Asesinaron a Fernando Villavicencio a pocos días del debate de la primera vuelta electoral, pese a que la Policía Nacional estaba a cargo de su «seguridad«. El propio Christian Zurita, reemplazo de Villavicencio en la campaña, enfatizó que la muerte de su colega se debió a la «negligencia de los agentes».

Luego, mataron a siete implicados en el caso, seis de ellos solicitaron el traslado de «La Peni» a un reclusorio más seguro, pero el SNAI -entidad gubernamental encargada de los presos- no atendió el pedido.

Además, el círculo cercano a Villavicencio se opuso -durante toda la instrucción fiscal- a que el celular del excandidato se explote, por lo que la institución de control terminó la fase de este proceso sin los datos del dispositivo.

En dos meses de la captura de los antisociales no obtuvieron detalles de los hechos. Sin embargo, a puertas de las elecciones la Fiscalía indicó que tiene indicios de los autores intelectuales, todas relatadas por uno «testigo anticipado» que trasladaron a otro sector de «emergencia«.

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