Quito, 28 julio (La Calle).- Desde 2017, la calidad de los servicios públicos en Ecuador ha ido en declive. El despido masivo de funcionarios y la eliminación progresiva de instituciones han reducido la capacidad operativa del Estado, afectando directamente a la ciudadanía. Esta tendencia, marcada por las decisiones de los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, ha coincidido con el fortalecimiento de los vínculos financieros con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que impone exigencias de ajuste estructural a cambio de préstamos millonarios.

REDUCCIÓN DEL ESTADO IMPACTA EN LA VIDA DIARIA

Los efectos de los recortes estatales ya se sienten en todo el país. En el Registro Civil, la falta de turnos para cédulas y pasaportes genera malestar ciudadano, mientras que hospitales públicos enfrentan escasez de medicamentos e insumos básicos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la percepción de la calidad del servicio público cayó de 6,9 puntos en 2014 a 6,4 en diciembre de 2024, con una tendencia a la baja desde el gobierno de Lenín Moreno.

DE 130 A 101 INSTITUCIONES EN 8 AÑOS

Tras la salida de Rafael Correa en 2017, que dejó 130 instituciones activas, Moreno eliminó 29 entidades y recortó más de 67.000 cargos bajo su “plan de optimización”. Lasso continuó esta política, y ahora Noboa profundiza el recorte: desde el 24 de julio de 2025 inició el despido de 5.000 funcionarios públicos y anunció la fusión de ministerios, reduciendo de 20 a 14 carteras y de nueve a solo tres secretarías. Esta medida representa una disminución del 41% en el tamaño del gabinete ministerial.

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FMI MARCA LA HOJA DE RUTA

La influencia del FMI ha sido determinante en este proceso. Desde 2020, Ecuador firmó múltiples acuerdos con el organismo internacional. El más reciente, firmado el 31 de mayo de 2024, por USD 4.000 millones y ampliado a USD 5.000 millones en julio de 2025, exige una reducción constante del gasto público, incluidos sueldos, inversión y funcionamiento estatal. Noboa, al igual que sus antecesores, ha alineado su política económica con los lineamientos del Fondo, priorizando la “racionalización del gasto” sobre la calidad de vida de la población.

TUIT Secretaría General de Integridad Pública EC: https://x.com/Integridad_EC/status/1949092338602778740

UNA EFICIENCIA QUE EXCLUYE

Mientras el Gobierno central cumple con los indicadores de eficiencia impuestos por organismos multilaterales, miles de ecuatorianos enfrentan un Estado cada vez más ausente. La reducción del gasto y la eliminación de instituciones no solo debilitan la estructura pública, sino que agudizan la crisis social en sectores vulnerables. La pregunta que queda es: ¿quién se beneficia de esta eficiencia si los servicios básicos siguen deteriorándose?

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La transferencia, que se suma a un pago anterior realizado en enero, busca cubrir deudas acumuladas con proveedores, clínicas y prestadores de servicios. Sin embargo, a pesar del monto millonario, los problemas en el sistema de salud pública persisten, y las críticas no se han hecho esperar.

TUIT MINISTERIO DE SALUD: https://x.com/Salud_Ec/status/1948382678358581292?t=cISBiWcbJyaKl8wpcsKapA&s=19

No se trata solo de pagar, sino de transformar el sistema

Diversos colectivos del sector salud han salido a las calles en los últimos meses para exigir no solo pagos y abastecimiento, sino también cambios estructurales. Desde sindicatos hasta asociaciones médicas y de pacientes, la crítica es clara: no basta con enviar recursos si no se transforman las condiciones en las que opera el sistema de salud pública en Ecuador.

Parte del malestar apunta también a las fallas dentro de las leyes recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional, que supuestamente buscaban reorganizar y modernizar la gestión del sector. En la práctica, aseguran los trabajadores, esas reformas no han solucionado los problemas de fondo y en muchos casos han generado nuevos obstáculos burocráticos sin impacto real en la atención.

¿Y los niños de Taisha?

A esta situación se suma un caso que ha estremecido al país: la muerte de varios niños en Taisha, provincia de Morona Santiago, por causas que pudieron haberse evitado con atención médica oportuna. Las comunidades amazónicas, históricamente olvidadas por el Estado, vuelven a enfrentar las consecuencias más graves del abandono institucional.

La pregunta es inevitable: ¿quién responde por esas vidas perdidas? Mientras en Quito se anuncian pagos millonarios, en el interior del país muchas familias aún caminan horas para llegar a un centro médico sin insumos o se ven obligadas a improvisar soluciones frente a la ausencia del Estado.

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Una crisis que no se resuelve con comunicados

A pesar de los más de 400 millones invertidos, el sistema de salud sigue lejos de garantizar atención digna, equitativa y oportuna. Las cifras pueden llenar comunicados de prensa, pero no salvan vidas si no van acompañadas de reformas estructurales, voluntad política y una gestión pública que priorice a las personas sobre los informes contables.

Los trabajadores de salud, los pacientes y sus familias no piden milagros: piden un sistema que funcione. Porque, como ha quedado claro este año, no se trata solo de pagar. Se trata de reparar un sistema que por demasiado tiempo ha estado roto.

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El reciente desembolso forma parte del Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) firmado en mayo de 2024, el cual contempla un financiamiento total de USD 4.000 millones en un plazo de 48 meses. Desde entonces, Ecuador ha recibido un primer desembolso de USD 1.000 millones en junio de 2024, y ahora suma este nuevo aporte. El acuerdo busca estabilizar las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad económica del país.

Posición oficial: una apuesta por la estabilidad

La viceministra de Finanzas, Ana Cristina Avilés, destacó que este apoyo financiero no solo asegura la estabilidad económica, sino que también facilita el acceso a recursos adicionales de la comunidad financiera internacional. “El FMI nos da el apalancamiento necesario para cumplir con los objetivos financieros de este año”, afirmó Avilés en una entrevista televisiva.

