En su domicilio de Samborondón se recabaron algunos indicios, entre los que se incluyen computadores, dispositivos móviles, tarjetas de memoria y documentos. Respecto a la ubicación de Toledo, la institución indicó que están realizando otros 3 allanamientos en oficinas y domicilios de Guayaquil para ubicar al abogado.

Denuncia realizada

El abogado Diego Chimbo, defensa del exasambleísta Pablo Muentes, involucrado en el caso Purga, colocó en la Fiscalía Provincial de Pichincha, una denuncia por peculado y fraude procesal en contra de Francisco Fierro, Ricardo Noboa Bejarano, Esteban Noboa Carrión y Mayra Salazar.

El jurista habló con los medios de comunicación e indicó que «el Banco del Pacífico pagó por la defensa de Mayra Salazar en el caso Metástasis» y presuntamente habría sembrado información en el testimonio anticipado de la comunicadora en el caso Purga.

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Hervas es candidato a la Presidencia de la República por el movimiento RETO en las elecciones anticipadas del 20 de agosto de 2023. El dirigente correísta ha publicado una serie de documentos que demostrarían que el empresario brocolero posee capitales en paraísos fiscales.

Para ser candidato a elecciones populares, el participante no debe tener relaciones con empresas offshore, por lo que Hervas supuestamente habría cometido perjurio (jurar en falso) y fraude procesal al no haber sido honesto sobre estos temas.

Anteriormente, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) desestimó el recurso interpuesto por la RC contra la postulación de Hervas debido a «que no se presentaron pruebas». Asimismo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó su objeción el 19 de junio de 2023 sin mayore explicaciones.

En redes sociales, Hervas «retó al correísmo» a ponerlo en prisión y reiteró su negativa sobre tener capitales o bienes en paraísos fiscales. En respuesta, Arauz y el abogado Gabriel Rivera ingresaron durante la tarde de este lunes 3 de julio la denuncia. «Hay que inaugurar la decencia, con un Lasso es suficiente (en referencia a las empresas offshore)».

¿Offshore de Hervas?

El 24 de junio, Arauz demostró con documentos las supuestas empresas offshore de Hervas en Panamá, por lo que el empresario y político -que es impulsado por el movimiento RETO- no podría postularse para las elecciones anticipadas de agosto de 2023.

El artículo 96 del Código de la Democracia y el 4 de la Ley del Pacto Ético prohíben ser candidato a elección popular a quienes “tengan bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales”. Panamá está en la lista de los países considerados como paraíso fiscal para Ecuador.

En su cuenta de Twitter, Arauz publicó información sobre la empresa de Hervas en Panamá: Agrigroup Corporation. El poder de Hervas sobre esta sociedad equivale una propiedad indirecta ya que puede disponer de sus ganancias, abrir cuentas y hacer cualquier negocio.

Una investigación de Hoja de Ruta sostiene que esta offshore le permitió mover a Hervas USD 50 millones entre 2017 y 2021. Asimismo, pudo acrecentar su capacidad exportadora y sirve como guardia fiscal.

Tanto Arauz como el reportaje periodístico exponen documentos notarizados, transferencia de acciones y otras escrituras públicas que, presuntamente, confirmarían el funcionamiento de los opacos movimientos de la familia Hervas con sus empresas nacionales y Agrugroup Corporation.

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Según la máxima autoridad del Cpccs, cuando revisó el expediente de investigación encontró una hoja en blanco foliada, de inmediato comunicaron al ECU 911, a través de la Coordinación General de Asesoría del Consejo, de este asunto que podría resultar en fraude procesal.

El Consejo presentó una denuncia por el presunto delito, el pasado 15 de junio, y el fiscal a cargo dispuso que se entregue al servidor pertinente la hoja en blanco con su respectiva foliatura (foja 12).

Además, el encargado solicitó que se entreguen los nombres de todas las personas que formaron parte de la investigación por la supuesta eliminación de información.

«Este Consejo y su representante estarán vigilantes para que el fiscal realice una investigación objetiva y no se vulnere el derecho a la defensa de ninguno de los involucrados», reza el comunicado.

El caso contra los siete consejeros

FGE denunció al Cpccs por presuntas irregularidades en el concurso para la designación de la máxima autoridad de la institución, el 18 de junio.

El FGE manifestó su rechazo al supuesto intento de alterar o borrar los archivos que respaldan dicho concurso. Además, resaltó que existe un afán por generar desinformación para desprestigiar el trabajo que ha venido desempeñando Salazar.

El Cpccs rechazó la acusación realizada por la Fiscalía. Recalcó que todos los documentos se encuentran archivados por la Secretaría del Consejo y que cuentan con las seguridades técnicas necesarias para evitar cualquier tipo de interferencia interna o externa.

