La empresa pública que fue parte de los escándalos del destierro político del anterior mandato sigue dando de qué hablar. De acuerdo al documento expuesto por el periodista Andrés Durán, la entidad no solo reportó viáticos y por más de USD 500 mil, también invirtió en viáticos al exterior por USD 289.100 mil y USD 268.31 mil por gastos de residencia.

Por otro lado, el informe revela la intención de construir un edificio en Quito valorado en USD 751.656.52 mil, se tiene previsto que la obra concluya en enero del 2024.

¿Se acuerdan de @FlopecEp? Sí, de la empresa que le costó la cabeza a Lasso…
Resulta que Flopec gastó USD 500 mil en viáticos. También planean construir un edificio en Quito, valorado en USD 700 mil, mientras la matriz de Esmeraldas está en soletas.¡Centralismo/corrupción! pic.twitter.com/rpvSdSTZJy

— Andrés Durán (@AndresDuranEc) December 27, 2023

Flopec y Lasso

El 30 de marzo del 2023 la Corte Constitucional (CC) admitió el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, y solo encontró indicios en el delito de peculado. Para el órgano de justicia, el mandatario tenía responsabilidad en las irregularidades de la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC).

La acusación de peculado consta en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y hace referencia a la malversación de fondos públicos, es decir, quedarse con el dinero del Estado o destinarlos a un fin inadecuado.

El delito tiene una pena de cinco a 13 años dependiendo el caso. Por otro lado, los funcionarios involucrados en este acto ilícito quedarán incapacitados de por vida a ejercer un cargo público. El peculado también es conocido como “delito de cuello blanco” o “hurto al Estado”.

En cuestión al juicio político contra el presidente Lasso, la CC descartó las dos acusaciones por concusión en el caso de Petroecuador y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO). El órgano de justicia encontró incoherencias y un mínimo de verosimilitud en los argumentos de los interpelantes.

El delito de peculado

La tercera causal se aloja en el delito de peculado y en la solicitud que emitió la Asamblea Nacional el mandatario fue acusado de “distraer dineros públicos en favor de la Compañía Amazonas Tanker Pool”, a través de Hernán Luque Lecaro, expresidente de EMCO y principal sospechoso en el caso “El Gran Padrino”.

En este sentido, se explicó que el mandatario actuó en ejercicio de sus funciones y consintió la celebración de contratos de transportes petrolero en FLOPEC, presidida por EMCO. También habría existido un informe de Contraloría en contra de esas negociaciones.

“El Presidente de la República y Luque definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”, decía el documento del Legislativo. (AGM).

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Sin embargo, el exsecretario general Administrativo de la Presidencia de la República, José Yunes, que también tenía que asistir, sí fue y declaró. Debido a que era una audiencia previa, las declaraciones no se hicieron públicas.

La FGE investiga un contrato firmado en el 2020, entre la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker, para transportar petróleo y combustibles. Además, se espera un nuevo llamado a Cordero, pues después de ser asambleísta por CREO paso a ser funcionaria en el gobierno del presidente Guillermo Lasso.

En la audiencia aún están pendientes las declaraciones de la exasambleísta e interpelante en el juicio político contra Lasso, Viviana Veloz y el exlegislador gobiernista, expresidente de la Comisión de Fiscalización y ahora candidato, Fernando Villavicencio. Estos dos últimos deberán asistir el 8 de agosto.

Asimismo, el 9 de agosto deberá asistir a la audiencia el expresidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), Hernán Luque. El exfuncionario se fugó desde que el caso Encuentro o El Gran Padrino, salió a la luz.

El caso

La exasambleísta, Mireya Pazmiño denunció el presunto caso de corrupción, en el que según la Contraloría General del Estado (CGE) determinó una pérdida de USD 6 millones. Aunque la defensa de Pazmiño aseguró que la pérdida superaba los 120 millones de dólares.

La Fiscalía estableció un cronograma para tomar las versiones de exfuncionarios y allegados del primer mandatario, en los que constaba Cordero.

¿La culpa es de Moreno?