Según el Ministerio de Finanzas, el nuevo desembolso refleja el cumplimiento satisfactorio de las metas establecidas en el acuerdo y los avances realizados en la implementación de reformas estructurales clave. Además, las autoridades destacaron que la consulta del Artículo IV del FMI avaló las acciones del gobierno liderado por el presidente Daniel Noboa para fortalecer la situación fiscal, proteger el gasto social y mantener la estabilidad macroeconómica.

Proyección económica a la baja

Pese a los desembolsos del FMI, las perspectivas económicas de Ecuador para 2024 han sido revisadas a la baja. El mismo FMI proyecta una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del 0.4% este año, en contraste con una estimación anterior de crecimiento del 0.3%. La economía del país se ha visto afectada por una crisis de seguridad, una sequía histórica y una crisis eléctrica que impactaron negativamente en la actividad productiva. El organismo prevé una recuperación moderada del 1.6% en 2025, con una inflación estable en torno al 2%.

Críticas al modelo económico

El economista Marco Flores cuestionó la creciente dependencia del FMI y la falta de resultados concretos en términos de empleo y crecimiento económico. Flores señaló que la deuda total de Ecuador con el FMI podría alcanzar los USD 11.000 millones, incluyendo intereses y recargos, y advirtió sobre los retos para financiar el Presupuesto General del Estado 2025. Además, alertó sobre el colapso de servicios públicos y la reducción de la inversión gubernamental.

“En Ecuador, el ministro de Finanzas celebra cada nuevo endeudamiento como un triunfo, pero no el crecimiento económico con empleo”, criticó Flores, señalando que el país deberá pagar al FMI al menos USD 1.579 millones en 2025.

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«Estas reuniones tienen como objetivo discutir las perspectivas y políticas económicas del país, así como compartir los avances que el Ecuador ha realizado en la implementación de su programa económico en el contexto del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF)», dijo la cartera de Estado en un comunicado.

El pasado 31 de mayo la entidad financiera desembolsó los primeros USD 1.000 millones al país. El siguiente desembolso previsto para mediados de noviembre será de USD 500 millones, sin embargo, el FMI debe evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en el programa del SAF. El compromiso que adquirió el Gobierno gira en torno a los siguientes ejes:

• Fortalecimiento fiscal
• La estabilidad macroeconómica
• Impulso de políticas de protección social

Actualmente el panorama económico en el país no es el más alentador. Según la proyección del Banco Mundial, el Ecuador tan solo crecerá un 0.4% a finales el 2024, uno de los peores pronósticos junto a Argentina y Haití.

En el top cinco de deudores

La deuda del Ecuador con el FMI ascendió de manera estrepitosa. En 2017, el monto de adeudamiento fue de USD 361.597 millones, pero hasta abril de 2023, el valor sobrepasaba los USD 8 millones. Además, en diciembre de 2022, el expresidente Guillermo Lasso realizó un préstamo al FMI de USD 700 millones que dejó al Ecuador en el top cinco de los países que más deben al FMI.

“El socialismo del siglo XXI triplicó la deuda pública”, fue la respuesta del exministro de Economía, Pablo Arosemena.

Pese a que Noboa inició un proceso de pago con el multilateral y redujo la deuda a USD 7.949 millones al finalizar el 2023, los “avances” que han presentado no impiden que el país adquiera más créditos.

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El presidente de la mesa parlamentaria, Patricio Chávez, señaló que este acuerdo debió aprobarse por el Legislativo, pues tiene características que componen la estructura de un tratado internacional.

Por otro lado, resaltó que el préstamo concedido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) no tiene como finalidad financiar el gasto social. Por el contrario, el crédito buscaría pagar la deuda con la misma entidad financiera. El 29.7% del desembolso que equivale a USD 2.761 millones corresponden al valor de esta deuda.

»El resto sería un crédito destinado para pagar a otros acreedores del Estado, en conclusión, este préstamo sería pagar otro préstamo», indicó el legislador.

Chávez expuso que el acuerdo también sería inconstitucional al no respetar la soberanía del país ya que el gobierno tendría que consultar al FMI sobre el manejo de su política económica para la toma de decisiones. En este sentido, el parlamentario denunció la inobservancia de las claúsulas por parte del ministro de Economía, Juan Carlos Vega.

El informe fue aprobado con ocho votos a favor y una abstención. Fue respaldado por los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik (PK). (AGM),

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Durante una rueda de prensa el funcionario indicó que el país está perdiendo recursos por el subsidio a los combustibles, pues se estaría invirtiendo USD 630 millones en los subsidios de las gasolinas Extra y Ecopaís.

La focalización será implementada a través de una compensación que no será dirigida a los transportistas, sino a los usuarios del transporte, pues sería la forma »más lógica para ayudar a los necesitados».

Por su parte, la Ecuarunari rechazó esta decisión del gobierno y argumentó que esta medida afecta a la gran mayoría de los ecuatorianos. El movimiento indígena resaltó que desde hace tiempo vienen presentando a los gobiernos de turno distintas propuestas para reemplazar los subsidios por medidas más equitativas, sin embargo, se habrían negado para beneficiar a las élites empresariales.

¿Qué hay detrás?

Tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Daniel Noboa aseguró que focalizará el subsidio de los combustibles. La promesa del mandatario con la entidad financiera podría desencadenar en levantamientos de sectores populares.

Según el Ministerio de Finanzas, la mayoría de los subsidios benefician a muchas personas que no necesitan el apoyo. Enmarcó que alientan el consumo excesivo de combustibles fósiles, socavan la transición energética, dañan el medio ambiente y brindan terreno a la corrupción y el contrabando.

El compromiso del Estado ante el FMI fue focalizar los subsidios y a su vez ”asegurar un
mecanismo de protección social adecuado para los más vulnerables”. También garantizó la implementación de iniciativas para aumentar los ingresos netos del petróleo aumentando gradualmente su producción con más inversión privada.

¿Levantamiento popular?

