La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, cuestionó las acciones legales emprendidas por Guarderas para intentar frenar el proceso. Según Aguirre, el consejero presentó dos acciones de protección contra ella y la presidenta de la Asamblea , Viviana Veloz.

La primera fue rechazada por un juez, mientras que la segunda está en espera de resolución. Aguirre calificó estas medidas como intentos de intimidación y aseguró que no detendrán el desarrollo del juicio. «Rechazamos esa persecución. No le tememos a la Función Judicial. No nos van a intimidar. Continuaremos con este proceso en estricto apego a la ley», afirmó.

Guarderas denuncia falta de notificación y acusa motivaciones políticas

En un comunicado Guarderas sostuvo que no fue notificado oficialmente sobre las sesiones relacionadas con su juicio político. «No fui convocado a través de ninguno de los canales oficiales: ni Quipux, ni Zimbra, ni Lotus, ni al correo personal, ni mediante notificación física», afirmó el consejero.

Además, Guarderas acusó a la RC de buscar su destitución para ganar mayoría en el Cpccs, lo que permitiría al bloque designar a Eduardo Franco Loor, exabogado de Jorge Glas, en su lugar. El consejero señaló que esta maniobra ocurre en un momento clave, dado que el Cpccs está en medio de procesos de renovación de autoridades en entidades como la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Consejo de la Judicatura.

«Nos vemos en la Comisión», expresó Guarderas en días anteriores, aunque no acudió a la sesión de este 12 de diciembre.

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A partir de las 08h00 la Comisión de Fiscalización empezó la sesión de pruebas de cargo y descargo en el marco del juicio político contra la canciller Gabriela Sommerfeld. Durante su intervención, la legisladora Urresta expuso el pedido que realizó a PGE e informó sobre el gasto millonario que desembolsará el gobierno para defenderse ante la justicia internacional.

»Dinero que se pudo utilizar para la seguridad, para pagar la deuda con Solca (…) USD 5 millones para defender lo indefendible», resaltó.

Las acusaciones contra Sommerfeld

Asimismo la interpelante del proceso denunció que la funcionaria y su familia se beneficiaron del conflicto con México el pasado 5 de abril del 2024. Detalló que en el 2010 Sommerfeld era directora de la aerolínea Aerogal y vendió sus acciones a Holding Avianca, compañía constituida en la Bahamas.

»¿Qué intereses hay detrás de las acciones en contra de México? ¿Quién se beneficia que Aeroméxico deje de operar en el país?», cuestionó.

Agregó que además de Aeroméxico, las otras empresas que cubren la ruta Ecuador-México son Copa Airlines y Avianca, empresa que presuntamente estaría ligada a la familia Sommerfeld.

Por otro lado, Urresta indicó que el padre de la canciller, Enrique Sommerfeld, es uno de los mayores vendedores de armas en el país. Reveló que el círculo cercano de la ministra ha estado cerca del gobierno de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa con las contrataciones de equipos militares. (AGM).

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“Mucho me temo que a este ritmo la abogada Diana Salazar se prorrogue en sus funciones”, dijo en entrevista para La Calle.

Resaltó que por una resolución del pleno del Cpccs presentó un proyecto borrador del reglamento, sin embargo, manifestó que hasta la fecha no existe una retroalimentación formal de los otros consejeros solo críticas a través de medios de comunicación.

Verduga planteó la eliminación de la prueba oral en el concurso por la carga de subjetividad. Puso el ejemplo de la designación de la fiscal Diana Salazar en la época del Trujillato, en donde sacó 10/20 en la evaluación escrita y 20/20 en la oral con la calificación de los mismo consejeros.

Según el presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, en dos semanas se debe aprobar el reglamento del concurso. El organismo debe elegir a la autoridad antes de abril del 2025, fecha en la cual Diana Salazar culminaría su ciclo en el cargo.

El tiempo corre

Ante las declaraciones de Verduga, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, indicó que las autoridades no deben prorrogarse ya que los plazos están establecidos en la ley.

Asimismo, informó que desde la Asamblea están fiscalizando todos los concursos y que la información emitida por la entidad expone retrasos injustificados que desembocarían en una incumplimiento de funciones. Enfatizó que los todos los vocales del Cpccs deberán comparecer a la mesa parlamentaria para definir fechas concretas.