La secretaria Anticorrupción , Ana Belén Cordero en medio del juicio político contra Lasso, sostuvo que esos contratos fueron firmados durante el período presidencial de Lenín Moreno, en febrero del 2021. No obstante, la exlegisladora de UNES, Veloz, manifestó que la responsabilidad recae sobre actual jefe de Estado porque los informes se aprobaron en noviembre del 2021.

Por ende, el examen de Contraloría fue trasladado para el análisis del exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán y al expresidente de EMCO, Hernán Luque, quien también está implicado en el caso El Gran Padrino.

«¿Quién presionó para que este contrato no se quede sin efecto? Hernán Luque, delegado de Guillermo Lasso. Se renovó automáticamente este contrato en diciembre del 2022″, explicó en su momento Veloz. (DCJ)

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El jefe de Estado explicó frente al Pleno Legislativo lo que durante sus dos años de gobierno ha realizado. «La verdadera estabilidad a este país la he dado yo«, dijo antes de especificar sus «obras».

Hizo referencia al plan de vacunación de «nueve millones en 100 días» que puso en funcionamiento. La medida le permitió a Ecuador ser uno de los primeros países de América en levantar las medidas de restricción sanitaria, según Lasso.

Asimismo, se alabó por «haber salvado la dolarización» porque «estabilizó las finanzas públicas». Agregó que ha aumentado el salario básico USD 25 por año y que continuará con el incremento hasta que el sueldo sea de USD 500.

En el ámbito económico, el mandatario anunció que ha entregado USD 250 millones en créditos para miles de emprendedores. En su Gobierno, a su criterio, se han creado 500 mil nuevas plazas de trabajo.

Tras un corto «alegato», Lasso terminó su comparecencia. No obstante, el mandatario culminó pidiendo a los asambleístas que reconsideren su voto «a favor de la democracia».

Flopec

El mandatario usó menos de 10 minutos para hablar acerca de los actos de corrupción en los que supuestamente está envuelto. Primero, Guillermo Lasso agradeció por la «oportunidad que el juicio le brinda», pese a que había sido llamado a comparecer en varias ocasiones anteriores.

Los asambleístas que proponen el juicio usaron el caso de Flopec para acusarlo, según Lasso. «Del frágil castillo de naipes que construyeron, no les quedó más que conformarse con la carta más frágil, la relacionada a Flopec«, dijo.

Se refirió a las pruebas en el caso como «una trama» que se realizó en 2018, cuando el gobierno actual ni existía. Además, aseguró que el contrato, la agenda y el informe de Contraloría fueron sobre un suceso que transcurrió tres años antes de que él asumiera la Presidencia de la República.

«No hay pruebas ni testimonios relevantes que me acusen. Más bien, lo único que hay son informaciones que comprueban mi inocencia», resaltó Lasso.

El acusado terminó acusando

Una parte de la comparecencia del presidente se basó en «acusar». Después de hablar acerca de los hechos suscitados con Flopec, el mandatario se dirigió a los asambleístas que propusieron el juicio político.

«A mis interpelantes, yo los acuso de no estar a la altura de las circunstancias históricas y de las exigencias ciudadanas de resolver sus problemas más acuciantes. Yo los acuso de poner sus intereses personales y mezquinos por delante de los intereses de los ciudadanos que buscan empleo y seguridad», apuntó.

Según el mandatario, los que impulsaron el juicio político jamás intentaron acercarse a la verdad, sino al poder. «Los acuso, porque este intento de desestabilizar al Gobierno es un ataque directo a la democracia«, manifestó. (DCJ)

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El exsecretario abandonó el cargo después de presentar el primer informe sobre el «Caso Encuentro» o «El Gran Padrino». El presunto caso de corrupción envuelve al presidente, Guillermo Lasso y a varias empresas del Estado.

El documento tenía posibles escenarios de corrupción en las empresas públicas CNEL, Flopec y Celec. Además, recomendó analizar el círculo cercano de Hernán Luque, exdelegado del Gobierno ante el Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

Por otro lado, el exsecretario de la Administración Pública, Iván Correa afirmó que el documento tenía especulaciones genéricas “mal llamadas hipótesis”. Añadió que “tampoco se definió políticas públicas para prevenir ni enfrentar la corrupción”.

