La madrugada del 10 marzo, cuatro de los siete consejeros resolvieron aprobar este informe de nulidad a las acciones de los exconsejeros destituidos por el Legislativo. Entre las resoluciones del anterior pleno del Cpccs estaba la designación de Roberto Romero Von Buchwald como Superintendente de Bancos.

Desacuerdos en el Cpccs

La decisión del Cpccs, que actualmente lo preside Gina Aguilar, se tomó en base a un fallo de la Corte Provincial que ratificó la censura y el juicio político de los exconsejeros. La moción la interpuso el consejero Olindo Nastacuaz, sin embargo, hubo reacciones negativas en la mesa.

Los consejeros Aland Molestina, Mónica Moreira y Carlos Figueroa expresaron su negativa ante esta propuesta. De hecho, Figueroa reclamó que él fue el primero en presentar una moción y no la trataron.

“Yo sabía que ustedes tramposamente iban a hacer esto. Por eso suspendió la sesión en la tarde. Es el colmo, no está cumpliendo su palabra, presidenta”, resaltó.

Finalmente, la moción de nulidad se aprobó con los votos de Olindo Nastacuaz, Graciela Mora, Teddy Tama y Gina Aguilar. Gran parte de las acciones anuladas estarían relacionadas a la administración, no obstante, una de las más importantes sería la designación de Roberto Romero von Buchwald como titular de la Superintendencia de Bancos.

En este sentido, Mora recalcó que Raúl González es el superintendente de Bancos electo, sin embargo, no ha podido ejercer sus funciones. La Asamblea Nacional lo posesionó en su cargo en julio del 2022.

Designación de Roberto Romero Von Buchwald

La madrugada del 3 de diciembre el Cpccs designó a Roberto Romero Von Buchwald como Superintendente de Bancos. La resolución fue tomada por los cuatro consejeros que habían sido destituidos por Legislativo.

El anterior pleno del Cpccs tomó esta decisión luego de analizar los planes de trabajo presentados por la terna enviada por el presidente Guillermo Lasso y estaba conformada por: Felipe Cabezas- Klaere, Rosa Marí Herrera y Roberto Romero Von Buchwald. (A.G.M).

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Miembros de los bloques de UNES, Izquierda Democrática, Pachakutik y el Partido Socialcristiano, a través de un comunicado, expresaron su disconformidad con las recientes respuestas y posiciones del Gobierno.

Por una parte, denunció la constante intromisión de otras Funciones del Estado en las decisiones del Legislativo. Además, remarcaron su respaldo en el artículo 131 para llamar a juicio político contra los cuatro consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

También mencionaron el desacato de los consejeros al presentar más de seis acciones de protección en su necedad de permanecer en sus puestos, que fue aceptada por el juez Ángel Lindao. “Cayó en manos de un juez que ya fue desacreditado por actos dudosos y reñidos con la ley”, refirieron.

Desacuerdo a la respuesta del Gobierno

Además, rechazaron la postura del Gobierno Nacional al emitir el comunicado donde criticaba el accionar de la Asamblea al no presentarse en la posesión del superintendente de Bancos el domingo 18 de diciembre.

“En lugar de rechazar tales acciones, una vez más, pretende lacerar al Estado Constitucional de Derecho auspiciando y avalando estas medidas judiciales contrarias a la Constitución, que atentan arbitrariamente contra la democracia y que carecen de eficacia jurídica”, detalla el comunicado.

En cuanto al accionar del juez Ángel Lindao enfatizaron que agotarán todas las medidas jurídicas, políticas y administrativas nacionales e internacionales.

“Convocamos a las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, al Parlamento Andino, a la Organización de Estados Americanos, al Mercosur y a la Corte Interamericana de Derechos Humano, a que visiten Ecuador para que puedan verificar las violaciones al orden constitucional”, reiteraron.

Una primera advertencia…

La mayoría legislativa emitió un primer comunicado el pasado 18 de diciembre, en este se negaban a reconocer a Roberto Romero como el nuevo superintendente de Bancos. Aseguraron que esta designación respondía a la «intromisión de un juez desacreditado (poder judicial) en la Primera Función del Estado».