Ante la intención del gobierno, líderes sociales como Leonidas Iza, presidente de la Conaie, hizo un llamado a los transportistas para unirse a la convención del movimiento indígena. La fecha de este evento, que tiene el objetivo de analizar las decisiones del gobierno, será definida el próximo 8 de junio.

En entrevista con Radio Pichincha, Iza no descartó el inicio de movilizaciones a nivel nacional, pues enfatizó que si ”la gente tiene hambre, evidentemente saldrá a luchar (…) y no es una amenaza”. Resaltó que durante las marchas del 2019 y 2022 logaron frenar la imposición del FMI, sin este levantamiento hubiera existido un ”127% de incremento a los combustibles”, detalló.

Las condiciones del FMI

El Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) que estableció el Ecuador con el FMI tendrá una duración de cuatro años con la representación de un apoyo financiero de USD 4.000 millones. Los primeros USD 1000 millones serían depositados de manera inmediata. El crédito será desembolsado gradualmente de acuerdo al cumplimiento de las metas.

El presidente Noboa ya calentó motores antes de la firma del acuerdo ya que con el incremente del IVA del 12% al 15% logró la aprobación rápida del FMI. El multilateral establece que para lograr este acuerdo disminuya el déficit en los recursos del Estado e incremente el ingreso público.

Por otro lado, la mayor preocupación es el alza de los intereses a través de los años. En 2022, la tasa de interés que pagaba el país al FMI era del 1.3 %, ahora el acuerdo deja un interés del 7%. (AGM).

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Según el Ministerio de Finanzas, la mayoría de los subsidios benefician a muchas personas que no necesitan el apoyo. Enmarcó que alientan el consumo excesivo de combustibles fósiles, socavan la transición energética, dañan el medio ambiente y brindan terreno a la corrupción y el contrabando.

El compromiso del Estado ante el FMI fue focalizar los subsidios y a su vez »asegurar un
mecanismo de protección social adecuado para los más vulnerables». También garantizó la implementación de iniciativas para aumentar los ingresos netos del petróleo aumentando gradualmente su producción con más inversión privada.

¿Levantamiento popular?

Ante la intención del gobierno, líderes sociales como Leonidas Iza, presidente de la Conaie, hizo un llamado a los transportistas para unirse a la convención del movimiento indígena. La fecha de este evento, que tiene el objetivo de analizar las decisiones del gobierno, será definida el próximo 8 de junio.

En entrevista con Radio Pichincha Iza no descartó el inicio de movilizaciones a nivel nacional, pues enfatizó que si »la gente tiene hambre, evidentemente saldrá a luchar (…) y no es una amenaza». Resaltó que durante las marchas del 2019 y 2022 logaron frenar la imposición del FMI, sin este levantamiento hubiera existido un »127% de incremento a los combustibles», detalló.

Las condiciones del FMI

El Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) que estableció el Ecuador con el FMI tendrá una duración de cuatro años con la representación de un apoyo financiero de USD 4.000 millones. Los primeros USD 1000 millones serían depositados de manera inmediata. El crédito será desembolsado gradualmente de acuerdo al cumplimiento de las metas.

El presidente Noboa ya calentó motores antes de la firma del acuerdo ya que con el incremente del IVA del 12% al 15% logró la aprobación rápida del FMI. El multilateral establece que para lograr este acuerdo disminuya el déficit en los recurso del Estado e incremente el ingreso público.

Por otro lado, la mayor preocupación es el alza de los intereses a través de los años. En 2022, la tasa de interés que pagaba el país al FMI era del 1.3 %, ahora el acuerdo deja un interés del 7%.

Según el economista Marco Flores, este programa no responde a la realidad social ni económica del país. El FMI propone que el déficit del PIB se reduzca en 5.5% entre el 2023 y 2028.

»Claramente no es posible alcanzar ese resultado solo con el incremento del precio de venta de las gasolinas extra y ecopaís, estimado en USD 600 millones. Tampoco hay certezas sobre el incremento de ingresos petroleros por precio o por volumen de exportación», dijo vía X.

Las medidas tendrían que ser más rígidas, por ejemplo, la reducción del gasto público, la subejecución del presupuesto del Estado e incremento del precio de venta de otros combustibles. Aquí resalta la frase que el gobierno enmarcó en el documento de acuerdo: »las autoridades ecuatorianas están dispuestas a adoptar nuevas medidas para cumplir los objetivos del programa».

A su criterio este crédito ayudará a pagar la deuda pública, pero no resolverá nada más porque los ingresos temporales se usan y terminan. (AGM).

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El documento titulado “Política para la elaboración, clasificación, registro y custodia de la documentación pública, reservada y confidencial” fue publicado en el Registro Oficial el pasado 13 de mayo con la firma del ministro de Economía, Juan Carlos Vega.

Según lo estipulado por la cartera de Estado, se conoce como información reservada a la documentación que requiere de forma excepcional limitación en su conocimiento y distribución por existir un riesgo claro, probable y específico de daño a intereses públicos. En este sentido, existen dos clasificaciones:

• Los documentos e información calificados, por disposición legal, como reservados,
  solicitados y recibidos por el Ministerio de Economía para ser utilizados exclusivamente en los fines institucionales
• Comunicaciones a nivel nacional e internacional sobre temas relacionados a propuestas,
  políticas, comentarios a proyectos de ley, reglamentos y otros instrumentos cuya reserva se encuentre debidamente motivada.

Para el procedimiento, la distintas áreas de la entidad deberán emitir un listado semestral de los datos que pretenden declarar como reservados y argumentar sus motivos.

La información previamente clasificada como reservada permanecerá con tal carácter hasta
un periodo de 10 años desde su clasificación, incluso, podrá alcanzar los 15 años de acuerdo a la justificación. La divulgación del contenido puede traer consecuencias administrativas, civiles y penales.

Las restricciones

Ante la difusión de esta normativa el Ministerio de Economía aclaró que la normativa a no tiene relación alguna con el crédito que está en proceso de aprobación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo contenido »será transparente y público en su totalidad apenas sea suscrito».