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El informe fue aprobado con ocho votos a favor y uno en contra por parte de la asambleísta de Construye, Adriana García, quien señaló que no se tomaron en cuenta sus observaciones, en donde se pedía analizar los informes del expresidente de la comisión parlamentaria, Fernando Villavicencio (+), respecto a Coca Codo Sinclair.

De acuerdo a la mesa parlamentaria, la crisis de energía dejó pérdidas que superan los USD 400 millones en los sectores productivos y USD 230 millones en el sector público debido a la importación de energía desde Colombia.

Además, la comisión responsabilizó politicamente al exministro de Energía Fernando Santos Alvite por sus omisiones en el desarrollo de la crisis energética y el incumplimiento del Plan Maestro Eléctrico. A la lista también se suma el exministro de Economía, Pablo Arosemena al retirar los recursos de CELEC y CNEL , lo cual ahondó las dificultades financieras de las empresas públicas. Ambos exfuncionarios podrían ir a juicio político.

Según las pruebas recabadas, durante el gobierno de Guillermo Lasso se habría intentado beneficiar a Roque Sevilla, exconsejero presidencial ad honorem, con el proyecto fotovoltaico Conolophus. La mesa parlamentaria remitirá la documentación a Contraloría. (AGM).

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Arrobo comentó que trabaja con junto a otros encargados para terminar con los detalles legales y estructurales de la central y «aprovecharla al 100 %«. De la misma, señaló que personal de CELEC EP, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos y otras agencias cooperan en el estudio y análisis de la obra para proteger su infraestructura.

«Trabajamos con técnicos nacionales para solventar los inconvenientes y operar esta central, en especial en época de estiaje», detalla el documento.

Asimismo, el gerente de CELEC, Paúl Urgilés, aludió que este momento la estación se encuentra en la etapa de recepción provisional. Sin embargo, continúa aportando el 30 % de la demanda energética.

¿Cuánto ha generado?

El gerente de Coca Codo Sinclair detalló que la central generó 50. 513, 14 gigavatios hora desde su entrada a operación. Remarcó que, durante el estiaje de 2023, la hidroeléctrica alcanzó cifras récord de producción que evitó que el país termine en una debacle total.

«Cumpliendo con el marco de trasparencia y apertura a los procesos de fiscalización de la gestión pública, el Gobierno Nacional brindará todas las facilidades para que los organismos de control verifiquen el estado de las obras

«, reza el comunicado.

«Fue un error construirla»

En varias ocasiones el exministro de energía, Fernando Santos manifestó que la obra era una desgracia y que fue un error construirla. ”Esta central es un modelo de cómo no debe hacerse una central hidroeléctrica”, dijo en entrevista para La Barra Espaciadora en enero del 2023.

Sin embargo, en otra parte del discurso, el extitular de la cartera de Estado admitió que sin esta central hidroeléctrica la situación energética del país sería crítica. El Gobierno ecuatoriano y la empresa contratista de la obra Sinohydro siguen en la negociación de una solución a los problemas que han impedido la recepción oficial de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

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Antes de la disolución del Parlamento tras la declaratoria de muerte cruzada, el juicio político se encontraba en la segunda fase de interpelación, es decir, en donde los legisladores podían realizar una intervención. Hasta ese punto del juzgamiento político habían intervenido 52 de 137 asambleístas.

Después de este punto, los parlamentarios debían emitir su voto a favor o en contra de la censura del mandatario saliente. No obstante, él se adelantó a los hechos y ordenó la disolución del Legislativo.

¿Qué sigue?

El abogado constitucionalista Esteban Ron explicó a Radio La Calle la existencia de una anomía jurídica. Detalló que no existe una determinación legal respecto a si se puede continuar con el juicio político.

»Sería diferente si ya se pasaba directamente al proceso de votación. Recordemos que uno de los interpelantes ya no está en la Asamblea Nacional (Esteban Torres)», resaltó.

El jurista expone dos soluciones, la primera es que se emita un informe por parte del departamento jurídico del mismo Legislativo para que realizar un análisis normativo y que el Pleno emita una resolución. La otra opción sería solicitar una consulta de inteligencia normativa a la Procuraduría General del Estado (PGE).

¿Y los demás juicios políticos?

Por otro lado, Aguirre expuso que existen algunos juicios políticos pendientes en la mesa de Fiscalización los cuales son dirigidos a; los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE); al exministro de transporte, Darío Herrera; al ministro de Inclusión, Esteban Bernal; a los vocales del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo y Juan José Morillo.

