Los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) con el 99.6 % dejan en la delantera a Luisa González con el 33.63 % y a Daniel Noboa con el 23.43 %, es decir, pasarán a segunda vuelta.

El principal fracaso de estos comicios electorales fue para Hervas (0.49 %) y Pérez (3.94 %) quienes tuvieron una caída descomunal en la intención del voto a comparación del 2021 en donde ocuparon el tercer y cuarto lugar respectivamente.

Ahora tendrán que compensar la mitad del monto asignado en su campaña electoral según lo establece el Código de la Democracia. El CNE designó un fondo de USD 309.243 a cada organización política en la participación de este proceso, quienes formaron alianzas obtuvieron 20 % más por cada movimiento o partido.

A devolver la plata

»Las organizaciones políticas o candidato que haya recibido financiamiento del Estado a
través del Fondo de Promoción Electoral, deberán reintegrar el 50 % de los valores y montos entregados por el Estado luego de la segunda elección cuando el mismo candidato no obtenga al menos un 4 % de los votos válidos», dicta el artículo 223.1

El candidato Bolívar Armijos quien obtuvo el 0.36 % no entra en este grupo ya que era la primera vez que participaba en un proceso electoral. La ley establece que la devolución del dinero deberá efectuarse dentro de los noventa días contados a partir de la fecha en el que se firme una resolución del organismos electoral.

No obstante el abogado constitucionalista Mauro Andino consideró necesario ser más rigurosos con este tema y planteó dos alternativas;

• Aquellos que en la primera elección no obtengan el 4 % de los votos válidos en la respectiva dignidad, devuelvan el 50 % del monto entregado por concepto del Fondo de Promoción Electoral.

• Los candidatos que en segunda elección no obtengan el 4 % de los votos válidos en la respectiva dignidad devuelvan el 100 % del financiamiento estatal correspondiente al Fondo de Promoción Electoral.

Ejecución del presupuesto

Según datos del CNE, el presupuesto menos ambicioso para la campaña electoral justamente fue el de Hervas y Pérez, quienes planteaban gastar USD 210 mil y USD 600 mil, en el orden dado. Ahora ambos tendrán que devolver parte de la financiación pública, es decir, USD 154.621 y USD 185.546 cada uno.

Los fondos de la entidad pública son destinados a la difusión de propuestas y spots de los candidatos en prensa escrita, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales.

De acuerdo a la ley, desde el inicio de campaña cada candidato debía presentar un informe de los gastos cada quince días, y luego de 90 días de terminadas las elecciones la liquidación total. Los excandidatos Otto Sonnenholzner, Bolívar Armijos y Daniel Noboa aún no exponen sus gastos de campaña.

El último reporte quincenal del movimiento Reto del 23 de julio al 4 de agosto señaló que hubo un gasto de USD 4.038,21 entre movilización y propagandas electorales. Por otro lado, la alianza Claro que se puede solo presentó el presupuesto asignado a campaña. (A.G.M).

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El artículo señala lo siguiente: «con el objetivo de financiar a dicha institución, se tranferirán obligatoriamente al Presupuesto General del Estado, el cinco por mil de los ingresos presupuestados de los Gobiernos Autonomos Descentralizados, Empresas Públicas, Seguridad Social, Entidades Financieras Públicas y en la parte proporcional de las personas jurídicas de derecho privado cuyo capital social, privado, fondo o participación tributaria este integrado por fondos públicos.»

El CDES añadió: «Advertimos que los recursos de las aportaciones no se debería destinar para fines distintos a los intereses de jubilados y afiliados.»

En la Asamblea las bancadas opositoras al Gobierno han mecionado que la Ley tiene muchos vacios legales que dan paso a la privatización de instituciones públicas y que le restan protagonismo al Estado.

La votación para el rechazo o aceptación de la Ley se reunadará este jueves. Al momento la Ley no cuenta con los votos necesarios (70), para que esta sea aprobada.

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Así lo dio a entender en rueda de prensa en Carondelet. Como explicó la Ministra, el Depósito de Valores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), desde 2014, intercambió USD 532 millones de dólares en bonos de deuda interna y externa con una empresa privada . La acción está en clara contradicción con la Ley de Finanzas Públicas, que establece que está prohibido comprar o vender bonos sin autorización del Ministerio de Finanzas.

