En entrevista con Radio Centro, el exfuncionario de Daniel Noboa evitó confirmar formalmente su postulación, pero admitió que «la Fiscalía es una de esas instancias donde cree que puede servir». Cuando se le cuestionó sobre su capacidad para investigar a un gobierno del que fue pieza clave hasta este martes, respondió con un discurso de principios: «Mi compromiso es con la verdad […] queremos un país donde la justicia no obedezca al poder». Sin embargo, no detalló mecanismos concretos para garantizar imparcialidad ante eventuales casos que involucren al gobierno.

Antecedentes

Durante el último concurso para Fiscal General en 2019, obtuvo 65/100, ubicándose penúltimo entre 14 aspirantes. Este antecedente contrasta con su actual aspiración al máximo cargo persecutor del Estado, especialmente cuando la Fiscalía deberá investigar a exministros por los contratos fallidos en el Caso Progen y otras investigaciones.

La ambigüedad calculada de De La Gasca —»tomaré la decisión cuando corresponda»— alimenta sospechas de una jugada política coordinada. 

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En un video difundido la noche del 9 de julio, el burgomaestre calificó las imputaciones como «totalmente falsas» y denunció una estrategia de persecución política. «Hoy vemos cómo inventan otro tema, saben que el primer tema de persecución lo tienen prácticamente perdido porque no es real y es falso», declaró. Álvarez negó cualquier contacto con personas bajo proceso legal y desmintió una supuesta videollamada con Salcedo, señalando que la foto presentada lo mostraba viendo un partido de fútbol en un estadio

Álvarez asegura su inocencia

El alcalde aseguró que la revelación coincide con la proximidad de su audiencia de defensa en el Caso AAA, que consideró «prácticamente cerrado» por falta de pruebas. Criticó duramente la cobertura del canal TC Televisión: «Justificar lo que pasó hoy en TC Televisión (…) buscando posicionar una mentira con una foto ridícula (…) es sinceramente ridículo».

Álvarez enfatizó su trayectoria transparente: «Mi vida es transparente niego rotundamente cualquier conversación con cualquier personaje que esté en algún proceso judicial». Además, responsabilizó a grupos de oposición de orquestar campañas de difamación y advirtió: «Si tanto quieren estar en Guayaquil, en dos años son las elecciones pero dejen de perseguir a familias».

El mandatario anunció que su abogado asumirá las declaraciones futuras y se mostró dispuesto a someterse a pericias. Finalmente, expresó su preocupación por la situación del país: «Me duele en el alma el rumbo que ha cogido el país: cero gestión, mucho show, pan y circo para el pueblo«.

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Según el Fiscalía, la magistrada habría solicitado «dádivas, incluyendo muebles de alto valor, así como dinero, a cambio de favorecer a un ciudadano en un proceso judicial bajo su competencia». El organismo judicial indicó que el operativo permitió recabar «indicios relevantes» para la investigación.

La jueza Vera adquirió notoriedad en diciembre de 2024 al otorgar una acción de protección que restituyó a Verónica Abad en la Vicepresidencia de la República. Ese mismo día, Vera denunció presiones del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, para que fallara en contra de Abad –acusación que derivó en una demanda por calumnia en su contra.

Defensa alega persecución política

Washington Andrade, abogado defensor de Vera, . «La Fiscalía continúa su rol de hostigar a quienes considera opositores al Gobierno», declaró, añadiendo que las denuncias se sustentan en «pruebas deformadas y forzadas». Andrade vinculó la acción con el «Caso Pendrive» –investigación contra Godoy– que, según él, evidenciaría vínculos entre el poder político y el control del Consejo de la Judicatura (CNJ).

«Prometieron destruirla y cumplen sus amenazas con complicidad de medios», afirmó. Además manifestó que el apodo «Mueble Fino» refleja burla hacia su defendida. Andrade aseguró que Vera ha colaborado con las investigaciones pese a la «velocidad inusitada y desesperada» para procesarla.

El delito de concusión, tipificado en el artículo 281 del COIP, conlleva penas de 3 a 5 años de prisión, elevables a 7 años si media violencia o amenazas. Se configura cuando un servidor público exige, abusando de su cargo, pagos o beneficios indebidos. La investigación continúa en desarrollo mientras la defensa insiste en un patrón sistemático para silenciar a la jueza por su actuación en casos de alto perfil político.

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Contexto del caso

El juez electoral Fernando Muñoz resolvió que Diana Salazar fue víctima de violencia política de género. Las señaladas: Priscila Schettini, esposa del exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, y Angélica Porras, abogada y activista, integrantes del colectivo Acción Jurídica Popular.