¿Qué hizo Luis Verdesoto?

El exsecretario, Luis Verdesoto aseguró que durante sus 8 meses en el puesto se realizaron investigaciones rigurosas con las empresas públicas. «Nos sentamos a trabajar con el material que teníamos más el que habíamos solicitado, con decenas de horas de entrevistas con funcionarios públicos«, respondió para Primicias.

Verdesoto admitió que las investigaciones sobre corrupción en Ecuador «son terriblemente caóticas«. Creó un esquema para ordenar los datos y así, la investigación termine bien.

Se resolvió que la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) y Petroecuador no han tenido auditorías nunca. De la misma manera, se recomendó al Gobierno ha iniciar auditorías a todas las empresas del sector público.

Por otro lado, el exfuncionario llegó a la conclusión de que las empresas con más riesgo y más capacidad económica en casos de corrupción son las energéticas.

¿Por qué se creó la Secretaría?

El presidente de la República, Guillermo Lasso, creó la Secretaria de Política Pública Anticorrupción el 3 de mayo de 2022 con el objetivo de frenar la corrupción en el país. «La lucha en contra de la corrupción, a todo nivel, en todo lugar y en todos los sectores será de manera implacable y permanente”, dijo.

La Secretaría se encargaría de generar alertas tempranas en alas de alto riesgo de corrupción. Los sectores principales eran: petróleo, energía, telecomunicaciones, obra pública, seguridad social, compras públicas, financiamientos, presupuestos, inversión extranjera, gobiernos seccionales, control del narcotráfico, entre otros. (D.C.)

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La asambleísta Patricia Sánchez de la bancada de Pachakutik envió una solicitud de investigación y sanción en contra de Mireya Pazmiño en la Asamblea por supuestas irregularidades del informe sobre la empresa Flopec y sus transacciones en los últimos años.

La demanda permitirá recoger detalles de la forma en que se elaboró el informe sobre el caso. Sánchez afirma que lo realizaron personas externas a la mesa de Régimen Económico y que Pazmiño no socializó el documento antes de su votación.

La legisladora espera que la investigación llegue al Comité de Administración Legislativa y califique el documento al Comité de Ética de la Asamblea para su respectiva sanción a la funcionaria.  

Mientras tanto, Pazmiño enfrenta a otras acusaciones en la Fiscalía por sus colegas en el marco del juicio político de Lasso por pregonar los mismos informes. La Fiscalía se encuentra en comparecencias por las respectivas demandas.

Otras Demandas

La funcionaria enfrenta dos denuncias presentadas por presunto fraude procesal y falsedad ideológica presentados por el legislador Fernando Villavicencio y otros asambleístas de UNES. En razón de elaborar presuntos reportes falsos en la Comisión de Régimen Económico para las empresas de Flopec y Amazonas Tanker.

La petición de investigación se deriva luego de que Pazmiño y otros legisladores promovieron la solicitud del juicio político en contra de Guillermo Lasso por el presunto delito de concusión y peculado. (A.F.)

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Durante la sesión, dirigida por Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, el primero en intervenir fue Fernando Santos Alvite, ministro de Energía.

La comparecencia de Fernando Santos

Santos, quien es parte del directorio de Flopec, recalcó que no tiene mayor conocimiento sobre el contrato entre Flopec y Amazonas Tanker. Esto, tras argumentar que asumió el Ministerio que dirige en noviembre de 2022. Sin embargo, admitió que conoció un informe de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, que hablaba a favor de este acuerdo y sus beneficios para Flopec.

Según Santos, durante su gestión solo emitió dos disposiciones con respecto a Flopec:

• «Disponer que cualquier adquisición de nuevos buques para transporte de productos se haga con un informe previo»
• «Disponer que haya una ‘armonización’ entre Petroecuador y Flopec, pues la ganancia de la una empresa pública significa la pérdida de la otra»

Respecto a esto último, Santos sostuvo que su propuesta pretende que Petroecuador absorba a Flopec como departamento de navegación. Aunque, admitió que esto no se ha planteado al primer mandatario y analizado por el próximo gerente de Flopec (actualmente no existe un nombramiento oficial). Según el funcionario, la fusión traería beneficios económicos.