Los asambleístas rechazaron y advirtieron el «ridículo» abuso de derecho con el que se pretende utilizar la justicia para beneficiar a Romero como titular de la Superintendencia de Bancos. Esta designación dada por el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) es un proceso que «carece de legitimidad», dijo la Asamblea Nacional.

Respuesta del Gobierno Nacional

El Ministerio de Gobierno acusó que la decisión de la Asamblea de no presentarse a la sesión 833 es una “omisión que no solamente denota indiferencia e indolencia (…) sino que irrespetar y desacata de forma expresa decisiones judiciales y constitucionales”, reza el comunicado. (N.J.C)

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Lindao notificó a los involucrados, entre ellos la Asamblea Nacional, esta decisión como parte de las de reparación para los consejeros la tarde del 16 de diciembre. El juez recalcó la legalidad de este proceso, luego de que la designación de Raúl González se declaró nula.

Mientras tanto, Gonzáles aún está a la espera de la resolución de un Tribunal de la Corte Provincial del Guayas, donde apeló el falló que le otorgó la jueza Larissa Ibarra y anuló su designación como superintendente.

Para que no se resienta el Cpccs

Entre las medidas de reparación que dispuso Lindao están:

• Declarar la nulidad del juicio político porque se los llamó a declarar sin que haya aprobado un informe;
• el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, debía presentar disculpas públicas;y,
• en menos de 48 horas el Legislativo debe colocar una placa en el edificio con la frase “Ningún poder del Estado está por encima del Control Constitucional”.

Ya no pudo más…

Saquicela convocó a los asambleístas a una sesión en el Legislativo el 18 de diciembre de 2022, a las 20:30 para posesionar , finalmente, a Roberto Romero. Esto como acato a las disposiciones que ordenó Lindao.

La mano todopoderosa Lindao…

El juez Ángel Lindao aceptó una acción de protección que interpuso el ciudadano Manuel Párraga Quiroz y dejó sin efecto la destitución de los cuatro consejeros gobiernistas del Cpccs.

Según el magistrado, hubo «inobservancia e irrespeto» a los derechos constitucionales de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. En el documento, dispuso a Saquicela, y al procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea, que revoquen los efectos de la resolución del juicio político.

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“El pleno de la Asamblea rechaza la injerencia de la justicia y de cualquier otro poder del Estado en el Parlamento”, indicó Saquicela a través de su cuenta de Twitter.

Además, la tarde de este 9 de diciembre la Asamblea aprobó con 89 votos a favor la noción impuesta por el asambleísta Esteban Torres para ratificar la destitución de los consejeros.

Acción de protección

Lindao aceptó una acción de protección impuesta por los consejeros para anular la destitución que resolvió la Asamblea en su contra, luego de que cambiaran el reglamento para contralor del Estado.

Este recurso fue interpuesto por el ciudadano Manuel Párraga Quiroz. A partir de esta acción, la decisión de destitución el Parlamento quedó sin efecto. Según el funcionario, hubo “inobservancia e irrespeto” a los derechos constitucionales de los cuatro integrantes del Consejo. (N.J.C)

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Pazmiño acusó a Ulloa de designar a Romero en “la clandestinidad”, en horas de la madrugada de este 3 de diciembre. Además, señaló que la mayoría gobiernista del Cpccs se tomó atribuciones que no están dentro de sus funciones. Es decir, la capacidad de posesionar autoridades es competencia de la Asamblea Nacional, mas no del Cpccs, que solo tiene la facultad de designar autoridades.

“Entre gallos y media noche, violan la Constitución y la Ley”, expresó Pazmiño a través de su cuenta de Twitter.

Pronunciamiento de la Asamblea Nacional

Del mismo modo, el Pleno de la Asamblea anunció que no reconocerá la designación de Romero como nuevo Superintendente de Bancos, porque el acto lo realizaron “funcionaros destituidos”.

“No permitiremos que ninguna otra Función del Estado pretenda realizar injerencias en el poder Legislativo. Amparados en la ley, ¡nos haremos respetar aplicándoles lo previsto en el marco legal y constitucional!”, reza el comunicado.