Ambas realizaron publicaciones en redes sociales en las que acusaban a Salazar de plagio en su tesis de grado y la atacaban con calificativos como “#LadyImpericia”, “copiona”, “inepta” e “incapaz”. La Universidad Central del Ecuador desestimó posteriormente el presunto plagio, aunque admitió errores en las citas académicas.

Argumentos de la sentencia

El TCE determinó que las publicaciones y declaraciones constituían violencia política de género conforme al artículo 280 del Código de la Democracia. Se alegó que los mensajes, además de desacreditar a Salazar como funcionaria, estaban cargados de estereotipos de género y buscaban minar su legitimidad como fiscal.

Las sanciones

1. Suspensión de derechos políticos:
   • Schettini: 3 años
   • Porras: 2 años Durante este período, no podrán postularse, ejercer cargos públicos ni votar.
2. Multas:
   • Schettini: USD 22.500
   • Porras: USD 13.500
3. Restricciones adicionales:
   • Prohibición de emitir contenido que aluda a la fiscal.
   • Eliminación de publicaciones ofensivas.
   • Disculpas públicas.
   • 40 horas de capacitación contra la violencia política de género.

¿Quién asume sus funciones?

Tanto Schettini como Porras son legisladoras electas por el movimiento Revolución Ciudadana (aunque no oficialmente posesionadas en el pleno). Dada la suspensión de sus derechos políticos, no podrán asumir su curul ni participar en el ejercicio de funciones legislativas. Sus alternos asumirán esas funciones, de acuerdo con el procedimiento parlamentario establecido por la Asamblea Nacional.

¿Sentencia legítima o acción política?

Para algunos sectores, el fallo representa un avance en la protección de las mujeres en la política, marcando un precedente claro contra los ataques basados en estereotipos de género.

Pero para otros, se trata de una respuesta política disfrazada de justicia. El colectivo Acción Jurídica Popular ha sido crítico de Salazar, especialmente tras presentar denuncias por presunto plagio. Para figuras como Angélica Porras, la fiscal usa selectivamente su poder: activa ciertos casos cuando le conviene políticamente y congela otros que afectan a aliados.

Este caso se suma a una lista de episodios que muestran cómo la fiscal general mueve fichas judiciales con cálculo político, un patrón que ha sido denunciado por actores de diversas tendencias.

Documentos y fuentes oficiales

• Sentencia del TCE – Documento PDF
• Sitio oficial de la Fiscalía General del Estado

Conclusión: Lo que parecía una sanción jurídica se ha convertido en un caso emblemático del uso del aparato electoral y judicial en un país donde la política y la justicia rara vez caminan por separado.

SENTENCIA DEL TCE: https://apps.tce.gob.ec/jml/bajar/Sentencias/3338a2_SENTENCIA-250-23-170124.pdf?utm_source=chatgpt.com

RECURSOS FGE: https://www.fiscalia.gob.ec/publicacion-de-sentencias/?utm_source=chatgpt.com

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Borja afirmó que, tras 13 años fuera de cargos públicos y sin antecedentes penales, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una indagación «reservada en su contenido y en su existencia misma», violando principios como la publicidad mínima, la seguridad jurídica y el debido proceso. Destacó que la investigación no aparece registrada en el portal oficial de la institución, donde solo constan denuncias interpuestas por él mismo por robo, con su último proceso judicial cerrado en 2015.

«No es omisión, es ocultamiento. No es error, es estrategia», declaró, insistiendo en que el caso forma parte de un patrón para silenciar críticos. Además, recordó un intento de detención en su contra hace días en la oficina de migraciones de Rumichaca, hecho que los ministros del Interior y de Gobierno negaron rápidamente, emitiendo un comunicado oficial para desmentir una «persecución».

Borja cuestionó la independencia judicial bajo la administración de Noboa: «¿A qué Estado de Derecho pertenece un país donde las investigaciones se manejan según conveniencia política? ¿Quién decide qué delitos existen ante la ley y cuáles existen solo en la sombra?«. El economista exigió transparencia y el cese del uso del sistema legal como «herramienta de intimidación».

Hasta ahora, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre la denuncia de opacidad en el caso. Tampoco hay respuesta oficial a las acusaciones de utilizar el aparato judicial con fines políticos. Mientras tanto, Borja insiste en que su situación expone una campaña de miedo contra quienes denuncian «despotismo y saqueo» en el gobierno actual.

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Conectado de forma telemática desde Urdesa, Álvarez rechazó la representación de un defensor público tras la inasistencia de su abogado particular, Diego Córdova. «Violentaron mi derecho a la defensa. No autorizo que un funcionario público me defienda«, declaró.

