Quishpe mencionó que al aplicar esa medida los textos presentan contenidos caducos porque los contenidos educativos también evolucionan.

«La responsable de que nuestros jóvenes no entren a la universidad es la ministra Brown. Cómo puede pedir que textos de materias esenciales se compartan o reutilicen», recalcó.

También, detalló que algunos contenidos de segundo y tercero de bachillerato se repiten. Cuestionó que ni en esa planificación exista una articulación clara de los contenidos entre educación general básica y bachillerato.

«Deberá explicar cuántos libros entregó, qué cantidad se entregó a la escuela pública y bachillerato y por qué pasan todas estas cosas. Ella estaría haciendo mal uso de fondos públicos y una estafa académica», manifestó.

Además, no solo los alumnos resultaron afectados por estas decisiones. Según el presidente de la organización, los docentes también deben compartir el material de trabajo, es decir, las guías académicas y los cuadernos de trabajo.

Las medidas que interpondrán

La UNE enfatizó que presentará tres acciones antes las «apresuradas decisiones de la ministra». Una de ellas es solicitar el examen especial sobre la contratación de textos escolares del año lectivo 2023-2024, que lo realizaron el 7 de noviembre de 2023. Además, pedirá al Conadis que abra una investigación contra la funcionaria por atentar contra los derechos de los alumnos con necesidades educativas específicas.

Quisphe argumentó que esos estudiantes merecen una planificación escolar diferente. Sin embargo, el panorama empeora al acatar las últimas disposiciones y agudiza las complicadas condiciones educativas.

Segundo, una vez que la Asamblea Nacional entre en funciones solicitarán que se tramite el juicio político contra la secretaria de la cartera de Estado.

Por último, pedirán al presidente entrante Daniel Noboa que declare en emergencia al sector de la educación. Cuestionó que los estudiantes tengan que estar en sometidos ante la ola de seguridad, instituciones sin textos ni docentes y con sobrecarga laboral.

«La sociedad ecuatoriana ya no se puede quedar de brazos cruzados ante estas situaciones y la realidad del país». apuntó.

Tienen todo…

El presidente repitió que tiene los nombres de los planteles y las ciudades donde entregaron los libros y de las que retiraron los textos «de manera arbitraria». Comentó que si la ministra requiere esos documentos los entregarán en la Casa del Maestro o en el Ministerio.

«Allí se verá si Brown es parte de toda la demagogia o tiene voluntad política y responde a los ecuatorianos», finalizó.

Un libro por cada tres estudiantes

Luego de que la cartera de Estado ordenara la entrega de un texto de consulta por cada tres estudiantes, la UNE denunció que delegados de la entidad están retirando los textos de diferentes planteles de la Sierra y Amazonía.

Según la organización, la orden llegó a los docentes a través del documento: Orientaciones para el Uso de Textos Escolares y Recursos Complementarios.

El escrito detalla que la medida se aplicará a los estudiantes de 5to, 6to y 7to de Educación General Básica. En caso de que un grado supere el número de 40 estudiantes, el docente establecerá las directrices para que puedan acceder a los textos.

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Mencionó que el dictamen solo garantiza la impunidad de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por los hechos que ocurrieron después de su designación. Además, comentó que sus actuaciones durante su estadía en el Cpccs «pusieron a temblar» a los «sujetos que se tomaron el Estado y las instituciones».

«Lo actuado es un grave abuso de poder. El poder ciudadano y la democracia han sido gravemente atacados y destruidos», reza la carta que publicó en su cuenta de X.

Enfatizó que los jueces deberán rendir cuentas de lo actuado ante el Sistema Interamericano de Derechos (SIDH). También, cuestionó que su destituido se basó en una «sentencia inventada que los auto protegía» y permitía que gane la «impunidad para algunos actos atroces».

«La herencia nefasta de las atrocidades del trujillato sigue actuando con sus secuaces vacunadores, puestos a dedo en la Corte Constitucional», expresó.

El pronunciamiento de la Corte

La noche del 6 de octubre, la CC destituyó a Vera luego de que aceptara crear una veeduría que pretendía revisar las acciones del Cpccs-Transitorio y la designación de jueces de la entidad.

