la presentadora de televisión y actriz está perpleja, la ciudadanía lo estuvo aún más el pasado 28 de marzo cuando una de las implicadas en este caso de corrupción, Mayra Salazar, dijo su nombre al preguntarle sobre la identidad de la persona que le entregó una agenda con los presuntos contatos de Xavier Jordán, otro de los acusados en este caso.

Jaume dio escuetas declaraciones que serán completadas una vez rinda su versión – reservada – en Fiscalía. Dijo que no conoce a Norero ni Jordán y que su mención en el testimonio anticipado de Salazar es «una cortina de humo» porque su nombre «vende más» que el Mayra Salazar.

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«Yo era un demócrata, porque mi intención era servir a la gente y no quedarme en el poder», explicó a los estudiantes.

Aunque Lasso disolvió el Legislativo en medio del juicio político que llevaba en su contra por el presunto delito de peculado, el exjefe de Estado se excusó con que «no era capaz de entregar el poder a personas corruptas«. Además del proceso en su contra, la Fiscalía General del Estado (FGE) investigaba el caso El Gran Padrino, una presunta trama de corrupción en el sector público que involucraba a su cuñado, Danilo Carrera.

«Lo que querían era hacerme quedar mal a mí y ahí si cometer peculado», dijo.

Lasso no solo fue salpicado por este caso, sino también por la crisis de inseguridad que azotó al país, la crisis energética, los recortes presupuestarios a los sectores de salud y educación. El expresidente eliminó la Asamblea el 17 de mayo de 2023, desde esa fecha, gobernó vía decreto por seis meses hasta que el país eligió un nuevo presidente en octubre de ese año.

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«Condiciones para todo»

A raíz del caso Metástasis, otra trama de corrupción en el sistema judicial, la fiscal General del Estado, Diana Salazar, citó al exmandatario el 18 de marzo para que rinda su testimonio. Sin embargo, no asistió porque no recibió un «llamado formal». Además, envió una carta a la titular de la FGE para solicitar que su comparecencia sea a partir del 25 de marzo.

Según el expresidente, sus labores académicas terminan en esa fecha y no puede regresar antes. De la misma manera, pidió que sea de manera virtual, pues su domicilio está ubicado en Guayaquil. No obstante, repitió que «estaba presto para cooperar con las autoridades».

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La FGE y la Policía Nacional realizaron varios operativos en Quito y Cuenca. En el operativo fue detenido Francisco Sebastián B., hijo de la vicepresidenta Verónica Abad. La entidad mencionó que en el transcurso del día continuarán los allanamientos.

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La implicada y principal testigo del caso Metástasis y Purga no pudo demostrar esta enfermedad, pues no presentó ningún documento probatorio en su arresto. Además, sus compañeros de trabajo alegaron que la mujer era una persona extrovertida, dinámica y con una gran habilidad para las relaciones sociales, detalla El Universo.

Luego de su arresto y visitas a varios centros médicos, los médicos comentaron que la implicada presentaba estabilidad física y mental. Por su parte, el MSP alegó que no pueden otorgar más detalles del caso de Mayra S., por respeto a la confidencialidad.

La mujer fue detenida el 14 de diciembre de 2023, a razón del caso Metástasis. En medio de las investigaciones decidió colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE). A raíz de esto, surge el caso Purga, otra trama de corrupción en el sistema judicial. Mayra S., permanece recluida en la cárcel de mujeres de Chillogallo, al sur de Quito.

¿De qué trata esta enfermedad?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mencionó que este trastorno se deriva de efectos negativos como el estigma, la discriminación y el exclusión. Las personas que lo padecen pueden presentar episodios de depresión, esquizofrenia, aislamiento, entre otras. La discapacidad psicosocial se mide de acuerdo a una escala que considera diferentes aspectos y síntomas. De acuerdo a los informes que presentó Mayra en su detención, esta se encontraría en un nivel medio.