El juez Renán Andrade multó con dos salarios básicos al equipo legal ausente y ordenó una investigación disciplinaria. Además, concedió 30 minutos para que el alcalde y otro implicado se reunieran con los defensores designados, Iván Montero y Aníbal Moreano, quienes afirmaron estar preparados para el caso.

Acusaciones y contexto legal

La Fiscalía, liderada por Leonardo Alarcón, acusó a Álvarez de autoría en distribución ilegal de combustible a gran escala entre 2021 y 2022, cuando presidía Copedesa S.A. Según informes del SRI y la UAFE, tres estaciones vinculadas a la empresa habrían vendido más diésel del que su capacidad autorizaba. El COIP prevé hasta cinco años de prisión por este delito.

Álvarez prometió un video «más explícito» insistiendo en que el caso carece de fundamento. Mientras, el juez Andrade definirá si lo vincula formalmente al proceso y qué medidas cautelares aplicarían, incluyendo prisión preventiva.

El Caso Triple A marca un punto crítico en la relación entre el gobierno local y la justicia ecuatoriana, en medio de denuncias de uso político del sistema judicial.

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En un comunicado oficial, la entidad señaló que la Oficina de Investigaciones de Seguridad de Nueva York retuvo el dispositivo, un iPhone Apple modelo 15 Plus, el pasado 13 de marzo, cuando prohibió el ingreso de Franco Loor a territorio estadounidense.

«El dispositivo -que fue retenido en el aeropuerto John F. Kennedy, de acuerdo con las atribuciones y facultades conferidas por la Ley de Estados Unidos- se entregó en una bolsa sellada del Departamento de seguridad de ese país», señaló.

La Fiscalía sostiene que el celular en cuestión podría aportar elementos relevantes en el marco de la investigación por presunta asociación ilícita dentro del caso Ligados, en el que están señalados Eduardo Franco Loor, los exconsejeros Augusto Verduga y Yadira Saltos, así como la actual consejera Nicole Bonifaz.

El Ministerio Público indicó que ingresó el dispositivo «en legal y debida forma» a la cadena de custodia durante la tarde de este jueves.

Además, la entidad comunicó que «ha solicitado a la autoridad competente, la autorización respectiva para la práctica de pericias y análisis digital del contenido del dispositivo celular».

Reacción de Franco Loor

Tras conocerse que su teléfono celular está en manos de la Fiscalía ecuatoriana, Eduardo Franco Loor se pronunció en su cuenta de X, donde afirmó que en dicho dispositivo «no encontrarán nada irregular, ningún indicio o prueba de ningún delito», ya que asegura haber dedicado su vida a la enseñanza universitaria por más de cuatro décadas y al ejercicio profesional del derecho.

El exabogado de Jorge Glas recalcó que es «un hombre culto y honesto», y que siempre ha actuado dentro del marco de la legalidad, guiado por principios éticos y cristianos. En ese sentido, sostuvo que nunca ha cometido delito alguno y que en el caso por el cual se lo investiga, «jamás me he asociado ilícitamente con nadie». Añadió que no existen elementos suficientes para formular una acusación en su contra y confía en que «brille la justicia y la verdad».

Sobre su rol en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Franco Loor aclaró que actuó en calidad de consejero electo y no a título personal. En su defensa, explicó que las resoluciones adoptadas por el Pleno del Cpccs están amparadas en la legalidad, de acuerdo con el Código Orgánico Administrativo. Además, argumentó que «los organismos o entidades del sector público no pueden cometer delitos», ya que, según el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), únicamente las personas naturales o jurídicas de derecho privado pueden ser sujetas de responsabilidad penal.

Cabe señalar que, dentro del caso Ligados, también figura como elemento de convicción un teléfono celular perteneciente al exconsejero Augusto Verduga. La Fiscalía ha difundido conversaciones extraídas de ese dispositivo, en las que se evidencia que la llamada ‘Liga Azul’ —integrada por consejeros afines al correísmo— mantenía vínculos con representantes de la Revolución Ciudadana, compartiendo intereses y objetivos políticos.

Confirmación de Fiscalía

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La Fiscalía afirmó que los cuatro acusados están vinculados con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Tres de ellos ejercieron como exconsejeros relacionados con el correísmo, mientras que la cuarta ocupa actualmente el cargo de consejera. De acuerdo con la acusación, su intención era alcanzar, junto a una organización política, el control del sistema financiero y de justicia en Ecuador.