Estos juicios presentan el mismo problema, los proponentes ya no están en el Parlamento. Ante la situación la Presidenta de Fiscalización pedirá asesoría a la unidad jurídica. Por su parte, Ron también especificó que para seguir con los procesos se necesita un ejercicio de cargo y descargo y al no tener interpelantes la situación es difícil.

»Documentalmente sería bastante complicado que se nombre a otro actuario del juicio político», manifestó. (AGM).

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El 6 de mayo los legisladores de esta mesa parlamentaria tendrán que aprobar el informe no vinculante que irá al Pleno de la Asamblea para decidir el futuro del jefe de Estado, quien es acusado de presunto peculado.

Si se decide la recomendación del archivo, el Pleno socializará las razones para que el mandatario no sea enjuiciado. No obstante, puede no hacer caso a las observaciones de la Comisión y un asambleísta puede mocionar para seguir con el proceso del juicio político, para eso necesitaría el respaldo de 70 votos.

El otro escenario contempla la aceptación del juicio político por recomendación de la mesa parlamentaria. Para este proceso, el informe pasará a manos del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien tendrá un plazo de tres días para distribuirlo a los 137 legisladores.

Por su parte, los asambleístas tendrán dos días para meditar su postura. Posteriormente, se debatirá y analizará las evidencias y causales para el juicio político en el Pleno del Legislativo. Para la destitución y censura del presidente Lasso se necesitarían 92 votos.

El rol de Fiscalización

Para el abogado constitucionalista, Ramiro Aguilar hay que tener claro el rol de la comisión legislativa, pues su función es sustanciar el proceso de juicio político contra el mandatario, es decir, que se haga efectivo el derecho a la defensa.

En el caso de que no todos los miembros aprueben las resoluciones, existe la posibilidad de que el Pleno de la Asamblea reciba dos informes, uno de minoría y otro de mayoría (el primero en ser leído de acuerdo a la ley).

Actualmente, la Comisión de Fiscalización la preside Fernando Villavicencio (Independiente) y Ana Belén Cordero (BAN). Los otros asambleístas que conforman la mesa son Roberto Cuero (UNES), Gabriela Molina (UNES), Comps Córdova (UNES), Bruno Segovia (Independiente), Marco Troya (BAN), Pedro Velasco (BAN) y Pablo Muentes (PSC). (A.G.M).

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El legislador aclaró que Iza y la Conaie son hermanos de PK, sin embargo, no determinan las decisiones en su bancada. »Acá nosotros tenemos un criterio propio, tenemos pensamiento y representamos a cada una de nuestras provincias», resaltó.

El 5 de abril la Conaie emitió su postura a favor de la destitución del presidente Lasso debido a la crisis económica, corrupción, inseguridad y violencia que enfrenta el país. En este sentido, el líder de la Conaie, Leonidas Iza, pidió a PK actuar de manera orgánica a las decisiones colectivas.

¿Y los votos?

El 30 de marzo el coordinador de la bancada Legislativa de Pachakutik (PK), Mario Ruiz, indicó que en una reunión del consejo político resolvieron que si la Corte Constitucional (CC) admitía el paso de juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, darían los votos para su destitución. Ahora que la CC dictó su resolución, manifestó que analizarán las pruebas para proporcionar sus votos.

“Habrá que ver las pruebas que pruebas presentan en la Comisión de Fiscalización y habrá que analizarlo”, dijo el legislador dejando una puerta abierta a un cambio de decisión. (A.G.M).

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El legislador inició la indagación a Yeten Services, Fundación Ingersa Internacional y Fundación Ingersa Internacional LLC. De acuerdo a una nota de 2015 de El Telégrafo, la segunda empresa fue creada en Panamá, su fundador es Nebot Saadi y administra todos sus bienes.

Las dos primeras empresas están en Panamá, considerado un paraíso fiscal. Según Villavicencio, el bufete de abogados Sucre/Arias y Reyes las creó.

«Piensa mal y acertarás»

Antes que iniciara el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, el asambleísta -dizque independiente- ya mostraba una posición defensiva hacia el régimen.

Es más, el parlamentario ya tenía conocimiento del informe «León de Troya», una investigación de la Fiscalía y la Policía que contiene las evidencias de supuestos ilícitos de Rubén Chérres (+) y Danilo Carrera, cuñado del mandatario. Sin embargo, no la difundió como suele hacerlo en otros escándalos de corrupción.

