Entre la propuesta que planteó el asambleísta implicaba renovar a todos los miembros de la Comisión de Fiscalización. «Lo que ha fallado es el trabajo de fiscalización. Por eso ameritaba que la reestructuración sea un cambio íntegro», explicó el legislador Pabel Muñoz.

Asimismo, explicó que entre las decisiones para elegir a los integrantes estuvo el criterio de torno en evitar los nombres de los ciudadanos que estén nominados para la reelección. Por ello, su propuesta fue presentar a dos legisladores de Alianza PAIS (AP), dos de Revolución Ciudadana (RC), dos del Partido Social Cristiano (PSC), dos de CREO, dos de la Bancada de Integración Nacional (BIN) y un comisionado de la Bancada de la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI).

Los asambleístas que conformarán le organismo son: Esteban Melo (RC), Bairon Valle (RC), Noralma Zambrano (AP), José Serrano (AP), Mercedes Maritza Serrano (PSC), Denis Marín (PSC), Elio Peña (Pachacutik), Jaime Olivo (Pachacutik), Franco Romero (BADI), Absalón Campoverde (CREO) y Marcelo Simbaña (CREO).

Antecedentes

El pasado 10 de septiembre, el pleno de la Asamblea Nacional decidió cambiar a los legisladores miembros de la Comisión de Fiscalización, a propósito de los últimos hechos de corrupción que involucran a dos legisladores de la mesa: Daniel Mendoza y Eliseo Azuero.

La decisión la tomaron tras descartar la moción de José Serrano (AP), Héctor Yépez (CREO) y de Fernando Flores (CREO). Para entonces, la propuesta de Muñoz tuvo el apoyo de 85 parlamentarios. (DR – AB – SGA)

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La moción corrió por cuenta del presidente de la mesa y asambleísta por Alianza PAIS (AP), José Serrano y contó con el apoyo de los legisladores Liliana Durán de Revolución Ciudadana y Franco Romero de la Bancada de Acción Democrática Independiente.

Tras el pedido, Azuero ahora será juzgado en el pleno de la Asamblea. El documento final también lo remitirán a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Contraloría General del Estado (CGE). A estas instituciones pedirán que inicien investigaciones y determinen las responsabilidades de todas las autoridades involucradas independiente de la función o institución a la que pertenezcan y que, con su gestión, permitieron la trama de corrupción de la construcción del Hospital de Pedernales.

Al final de la sesión la Asambleísta, Amapola Naranjo, volvió a señalar a la ministra de Gobierno, María Paula Romo y sostuvo su preocupación por la participación de altos mandos del Gobierno en actos de corrupción.

Rebeldía de Azuero

La comisión Multipartidista informó que las sesiones debieron continuar en Rebeldía por la ausencia del denunciado. La mesa llamó a Azuero a comparecer el 30 de agosto. Sin embargo, el legislador no llegó a la cita telemática y se limitó a presentar una prueba por medio de su defensa. A partir de esto, la Comisión señala que el asambleísta Azuero hizo caso omiso al proceso administrativo, aunque sí usó su derecho a la defensa.

El más importante de los elementos aportados por la Fiscalía y que sirvió para el proceso, fue la conversación entre Azuero y Mendoza. En ella, evidenciaron que existe una presunta negociación de votos en la Asamblea. Según la Comisión, este hecho revela que existiría un entramado de corrupción dentro de la función legislativa. La misión era intercambiar “favores” para salvar de juicios políticos a funcionarios relacionados con el Ejecutivo.

Hospital de Pedernales

De acuerdo a la Comisión Multipartidista, las pruebas demuestran que los recursos públicos para la construcción del Hospital de Pedernales no los habrían usado para su objetivo. Por el contrario, los cobraron terceras personas vinculadas con el ex asambleísta Daniel Mendoza y el acusado Eliseo Azuero, para intereses propios. Además, la comisión determina que estos actos fueron bajo el consentimiento de autoridades del Ejecutivo. Entre los señalados está el ex director del Servicio de Contratación de Obras, SECOB.

Según la Comisión, el asambleísta “sin límites y con excelsa y notoria ambición trasgredió la barrera de sus responsabilidades en el ejercicio de sus funciones, pues valiéndose de su calidad y condición de legislador violentó el mandato que otorgó el mandante al dedicarse a ofrecer, tramitar, recibiendo y administrando recursos del Presupuesto General del Estado, gestionar nombramientos de cargos públicos”. Además, pide adoptar una resolución que promueva la eficaz, efectiva y transparente lucha contra la corrupción en todos los estamentos públicos. (AB)

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La asambleísta Amapola Naranjo denunció a Eliseo Azuero por violar los artículos 127 y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así, según la denuncia, Azuero gestionó cargos públicos e ingresos del Estado, ajenos a su función de asambleísta, para la construcción del Hospital de Pedernales.

La Comisión Multipartidista tendrá 10 días, a partir de su conformación, para presentar el informe con los resultados de la investigación. Mientras tanto, durante el proceso, el asambleísta Azuero podrá defenderse de las acusaciones en su contra. La Comisión será la encargada de recomendar la destitución de Azuero.

El proceso contra Azuero

El 17 de julio del 2020, la Fiscalía General del Estado presentó una conversación entre los asambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero. En esta conversación, los legisladores mencionan supuestos arreglos políticos con varios funcionarios públicos, asambleístas y ministros, en torno al proceso de investigación del Caso Pedernales.

Para el 30 de julio, el vicepresidente del Legislativo, Patricio Donoso (PSP) informó que el pleno analizará la denuncia en contra de Eliseo Azuero. La legisladora de Revolución Ciudadana, Amapola Naranjo solicitó la destitución del legislador del BADI. Azuero está implicado en un presunto delito de corrupción en el llamado Caso Mendoza.

“Una vez que se ha presentado la denuncia (…) debemos revisar en el CAL si tiene firma y rúbrica notarizada de la denunciante (…) El plenario legislativo deberá conformar una comisión tripartita y multipartidista, a fin de sustanciar el proceso. Emitir un informe en un plazo máximo de 10 días para que el plenario legislativo tome la decisión final”, indicó Donoso. (DR)

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