Desde el 15 de marzo, la Fiscalía investiga penalmente a los exconsejeros de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor. También procesa a la actual integrante del CPCCS, Nicole Bonifaz, por el delito de asociación ilícita.

Según la acusación del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, el expediente revelaría una planificación y ejecución de estrategias ilícitas. El objetivo de estas acciones habría sido tomar el control de la institucionalidad del Estado.

¿Intento de control del sistema financiero?

Los procesados intentaron influir en el sistema financiero al incumplir la sentencia 372-23-EP-24 de la Corte Constitucional (CC) para designar a un Superintendente de Bancos afín a sus intereses, según señaló la Fiscalía. El exconsejero Augusto Verduga habría promovido este nombramiento, de acuerdo con el fiscal general subrogante, Wilson Toainga.

Durante una sesión del CPCCS el 22 de enero de 2025, Verduga propuso tomar en cuenta una resolución constitucional que declaraba la vulneración de derechos de Raúl González. Este último no pudo asumir el cargo de superintendente de Bancos en 2022. A pesar de que la sentencia no afectaba nuevos procesos de selección, Nicole Bonifaz, Eduardo Franco, Yadira Saltos y Augusto Verduga aprobaron la moción con sus votos.

Como resultado, la posesión de Roberto Romero, designado legalmente para el cargo en 2024, fue postergada. En su lugar, se solicitó a la Asamblea Nacional la posesión inmediata de Raúl González, en abierta contradicción con la decisión de la Corte Constitucional.

Fiscalía investiga presunto intento de control en el Consejo de la Judicatura

Durante la formulación de cargos del caso Liga2, la Fiscalía señaló que el sistema financiero no fue el único ámbito que los procesados intentaron controlar. Según el fiscal subrogante Wilson Toainga, estas personas habrían actuado en coordinación con miembros del movimiento Revolución Ciudadana (RC5) para influir en la designación de vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).

De acuerdo con la investigación, este presunto control se habría ejecutado mediante gestiones con personal de la Asamblea Nacional y funcionarios de la Defensoría Pública, cuyas posturas ideológicas coincidían con las del correísmo. La Fiscalía sostiene que existen conversaciones en las que el exconsejero Augusto Verduga habría coordinado con miembros del CPCCS y de RC5 para retrasar el concurso del Consejo de la Judicatura con la intención de que, en caso de ganar las elecciones presidenciales, el Gobierno de Luisa González enviara la terna correspondiente.

Para concretar este plan, se habrían planteado medidas cautelares y tráfico de influencias, según Toainga. La Fiscalía indicó que los hechos evidencian la existencia de una asociación ilícita que buscaba el control del Estado, comprometiendo la imparcialidad en la selección de autoridades, responsabilidad del CPCCS.

Evidencias y formulación de cargos

Según la Fiscalía, dentro de la investigación se revelan conversaciones que muestran cómo el exconsejero Augusto Verduga recibía y gestionaba hojas de vida, actos notariales y carpetas de posibles candidatos para las ternas. Estos documentos habrían sido enviados desde la Asamblea Nacional y la Defensoría Pública, con el respaldo de personal del CPCCS y miembros del movimiento Revolución Ciudadana. Para la Fiscalía, esto demuestra una clara intención de actuar en contra de la Constitución y la ley.

Durante la audiencia, el fiscal Toainga presentó los elementos de convicción que sustentan la acusación contra los cuatro implicados, lo que permitió fundamentar el pedido de una instrucción fiscal. Tras casi ocho horas de audiencia, el conjuez Aguirre ordenó el inicio de una instrucción fiscal por 90 días y dictó medidas cautelares contra los procesados, como la presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de salida del país.

Los cargos formulados corresponden al artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) bajo la figura de asociación ilícita. La Fiscalía recalca que el grado de participación de los acusados es en calidad de autores directos.

¿Qué dice Augusto Verduga?

El exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga, procesado en el caso Liga2, se pronunció a través de su cuenta en X con un extenso texto de nueve párrafos, en el que expresó su postura sobre el proceso judicial en su contra y denunció lo que considera una persecución política.

Verduga señaló que «la narración de los poderosos se hace oír sin pudor, sin rubor, mientras que los verdaderos problemas de la gente quedan enterrados en la miseria de la manipulación mediática». Además, aseguró que «mi único ‘delito’ ha sido desafiar al poder más monstruoso que hemos tenido en este país: la banca privada», criticando el rol del sistema financiero en la economía del país.

El exconsejero afirmó que «la persecución que estamos viviendo no es solo política; es un ataque brutal a nuestra esencia, a nuestra lucha, a nuestras ideas. Es una campaña de estigmatización diseñada con un solo fin: silenciar a aquellos que no se someten, a aquellos que cuestionan el orden corrupto que ha caracterizado a este Gobierno y sus dos antecesores».