La comparencia de Juan Carlos Bermeo

Juan Carlos Bermeo, exministro de Energía, fue el siguiente en la lista. Él fue parte del directorio de Flopec cuando se detectaron las irregularidades en el contrato con Amazonas Tanker Pool.

No obstante, Bermeo mencionó que en el directorio de Flopec se conoció sobre los problemas de dicho acuerdo. Por ello se planteó una denuncia en Fiscalía, además de solicitar la contratación de una consultora para hacer un diagnóstico de Flopec y analizar la posibilidad de culminar anticipadamente el contrato.

Aunque, como Bermeo explicó más adelante, no era posible dar por terminado anticipadamente dicho contrato por las consecuencias económicas, operativas y legales. La multa por finiquitar el contrato habría sido de USD 10 millones. E incluso, legalmente, Amazonas Tanker tenía la ventaja de imponerse ante los tribunales de New York.

Agregó que se delego a Jhonny Estupiñán, en ese entonces gerente de Flopec, dialogar con Amazonas Tanker para advertir la posibilidad de terminar el contrato. Pero nunco hubo resultados al respecto.

Jhonny Estupiñán, el tercero en comparecer, no llegó

Jhonny Estupiñán, exgerente de Flopec, no asistió a comparecer, en calidad de testigo principal de la oposición que impulsa el juicio político. Esto debido a que la acusación se centra en gran parte en una carta que él mismo envió a Presidencia, sobre presuntas irregularidades en Flopec.

Sin embargo, Estupiñán envió una carta a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, en la que se excusó de asistir. Según dijo por «falta de imparcialidad» de Villavicencio pues cree que él está alineado con el Gobierno.

Además acuso directamente a Villavicencio de difundir la idea de que el contrato con Amazonas Tanker es beneficioso para Flopec. Estupiñán se refirio a la existencia de informes que recomendaban que el contrato podría generar pérdidas a la empresa pública. Enfatizó también que el Gobierno permitió la renovación automática de dicho contrato con Amazonas Tanker.

«No me prestaré para argumentación política y mediática que intenta armar la defensa del Ejecutivo que se encuentra en la Comisión de Fiscalización. Yo soy una víctima más de este Gobierno«, recalcó Jhonny Estupiñán.

Concluyó su comparecencia al afirmar que la razón por la que salió del cargo de gerente de Flopec fue por terminar unilateralmente el contrato con Amazonas Tanker y que esa fue la razón por la que salió del cargo. Aunque, según otros ex funcionarios, él mismo revirtió dicha terminación.

Oswaldo Rosero, el cuarto en comparecer

Oswaldo Rosero, también exgerente de Flopec, fue el sucesor de Estupiñán. Durante su intervención dijo que su antecesor fue separado del cargo por no entregar los estados financieros de Flopec al directorio.

Asimismo, Rosero mencion que durante su gestión se desarrolló la renegociación de varios puntos del contrato de Amazonas Tanker Pool, para mejorar las ganancias de Flopec, reflejadas en USD 170 millones correspondientes a utilidades en 2022.

También habría dado seguimiento para renegociar los contratos de los buques contratados bajo modalidad time charter. Reveló también que estableció un mecanismo de análisis mensual sobre los resultados de los pool en los que Flopec participaba.

Adicionalmente dio por terminado el contrato para flete que tenía firmado Flopec con Petrochina, llamado «Freight Framework». Rosero concluyó su participación tras afirmar que el pool de Amazonas Tanker recaudó utilidades por unos USD 34 millones en 2022 y el 50,1% le corresponde a Flopec.

JR

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En consecuencia, la oficialista Ana Belén Cordero fue la encargada de dirigir la sesión de sustanciación, en el marco del proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso.

El suceso ocurrió, luego de que el asambleísta Roberto Cuero (UNES), apeló la presidencia de Fernando Villavicencio por faltar a sus atribuciones en dicho rol.