A opinión del economista Marco Flores, calificó a la reserva de información como una amenaza y prohibición para mantener en silencio a la Academia.

»Como si el manejo y conducción de las finanzas públicas debería realizarse en secreto. La única información no solo sensible sino secreta es la que tiene que ver con la seguridad nacional», dijo vía X. (AGM).

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La cartera de Estado detalló que el país busca acceder al Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por 48 meses por un monto de crédito USD 3.000 millones, es decir, alrededor USD 4.000 millones y el 430 % de la cuota, según lo establecido por el FMI.

»Me complace anunciar que el personal del FMI y las autoridades ecuatorianas han llegado a un acuerdo en apoyo al plan de política económica de Ecuador. En medio de un panorama macroeconómico desafiante, nuestro objetivo ha sido y sigue siendo apoyar los esfuerzos de las autoridades para mejorar los niveles de vida de todos los ecuatorianos, con un enfoque en proteger a los más vulnerables y promover el crecimiento sostenible», dijo el jefe de la misión del FMI, Varapat Chensavasdijai.

Según el ministro Juan Carlos Vega, que al aprobarse este crédito, el país accederá a recursos frescos que »ayudarán a sostener la seguridad ciudadana, impulsar obra pública y garantizar la protección social».

Deuda para pagar deuda

Según el economista Marco Flores, este crédito en realidad servirá para pagar al propio FMI parte de los USD 8.000 millones que se le debe. Destacó que los gobiernos pasados no han utilizado ni siquiera parte de los créditos del FMI para impulsar crecimiento económico sostenido con empleo.

Por ejemplo, señaló que las administraciones de Lenín Moreno y Guillermo Lasso recibieron USD 7.500 millones del FMI y »jamás la economía ni el empleo salieron del estancamiento».

Actualmente, el FMI prevé que el crecimiento del PIB en Ecuador sea solo del 0.1 % anual. No obstante, a su criterio los apagones en el país colocarían a la economía en un crecimiento negativo por debajo del 0.0 %.

¿Y el precio de los combustibles?

Por su parte, el economista Andrés Arauz expresó que el país deberá esperar un aumento al precio de los combustibles. Esto debido a las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Ya no un aumento de USD 0.05 sino un aumento de USD 4.50 la extra y la ecopaís; a USD 3.80 el diésel. Hay que ver si el gobierno se va a atrever a esa movida después del tremendo No que recibió en temas económicos. El país debe conocer que está por concretarse un acuerdo con el FMI, el tercer acuerdo en los tres gobiernos únicos y ya sabemos que estas no son buenas noticias para el Ecuador significan más ajuste, despidos y privatizaciones”, dijo en entrevista para La Calle.

A lo del combustible se suma la reducción de servidores públicos, al reducirlos en el plano administrativo, “van por los trabajadores de la salud y educación. Están enfocados en la privatización y buscan una focalización de derechos ciudadanos. En vez que sean derechos universales, quieren hacer un registro social, donde solamente las personas que reciban el bono accedan a la salud y educación pública”, agregó. (AGM).

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«Ya no un aumento de USD0,05 sino un aumento de USD 4,50 la extra y la ecopaís; a USD3,80 el diesel. Hay que ver si el gobierno se va a atrever a esa movida después del tremendo No que recibió en temas económicos. El país debe conocer que está por concretarse un acuerdo con el FMI, el tercer acuerdo en los tres gobiernos únicos y ya sabemos que estas no son buenas noticias para el Ecuador significan más ajuste, despidos y privatizaciones», dijo en entrevista para La Calle.

A lo del combustible se suma la reducción de servidores públicos, al reducirlos en el plano administrativo, «van por los trabajdores de la salud y educación. Están enfocados en la privatización y buscan una focalización de derechos ciudadanos. En vez que sean derechos universales, quieren hacer un registro social, donde solamente las personas que reciban el bono accedan a la salud y educación pública», agregó.

Las offshores de Noboa

Para el economista, no se trata solamente que las empresas del padre del presidente, Álvaro Noboa, tengan deudas con el Servicio de Rentas Internas (SRI) sino que el presidente tiene relación directa a través de offshores.

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«Daniel es parte del grupo Noboa a través de vínculos offshore como lo confirmó la periodista brasileña Claudia Jardim en el periódico Folha de Sao Paulo. No es la familai de Daniel, es Daniel porque a través de las empresas offshore, él es copropietario de todo el grupo empresarial», dijo.

El país debe tener claro que el presidente es parte del imperio económico de su familia. «Eso significa que él debe más de USD 140 millones al fisco. Mientras que la empresa bananera Noboa debe USD 90 millones de ese total porque los intereses aumentan cada año». (MIB)

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Ecuador espera ingresar al programa de crédito de Servicio Ampliado (SAF) con el FMI. De convertirse esto en realidad, el país deberá cumplir «ciertos criterios cuantitativos» y ejecutar ciertas reformas económicas y fiscales. Los puntos que se pretenden topar son: reducción de subsidios, control del gasto público, la postergación de proyectos de infraestructura «no esenciales», entre otros.

La entidad financiera espera una carta formal por parte de las autoridades ecuatorianas donde se comprometerían a cumplir todos estos criterios. Junto al primer punto, Ecuador podría ingresar al Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (RSF), que daría un desembolso máximo de mil millones de dólares.

El régimen pretendería utilizar este nuevo crédito para pagar las deudas vencidas con el FMI. Sin embargo, Ecuador deberá buscar otros espacios, pues las tasas de interés del multilateral pasaron del 0.5 % al 4 % en este año.

«Noboa solo quiere darle la razón al FMI»

El 22 de febrero de 2024, el economista Pablo Dávalos calificó como una «paquetazo económico» las últimas decisiones de Daniel Noboa. Anticipó que los fondos de esas medidas económicas no servirán para financiar la seguridad de los ecuatorianos, sino para pagar la deuda externa.