En los dos bandos

 La multifacética Mayra, discutía con -quien sería su pareja sentimental- las «ofertas laborales» que podría obtener de ganar Daniel Noboa o Luisa González en las elecciones pasadas.

En los chats difundidos por la FGE, Mayra S., y su pareja debatían quién deberían votar en las elecciones. La implicada tenía dos aristas en la vista. Por un lado, un puesto –orquestado por Pablo M.,- en caso de que Noboa llegue a la Presidencia y por otro, uno encomendado por Ronny A., si González ganaba.

Según la multifacética Mayra, Pablo le comentó en reiteradas ocasiones que “no la cambiaría porque ella le demostró su lealtad“. Un extracto de la conversación, detalla que “su amigo” le comentó que él ubica a su personal y las cosas estarían hechas.

“Él (Pablo) es consciente de mis sueños, por eso me ofreció lo de Noboa si es que llega al poder”, relata.

De otro lado, mantenía la “oferta” de ‘Ronny’. Sin embargo, le procesada alegó que tenía “terror” de que González llegue al poder y pierda todos sus negocios. A la par, su pareja le comentaba que ‘Ronny’ está “quemado” y que él no podría votar por “Correa“. Pese a que Mayra comparte “el pesar” de su pareja, refuta que Rafael Correa le otorgó un trabajo y estabilidad.

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Lasso, a través de su cuenta de X, alegó que la supuesta notificación para rendir su versión la habría pedido una procesada del caso y no la fiscal General del Estado, Diana Salazar. Además, mencionó que por «motivos académicos» se encuentra fuera del país por lo que no podría acudir al llamado.

Sin embargo, aludió que se encuentra presto a colaborar. Siempre y cuando sea a partir del 25 de marzo y de manera telemática, pues su domicilio se encuentra en Guayaquil. A razón de este escenario, el abogado de Lasso, Pablo Encalada Hidalgo, entregó un documento en la FGE para «justificar» la ausencia de su defendido.

«Si bien no tengo información relevante del tema, sigo presto a colaborar (…) Me encuentro fuera del país desde el 7 de marzo de 2024 por ser invitado del programa Senior LeadershipFellow», expresó.

Por su parte, información difundida por la Fiscalía detalló que el 18 de marzo de 2024, a las 11:00 am, debía comparecer el exmandatario, el exsecretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo; el exdirector del SNAI, Fausto Cobo; y el exministro del Interior, Patricio Carrillo.

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Angus explicó que el caso que lleva ocurrió en diciembre del año pasado y desde entonces no han dado con los responsables. Además, mencionó que la menor no continuó con sus estudios desde esa fecha debido a las trabas en el sistema judicial y de parte de las autoridades de la institución.

Comentó que a la víctima no le realizaron la intervención psicológica adecuada. También cuestionó que las instituciones consideren que ya «cumplieron el protocolo» con llenar formularios, pero no se encargan de las necesidades emocionales y educativas de las víctimas o su familia. De la misma manera, aludió que las instituciones están más preocupadas por «mantener y controlar el impacto mediático«.

No es la primera víctima

El pasado 5 de marzo, se difundió el caso de otra joven que habría sido violada por tres compañeros de clase en un paseo de fin de año en Punta Cana. Los abogados de la víctima indicaron que el hecho ocurrió en noviembre de 2023, pero por negligencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), dos implicados ya están fuera del país.

Según sus declaraciones, los victimarios contaminaron la bebida de la joven provocando que ella se desmaye para trasladarla hacia su habitación. Los magistrados solicitaron la asistencia judicial de República Dominicana, lugar donde inició la pesadilla, para una cooperación internacional.

Allí no termina el escenario, pues el 6 de marzo otra víctima levantó su voz y denunció otro caso de abuso en el mismo colegio. Los padres de la joven pidieron al abogado Fernando Rosero que también los represente. La menor no hizo público el acto por vergüenza y para no revictimizarla, detalla El Universo. Este caso ocurrió el mismo día del paseo de fin de año y posterior a la agresión de la primera víctima. Uno de los implicados en el caso difundido fue identificado como el presunto agresor en este acto.