Ahora, Fernando Villavicencio no podrá dirigir la Comisión de Fiscalización durante la etapa de «actuación de prueba», hasta el próximo 26 de abril, en el trámite de enjuiciamiento contra el primer mandatario.

El proceso

El inicio de la etapa de «actuación de prueba» en el marco de juicio político en contra el jefe de Estado inicio con la comparecencia del Luis Verdesoto, ex secreatrio Nacional Anticorrupción. Posteriormente, le siguió Fabián Pozo, ex secretario Jurídico de la Presidencia.

Se tiene previsto que este miércoles 19 de abril el proceso avance con las comparencias de otras 13 personas. En la lista figuran Luis Lavayen, actual gerente general de Flopec.

Concluida esta etapa, la Comisión tendrá un plazo de diez días para elaborar el informe en el que recomiende o no el proceso de enjuiciamiento contra Guillermo Lasso.

JR

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El 12 de abril, las asambleístas solicitantes del juicio político Viviana Veloz (UNES) y Mireya Pazmiño (PK-r) entregaron a la Comisión de Fiscalización las 958 fojas que probarían la responsabilidad política del presidente en el presunto delito de peculado. Además, solicitaron 11 pruebas documentales y 12 testimoniales.

Sin embargo, «el hecho 7» de las pruebas presentadas tuvo una contradicción por parte de FLOPEC. La estatal aclaró que el contrato que sigue vigente con la empresa internacional es al acuerdo comercial para el transporte de hidrocarburos en buques tipo Aframax Amazonas Tanker Pool , firmado en diciembre del 2020.

Si hubo contrato…

El exasambleísta alterno y abogado constitucionalista, Luis Fernando Molina señaló que el pronunciamiento de FLOPEC es falso. En esta fecha la estatal habría firmado un contrato con los mismos accionistas de la compañía extranjera pero con el nombre de Agoyan Tankers.

Agregó que en octubre del 2022, se firmó una adenda al contrato con Amazonas Tankers para asumir nuevas obligaciones y en diciembre del mismo año existió una renovación en las negociaciones “desconociendo el informe de Contraloría en noviembre del 2022”, dijo en un tuit compartido por Veloz.

Por otro lado, en entrevista con Ecuavisa, el presidente Lasso aseguró que el exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán si revocó los contratos con Amazonas Tanker después de enviarle la carta donde le advertía de las irregularidades en dicha empresa pública. La evidencia la constató en una carta de Estupiñán al Ministro de Energía de ese tiempo, Xavier Vera.

Pazmiño y FLOPEC

La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Mireya Pazmiño tuvo en sus mano la fiscalización de FLOPEC, en el 2021. En el informe emitido por la mesa parlamentaria se recomendó que el Gerente General y Gerente Comercial de FLOPEC realicen un análisis periódico de evaluación de los ingresos y demás condiciones de todos los acuerdos comerciales vigentes de la estatal.

El asambleísta Fernando Villavicencio, en su afán por defender al presidente Guillermo Lasso, señaló que Pazmiño defendió la gestión de Hernán Luque y se opuso a la terminación del contrato con Amazonas Tankers.

No obstante, el documento que publicó como prueba es una solicitud de información realizada por la asambleísta al entonces presidente de EMCO, Hernán Luque, en donde le manifiesta su preocupación respecto a FLOPEC.

La legisladora reclamó a Luque que tanto los exgerentes generales Johnny Estupiñán y Pilar Ferri no emitieron la información solicitada respecto al rendimiento de la empresa pública.

En entrevista para Radio La Calle, aclaró que en los dos informes emitidos por la Comisión nunca sugirió que el contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y Amazonas Tankers continúe. “Son mentiras del señor Fernando Villavicencio”, resaltó.

Lasso y el delito de peculado

La tercera causal aprobada por la Corte Constitucional (CC) para el juicio político contra Lasso se aloja en el delito de peculado y en la solicitud emitida desde la Asamblea Nacional se le acusa al mandatario de “distraer dineros públicos en favor de la Compañía Amazonas Tanker Pool”, a través de Hernán Luque Lecaro, expresidente de EMCO y principal sospechoso en el caso “El Gran Padrino”.