También mencionó que «este ciclo de destrucción está por llegar a su fin», mostrando su convicción de que la situación actual cambiará. Finalmente, en su mensaje, sostuvo que «ya basta de la continuidad oscura de un proyecto que, bajo las administraciones de Moreno, Lasso y Noboa, ha llevado al Ecuador a la ruina. No cabe duda: el pueblo está despierto, el país está cansado de este juego sucio y pronto veremos el amanecer de una nueva etapa para nuestra sufrida Patria».

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Según la organización, existen denuncias de familiares y testigos que señalan a miembros del Ejército como presuntos responsables y los esfuerzos de búsqueda permanecen paralizados. El informe de la organización local CDH Guayaquil, citado por Amnistía Internacional, detalla que las desapariciones ocurrieron en el marco del «Plan Fénix«, una estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Daniel Noboa. La Fiscalía, según la denuncia, no ha investigado estos hechos bajo la figura de desaparición forzada, pese a las obligaciones internacionales de Ecuador.

Entre los desaparecidos se encuentran; Bruno Rodríguez, Fardi Muñoz, Cirilo Minota, Oswaldo Morales, Neivi Quiñónez, Ariel Cheme, Jordy Morales, Dave Robin Loor Roca, Juan Santillán, Jairo Tapia, Dalton Ruiz, Cristian Sandoya, Oscar Adrihan, Jonathan Adrihan, Jeampier Castañeda, Justin Valverde, Justin Álvarez, Fabricio Alvarado, Jason Franco, Miguel Morán, Kleiner Pisco, Carlos Pisco y Jonathan Villón Velazco.

Las denuncias surgen en un contexto de creciente militarización en el país, en el que las autoridades priorizaron el despliegue de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. La declaración del estado de excepción mediante la causal de Conflicto Armado Interno, emitido en enero de 2024, permitió la permanencia de militares en las calles por más de un año.

Caso Las Malvinas

Amnistía Internacional también recordó el caso de cuatro menores desaparecidos tras un operativo militar en Guayaquil, cuyos cuerpos fueron hallados con signos de tortura en diciembre de 2024. La Fiscalía imputó a 16 militares por desaparición forzada en ese caso. El trágico hecho fue condenado por organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y UNICEF.

El CDH Guayaquil, que representa a las familias de las víctimas, denunció que la Fiscalía clasificó los casos como «desapariciones involuntarias» en lugar de desapariciones forzadas. En este sentido, resaltó las obligaciones del país al formar parte de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

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La autoridad expresó que fue notificado y que la Fiscalía y Policía tomaron fotos para tener constancia del lugar, es decir, las oficinas de la Secretaría General de la Asamblea.

A pesar de que se habló de un presunto allanamiento a las instalaciones del Legislativo, es necesario recalcar que no ocurrió.

Sobre la denuncia, Muñoz rechazó completamente las acusaciones. «Esta denuncia es absolutamente antijurídica, absolutamente irracional, el objetivo es amedrentarme». Responsabilizó al presidente Noboa de lo que pueda ocurrir con su vida y la de su familia.

La Secretaría General de la Asamblea Nacional devolvió a Noboa el Decreto Ejecutivo 500 ya que incumplía lo establecido por la ley. El secretario indicó que en los casos de fuerza mayor para la ausencia temporal del presidente no está la campaña electoral ni el proselitismo político. El decreto no toma en cuenta los artículos 146 de la Constitución ni el 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

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«He solicitado a la Fiscalía que indique si la señora Diana Salazar se encuentra en el país, ¿bajo qué figura de licencia o permiso se encontraría ausente?, y ¿quién está sustanciando las causas que se encontraban a su cargo?», dijo en redes sociales.

Esta solicitud surge tras la negativa del fiscal Toainga de asistir a la mesa parlamentaria en el marco de la fiscalización a la filtración de los chats del excandidato presidencial Fernando Villavicencio (+), en los cuales se revelan tramas de corrupción que involucrarían a Salazar.

Toainga se excusó de asistir a la Asamblea por la reserva del caso. Advirtió que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de prisión de uno a tres años para quienes divulguen información restringida. Además, señaló que, una vez iniciada la investigación previa, está prohibido abordar estos temas en una mesa técnica.

“En este momento, hacer lo contrario sería inducir a quienes comparezcan a la mesa técnica a revelar información que es de interés en el ámbito penal”, expresó Toainga en el documento.