¿Qué pasa con las instituciones del Estado?

Angus cuestionó que no existe una hoja de ruta o planificación clara de los protocolos en caso de abusos sexual. Enfatizó que el Ministerio de Educación debería levantar las alertas sobre violencia sexual registradas en la entidad. Además, relató que debería existir un trabajo en conjunto con los ministerios de la Mujer, Salud y la Fiscalía.

«Los protocolos en estos casos son el resultado de una lucha de años. Sin embargo, mencionó que las instituciones los utilizan como un escudo burocrático», refutó en Radio Pichincha.

De la misma manera, señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores también debería participar en este caso, tras la presunta fuga de dos implicados. Resaltó que Cancillería debería solicitar una vinculación interinstitucional y mecanismos de cooperación.

Detalló que muchos casos quedan impune debido a la falta de recursos del sistema judicial y de la víctima, omisión de los abogados, falta de cooperación de los planteles involucrados y la poca sensibilización.

«El recorte de presupuesto y falta de personal cobra factura en estos momentos, cuando las víctimas deberían ser prioridad», manifestó.

«Libre de responsabilidades»

El colegio emitió un comunicado en el que asegura que la institución «no tuvo participación alguna en la elaboración o realización del viaje». Sin embargo, brindó su «solidaridad» con las personas afectadas. Argumentó que, pese a que los hechos ocurrieron en las instalaciones separadas al colegio, «tomaron acciones y activaron el protocolo respectivo».

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En la comisión comparecieron: la exauxiliar de servicios de la Presidencia de la República, María Alexandra Guarderas; la experta en Gestión Cultural, Andrea Encalada; y el doctor en Historia Juan Paz y Miño.

Guarderas alegó que varios funcionarios y servidores -en ese periodo- fueron implicados en la presunta sustracción de bienes del extinto museo. También, comentó que uno de los implicados enfrenta tres procesos judiciales y otro se suicidó al no poder justificar el enriquecimiento ilícito.

La exservidora mencionó que tres meses más tarde de la posesión de Lenín Moreno, el director administrativo ordenó desmantelar el museo «de forma secreta». Además, supuestamente solicitó que los objetos se trasladen a la casa de la reserva Militar y al Museo del Pasillo. Los expertos enfatizaron que este es un grave delito contra el Patrimonio Cultural del Ecuador.

Por su parte, Andrea Encalada, advirtió que reabrir el Museo será una tarea complicada, por no decir complicada, pues Guillermo Lasso recibió un inventario con apenas 3 mil piezas, cuando realmente eran 11 mil.

«No solo se perdieron objetos valiosos, sino que también se dejó de lado la memoria histórica y se cerró las puertas de un museo importante», añadió.

Guarderas recordó que la Fiscalía General del Estado (FGE) tiene conocimiento de todos los sucesos. Además, la asambleísta Pamela Aguirre presentó la denuncia en febrero de 2022 por el presunto delito de peculado. Sin embargo, poco o nada se ha realizado dentro de esta investigación.

El muy ofendido…

Desde Uruguay y a través de su cuenta de X, el expresidente indicó que es «perverso» que se lo involucre en la desaparición de las piezas de Carondelet. Replicó todas las acusaciones con el argumento que él fue «presiente de la República y no guardalmacén de la Presidencia».

«La fijación del correísmo conmigo es enfermiza (…) Entiendo que les debe doler el haber desmantelado la egoteca de Rafael Correa», expresó.

El Decreto 501 obliga a los mandatarios a reportar todos los obsequios valorados en más de USD 400 y que hayan sido recibidos durante su periodo presidencial. “Nos damos cuenta de que parecería que era una práctica recurrente de Moreno el no reportar determinados objetos y guardarlos para él”, aseguró Aguirre en entrevista con La Calle en 2022.