A este conflicto se suma que el Cpccs aceptó crear otra veeduría para atender el supuesto plagio de la tesis de la fiscal, denunciado por el colectivo Acción Jurídica Popular.

La entidad de control lo acusó de haber incumplido con el dictamen de la CC y ordenó que se archivara las acciones en contra de Salazar y la veeduría del trujillato.

Ya lo había anticipado

El 19 de septiembre de 2023, Vera señaló que los miembros de la entidad pedirán medidas cautelares al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) si la posibilidad de destituirlos se aprueba.

“No podemos permitir que destituyan a las autoridades que fueron democráticamente electas. Lo peor, solo por cumplir sentencias judiciales y obligaciones constitucionales”, afirmó.

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»Este hecho es parte de una serie de acciones con las que personas inescrupulosas intentan impedir la permanencia de la Dra. Diana Salazar en sus funciones» dicta un comunicado público.

El FGE manifestó su rechazo al supuesto intento de alterar o borrar los archivos que respaldan dicho concurso. Además, se resaltó que existe un afán por generar desinformación para desprestigiar el trabajo que ha venido desempeñando Salazar.

De igual manera, la institución aclaró de manera enfática que la titular fue elegida legalmente por el Cpccs transitorio del 2019, mediante un concurso público de méritos y oposición. Ante esta situación, Fiscalía abrió una indagación contra los siete nuevos consejeros.

La respuesta del Cpccs

El Cpccs rechazó la acusación realizada por la Fiscalía. Recalcó que todos los documentos se encuentran archivados por la Secretaría del Consejo y que cuentan con las seguridades técnicas necesarias para evitar cualquier tipo de interferencia interna o externa.

»Esperamos que este exabrupto no sea un intento de amedrantamiento a la quinta función del Estado, ante la Ausencia de la Asamblea Nacional», respondió.

El presidente del Cpccs, Alembert Vera, calificó el proceso en contra de él y sus colegas como un acto repudiable e innecesario. El funcionario señaló que solicitaron sus siete acciones de personal y la entrega inmediata de la información sobre este concurso.

»Señora Fiscal no era necesario abrir una indagación previa, hubiese enviado un oficio o hecho una llamada y con gusto como a cualquier ciudadano del país le entregábamos la información», argumentó.

Los nuevos consejeros

El 14 de mayo la Asamblea Nacional saliente, posesionó a los nuevos consejeros del Cpccs. En la primera sesión del Consejo se eligió a Alembert Vera, como presidente y a Nicole Bonifaz como vicepresidenta.

La mesa también está conformada por Yadira Saltos, Augusto Verduga, Andrés Fantoni, Mishelle Calvache y Johanna Verdezoto. (A.G.M).

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La directora de la Escuela, Irany Ramírez, comentó que la cadete fue separada porque reprobó el cuarto semestre en la Universidad Central del Ecuador.

Además, señaló que notificaron a su abogado de esta decisión. Resaltó que la cadete no rindió los exámenes y reprobó siete materias.

«La universidad notifica a la Escuela la no aprobación y la dirección nacional de educación realiza la resolución de la baja», detalló la directora para diario La Hora.

También explicó que en el Reglamento de la Universidad especifica que los estudiantes tienen tres excusas para ausentarse: maternidad, enfermedad o calamidad doméstica.

Salió libre

La cadete fue una de las primeras personas detenidas por el femicidio de María Belén Bernal. El 18 de enero de 2023, luego de cuatro meses de prisión, un juez de Quito ordenó la liberación de Sánchez, pero le otorgó medias cautelares. Es decir, no podrá salir del país y deberá presentar periódicamente a una unidad judicial.

El magistrado determinó que no existen elementos de cargo contra ella. Según su defensa, Jean Paul Egred, se demostró que en el lugar donde asesinaron a María Belén Bernal no se encontró material genético de su cliente.

Sánchez admitió que tuvo relaciones sexuales con el exteniente Germán Cáceres el día del crimen. Posteriormente, fue vinculada al caso y detenida el 16 de septiembre de 2022. Cuatro meses fue privada de su libertad.