“Este paquetazo es para darle la razón al FMI y tocarle las puertas para pedir un nuevo crédito“, resaltó para La Calle.

Si bien el presidente mencionó que el IVA no afectaría al “consumo básico” de los ecuatorianos (alimentación, transporte, salud, educación), este impuesto sí afecta a otros servicios, materias primas o portadores de los productos. Es decir, si una persona compra siete panes con un dólar, en los próximos días comprará cinco o seis panes por el mismo valor. Lo mismo pasa con los ciudadanos que venden alimentos agrícolas, deberán comprar fertilizantes y otros productos que encarecerán el alimento.

En el top cinco de deudores

La deuda del Ecuador con el FMI ascendió de manera estrepitosa. En 2017, el monto de adeudamiento fue de USD 361.597 millones, pero hasta abril de 2023, el valor sobrepasaba los USD 8 millones. Además, en diciembre de 2022, el expresidente Guillermo Lasso realizó un préstamo al FMI de USD 700 millones que dejó al Ecuador en el top cinco de los países que más deben al FMI.

“El socialismo del siglo XXI triplicó la deuda pública”, fue la respuesta del exministro de Economía, Pablo Arosemena.

Pese a que Noboa inició un proceso de pago con el multilateral y redujo la deuda a USD 7.949 millones al finalizar el 2023, los «avances» que han presentado no impiden que el país adquiera más créditos.

La entrada Gobierno negocia acuerdo con el FMI para pagar deudas anteriores se publicó primero en La Calle.

La noticia llevó a la baja del riesgo país que llegó a 2.141 puntos en diciembre, ahora se encuentra a 1.341. Un arreglo con el FMI no necesariamente significa una bonanza para los ecuatorianos debido a las reglas que se deben cumplir. «

El dinero de los créditos del FMI es la mejor garantía de que el país pagará muy cumplidamente su deuda externa. Mientras tanto los ecuatorianos deberán sufrir las conocidas políticas restrictivas del FMI y los neoliberales criollos, para nuevamente «poner la casa en orden», destruyendo la inversión pública y la calidad de todos los servicios», escribió el economista Marco Flores.

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«Este paquetazo es para darle la razón al Fondo Monetario Internacional (FMI) y tocarle las puertas para pedir un nuevo crédito«, resaltó para La Calle.

Dávalos alertó que el pueblo ecuatoriano debe «prepararse» para pagar el IVA al 15 % en dos o tres semanas. Según el experto, durante el 2024 el país empieza a cancelar la deuda externa que renegoció el expresidente Lenín Moreno. Ante este escenario, la principal intención de Noboa es cumplir con estos plazos. Además, enfatizó que, luego de cancelar los primeros montos, pedirá otros préstamos lo que hará que el país quede con una deuda de USD 90 mil millones.

«No hay que ser ingenuos y menos con un presidente como Noboa que hace todo lo contrario a lo que dijo que no iba a hacer. El pueblo debe estar preparado«, expresó.

Explicó que en vez de incrementar recursos a los sectores que se encargan de la seguridad, el jefe de Estado los reduce o presenta un aumento mínimo. Es el caso del SNAI y las Fuerzas Armadas (FF.AA.), quienes tendrán un alza mínima en su presupuesto. Mientras que la Policía Nacional tuvo una reducción en sus recursos.

Las primeras consecuencias

Si bien el presidente mencionó que el IVA no afectaría al «consumo básico» de los ecuatorianos (alimentación, transporte, salud, educación), este impuesto sí afecta a otros servicios, materias primas o portadores de los productos. Es decir, si una persona compra ahora siete panes con un dólar, en los próximos días comprará cinco o seis panes por el mismo valor. Lo mismo pasa con los ciudadanos que venden alimentos agrícolas, deberán comprar fertilizantes y otros productos que encarecerán el alimento.

«Eso influye en todo. El IVA no lo cobren en el pan, pero sí en los insumos que utilizan para hacer ese alimento», explicó.

De la misma manera, explicó que quienes tienen un ingreso mínimo se verán en la necesidad de dejar de comprar algunos insumos para priorizar otros. A partir de esa analogía, mencionó que el gobierno optó por una medida que golpea a quienes menos tienen. «Es un golpe muy duro al pueblo ecuatoriano», alegó.

Nunca hubo alternativas

Dávalos puntualizó que el Gobierno Nacional no presentó otras alternativas para sacar al país del bache en el que se encuentra. Además, cuestionó que la Asamblea Nacional haya dado apertura a todas las leyes que envió el primer mandatario y no se hayan opuesto.

También, reprochó que en la nueva proforma tenga un recorte de política fiscal y de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD’s). Por lo que avizoró que los sectores populares se enfrentarán a una situación complicada por la falta de políticas y medidas económicas claras.

Con un pie en las elecciones

En el afán del jefe de Estado de participar nuevamente en las elecciones de 2025, trata de evitar a toda costa, lo que el economista tachó como, el «ruido político». Asimismo, mencionó que si los ecuatorianos le otorgan un rotundo NO en la consulta popular, Noboa desista de incrementar el IVA al 15 %.

Dávalos comentó que el presidente se abstiene de aplicar la focalización de los subsidios al precio de la gasolina, diésel y gas comercial por miedo a la respuesta de la Conaie. «El pueblo ecuatoriano hace un esfuerzo y no sabe que le están mintiendo, todo para tener la venia del FMI», dijo.

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Los bonos fueron renegociados en 2020 y tienen plazos en 2030, 2035 y 2040. La esperanza del gobierno es que este pago «alivie en algo» la crisis económica que atraviesa el país. Además, asegura que los mercados «están atentos y optimistas de creer que el Gobierno sí pagará los bonos».