Eran aproximadamente 3.000 objetos más que debieron haberse sumado a los 11.300 ya existentes. La lista no llegó ni a la tercera parte.

“Entre gallos de medianoche”

En febrero de 2018, varios usuarios en redes sociales alertaron que una de las salas del Museo del Palacio de Carondelet fue desmontada. Se trataba de la sala de los obsequios recibidos por el expresidente Rafael Correa durante su mandato. Desde entonces hasta hoy, se sabe poco o nada del paradero de los objetos avaluados en más de USD 2 millones.

El Gobierno de Moreno respondió que “algunos objetos fueron reubicados dentro de la misma exhibición y otros (como documentos personales) se depositaron bajo condiciones adecuadas, dentro de la Reserva de Bienes Culturales” de la institución.

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La fiscal General del Estado, Diana Salazar, alegó que estos allanamientos se desprenden del caso Metástasis. Una investigación que reflejaba la penetración del narcotráfico en el sistema judicial.

Los detenidos

Producto del operativo fueron detenidos: la expresidenta de la Corte Nacional de Justicia de Guayas, María Fabiola G. En su hogar hallaron documentos, joyas, equipos electrónicos y de almacenamiento. Según las autoridades, los elementos serán procesados para determinar si existe o no elementos de convicción.

Otro detenido es el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo M. En la vivienda del exlegislador se levantaron los siguientes indicios: dos armas de fuego, teléfonos celulares, relojes Rolex, licores, joyas, documentos, más de USD 7 mil y 505 euros.

Además, el juez de la provincia Johan Gustavo M.; y otros magistrados Guillermo V.; Fausto A.; Saúl M.; Reinaldo C., Henry T. T. y Alberto L. Y. En total, 12 personas fueron detenidas y realizaron 12 allanamientos adicionales.

Según Salazar, este sería el primer paso «para el saneamiento» de las instituciones del Estado y desarticular la descomposición estructural que sufrieron. En las próximas horas formulará cargos contra los implicados.

«Estos actos permitieron que las economías criminales encuentren una ruta rentable para la impunidad», señaló.

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Los integrantes de la base militar se percataron del hecho y activaron los protocolos de seguridad, con lo que evitaron que los implicados sustrajeran ese material. las autoridades revisaron el departamento donde guardan el material bélico y otras áreas, pero no reportaron mayor incidente.

Los afectados relataron que el intento de robo se habría coordinado con un cabo primero de la brigada. Los implicados fueron entregados a la Policía Nacional para que inicie con las investigaciones correspondientes.

«Estas acciones que van en contra de la seguridad y bienestar nacional, serán censuradas en estricto cumplimiento a las normativas administrativas disciplinarias», reza el comunicado.

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Según la justicia ecuatoriana, Moreno debía presentarse de manera periódica ante un juez por el delito de cohecho, en caso de corrupción de Sinohydro en el que fue acusado. Esta medida se tomó como alternativa a la prisión preventiva que solicitó la Fiscalía General del Estado (FGE). De la misma manera, debía declarar cada cuatro meses en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Sin embargo, el exjefe de Estado hizo caso omiso de las directrices de la Función Judicial.

En su momento, Moreno alegó que la disposición de que se presente ante las diferentes entidades judiciales se debería a una mera «vanidad«. Esta sería la segunda falta que comete el exmandatario. La primera fue en octubre de 2023 y la segunda en febrero de 2024, detalla el Expreso.

Moreno mantiene la certeza de que la fiscal General del Estado, Diana Salazar, no podrá solicitar prisión provisional para él y su esposa porque son personas de la tercera edad. Para él, lo lógico sería que pida prisión domiciliaria, de todos modos «cumple un trabajo con las personas con discapacidad». «Eso no me haría ningún daño», proliferó.

Los antecedentes

El 5 de junio de 2023, el juez Mauricio Espinosa negó el pedido de prisión preventiva para Moreno y su esposa Rocío González, pese a incumplir con las medidas cautelares dictadas. Bajo este amparo, los implicados podían defenderse en libertad, pero debían presentarse en el Consulado de Ecuador en Paraguay.