Fiscalización, su trinchera

Desde la Comisión de Fiscalización, Villavicencio aseguró que el proceso de juicio político «está caído». Según él, el documento no reunió todas las pruebas acusatorias, dijo en Teleamazonas.

Sin embargo, la Corte Constitucional (CC) admitió el juicio político contra Lasso. El órgano aprobó la acusación por el delito de peculado, pero rechazó las dos de concusión por no cumplir con la exigencias de la ley.

Frente a este escenario, Villavicencio quiso poner las reglas del juego cuando pasó el informe a la mesa legislativa que preside. Allí anticipó que se enfocarán únicamente en los casos de peculado en parte de FLOPEC EP. “No voy a permitir que se presenten otras pruebas”, expresó.

Descartó indagaciones con Leonardo Cortázar, Rubén Chérres y los presuntos nexos con la mafia albanesa y el narcotráfico.

Eso no fue todo. Impuso a los interpelantes del juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, un plazo de 72 horas para presentar las respectivas pruebas. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) el plazo es de cinco días.

Ante la arbitrariedad, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) llamó la atención y solicitó al presidente de la Comisión Fiscalización que cumpla a cabalidad la sustanciación del juicio político al jefe de Estado.

El CAL detalló que Villavicencio debe aplicar de manera directa y sin dilataciones la normativa que corresponde en el procedimiento de juicio político al primer mandatario.

A regañadientes

Pese a todas la trabas del oficialista, tuvo que notificar al presidente Lasso el inicio del juicio político en su contra.

En el portafolio estarán las 20 pruebas documentadas y las 36 comparecencias realizadas por los interpelantes Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (PK) y Rodrigo Fajardo (ID).

Aunque el proceso sigue su curso, Villavicencio reiteró que en las pruebas presentadas no se detalla un recurso que pruebe el presunto delito de peculado por el que se le acusa a Lasso.

El legislador mencionó que después de la notificación correrán los diez días para la presentación de pruebas, diez más para evaluarlas y diez para redactar el informe motivado que enviará al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela.

¿’Vacunar’?

Durante todo el proceso de juicio político, los asambleístas del Partido Social Cristiano (PSC) han ratificado su postura por la destitución y censura de Lasso. El jefe de bancada, Esteban Torres, ha denunciado las «jugarretas mediáticas» contra el PSC.

La «emboscada» del pelagato José Hernández en Ecuavisa -a través de la entrevista con Carlos Rojas- intentó posicionar una supuesta desestabilización por parte de la Asamblea Nacional y un «hambre de poder» para que Virgilio Saquicela asuma la Presidencia de la República en caso de expulsar al actual inquilino de Carondelet.

Luego vino la autorización de la tenencia y porte de armas de Lasso. Una especie de «halago» a los socialcristianos, que se mostraron a favor de la medida, pero que no recularon ante el juicio político.

Finalmente, el anuncio de una investigación a Nebot, aunque en el tuit no lo nombra directamente, sino como «político guayaquileño».

Actualización 17:00

El exalcalde se pronunció en redes sociales. Respondió que dichas empresas no son un paraíso fiscal y que tienen jurisdicción en Estados Unidos. No obstante, según el acta fundacional de una de ellas recogida por El Telegrafo:

“Jaime José Nebot Saadi, por sus propios derechos, por la presente constituye una Fundación de Interés Privado, como una persona jurídica de acuerdo con las disposiciones de la Ley 25 del 12 de junio de la República de Panamá”, señala el documento.

El último registro del domicilio de la Fundación es el edificio Sucre, Arias y Reyes, que es también el nombre del bufete de abogados. Los servicios de esta firma legal están vinculados al comercio corporativo, banca, fusiones, seguros y tributación local e internacional. Opera principalmente en Panamá y en oficinas en las Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Belice y Anguila, países considerados paraísos fiscales por la legislación ecuatoriana.

Finalmente, Nebot dijo que procedería «en la forma que él crea conveniente». Una pelea de «aliados ideológicos».

Le ardió…

El legislador reaccionó a la nota de Radio La Calle. Como no es novedad, insultó al medio de comunicación e interpretó la nota como una defensa a Jaime Nebot, el mismo que hizo alianza con Guillermo Lasso para llegar a la Presidencia de la República.