El fiscal también informó que la investigación previa, relacionada con los supuestos chats, comenzó el pasado 27 de noviembre. Como parte de este proceso, se han planificado varias actividades investigativas, entre ellas, la recepción de versiones de asambleístas que, en calidad de terceros, podrían tener conocimiento de los hechos.

El paradero de Salazar

Anteriormente, Fiscalía informó a un medio de comunicación que la fiscal Diana Salazar se encuentra con licencia, y que Wilson Toainga ocupa el cargo de forma subrogante. Según la institución, la ubicación de Salazar es reservada por motivos de seguridad.

La licencia de Salazar ocurre mientras culmina su período de gestión, previsto para abril de 2025. Actualmente, se encuentra en un embarazo de alto riesgo, lo que motivó la suspensión temporal de su juicio político en la Asamblea Nacional.

El proceso para designar al próximo fiscal general está en marcha, pero podrían surgir retrasos que lleven a una prórroga, como lo establece el artículo 283 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). Según esta normativa, el periodo de un fiscal general es de seis años, sin reelección, y de no designarse un reemplazo a tiempo, la autoridad puede mantenerse en funciones prorrogadas hasta que se nombre al sucesor.

La Fiscalía no ha especificado cuánto tiempo durará la licencia de Diana Salazar ni ha dado detalles adicionales sobre su estado de salud.

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Ante la noticia del supuesto secuestro, el abogado de Kevin solicitó postergar su intervención para el final de la diligencia, compromiso que será justificado por escrito.

El pasado de alias Kevin

Alias Kevin es acusado por la Fiscalía de haber gestionado beneficios carcelarios para Norero y su familia, así como de haber defendido al capo en un proceso para recuperar bienes decomisados en Samborondón.

Esta audiencia marca el octavo día del juicio, donde 37 procesados enfrentan acusaciones de manipular la justicia a favor de personas privadas de libertad, con cuatro de ellos señalados como cabecillas y los demás en calidad de colaboradores. Previamente, los abogados defensores han cuestionado la solidez de la investigación fiscal, particularmente los chats revelados como evidencia del caso.

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»Estamos identificando, por denuncias ciudadanas, a quienes se encuentran trabajando con estudios jurídicos y avisan con tiempo a quienes les saldrá una responsabilidad para ponerse a trabajar. Incluso reparten tarjetas de los estudios jurídicos», dijo en entrevista para Ecuavisa.

El titular de Contraloría reveló que, del 2019 al 2023, USD 4 mil millones en glosas no fueron cobradas debido a informes que no fueron calificados oportunamente y luego caducaron, otros exámenes solo desaparecieron. El caso ya está en manos de Fiscalía para determinar la responsabilidad de algunos funcionarios.

»A los exámenes los tenemos en físico y caducaron por diferentes motivos. (…) Hay informes aprobados a los 800 o 900 días, eso es una barbaridad. Hay otros exámenes que caducaron por tenerlos guardados», puntualizó.

La mano de los funcionarios

Asimismo señaló que existen sospechas de la implicación de algunos servidores en la desaparición de dichas glosas, pues habrían dejado que sobrepase el plazo de los 180 días para que caduquen. Sin embargo, enfatizó que otros casos relacionados al desvanecimiento de glosas ocurrieron por falta de personal.

Actualmente, 22 funcionarios ya fueron denunciados en Fiscalía, entre mandos medios de diferentes unidades y excontralores. (AGM).

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El pasado 24 de julio, Salazar acudió a la sala penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para recibir su sentencia. Además de los ocho meses que aún le quedan en la cárcel de Cotopaxi, el magistrado ordenó el pago de USD 11.040 como reparación integral ante el perjuicio al Estado.

Por otro lado, la sentenciada deberá pagar una multa USD 5.520, ofrecer disculpas públicas por sus actos y acatar el decomiso de sus bienes. El juez del caso destacó que las declaraciones de Salazar sirvieron para exponer la corrupción en las altas esferas de la justicia.

¿Qué dicta la ley?

El artículo 491 del Código Integral Penal (COIP) reconoce a la cooperación eficaz como el acuerdo de suministro de datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables, que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados o permitan la identificación de otros responsables.

Para que el sentenciado acceda a los beneficios de este mecanismo el fiscal debe expresar en su acusación si la cooperación prestada fue eficaz.

Asimismo, el mismo funcionario deberá proponer una pena no menor al 20 % del tiempo mínimo de la infracción. No obstante si el caso es de alta relevancia social y permite procesar a integrantes de una organización delictiva la pena no podrá ser menor al 10 %. (AGM).