El exjefe de Estado se pronunció en su cuenta de Twitter. Aseguró que es inocente y agradeció a la “institucionalidad y a la justicia” por esa decisión. Además, rechazó cualquier vinculación y responsabilidad en la construcción de la obra Coca-Codo Sinclair.

Oídos sordos a lo que diga la ley

El 19 de abril de 2023, la FGE pidió prisión preventiva para Moreno, su esposa e hija, Irina Moreno, entre otros involucrados del caso Sinohydro. La orden llegó hasta la Interpol para que los busque y capture. Posterior a eso, el 5 de marzo del 2023, la entidad de control inició el proceso en contra de 37 personas por el presunto delito de cohecho. A partir del 13 de marzo, los sospechosos debían presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia.

Sin embargo, 10 de los implicados incumplieron las medidas dictadas por el Tribunal, entre ellos el expresidente , su esposa e hija, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño, Liu Asheng, Cai Runguo, Pablo Zatizabal, Mauricio Pérez y Francisco Castello.

El impulso fiscal sostuvo que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil. (N.J.C)

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En este escenario, el excandidato presidencial Christian Zurita solicitó a las autoridades la exhumación de los restos de Norero para confirmar su muerte. Sin embargo, la fiscal indicó que tienen la prueba forense que verifica este suceso.

Murió y resucitó

Norero ya había fingido su muerte en 2020. Luego de ser arrestado por el delito de tráfico de drogas, las autoridades ecuatorianas y peruanas preparaban su extradición. No obstante, el caso se archivó tras presentar un certificado de su supuesta muerte por covid-19.

Norero resucitó en medio de un operativo, donde los agentes decomisaron 42 lingotes de oro, USD 6,4 millones en efectivo, 8,9 millones de pesos, 155.000 euros, entre otras cosas. El criminal pasó cuatro meses en prisión, hasta que el 3 de octubre de 2022 fue asesinado en un motín en la cárcel de Cotopaxi.

“De lo que podemos conocer preliminarmente, el ciudadano Leandro Norero estaría entre las víctimas”, dijo a los medios el subdirector del Servicio Nacional de Protección a Privados de Libertad (SNAI), Jorge Flores.

Caso Villavicencio

Salazar aludió que el caso de Fernando Villavicencio no avanza por las «argucias» de las defensas de algunos procesados. La Policía Nacional logró detener a 13 supuestos implicados. No obstante, siete de ellos fueron asesinados (seis en la Penitenciaria del Litoral y uno en la Cárcel de El Inca). Aunque aún tiene a seis presuntos autores materiales del crimen, todos se acogieron al derecho del silencio.

«Los casos están resueltos (…) pero se trata de desvalorizar el trabajo que se hace desde Fiscalía», reprochó en Ecuavisa.

La fiscal enfatizó que el resto de criminales enfrentarán cargos por su participación en el magnicidio. Además, mencionó que la información sobre los autores intelectuales está en marcha. De la misma manera, argumentó que examina junto a otros expertos el teléfono el político oriundo de Alausí, otro tema que estuvo inmerso en varias teorías. Para ella, el caso Metástasis abre otro camino para continuar con la investigación respectiva y dar con los responsables.

«Nos comprometemos desde el primer día a dar con el paradero de los responsables materiales e intelectuales. Es un compromiso de la institución«, dijo.

Lasso ausente…

En marco del caso Encuentro, Salazar habría solicitado en varias ocasiones la comparecencia del expresidente Guillermo Lasso. Sin embargo, el exjefe de Estado no se ha presentado. El caso se desató a partir de la filtración de varios audios que revelaban una supuesta red de corrupción en las empresas públicas. Uno de los implicados es el cuñado de Lasso, Danilo Carrera, quien permanece con arresto domiciliario.