Preguntas de cajón: ¿Por qué no investiga también la presunta offshore del secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, o la recién revelada supuesta offshore del secretario de Administración Pública, Sebastián Corral?

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“La Asamblea Nacional evitará la politización de este tema y buscará a través del marco legal y constitucional, coadyuvar en las investigaciones para que se aclare la verdad”, expresó el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela.

Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, solicitó al Legislativo el respectivo seguimiento y fiscalización a la investigación que está a cargo de la Policía conjuntamente con la Fiscalía.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales propuso la creación de la Comisión Especializada Ocasional por la verdad, justicia y reparación del caso María Belén Bernal Otavalo.

La propuesta debatida y puesta a votación obtuvo 88 votos afirmativos, 22 negativos, 17 abstenciones y uno en blanco. La Comisión estará conformada por las asambleistas Ana Herrera, de la bancada de UNES; Yeseña Guamaní, de Izquierda Democrática (ID); Mireya Pazmiño, de Pachacutik (PK); Marjorie Chávez, del Partido Social Cristiano (PCS); y, Amada Ortiz, independiente.

Con la creación de la comisión, se estableció un plazo de 30 días para la presentación de un informe sobre la fiscalización y control político. Dicho documento será debatido en el Pleno de la Asamblea.

Intervenciones de los legisladores

Paola Cabezas sostuvo que el crimen de María Belén no fue pasional como lo había sugerido Patricio Carrillo. «No fue un crimen pasional como lo dijo cierto exministro (…). Tampoco se trató de un intento de desestabilización de activistas y de los grupos feministas “, mencionó.

Viviana Veloz aseguró que el asesinato de María Belén es un crimen de Estado, donde altos funcionarios ocultaron información y buscaron proteger al feminicida.

Por su parte, Alejandro Jaramillo sostuvo que la Comisión de Justicia y Estructura del Estado debería ser la encargada de la fiscalización, pues fue la primera en convocar sobre el caso.

¿Partidismo o politización?

Sofía Sánchez se opuso a la creación de la Comisión. «No podemos politizar este tema, eso sería denigrante para esta Asamblea Nacional».

Frente a esto, Gissela Garzón ratificó que la Asamblea es un espacio político y que el caso María Belén es político. «Es una desición política fiscalizar y darle respuestas a una familia que ya no tiene una hija».

Además, repudió a los legisladores que solo les importa fiscalizar obras. «Fiscalizar proyectos les da discursos político y titulares en los medios. Esto es importante, la vida de las mujeres es importante, dejen de lavarse las manos o se van a sumar a la larga lista de zapatos rojos manchados de sangre en este país».

Finalmente, Johanna Moreira mostró su retundo rechazó a la moción, argumentanto que debe ser la Comisión de Justicia la pertinente para investigar el caso. «Es lamentable que quieran usar la muerte de María Belén como un trofeo para fines partidistas».

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“Estamos cumpliendo lo que se resolvió en la reunión anterior frente al secretario. La presidenta tendrá 10 días de plazo para presentar las pruebas de descargo que ella considere necesarias para su legítima defensa. Fue notificada por correo electrónico y por medio de secretaría. Ella debe actuar como considere, pero la Comisión actúa con lo dispuesto por el CAL y el Pleno. El plazo empieza a correr desde el 5 de mayo”, dijo el presidente de la Comisión, Pedro Zapata.

La Comisión Multipartidista se reunirá el 5 de mayo para aprobar el plan de trabajo y prevén reunirse también el próximo 8 de mayo. “El cronograma está sujeto al articulo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa donde están estipulados los plazos que tiene la comisión. Respetaremos el tiempo que tiene la ley”.

Sobre la legalidad

La presidenta Llori ha reiterado en distintas ocasiones desde la conformación de la Comisión que ésta no es legal ni legítima. Todavía no se sabe si entregará la documentación requerida para su defensa. No obstante, los miembros de la Comisión defienden su misión.

“Nosotros estamos actuando legalmente de acuerdo con el artículo 18 y legítimamente de acuerdo con lo que se resolvió gracias al apoyo de 80 voluntades en el mayor órgano de decisión que es el Pleno. Por lo tanto, es legítima y legal esta Comisión que cumple con todos los requisitos”, dijo la asambleísta lucía Placencia. MIB

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“Un año de estudios en una de las universidades particulares más caras de Quito cuesta alrededor de USD 10.000. El Estado invierte USD 7.000 por año en cada estudiante de Medicina que cursa en las universidades públicas. En Yachay, la Universidad del Conocimiento inaugurada en 2014, por cada uno de los estudiantes matriculados el Estado invirtió USD 301.500”, dice un reportaje de revista Vistazo.