Sin embargo, la ministra considera que en caso de que no se pueda recuperar el dinero, todos deberemos devolverlo. Aquí su declaración: «Llegado el momento, si es que este dinero no se recupera, la sociedad ecuatoriana, el gobierno, el Estado va a tener que obtener los recursos necesarios para recuperar estas inversiones. No solamente se puede haber perjudicado a la Policía, sino a toda la sociedad ecuatoriana el momento en que nos corresponda compensar ese dinero», subrayó Romo.

Cuidar la jubilación policial, la prioridad

«No vamos a permitir que desaparezcan esos recursos. La jubilación de nuestros policías está garantizada por la Ley. Exigimos a Decevale los títulos que tiene en custodia que pertenecen al Isspol». Decevale son las siglas del Depósito Centralizado de Valores. Hasta que la investigación que anunció Romo arroje resultados no se seguirán entregando bonos, pues están vencidos por más de 100 millones de dólares al momento.

«Esperamos que se devele el mecanismo de las estafa. Los responsables en un primer nivel son los funcionarios del Isspol, en un segundo; el mercado de valores y en un tercer nivel; las autoridades de control», agregó.

Investigaciones

De acuerdo con el director general del ISSPOL, Jorge Villarroel, funcionarios civiles y policiales de las áreas económicas fueron separados de sus puestos.

«Se tomaron acciones en julio de 2019, una vez conocido el informe de auditoría de la Superintendencia de Bancos . Ahora estamos haciendo todo lo posible para que nos den una respuesta», señaló Villaroel.

«Esta transacción no solo pone en riesgo a la Isspol, sino a toda la ciudadanía. Nuestra prioridad es localizar a los responsables y la ruta de las transacciones. Estamos convencidos que los autores no podrán esconderse», señaló el Comandante General de la Policía Nacional, Patricio Carrillo.

Antecedentes

En agosto pasado, salieron a la luz dos procesos legales en contra del Depósito Centralizado de Valores (Decevale). La primera acción legal la motiva la Superintendencia de Compañías, en el marco de las investigaciones por un supuesto fraude bursátil de las empresas Delcorp y Ecuagran. La segunda fue planteada por la propia ISSPOL, una vez cambiaron las autoridades, que investigan además, un posible fraude en el mercado de valores, lo que abonaría al perjuicio en contra del ISSPOL

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Se trata de una obra que, según Eduardo Vivanco, periodista de ese portal, denuncia la «corrupción» suscitada en el caso de Pamela Martínez, exasesora del expresidente Rafael Correa Delgado, cuyo cuaderno -escrito en 2018- contenía información sobre aportes económicos realizados para Alianza PAIS y fue hallado detrás de una chimenea de la casa de Martínez. El contrato fue adjudicado y firmado por Darwin Moreno, hermano del Presidente de la República y coordinador de Gestión Administrativa y de Servicios en la Contraloría General del Estado.

Durante el paro nacional del mes de octubre, Luis Eduardo Vivanco, conocido en redes como “El Pautas”, cofundador de La Posta, mostró su postura en contra de las manifestaciones surgidas por la eliminación del subsidio a los combustibles, tachando a muchos de los manifestantes y dirigentes indígenas de comunistas y terroristas.

 Posteriormente, se refirió a la alternativa económica presentada por la Conaie como una propuesta “cocinada en una olla con una pizca de comunismo, unos toques de odio social, varias gotas de irrealidad, dos ramitas de una mata de absurdos y adobada en salsa de chantaje”.

La pauta del Pautas

Este no es el único ni el primer contrato firmado entre La Posta y el Estado ecuatoriano. Hay varios convenios con la Municipalidad de Guayaquil, el Municipio de Quito (en la administración de Mauricio Rodas), la Asamblea Nacional (presidida por Elizabeth Cabezas), la Prefectura del Azuay (en la administración de Paúl Carrasco) entre otras instituciones.

Producto de ello, hoy, 5 de noviembre, una de las primeras tendencias en Twitter Ecuador fue #ElPautas. Con este hashtag, muchos usuarios criticaban la entrega de esta suma de dinero al medio de comunicación, así como el recorte presupuestario a la educación y el despido de 11 820 funcionarios públicos desde diciembre del año anterior.

SQ/EC/BIG/sam

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