Otro de los presunto responsable es Hernán Luque Lecaro, exgerente de EMCO, quien fue arrestado en Argentina, pero su deportación no se ha oficializado. La fiscal indicó que ese proceso le corresponde a la Corte Nacional de Justicia y no a su institución.

«De tener implicaciones se realizarán todos los procesos y de no existir responsabilidad no estamos para perseguir a nadie políticamente (…) Aún no se puede determinar la participación o no de Lasso», apuntó.

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La Policía Nacional y el personal de rescate acudieron al sector para extraer el cuerpo de la menor. La pequeña y su hermana Antonela Campo (10 años) fueron reportadas como desaparecidas desde octubre de 2023.

Otra tragedia

El pasado 29 de octubre de 2023, el cuerpo degollado de Vanessa Villarreal, madre de las niñas, fue encontrado en un terreno cercano al hospital Luis Dávila de Tulcán. La Unidad Judicial de Violencia de Género de Carchi abrió una investigación contra Jonathan G., pareja sentimental de Vanessa y principal sospechoso del femicidio.

Según las autoridades, el ahora prófugo se habría reunido con la víctima en un auto plateado. Las cámaras de seguridad registraron el movimiento del vehículo en zonas aledañas a la escena del crimen. Además, los indicios recabados en el celular de Jonathan arrojaron más pistas de que el implicado estuvo en el lugar del crimen.

Fue detenido y liberado

El supuesto agresor fue arrestado para las investigaciones correspondientes. Sin embargo, su abogada Miriam Cahuazango aludió que su defendido no tiene nada que ver con el asesinato de Vanessa ni la desaparición de las menores.

«Él como familiar directo tiene que liderar los operativos de búsqueda y presionar a las autoridades para que encuentren a sus hijas», detalla El Universo.

La alerta amarilla se difundió en los 193 países para dar con el paradero de las pequeñas. De la misma manera, la Fiscalía General del Estado (FGE) difundió la alerta azul para localizar al implicado.

Actualización 16:30

Luego de varias horas de búsqueda localizaron los restos de Antonela C., hermana de Briana. El cuero de rescate encontró a la menor a unos 500 metros del paradero de su familiar. Las autoridades continúan con las investigaciones.

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Sobre el tema del IVA, mencionó que se aplicará de manera diferenciada. Es decir, se incrementará este valor para algunos tipos de consumo. Con eso, subiría un punto permanente y dos temporales. Mientras que, las actividades que generen empleo tendrán una reducción al 5 %.

Reprochó que los asambleístas se opongan a los proyectos de ley que ha envidado, el primero para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis social económica, y el segundo, el proyecto de ley de extinción de dominio. Con este último se pretende que las armas, dinero o propiedades de criminales sean utilizadas por el gobierno.

«Deberían reflexionar lo que está pasando en el país, el problema fiscal y la lucha que llevamos contra el narcoterrorismo que mueve cerca de USD 60 mil millones de cocaína al año», dijo en Ecuavisa.

El problema del IVA

Según el presidente, el incremento al IVA no es un valor que afecte a la canasta básica, educación, medicamentos. Repitió que la «intención» del régimen es respaldar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) «sin afectar al pueblo».

Sobre las sugerencias al primer proyecto de ley que dieron los legisladores, comentó que no estaba de acuerdo con el impuesto al patrimonio. Para él, eso afectaría a la clase media porque tendría que endeudarse para pagar un impuesto.

«Si existiera una definición de último momento, mandaremos otros proyecto de ley así como lo hemos hecho. Con el decreto de estado de excepción tenemos la facultad de enviar dos seguidos», refirió.

Focalización de subsidios

Enfatizó que el país no solo atraviesa una crisis social, sino también económica, pues el déficit fiscal del 2024 alcanza los USD 6 mil millones. Sin embargo, alegó que arrastran el endeudamiento y la suma de retrasos del gobierno anterior.