De acuerdo con este reportaje, los USD 602 millones es el presupuesto invertido durante seis años en Yachay, según el informe de Cordero que no tuvo el apoyo de toda la Comisión a la que pertenece. “A pesar de que el documento es el resultado de ocho meses de trabajo, no tuvo el aval de toda la Comisión. ¿Explicaciones? La nueva mayoría de la fanesca socialcristiana, correísta y el ala resabiada de Pachakutik no validó el documento final”.

El presupuesto

Sobre esta información han reaccionado la asambleísta Pamela Aguirre y el expresidente Rafael Correa. Aguirre dijo que ese no es el presupuesto real. “Jamás se invirtieron 602M en la Universidad. El presupuesto EJECUTADO de la Universidad oscila entre 5M y 18M. El presupuesto EJECUTADO de la Ciudad del Conocimiento fue de 240M. Incluye escuela, colegio, salud, vías, etc. Todo en funcionamiento”.

Según la Coordinación Administrativa Financiera de Yachay, el presupuesto para la Universidad que se ejecutó oscila entre los USD 18 y 5 millones. Entre 2014 y 2021 se habrían gastado USD 80 millones de presupuesto para la Universidad.

La legisladora expresó que había solicitado a revista Vistazo el derecho a la réplica y que no lo consiguió. “La verdad sobre el presupuesto fue demostrada en la Comisión de Fiscalización, por eso NO SE APROBÓ el informe de Cordero. Atenta contra la verdad, publicar información que no tiene el sustento de la Comisión ni de la Asamblea”.

Aguirre también se pronunció sobre los bienes de Yachay. “Entre las mentiras del “publireportaje”, se dice que los bienes de Yachay no tienen propiedad. FALSO.La propiedad ESTÁ en manos de la Senescyt. La prueba, es que el 22 de marzo de 2022, Alejandro Ribadeneira suscribió el acta de uso de varios edificios.¿Cómo lo hizo si no tienen la propiedad?”, añadió. MIB

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“Este viaje le reporta a la Asamblea no más de $5.000. Es decir, es un costo insignificante comparado con la importancia que tiene para Ecuador y para América que este caso sea conocido por las autoridades colombianas”, dijo el asambleísta.

A Villavicencio lo acompañarán Ana Belén Cordero, Bruno Segovia y Pedro Velasco. De acuerdo con el legislador, el viaje se realiza por un pedido que hizo la Cancillería de Colombia al mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso. El presidente Duque recibirá en persona los documentos y le explicarán el caso.

Caso Alex Saab

Dentro de los documentos que entregarán al presidente Duque están: los vuelos de Alex Saab, Piedad Córdoba y Álvaro Pulido. La exsenadora colombiana respondió a las vinculaciones de Villavicencio en este caso. “Ese tipo Villavicencio que se tenga de las orejas, porque que me lo clavo me lo clavo. Voy a denunciar y me llevo por delante a quien sea, voy con toda”, dijo.

El asambleísta respondió. “Señora Piedad Córdova, usted dice que soy “un hijo de puta”, le recuerdo que mi apellido es Villavicencio. Mientras usted profiere graves amenazas en mi contra, yo exhibo documentos que confirman su relación con Alex Saab.

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Justamente esa última institución se pronunció archivando el caso de Guillermo Lasso tras un examen especial que determinó que el presidente no violó el pacto ético de 2017 sobre paraísos fiscales.

Por otro lado, la Asamblea terminó su investigación y fiscalización con un exhorto para que el mandatario acuda a comparecer en el Pleno sin una fecha límite.

La encuesta se realizó en Quito y Guayaquil entre el 13 y 15 de noviembre de 2021 a 621 con un margen de error +/- 4.01.

Falta de información

La encuesta revela que el 54,82% de personas no ha visto las aclaraciones del presidente sobre el caso Pandora Papers. El 36,11% de los que sí han visto las explicaciones las consideran insuficientes y el 9.07% cree que son suficientes.

Durante el proceso, el mandatario ha indicado que no tiene ninguna relación con bienes en paraísos fiscales. Además ha dicho que se deshizo de las empresas que tuvo antes de su candidatura.