De la misma manera, en su afán de conseguir recursos para cancelar este proceso, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega; y su viceministra Ana Cristina Avilés mantuvieron reuniones con «prestamistas de Estados Unidos«. El principal en la lista el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por otra parte, el economista Marco Flores detalló en los últimos tres meses el país pagó USD 1076,5 millones por la deuda externa de la siguiente manera: noviembre 2023: USD 534,4 millones; diciembre 2023: 269,1 millones y enero 2024: 273 millones

«Pero los neoliberales criollos tratan de aterrorizar a los ecuatorianos y dicen que la economía está al borde del colapso», expresó en su cuenta de X.

Del otro lado de la moneda

Mientras el gobierno desembolsó los pocos recursos que tiene el país en el pago de esos bonos, pide a los ecuatorianos de clase media y baja «arrimar el hombro» para salir de la crisis y «transformar el país», alejando de este propósito -de cierta manera- a la banca y los grandes contribuyentes. Como si eso no fuese poco, envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para combatir el crimen organizado y la crisis social y económica que proponía el aumento del IVA al 15 %.

Según el mandatario, ese incremento no afectaría a la mayoría de los ecuatorianos porque los productos de la canasta básica no suman IVA. Sin embargo, el economista aludió que en este nuevo propósito no se considera las prendas de vestir y otros de primera necesidad.

Además, médicos, profesores, servidores del sector público y miembros de los GAD’s «claman» por ayuda del gobierno para solventar la crisis de inseguridad que día a día cobra la vida de cientos de ecuatorianos.

Un chiste de mal gusto

En el segundo informe del proyecto que iba a analizar la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, se implementó una artículo en el que pretendían cobrar otro impuesto a los servidores públicos y privados que ganen más de USD 1000.

No obstante, se redujo el impuesto que debía pagar la banca por sus utilidades al 15 %. En el primer debate, la jefa de bancada del oficialismo, Valentina Centeno, alegó que las entidades bancarias debían pagar un impuesto que iba desde el 10% al 25%, dependiendo de sus utilidades.

Los legisladores que analizaron el documento no dieron paso a las últimas condiciones del Gobierno y decidieron eliminar del informe el doble impuesto para servidores públicos. De la misma manera, se fijó el porcentaje que debía pagar la banca.

La entrada «No hay recursos», pero el gobierno pagó USD 273 millones en bonos de deuda externa se publicó primero en La Calle.

Los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso trataron de implementar esta disposición y la única opción de los ecuatorianos fue salir a las calles a protestar. No obstante, la represión fue la respuesta que recibieron del gobierno.

Pese a que esta medida se había suspendido en 2022, Lasso presentó un proyecto en el que revivió quitar el subsidio a los combustibles y se desató otro paro en la capital.

La entidad señaló que otro problema para que el programa crediticio no prospere son las modificaciones que recibió la reforma tributaria.

El FMI mencionó que se aplicaron gran parte de las condiciones del programa, pese a que existieron algunos retrasos en las reformas fiscales y estructurales.

Para la entidad financiera, la solución para garantizar la sostenibilidad fiscal es «profundizar las reformas económicas» y con eso abrir campo a otros mercados de deuda. Pero los datos muestran otra realidad, pues ni Lasso que se aferró a esta entidad pudo reducir el déficit fiscal.

De hecho, el actual ministro de Economía, Juan Carlos Vega, anunció que el déficit fiscal proyectado para el cierre de 2023 superará los USD 5.000 millones, es decir el 5 % del PIB del Ecuador.

El FMI evaluó el programa crediticio de USD 6.500 millones que se dio a Ecuador entre septiembre de 2022 y diciembre de 2022. Según la institución, ese financiamiento «permitió una reestructuración de la estabilidad económica tras la pandemia por Covid-19». No obstante, analistas y economistas ratificaron que Ecuador es uno de los pocos países que no logra superar la crisis que generó.

La relación tóxica con el FMI

Aunque la propia entidad detalló que solo se deben realizar préstamos como última opción y en casos excepcionales, el país generó casi una dependencia a esta institución.

Hasta el 18 de abril, Ecuador estuvo entre los cinco primeros países que más deben al FMI. La deuda superaba los USD 8.200 millones y sus posibilidades de crecer aumentaban.

La deuda con el FMI creció aún más con el último acuerdo de 2022, en el que Lasso pidió USD 700 millones “para beneficio del país”. El expresidente Lasso siempre consideró a esta entidad casi como un Dios que podía remediar los vacíos económicos.

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En reuniones en Washington, Noboa explicó su política económica a prestamistas multilaterales y banqueros de inversión, entre ellos autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) y representantes del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Una de las urgencias abordadas fue una solicitud sobre endeudamiento económico. Noboa afirmó que Ecuador requiere un préstamo puente de nueve meses y el apoyo de actores financieros y gobiernos.

Según el banco español BBVA, un préstamo puente es un tipo especial de préstamo que se busca cuando existe una necesidad inmediata de financiamiento. Es de carácter temporal hasta que se obtiene el préstamo definitivo con la condición de que el deudor posea ingresos a futuro. En pocas palabras, es una financiación de corta duración que se tramita en dos préstamos de larga duración.

Préstamo puente para no caer en default

El jefe de Estado electo aseveró que la situación es crítica y de no reactivarse la economía el Ecuador podría caer en default en 2026 o 2027. Recalcó que el préstamo puente servirá para las inversiones públicas, especialmente en educación y beneficios fiscales para dos años, en la creación de empleo y para el inversor privado.

De acuerdo a sus cálculos, «nos llevará tres horas y necesitamos un préstamo puente, yo diría de nueve meses». También señaló que “va a ser difícil, hay esperanza al hablar con los multilaterales. Hay esperanza. Confiamos en que tenemos un plan. Tenemos un plan de corto, mediano y largo plazo”.

¿Cómo será reelegido?

El objetivo de Noboa para ser reelegido es «dar soluciones», sobre todo a la inversión en infraestructura y creación de empleo, educación y proyectos sociales a los más vulnerables y ciudadanos que viven en provincias sin mayor violencia y que han sido «seducidos por el otro proyecto político (Revolución CIudadana)», argumentó.