Una alternativa a esto es la focalización de subsidios «de manera que no afecten al pueblo o a la productividad». Por ejemplo, los valores que no se toparán son al gas y diésel. Mientras que, los que los subsidios que sí se retirarán son los que reciben las industrias, empresas grandes, gasolinas como Ecopaís y Extra.

El jefe de Estado alegó que esta medida se implementará de manera paulatina, de acuerdo a la generación de inversiones y procesos que permitan un mejor desarrollo en el país.

El pago de sueldos

Noboa comentó que se priorizará el pago de sueldos a las fuerzas del orden, profesores, entre otros. Esto, luego de que el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, argumentara que el pago tardaría hasta mediados de febrero.

«Estamos conscientes que esto no ha sido lineal, hay un incremento de gastos en las fuerzas del orden y eso también representa más gastos para el Estado», ratificó.

Más recortes…

Un problema para el presidente es el «sueldo elevado» que reciben algunos funcionarios. «Nadie puede ganar más que el presidente, pero hay algunos que ganan hasta dos veces más», reprochó.

Remarcó que una de las medidas será optimizar las instituciones públicas con gente eficiente, sin nóminas fantasma y evitar llenar las entidades de «pipones«. Sobre los contratos temporales, indicó que, por el momento, no pueden contratar a nadie más.

¿Regresaremos a la normalidad?

El gobierno desplegó la lista de cantones que se encuentran en nivel alto, medio y bajo de violencia. El presidente comentó que trabajan con las fuerzas del orden para regresar a la normalidad. Un ejemplo de ello, es el regreso a clases de manera paulatina en la región Sierra.

No obstante, reiteró que los uniformados deberán entregar un informe que detalle la situación que atraviesa el país y los niveles de riesgo. Para eso, enumeró que primero deben retomar el control de los centros penitenciarios y su hacimiento, la militarización de los puertos y fronteras, pero sobre todo, no regresar al mismo funcionamiento del SNAI.

«La idea tampoco es desaparecer el SNAI, después de todo es una institución que se necesita para velar los reclusorios», apuntó.

Adiós a los presos de otros países

Noboa enfatizó que los ciudadanos que cometieron algún tipo de delito no podrán regresar a Ecuador. Son cerca de 1500 presos colombianos que serán repatriados. La idea que mantiene el jefe de Estado es subirlos en un avión y dejarlos en la frontera para que las autoridades responsables se hagan cargo de los procesos.

Fito y sus luces

Según el presidente, están muy cerca de atrapar a Adolfo Macías, alias Fito, y Fabricio Colón Pico, quien estaría detrás de un supuesto atentado contra la fiscal General del Estado, Diana Salazar.

«Sabemos que por esto estamos recibiendo algunos ataques, el equipo que ahora tienen el país es algo que no hicieron los últimos dos gobiernos», finalizó.

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«Lo que se dijo es que no se sabía, que no teníamos idea, porque eso era lo que teníamos que hacer», dijo en el podcast Ya Nada.

Según Zurita, después del incidente, el celular y la información que este contenía «se puso a buen recaudo». Sin embargo, en los primeros días de investigación, el tío de Villavicencio, Galo Valencia, denunció que una de las hijas del político riobambeño habría arrojado el móvil al río Tomebamba.

En una entrevista posterior, ella no negó o desmintió este suceso. No obstante, resaltó que la Fiscalía General del Estado (FGE) debería estar pendiente de los teléfonos de los presuntos acusados en el caso y no del de su padre.

Era una prueba valiosa

Pese a que las autoridades pedían que se explote el teléfono de Villavicencio, Zurita aludía que esa «no era el arma homicida y no tenían por qué toparla». Ahora, justificó ese accionar con el argumento de que el dispositivo era «un objeto y motivo de persecución» por quienes habrían asesinado a su compañero.

«¿Para saber con quién hablaba Villavicencio? Todos los días vemos como se filtra información que la pueden descontextualizar», refirió.