En este sentido, explican que el mandatario actuó en ejercicio de sus funciones y consintió la celebración de contratos de transportes petrolero en FLOPEC, presidida por EMCO. También habría existido un informe de Contraloría en contra de esas negociaciones.

“El Presidente de la República y Luque definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”, dicta el documento del Legislativo.

Las advertencias de Estupiñán

En el 2020, FLOPEC firmó contratos perjudiciales que Contraloría revisó y recomendó no volver a hacer negociaciones bajo condiciones nocivas. El exgerente general de FLOPEC, Johnny Terán, quiso acatar las sugerencias pero fue destituido del cargo bajo la orden Hernán Luque por “incumplimiento de resoluciones”.

Ante esta situación, Estupiñán informó al mandatario sobre su remoción del puesto y le advirtió sobre las irregularidades de las condiciones contractuales con Amazonas Tanker Pool. En su gestión, el extitular de FLOPEC tenía la intención de romper lazos con esta empresa internacional.

“Solicito muy comedidamente que me conceda audiencia para explicarle la situación de FLOPEC y las consecuencias de su mala administración, considerando que podría volver a ser una empresa eficiente”, dijo en una carta dirigida al presidente el 22 de marzo del 2022.

La resolución de la Corte Constitucional

La CC encontró veracidad en los argumentos de los interpelantes del Legislativo. Estupiñán habría advertido por dos ocasiones al mandatario sobre las irregularidades en FLOPEC. 

Además, estos argumentos se sustentan en el informe de Contraloría, en donde se informa sobre las altas tarifas y largos plazos establecidos en los contratos con Amazonas Tanker Pool.

“El presidente Lasso Mendoza sabía que el gerente general de FLOPEC fue removido de su cargo y que esta remoción fue debido a que dicho funcionario intentó culminar unilateralmente el contrato de transporte petrolero celebrado entre el Estado ecuatoriano y Amazonas Tanker Pool Company LLC. A pesar de ello, el presidente Lasso Mendoza no ejecutó acción alguna para investigar o remediar esta situación”, dicta la resolución de la CC. (A.G.M).

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La defensa del mandatario aclaró que el escrito presentado de su parte no busca obstaculizar el proceso del juicio político pues solo serían observaciones para evitar confusiones. Por otro lado, resaltó que el ejercicio de defensa corre desde el 7 hasta el 16 de abril, en este período podrá entregar las pruebas de descargo.

El escrito presentado por el mandatario, a través de su defensa, tenía más de 40 puntos de solicitud de prueba. Resaltó que su objetivo y estrategia es sustentar la inexistencia de responsabilidad política y de peculado por parte del presidente Lasso.

«No es como se pretende decir: no es verdad que el señor presidente de la República se cruzó de brazos y que no ha hecho absolutamente nada», dijo en la mesa parlamentaria.

Futuras acciones

Por otro lado, Neira no reveló los nombres de los testigos para la defensa del presidente Lasso. De igual manera, sigue abierta la posibilidad de seguir un proceso de seguimiento a la Corte Constitucional (CC) por el dictamen que abrió la puerta del juicio político.

Tampoco se descarta la comparecencia personal del presidente de la República a la Comisión de Fiscalización. Para Neira existen bastantes pruebas y antecedentes que pueden demostrar la inocencia del mandatario. (A.G.M).

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Ante la situación de «gravedad» que atraviesa el país, Correa manifestó que es necesario llamar a elecciones anticipadas. «Para mí sería el mejor escenario independientemente de si nos beneficia o no», dijo en entrevista a un Café con JJ.

Otro de los panoramas analizados fue el del presidente Lasso absuelto de las acusaciones en su contra. En este sentido, Correa indicó que la resolución se traduciría en la «violencia en las calles», ya que el pueblo no estaría de acuerdo.