Noboa confía en que estos dos elementos (inversión pública; empleo y honrar el pago de deuda a futuro) le darán nuevamente la victoria de la Presidencia en 2025. “Por eso necesitamos otras medidas alternativas para incentivar y poder ser competitivos”, agregó Noboa.

Noboa viajó acompañado por Gabriela Sommerfeld, futura canciller; Sonsoles García, que asumirá la cartera de Comercio Exterior; su futuro secretario de comunicación, Iván Carmigniani; y los colaboradores Sade Fritschi, Juan José Reyes, Sariha Moya, Arturo Felix, Cynthia Gellibert, y Katherine Gafter, según informó su equipo de prensa.

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«Cuando llegamos al poder el déficit fiscal era de 7.7 puntos del PIB. Cerraremos este año con un déficit del 2.5”, dijo el titular de la cartera de Estado a Teleamazonas.

Los economistas Jonathan Báez y Segundo Camino coinciden en que el punto de partida para asegurar que existe una mejora en la economía es el año 2018 y 2019, en la prepandemia. Para ambos, es evidente que si se realiza una comparación de la economía después de la pandemia va a existir una mejoría.

«Lo ideal sería comparar la economía con los datos anteriores a la pandemia, en donde, incluso, los precios del petróleo eran similares a los que tenemos ahora», dijo Camino a Radio La Calle.

Las cifras del pasado

Según datos del Banco Central del Ecuador (BCE), el déficit fiscal del PIB en 2020 era del 7.13 %. Sin embargo, en el 2018 fue del 2.8 % y en el 2019 del 3.5 %, año en donde las condiciones económicas del país empeoraban.

El exministro de Finanzas, Simón Cueva, quien estuvo en funciones en los primeros años del gobierno de Guillermo Lasso, dejó un déficit de 3.5 % en el 2021 y aportó parcialmente a cerrar el 2022 con un -1.7 %.

Actualmente, la previsión para el 2023 es de -2.2 %, lo cual se traduce en USD 2.630 millones. Camino prevé que incluso la cifra sea más alta, entre -3 % y – 3.5 %, es decir, más de USD 3 millones.

Otra cifra alarmante es la que emitió el Observatorio de la Política Fiscal que proyectó hasta USD 5 millones en déficit fiscal. Este monto se convertiría en una brecha que no permitiría cubrir gastos básicos, el pago de deudas pasadas, las transferencias al IESS y a los gobiernos locales.

El déficit de la sociedad

Por su parte el economista Báez manifestó que al ministro Arosemena le faltó presentar los datos de pobreza y gasto social. Para él, el único foco de preocupación de este gobierno es no intervenir en la economía.

»¿Qué implica que el déficit disminuya? Que haya una sociedad que también está en déficit», destacó.

Este »logro» que se atribuyó Arosemena también podría ser la respuesta a la falta de inversión en salud, educación y bienestar social. Además de acuerdo a un cálculo con las cifras del INEC, aún existen más de 66 mil personas que no han recuperado su empleo después de la pandemia.

Según el BCE la balanza de pagos »va bien», pero de acuerdo con Camino este registro se sostiene de las remesas, por la tanto si hay más dinero, hay más migrantes fuera del país en busca de mejores oportunidades.

»La economía no es algo que solo deba evaluarse en números sino también en hogares e individuos porque es una ciencia social», destacó.

La visión del FMI

El último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) relacionado a la solvencia y liquidez del fondo financiero del Ecuador señaló que los alivios financieros, como condonaciones, reestructuraciones y refinanciamientos de créditos, debilitaron la cultura de pago en el país.

Además, resaltó que el descontento político y social constituiría un riesgo sistémico que podría afectar la inversión privada y la actividad económica. (AGM)

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«Con el señor Lasso nuestra equivocación fue de cero a ciento ochenta grados», afirmó Nebot. Explicó que Lasso mintió e hizo todo lo contrario al plan de trabajo elaborado por el PSC cuando existía la alianza en campaña electoral. También se refirió a la pretensión del Gobierno de aumentar los años de aportación al seguro. Sobre este último punto recalcó que se quiere «seguir estafando al asegurado» y que existe un «estado aspirador».

Nebot acotó que las deudas contraídas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el expresidente Lenín Moreno y Lasso no se han pagado y que estos últimos mintieron. Con ello afirmó que las inversiones ‘huyen’ del Ecuador a pesar de estar dolarizado. «Se creía que el ‘efecto Lasso’ iba a ser un Lasso que cumplía», expresó con respecto a la deuda externa.

Antes de irse, Lasso quiere aumentar los años de aportación al IESS

Según el líder del PSC, la solución para atraer la inversión extranjera y generar mayor empleo pleno es la inversión pública. Resaltó que el Gobierno apenas ejecuta el presupuesto asignado para la inversión pública y que «el pueblo ecuatoriano es mendigo del Estado» cuando «el Estado (…) tiene que servir a los ecuatorianos».

«Aquí la vida no vale nada», subrayó Nebot.

El plan de seguridad de Topić, según Nebot

«Baje el gasto y aumente la inversión» es el concepto para obtener más ingresos que se ejecutarán en seguridad, de acuerdo con Nebot. Según él, se deben realizar concesiones, alianzas público-privadas, tasas por servicios de calidad y no subir impuestos, sino cobrarlos, es decir, reducir la evasión de impuestos.

Otra de las soluciones que sugiere Nebot para el plan de Gobierno de Jan Topić es renegociar la deuda con los acreedores como el FMI. Indicó que existen créditos de desarrollo por parte del Banco Mundial (BM) o en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que pudo costear, incluso, la Municipalidad de Guayaquil, a 37 años plazo con 1% de interés.

“Desde que inició Lasso estamos abandonados”, dice ciudadana

Un mito tratado en la entrevista es que para que los organismos internacionales desembolsen grandes préstamos al Estado, se necesita primero un aval del FMI. Esto fue desmentido por el exalcalde Nebot poniendo como ejemplo su gestión.