Zurita indicó que luego de saber que el FBI apoyaría en la investigación, decidieron entregar el teléfono para «evitar» que infiltrados en la Policía Nacional y la Fiscalía saquen provecho del suceso.

«Debíamos precautelar la prueba del caso, eso fue lo correcto. Era lo justo que teníamos que hacer aunque se hayan disgustado autoridades. Lo lamento mucho», finalizó.

«Se destruiría su reputación»

El 6 de octubre, Zurita recalcó que la explotación del teléfono de Villavicencio no servirá de nada. Mencionó que filtrar la información de ese teléfono era más perjudicial que mantenerla en reserva. Detalló que hay personas involucradas que son vulnerables y no están en el “ojo público”.

“Por qué tenemos que dejar en evidencia y que se filtre una información que destruiría su reputación”, señaló para Teleamazonas.

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Borja detalló, entrevista con La Calle, que solo el chaleco antibalas -similar al que utilizó el presidente Daniel Noboa- cuesta USD 1.500, una camioneta blindada nivel 3 costaría USD 15 mil, el seguro privado y el médico de cobertura nacional o internacional valorado en más de USD 100.

Ante los últimos acontecimientos, indicó que desconoce si existe una iniciativa por parte del Consejo de la Judicatura (CJ) y el Gobierno Nacional para evitar que sucesos similares se repitan. No obstante, recalcó que como asociación trabajan en un plan que se enfoca en la seguridad y lo presentarán al CJ en los próximos días.

El proyecto plantea una disponibilidad presupuestaria para seguridad, creación de un sistema de protección y participación de la policía de protección de Estados Unidos (EE.UU.) para jueces y fiscales. Según la presidenta, estos agentes aportarán con experiencia y conocimiento a los uniformados del país.

Hay un acuerdo para su seguridad

Borja mencionó que firmar le acuerdo ministerial, en noviembre 2023, fue «el peor error«, pues trasladó el costo de la protección policial a la institución que requiera el servicio. Es decir, los funcionarios deben cancelar el hospedaje, alimentación y viáticos de los agentes asignados como su dispositivo de seguridad.

También, detalló que si un fiscal es victima de una amenazas «tiene que pasar por los procesos de la burocracia y acoplarse a las normas que cambiaron en noviembre de 2023″. Luego del trámite, le asignan un dispositivo de seguridad, conformado por un mínimo de dos policías. Esto dependerá del grado de peligrosidad del magistrado.

Atentados a jueces

Según Borja, los atentados y homicidios contra jueces creció en 2022 y las autoridades no han tomado acciones para frenar estos incidentes. Además, explicó que el CJ recibió 60 solicitudes de jueces que requerían protección policial en 2023.

«No existe seguridad, la única alternativa es el teletrabajo ante un sistema que es reactivo y no preventivo para protegernos de estos eventos «, dijo.

La muerte de Suárez

César Suárez fue asesinado el 17 de enero de 2024 cuando se dirigía a una audiencia de manera telemática. Luego del suceso, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado en el que especificaba que el magistrado -ese día- supuestamente rechazó su cerco de seguridad. Borja tachó de absurda esas declaraciones.

Repitió que no es voluntad del fiscal, sino responsabilidad del Estado velar por la seguridad de todos los ciudadanos. Además, reprochó que pese al grado de riesgo que tenía el fiscal, las autoridades no hicieron nada para protegerlo.

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«Con el respaldo del Gobierno Nacional, la ministra de Gobierno y también la Fiscalía ha actuado. En la tarde, la fiscal se trasladó al Centro de Rehabilitación Social, donde pudimos ratificar que hasta el momento, en el área donde debía haber estado esta PPL, no se encuentra. Por lo que seguiremos con los operativos en la parte interna hasta dar con la ubicación de este ciudadano», dijo Zapata.

Por lo tanto, aún no está confirmado si Fito continúa dentro de las instalaciones de la prisión o, por el contrario, se encuentra ya en fuga. La Fiscalía abrió una investigación de oficio por una presunta evasión de alias Fito.

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