Los líos de Lasso

Para Correa es clara la responsabilidad del presidente Lasso en las irregularidades en la Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) pues el exgerente general de la empresa, Johnny Estupiñán se lo advirtió en una carta. Además, recalcó que el mandatario tenía conocimiento de las investigaciones policiales relacionadas con la narcopolítica, sin embargo, el informe fue archivado.

De igual manera, se suma el asesinato de Rubén Chérres, el principal sospechoso del caso «El Gran Padrino», una investigación que refleja los presuntos entramados de corrupción en el Gobierno. «Son cosas horrorosas que está pasando el país y por supuesto directa e indirectamente la responsabilidad recae sobre el presidente de la República», expresó.

No se descarta la muerte cruzada

En entrevista exclusiva para Ecuavisa, el presidente Guillermo Lasso señaló que luego de defenderse en la Asamblea, analizará el mecanismo de la muerte cruzada. Resaltó que el primer interesado en que se aplique esa medida sería el expresidente Rafael Correa.

También dijo que se lo quiere juzgar por un hecho que ocurrió antes de que fuera elegido como Presidente de la República. Además, resaltó que es necesario que las acusaciones en su contra pasen por la justicia ordinaria ya que el único objetivo de un juicio político es la censura de un presidente.

Aseguró que el exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán si revocó los contratos con Amazonas Tanker después de enviarle la carta donde le advertía de las irregularidades en dicha empresa pública. La evidencia la constató en una carta de Estupiñán al Ministro de Energía de ese tiempo, es decir, Xavier Vera.

«Yo voy a gobernar todo mi período. No es que me quiero quedar es que el pueblo ecuatoriano me eligió el 11 de abril del 2021 para cuatro años de gobierno», enfatizó. (A.G.M)

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Las empresas Santa Bárbara y de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) también se reunirán este 3 de febrero para decidir el futuro de sus gerentes.

Desde el 17 de enero, el Gobierno Nacional ha despedido a tres gerentes, prepara la salida de uno más y ratificó a seis. Esta decisión la tomó tras la difusión del presunto entramado de corrupción en las empresas públicas denominado “El Gran Padrino”.

Además, el Ejecutivo evalúa a las 12 empresas que están bajo el mando EMCO. Entre ellas: Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Corporación Eléctrica Ecuador (Celec), Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la estatal Petroecuador.

El ministro de Energía, Fernando Santos, tiene en la mira al gerente de Flopec, Oswaldo Rosero, pero para esto el directorio de la empresa debe reunirse y votar.

“El Gran Padrino” salpica a los gerentes

El secretario de la Administración Pública de la Presidencia, Iván Correa, informó que el Ejecutivo dispuso que EMCO solicite que los gerentes de empresas públicas pongan sus cargos a disposición.

EMCO y CNEL se quedaron sin gerentes tras la evaluación que el directorio de EMCO realiza a las empresas tras las revelaciones del caso Gran Padrino. Carlos Guayaquil (EMCO) y Antonio Clemente Icaza (CNEL) dejaron los cargos que estaban a disponibilidad desde el 17 de enero. (N.J.C)

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«Al presidente de la EMCO le hemos pedido que cite a los directorios de todas las empresas públicas, de manera que todos los gerentes pongan sus cargos a disposición«, mencionó el funcionario en una entrevista con Ecuavisa. EMCO EP tiene a su cargo entidades como Petroecuador, Flopec, Celec, Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), entre otras.

Según Correa, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y la Unidad De Análisis Financiero Y Económico (UAFE) tendrán la responsabilidad de otorgar todas la facilidades a Fiscalía para continuar con los procesos respectivos. Los asembleístas, también, pueden solicitar esa información.

Ex presidente de EMCO renunció

EL servidor público recalcó que Hernán Luque, ex representante de EMCO EP presentó su renuncia, luego de que la información de presuntos casos de corrupción salieron a la luz. Asimismo, Correa sostuvo que no tiene relación alguna con Rubén Cherres Faggioni, quien también es partícipe en los audios revelados en torno al este caso.

Por ahora, se espera que la Secretaría Anticorrupción presente un informé relacionado a este suceso el próximo lunes 23 de enero.

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