Gravedad del tema

Casi la mitad de encuestados (48,76%) considera que es muy grave que el presidente de la República presuntamente tenga su dinero en paraísos fiscales. Para el 29,29% es algo grave, el 15,59% lo considera poco grave y el 6,36% nada grave.

Hasta julio de 2021, la evasión fiscal le costaba al Ecuador USD 7.600 millones. La filtración de la ICIJ mostró que más de 70 personas tienen empresas en paraísos fiscales.

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Pandora Papers llegó al Pleno Legislativo y casi se puede decir, usando el argot popular, que “por las mismas” se fue. Las expectativas sobre la aprobación del informe que realizó la Comisión de Garantías Constitucionales eran pocas. La ID, PSC, BAN y algunos legisladores de Pachakutik manifestaron que no se “prestarían para atentar contra el estado de derecho”, es decir, que no perturbarían al presidente de la República.

Las expectativas bajaron aún más cuando, coincidencialmente, la Contraloría General del Estado anunció que se archivará el examen especial de Guillermo Lasso al no encontrar ningún bien o capital en paraísos fiscales relacionados a él durante el período de candidato presidencial y su posesión.

Siguiendo la idea de la asambleísta Moreira, que dijo “no esperamos nada de los asambleístas y aún así logran decepcionarnos”, y es verdad. En el debate, varios legisladores defendieron a capa y espada a Lasso, “un hombre honesto que hizo su dinero de forma correcta”, dijeron, y que “no hay que escandalizarse por sus empresas offshore disueltas”.

En la otra esquina, los asambleístas de UNES se hicieron las preguntas que también se hacen los ecuatorianos decentes. Es que cuando aparecen acusaciones de evasión fiscal no hay marcha atrás y la crítica y la duda siempre serán necesarias.

Desde 1994, con Andean Investment, Lasso tuvo capital en paraísos fiscales con el único fin de evadir impuestos. De las empresas relacionadas a él no hay registro de pago de impuestos en el país. ¡Y no nos inmutamos! La élite económica de este país saca su dinero del país, no paga todos los impuestos y no nos interesa.

El daño que hace la evasión al país es gigante, le cuesta al país USD 7.600 millones que podrían destinarse a educación, salud y fortalecimiento de la economía, pero un presidente que aún mantiene la figura de “protector” de Banisi Holding, tiene nexos con offshores demuestra el rumbo que toma nuestro país. Uno que intenta congraciarse con los empresarios y olvidarse de la legalidad que le exige mantener a sus ciudadanos.

«Hoy en día la gente sabe el precio de todo y el valor de nada», decía el gran Oscar Wilde y tenía razón. Olvidamos que el valor de la honestidad, generosidad y desprendimiento son vitales para un político preocupado por su pueblo y de una asamblea que no encubre el sol con un dedo.

¿Pandora Papers irá al olvido? Parece que sí. Allí donde el Legislativo deja quemimportismo, a los ciudadanos nos queda la crítica e indignación. Pero también nos quedan las calles.

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«Debatir la conformación de una Comisión Especializada Ocasional para Investigar y fiscalizar sobre la revelación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el trabajo de investigación periodística denominado: “Paraísos Costa Afuera (Off-shore) y Riquezas Ocultas de
Líderes Mundiales y Multimillonarios Expuestos en una Filtración sin Precedentes – PAPELES DE PANDORA” respecto a los actores políticos ecuatorianos que estén referidos en dichas revelación periodística», dice el pedido.

En la próxima sesión de Pleno, los legisladores tendrán la comparecencia de la Ministra de Gobierno, Alexandra Vela; el director de la SNAI, Bolívar Garzón y la Comandante General de la Policía, Tannya Varela.

Pandora Papers

Durante un mensaje a la nación, el presidente Guillermo Lasso aseguró que los medios de comunicación, al igual que los generadores de opinión, deben hacer una necesaria diferenciación entre cada uno de los casos publicados, en la investigación de los Pandora Papers.

El mandatario enfatizó en que deberían ser cuidadosos para evitar “groseras” generalizaciones. “En lo que a mi concierne, mi vida ha sido pública ya casi dos décadas. He sido opositor de uno de los regímenes más duros que ha sufrido el Ecuador. Incluso recordarán que durante años me acusaron y rebuscaron pero nada encontraron”, afirmó.

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