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El legislador amenazó con tomar acciones legales contra Vera por difundir información en su programa político “Veraz”. A lo que Vera comentó que esa información la propagó Santiago Cuesta en su programa “20 minutos”, donde el asambleísta tuvo una hora para réplica.

En medio de esta pelea derechosa, el periodista se justificó con la excusa de que Villavicencio lo tachó de corrupto en la Posta y en Nontihoy mencionó que él y Marcel Rivas recibieron USD 6 millones por esta difusión.

“La gran fortuna de Villavicencio”

Santiago Cuesta mencionó en 2018 que Villavicencio tenía USD 14 millones en depósitos en el Banco Pichincha y sumadas todas esas cuentas daban USD 12 y 14 millones aproximadamente. Se cuestiona el origen del dinero.

También, indicó que el hermano, Eduardo Villavicencio, gozaba de una posición similar, pues habría depositado entre 2011 y 2018 más de USD 2 millones. Además, registraba depósitos por USD 4 millones. Cuesta recaló que la hermana del legislador tenía medio millón de depósitos.

Finalmente, retó a Villavicencio a abrir las cuentas en los Bancos Produbanco, Pichincha y Banco del Austro donde guardaba todos estos depósitos.

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En rueda de prensa, Elizabeth Otavalo, Miroslava Cando y Ruth Montenegro, madres de féminas asesinadas, comunicaron que se movilizarán el viernes 25 de noviembre, a las 16:00 desde la avenida Patria hasta la Amazonas, en Quito.

Las madres coinciden en que el Gobierno apoya la lucha de las mujeres solo en el discurso, porque no existen políticas públicas que respalden sus derechos. Además, expusieron que no fueron tomadas en cuenta en las mesas de diálogo que organizó Lasso.

“Todos los ofrecimientos se quedaron en paliativos. Yo conversé con Lasso y me dio que iba a estar en las mesas y no pasó nada”, manifestó Otavalo.

Madres levantan su voz

Para Elizabeth Otavalo, el proceso de justicia que buscan es “un camino lleno de espinas”. “Es un camino que la ciudadanía se olvida y sobre todo algo que el Gobierno quiere que sea olvidado. Nacimos chillando y gritaremos verdad y justicia por nuestras hijas”, precisó.

Miroslava Cando, en su intervención, recalcó que su hija murió en una práctica militar que aún no se ha esclarecido. Sobre las mujeres se ejerce una violencia institucional, una violencia que no se habla, ni se conversa, porque las instituciones se unen, dijo.

Finalmente, Ruth Montenegro, madre de una pequeña de 11 años asesinada. Denunció la inoperancia de la Fiscalía General del Estado (FGE), Policía Nacional y Dinased al momento de atender un femicidio.

“Evaden la realidad de las madres, la minimizan. Al final estas instituciones resuelven los casos aludiendo que fue un accidente o suicidio. ¡Nos están matando cada 28 horas y esto va en aumento, no para!”, enfatizó.

Insuficientes políticas públicas

En 17 meses que se ha posicionado el Gobierno, la única mediada que implementó fue seis estados de excepción que no han mostrado resultados positivos ante la ola de violencia.

“No se han tomado acciones o políticas públicas encaminadas a los problemas del país, educación, salud, crimen organizado, contra la violencia feminicida”, enfatizó Montenegro.

(N.J.C)

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Mediante un comunicado la ID informó que los tres asambleístas ya no forman parte de este bloque legislativo por incumplir con las leyes del Consejo Ejecutivo Nacional como máximo órgano de decisión del Partido. Además, autorizaron al presidente Nacional, Enrique Chávez, Provincial, Alejandro Jaramillo y a la Fiscalía General del Estado (FGE) tomar acciones disciplinarias y legales pertinentes contra los miembros de la ID.

“Iniciar con los procesos a quienes se han tomado atribuciones ilegítimas de representación de la ID y que han usado la identidad y los símbolos de la organización a título individual o colectivo”, reza el comunicado.

Finalmente, enfatizaron su postura de ejercer una “oposición responsable, coherente y clara en defensa de la institucionalidad, estabilidad democrática los derechos de la mayoría, la reactivación económica para garantizar empleo y la transparencia en la toma de decisiones desde el legislativo”. (N.J.C)

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