Asimismo, precisó que aceptar la decisión del juez Ángel Lindao sobre la reincorporación de los consejeros destituidos del Cpccs sería violar la Constitución y la independencia de las funciones del Estado.  

“Un juez no puede dejar sin efecto las decisiones legítimas adoptadas por todo un Pleno Legislativo, y peor aún arrogarse funciones que no le corresponden”, detalla el documento.

El Pleno enfatizó que es responsabilidad de las máximas autoridades, incluyendo a la Fiscalía, adoptar gestiones adecuadas que sancionen este tipo de delitos. “A fin de garantizar el respeto pleno hacia las demás funciones del Estado y asegurarse la democracia del país”, dice el comunicado.

Destitución de los consejeros

Además, esta designación entra en conflicto por la situación política y judicial que mantiene cuatro miembros  del Cpccs. Hernán Ulloa, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán fueron destituidos por mayoría de votos en el Pleno del Legislativo por:

• Incumplimiento de funciones
• Intento de modificación del reglamento para la designación del nuevo Contralor del Estado
• La falta de transparencia en el caso del Superintendente de Ordenamiento Territorial.

Sin embargo, el juez del cantón La Concordia, Ángel Lindao aceptó una acción de protección que suspendió la destitución de los cuatro consejeros gobiernistas del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Con este recurso quedó sin efecto la resolución de destitución y censura de la Asamblea Nacional contra los funcionarios.

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“Todo acto de estos señores que están atrincherados en donde no les corresponde, será de nulidad absoluta”, recalcó el titular.

Según Saquicela, gran parte de los funcionarios en Cpccs fueron puestos por el presidente de este órgano del Estado, Hernán Ulloa. Por lo tanto, tiene la posibilidad de adueñarse de las instalaciones. Desde el Legislativo, emitieron una solicitud al Ministerio de Trabajo para que se les suspenda el sistema de Quipux a los consejeros destituidos, sin embargo, aún no lo hacen.

La revocatoria

El 22 de noviembre, el juez de Santo Domingo, Ángel Lindao aceptó una medida cautelar interpuesta por el ciudadano Manuel Párraga.  La acción dejó sin efecto la destitución de los consejeros, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Ante la situación, Saquicela solicitó una revocatoria en la resolución.

Como respuesta, el denunciante cambió la medida cautelar autónoma a una medida de protección en el mismo trámite. También aseveró que si no se da la revocatoria va a presentar la apelación a la Corte Provincial de Santo Domingo.

“Yo creo que cualquier juez, menos el que está comprometido con esta situación, podrá revocar una situación de esta naturaleza”, resaltó.

Además, mencionó que en el informe, el juez pedía que se deje sin efecto la sesión 112, que fue el día de la recomendación de juicio político. Sin embargo, días más tarde ratificó un “error de tipeo” en el documento por lo que pedía que fuera anulada la sesión 115, que fue el día de la destitución.

Un juicio justo

En la sesión 49 del Pleno del Cpccs, Ulloa manifestó que en el juicio político no existió un informe sobre el cual puedan defenderse. Todo giró en torno a la moción presentada por la asambleísta, Mireya Pazmiño.

Saquicela explicó que la Comisión de Fiscalización sustanció el juicio político. Durante este proceso, los siete consejeros investigados en ese momento tuvieron el derecho a la defensa. Posteriormente, la Comisión tenía un plazo de ocho días para presentar el informe, pero pidieron una prórroga de cinco días. Luego de este tiempo no se presentó el informe porque no alcanzaron los votos para su consolidación.

Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), en 48 horas se debe emitir un documento que detalle las razones por las cuales se archivó el trámite. Sin embargo, la Comisión pidió la reconsideración y emitió un informe fuera del plazo por lo que jurídicamente era inexistente, según el titular del Legislativo.

De acuerdo con la ley, si no existe una resolución en la Comisión, el Pleno debe tomar una decisión respecto a la aprobación de un juicio político. En este sentido, en el debate se dio paso a la orden del juicio político a los cuatro consejeros del Cpccs y días después se resolvió su destitución. (A.G.M).