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“Mucho me temo que a este ritmo la abogada Diana Salazar se prorrogue en sus funciones”, dijo en entrevista para La Calle.

Resaltó que por una resolución del pleno del Cpccs presentó un proyecto borrador del reglamento, sin embargo, manifestó que hasta la fecha no existe una retroalimentación formal de los otros consejeros solo críticas a través de medios de comunicación.

Verduga planteó la eliminación de la prueba oral en el concurso por la carga de subjetividad. Puso el ejemplo de la designación de la fiscal Diana Salazar en la época del Trujillato, en donde sacó 10/20 en la evaluación escrita y 20/20 en la oral con la calificación de los mismo consejeros.

Según el presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, en dos semanas se debe aprobar el reglamento del concurso. El organismo debe elegir a la autoridad antes de abril del 2025, fecha en la cual Diana Salazar culminaría su ciclo en el cargo.

El tiempo corre

Ante las declaraciones de Verduga, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, indicó que las autoridades no deben prorrogarse ya que los plazos están establecidos en la ley.

Asimismo, informó que desde la Asamblea están fiscalizando todos los concursos y que la información emitida por la entidad expone retrasos injustificados que desembocarían en una incumplimiento de funciones. Enfatizó que los todos los vocales del Cpccs deberán comparecer a la mesa parlamentaria para definir fechas concretas.

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La Fiscalía de Género en Orellana sigue en la búsqueda de pruebas en torno a la muerte de la subteniente del Ejército en el Fuerte Militar Napo. La perito expuso que la militar fue violada por varias personas, asimismo, la víctima estaba consciente durante la agresión.

El informe también detalló que »un presunto abuso sexual con fisuras» en las partes íntimas de la subteniente, es decir, enrojecimiento e inflamación en el himen. La información fue entregada al Tribunal de Orellana.

Cronología de los hechos

El pasado 29 de junio a través de un comunicado, el Ejército informó que en el dormitorio del personal femenino hallaron sin vida el cuerpo de Aidita Ati. Según los primeros informes policiales, la causa de su muerte habría sido asfixia por una obstrucción de vía aérea mientras dormía.

Horas más tarde Fiscalía procesa el caso bajo el protocolo de femicidio y el Ejército sale a pronunciarse con el discurso de »condenar enérgicamente todos los actos que atenten contra la integridad y la vida de las personas».

El 30 de junio 18 militares de la brigada militar fueron retenidos por Fiscalía para rendir sus versiones sobre lo acontecido. El mismo día la institución procesó penalmente a cuatro uniformados como autores y coautores del delito.

Mientras se llevaba a cabo el velorio de la subteniente, Fiscalía cuestionó que la jueza a cargo del caso dicte otras medidas alternas a la de prisión preventiva como la prohibición de salida del país y la presentación periódica.

Según el padre de la mujer militar, Luis Ati, »su hija fue ultrajada y violada» y señaló que el comandante de unidad le informó que »su hija asistió a una fiesta no autorizada» en el Fuerte Militar. (AGM).

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El portal web de la Fiscalía General del Estado (FGE) evidencia una denuncia del 7 de junio del 2022 por parte la ciudadana Jessica Patiño Pallarozo debido al fallecimiento de una mujer que responde la nombre de Rocío de los Ángeles Pallarozo.

El registro coloca al actual ministro y a otros implicados en calidad de »sospechosos no reconocidos». Según los datos de la plataforma, la demanda incluye a Vicente P., Guido I. y Byron P., los dos primeros constan como accionistas de Hospifuturo S.A., compañía que tiene como gerente general a Naranjo.

La acusación no prosperó, pues la página del Consejo de la Judicatura (CJ) no registra el avance de este proceso.

Otras denuncias

Por otro lado, el Consejo de la Judicatura registra 16 denuncias en contra de Naranjo, en su mayoría relacionada a actos administrativos relacionados a Hospifuturo, es decir, daño moral, acción de habeas data, despido intempestivo, entre otros.

Por ejemplo, en una demanda por una acción de habeas data en el 2021, una de las pacientes relató que acudió a una las sucursales de Hospifuturo en El Recreo, al sur de Quito, para realizarse una endoscopía. Durante el procedimiento, la mujer señaló que el personal no aplicó las medidas de bioseguridad necesarias por la pandemia del Covid-19 y los equipos estaban en mal estado.

Al despertar pudo percatarse de que el suero que le habían introducido estaba caducado por lo que entró en pánico y pidió a los médicos que llamaran a su esposo, sin embargo, el anestesiólogo del sitio le había manifestado que al ser un suero salino no había mayor problema.