A propósito de la crisis de inseguridad en el país y el abandono estatal a sectores claves de producción como la Agricultura, Nebot aseguró que el plan de seguridad se ejecutará al mismo tiempo que las reformas económicas que sugirió para la difícil situación actual. (S.B.)

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En diciembre de 2022, el presidente de la República, Guillermo Lasso, realizó un préstamo al FMI de USD 700 millones, dejando al Ecuador en el top cinco de los países que más deben al FMI.

«El socialismo del siglo XXI triplicó la deuda pública», fue la respuesta del ministro de Economía, Pablo Arosemena.

Para el titular de la cartera de Estado, no hubo transparencia y las tasas de interés eran más altas que cualquier crédito multilateral. Además, resaltó que existió eliminación de la aportación estatal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social »saquearon al Banco Central del Ecuador (BCE) y quedaron debiendo al Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)».

No obstante, la nueva deuda adquirida por el Ejecutivo para »mejorar el país» nos dejó en el quinto puesto de los países más endeudados con el FMI después de Argentina, Egipto y Ucrania. A partir del 2017, la suma de la deuda con el organismo internacional ha crecido de manera considerable.

Más deuda con el FMI

En diciembre de 2022, el presidente Lasso anunció que el FMI aprobó el desembolso de USD 700 millones al Ecuador. Según el Gobierno, este acuerdo es bien percibido por los mercados internacionales.

“Esta es una demostración de que estamos manejando en orden la economía, que hay un reconocimiento internacional y que el Ecuador va por buen rumbo. Orden fiscal y enfoque social es nuestra política”, recalcó el mandatario.

El acuerdo del programa de Servicio Ampliado (SAF) con el FMI fue suscrito en septiembre del 2020. Adicional al reciente desembolso, el país también ha tenido el “respaldo financiero” de USD 6.500 millones.

No hay reactivación

Según economistas consultados por diario Expreso, los préstamos del FMI han “ayudado” a mejorar las cuentas fiscales del Ecuador. Sin embargo, reconocen que no ha habido crecimiento económico suficiente para generar plazas de empleo.

También concuerdan con que la reactivación económica anunciada por Lasso es solo cuento. Hasta el día de hoy, el país no ha logrado reactivarse a nivel prepandemia. Es el único en la región que no ha logrado levantar sus índices económicos.

La exgerenta del Banco Central, Verónica Artola, mencionó que los resultados de los préstamos no son culpa del FMI, sino del gobierno de turno que no es capaz de generar políticas adecuadas para aprovechar el dinero.

“Tienes recursos, tienes una reserva internacional por los USD 8 millones, tienes unos resultados fiscales interesantes, con resultados superavitarios, pero eso no se está reflejando en la economía”, explicó para el medio.

El exministro de Economía, Francisco Ortiz, tiene el mismo criterio. Considera que Lasso está alargando el ajuste fiscal, que debió terminar en 2021. A su criterio, en 2022 debía flexibilizar este ajuste para tener mejores resultados económicos, pero decidió mantenerlo. (A.G.M)

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Para el economista Marco Flores, los siguientes días son cruciales para saber qué ocurrió con los precios de las acciones y el retiro de los depósitos en el banco suizo. Resaltó que es necesario controlar esta crítica situación para evitar el contagio en la economía mundial.

En el caso de nuestro país, manifestó que el Banco Central debe informar al país dónde está el dinero de las reservas internacionales. Se presume que parte de este capital puede estar en el Banco Central Europeo, presidido por Christine Lagarde, quien fue directora del FMI hasta el 2019.

También recalcó que 25 % del presupuesto del país requiere de apoyo internacional, en donde están incluidos organismos multilaterales. La falta de financiamiento puede perjudicar no solo al Gobierno, sino a bancos privados que realizan sondeos en el exterior.

Cartas de créditos, importaciones y exportaciones sustentadas económicamente desde el exterior elevarían sus costos. Por lo tanto, los productos que se fabrican y venden en el Ecuador con bienes importados podrían subir su valor. “Hay que tomar muy en cuenta lo que está sucediendo para tratar de prever todo lo que se pueda en el mercado interno”, dijo a Radio La Calle.

Recuerdos del Feriado Bancario

Desde la visión del economista Pablo Dávalos, la desregularización de los bancos es un factor común entre el feriado bancario de 1999, en Ecuador y lo ocurrido en el Credite Suisse. Cuando ocurre una caída en los indicadores de eficiencia, las instituciones financieras buscan la expansión de su modela de negocios sin vigilancia.

La Ley General de Instituciones Financieras, aprobada en el Gobierno de Sixto Durán Ballén, en 1994, permitía el acceso de créditos a empresas, accionistas y administradores del banco que lo otorgaba. La pérdida para el Ecuador superó los USD 8.500 millones. Los banqueros dieron a sí mismos créditos y no los pagaron.

“Ahora bajo ninguna circunstancia hay que permitir que los bancos privados tengan la cancha abierta y el margen de maniobra que ellos desean. Hay que regularlos y controlarlos”, resaltó Dávalos.

La caída del Credite Suisse

El Credite Suisse se encuentra entre los 30 bancos más importantes del país. Uno de los principales factores para su declive es el alto incremento de las tasas de interés para enfrentar la crisis económica.

Un detonante fueron los comentarios de su principal inversor, el Banco Nacional Saudita, que manifestó que no estaba dispuesto a aportar más dinero tras haber comprado una participación cercana al 10 % por USD 1.500 millones el año pasado.

Además, el banco suizo perdió la confianza y credibilidad de sus clientes e inversores por una serie de multas y sanciones relacionadas con la evasión de impuestos, apuestas equivocadas y entre otros casos.  

Ante la situación del Credite Suisse, el banco rival Union Bank of Switzerland (UBS) adquirió la entidad financiera a un gran descuento por debajo de su valor. El objetivo de esta negociación sería detener la crisis bancaria desatada. (A.G.M).

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