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Rivadeneira señaló que los consejeros expulsados (Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y ella) trabajarán como un solo grupo y se defenderán de la misma manera ante la resolución del Legislativo.

Comentó que impugnarán una acción de protección, porque consideran que el juicio “fue nulo, violó los derechos humanos, al debido proceso y es discriminatorio”. Además, mencionó que acudirán a instancias internacionales para defender los derechos que fueron vulnerados en este proceso.

Recalcó que la intención de los bloques de UNES y PSC es tomarse el Consejo, pues David Rosero anunció que será el nuevo presidente.

Revisión al reglamento de selección de contralor del Estado

Rivadeneira indicó que la intención de Almeida, de cambiar nuevamente el reglamento de selección de contralor del Estado, incurriría en una falta grave. Esta decisión puede ser objeto de otro proceso de interpelación.

“No se puede revisar ningún reglamento, porque la bancada de Pachakutik, UNES y PSC se escudaron bajo esa teoría. Una vez iniciado el concurso no se puede modificar, ni revisar las comisiones ciudadanas. Antes del juicio el Cpccs ya revisó el reglamento y si lo vuelven hacer podrían incurrir en incumplimiento de funciones y pueden ser llevados a juicio político”, comentó para El Universo.

A lo que Almeida explicó que si es necesario revisar y cambiar los puntos del reglamento de selección se determinará de manera unánime con los miembros del Cpccs.

“Hay que analizar jurídicamente si se corrige algo. Todos los procesos se analizan en el Pleno del Consejo con una decisión de cuatro consejeros”, detalló.

Nuevas autoridades para el Cpccs

Por otro lado, la consejera Almeida indicó que el proceso de selección del presidente y vicepresidente del Cpccs, se realizará de manera interna.

“Una vez que la Asamblea Nacional posesione a Jaime Chugchilán, Carlos Figueroa, Mónica Moreira, Karina Ponce, nos reuniremos y ojalá tomemos por unanimidad sobre quien tome su dirección”, precisó.

Aseguró que cualquier consejero puede postular para el puesto de autoridades dentro del Cpccs, pues lo que más se necesita en estos momentos es voluntad y decisión para restaurarle la seguridad al país, dijo Almeida.

¿Cómo quedan los procesos del Cpccs?

La expresidenta puntualizó que los procesos que mantiene el Cpccs no tienen que ser paralizados. Al contrario, tienen que seguir avanzando para desvincular la imagen de la Institución a todos los problemas internos que han presenciado. “La entidad tiene que seguir con el trabajo. Tiene que continuar con las veedurías, observatorios e investigaciones de manera unificada”, puntuó.

Pronunciamiento de Ulloa

Mientras tanto, Ulloa aseguró que no ha presentado ninguna medida de protección y desconoce por qué su nombre aparece en el acta difundida en redes sociales.

Informó que en las próximas horas pondrá una medida, peor extenderá la convocatoria correspondiente a los medios de comunicación. (N.J.C)

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Los consejeros Hernán Ulloa, Francisco Bravo, María Fernanda Rivadeneira e Ibeth Estupiñán son enviados a juicio político en el Legislativo. La resolución se dio el 15 de noviembre tras aprobar la moción de la asambleísta Mireya Pazmiño (ala rebelde PK), con el apoyo del legislador Ángel Maita.

Tras esta decisión del Pleno, se archivó la solicitud de los asambleístas de Pachakutik Ricardo Vanegas y José Chimbo para enjuiciar a los siete consejeros del Cpccs. De esta manera quedan fuera de la interpelación los consejeros David Rosero, Juan Xavier Dávalos y Sofía Almeida.

«Hay un grupo de partidos políticos que tienen interés en mantener a 3 de los 7 consejeros. En Pachakutik orgánico la disposición es que se vayan todos, eso acordamos en la bancada», dijo el legislador Vanegas.

Las Causales

La causal del enjuiciamiento sería el incumplimiento de funciones. Por un lado, la acusación de modificar reglamento para la designación del nuevo Contralor del Estado. También la falta de transparencia en el caso del Superintendente de Ordenamiento Territorial, se presume que hubo diálogos con uno de los candidatos. (A.G.M)

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