Debido a la insistencia de la paciente, el doctor pidió que se retirara del lugar. La mujer solicitó a la clínica información certificada sobre los insumos médicos utilizados en su cirugía pero no recibió respuesta.

En el marco de la demanda, el juez negó la acción que solicitaba la paciente por un error en la justificación de la petición de la acción de habeas data. Sus abogados realizaron una apelación a la resolución del tribunal pero el proceso se quedó estancado.

Otro empresario en el gobierno

Según datos de la Superintendencia de Compañías (SuperCias), el ministro Naranjo figura como gerente y presidente de diez empresas, entre ellas Hospifuturo, Manta Hospital Center, Axxiscan e Inmobiliaria Masel.

Asimismo es accionista de las compañías antes mencionadas y otras adicionales como: Manta Imagen, Code in Salud y Hospicenter. (AGM).

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El pasado 20 de junio el expresidente de la Judicatura- quien ahora es procesado por presunta obstrucción a la justicia y llamado a juicio político– leyó ante la Comisión de Fiscalización los chats que mantenía con la fiscal Diana Salazar.

Durante su confesión reveló que la funcionaria buscaba »cooptar espacios en la Corte Nacional» a través del concurso de jueces nacionales, en este sentido, resaltó que todo se trataría de una venganza al no ceder a sus intereses.

Por su parte, Fiscalía señaló que este es un nuevo intento de desbaratar los casos de corrupción y narcotráfico que lleva adelante, y que involucran al exfuncionario.

»Se evidencia que buscan entorpecer el trabajo de la justica a través de jugarretas políticas que no benefician a la ciudadanía, sino a ciertos movimientos políticos relacionados con los procesados. Por ello, la Institución se ve en la necesidad de referirse -por esta única vez- a los hechos», resaltó.

Caso Terán

En febrero, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Álvaro Román, denunció que el personal del extitular de la entidad, Wilman Terán habría intentado acceder al sistema encriptado de las preguntas para el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Según Román, el sistema sí fue entregado a los sujetos, pero comentó que el hecho es investigado por la Unidad de Transparencia.

El Pleno del (CJ) declaró nulo el proceso de renovación de jueces de la CNJ, el 18 de enero de 2024. El comunicado de la entidad aseguró que el proceso tenía anomalías e inconsistencias que traerían sanciones penales o administrativas.(AGM).

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El presidente de Israel, Isaac Herzog, calificó de «más que indignante y podría dar alas a los terroristas de cualquier parte del mundo. “Cualquier intento de establecer paralelismos entre estos terroristas atroces [en referencia a Hamás] y el Gobierno, por elección democrática, de Israel, que trabaja para cumplir con su deber de defender y proteger a sus ciudadanos en total cumplimiento de los principios del derecho internacional, causa indignación y no puede aceptarlo nadie».

Por su parte, Hamas expresó su molestia frente a la decisión de la Fiscalía de detener a tres de sus líderes y al mismo tiempo celebró la orden de arresto contra Netanyahu y el ministro de Defensa, diciendo que llega “siete meses tarde”.

¿Qué es el TPI?

El TPI se creó en 2002, con el objetivo de procesar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y el crimen de agresión cuando los Estados miembros no quieren o no pueden hacerlo por sí mismos. Puede procesar delitos cometidos por nacionales de los Estados miembros o en el territorio de los Estados miembros por otros actores.

Lo integran 124 Estados miembros. Su presupuesto para 2024 es de unos 187 millones de euros (unos USD 203 millones). En la actualidad se realizan 17 investigaciones, que van desde Ucrania y Estados africanos como Uganda, la República Democrática del Congo y Kenia hasta Venezuela y naciones asiáticas, como Myanmar y Filipinas.

Fuente: diario El País

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El ex funcionario es acusado de incumplimiento de funciones al no ejecutar el presupuesto del Ministerio del Interior para garantizar la seguridad ciudadana en el país, durante el lapso de tiempo en el que permaneció en el cargo. Según trascendió, Zapata solo habría empleado el 29% del presupuesto.

Asimismo, legisladores sostienen que durante el período de gestión del ex oficial de policía, los casos de muertes violentas en el país incrementaron. Siendo el atentado en contra del ex presidenciable Fernando Villavicencio uno de los casos más sonados de la crisis de seguridad que arrastra el país desde inicios de 2023.

Ahora, la Comisión de Fiscalización continuará sustanciando la solicitud de juicio político en rebeldía. Posteriormente, al finalizar este proceso empezará el siguiente juicio contra Diana Salazar, fiscal general. A la principal de la entidad judicial se le acusa de incumplimiento de funciones.

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