Vera calificó el proceso en contra de él y sus colegas como un acto repudiable e innecesario. El funcionario señaló que solicitaron sus siete acciones de personal y la entrega inmediata de la información sobre este concurso. (N.J.C)

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La asambleísta Patricia Sánchez de la bancada de Pachakutik envió una solicitud de investigación y sanción en contra de Mireya Pazmiño en la Asamblea por supuestas irregularidades del informe sobre la empresa Flopec y sus transacciones en los últimos años.

La demanda permitirá recoger detalles de la forma en que se elaboró el informe sobre el caso. Sánchez afirma que lo realizaron personas externas a la mesa de Régimen Económico y que Pazmiño no socializó el documento antes de su votación.

La legisladora espera que la investigación llegue al Comité de Administración Legislativa y califique el documento al Comité de Ética de la Asamblea para su respectiva sanción a la funcionaria.  

Mientras tanto, Pazmiño enfrenta a otras acusaciones en la Fiscalía por sus colegas en el marco del juicio político de Lasso por pregonar los mismos informes. La Fiscalía se encuentra en comparecencias por las respectivas demandas.

Otras Demandas

La funcionaria enfrenta dos denuncias presentadas por presunto fraude procesal y falsedad ideológica presentados por el legislador Fernando Villavicencio y otros asambleístas de UNES. En razón de elaborar presuntos reportes falsos en la Comisión de Régimen Económico para las empresas de Flopec y Amazonas Tanker.

La petición de investigación se deriva luego de que Pazmiño y otros legisladores promovieron la solicitud del juicio político en contra de Guillermo Lasso por el presunto delito de concusión y peculado. (A.F.)

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A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía General informó: «Tribunal rechaza–nuevamente– acción de habeas corpus al exdefensor del Pueblo, Freddy C., sentenciado en primera instancia por abuso sexual, y declara la legalidad de todo lo actuado por Fiscalía en el proceso».

Después de una deliberación de más de 30 minutos, los jueces del tribunal resolvieron rechazar el pedido de habeas corpus en favor de Freddy Carrión. Según indicaron, no encontraron elementos probatorios en las justificaciones para el pedido. Por esto, Carrión seguirá detenido en la cárcel 4.

La parte defensora insiste en que existe una falta al debido proceso. Asimismo, señala que el juez ponente de esta audiencia, Carlos Pazos, fue elegido para la de manera temporal y arbitraria, lo cual no está explicitado en el código orgánico integral penal. Por ello, explican que existe una falta de competencia del tribunal.

Además, menciona que no se ha discutido la garantía constitucional y solo se han socapado los errores cometidos por la fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien ordenó la detención de Carrión.

El exdefensor del pueblo mencionó que no se han amparado ni en la constitución ni en el COIP para sustentar la negación de su pedido. También reclama que no calificaron la flagrancia, pues no han aclarado por qué existió una detención por el delito de agresión sexual, si fue detenido, en primera instancia, por violentar el toque de queda impuesto en esas fechas.

Los jueces han guardado silencio respecto a los errores cometidos por Fiscalía y no han sabido explicar por qué negaron el recurso.

La esposa de Carrión, Priscila Schettini, denunció a través de sus redes sociales: «Los jueces nuevamente SALVAN a la Fiscal General, Diana Salazar, mencionando que tuvo un LAPSUS de formalidad y un fallo electrónico. GRAVE ahora así FORJAR DOCUMENTOS Y MANIPULAR FECHAS ES ‘LEGAL’, todo con tal de impedir que Freddy Carrión se defienda en libertad. INDIGNANTE»

Inmediatamente después de la participación de un abogado de las fiscales accionantes, el juez Pazos dio por concluida la audiencia, negando el recurso y ratificando la condena de Carrión.

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“La esposa del exdefensor del Pueblo, Priscila Schettini, y su familia convocan a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa y valorar todos los elementos que se han mostrado en la acción de Habeas Corpus propuesta en favor de Freddy Carrión Intriago. En la Acción se demostró como la Fiscalía General del Estado y su titular, Lady Diana Salazar, forjaron documentos y manipularon fechas para detener ilegalmente a Freddy Camión”, señala un comunicado

El escrito explica que el documento de delegación, para que actúe una fiscal delegada y detenga al exdefensor, se firmó electrónicamente el 17 de mayo, a las 12:05, no como afirma la fiscal, que el proceso fue el 16 de mayo a las 10:00.

“El país ha podido verificar que la Fiscalía, a través de su Fiscal Mayra Soria, detuvo a Freddy Carrión en la Clínica ATLAS, el 18 de mayo de 2021, a las 14:20, sin que exista persecución continúa desde las 23:30 y por el delito de violación de Toque de Queda. Jamás lo detuvieron por delito de abuso sexual, no obstante la Fiscal General, Lady Diana Salazar, lo acusó por dicho delito”, asegura el texto.

Asimismo, cuestiona por qué Salazar tuvo que forjar los hechos y engañar. “Todos estos hechos están probados y es por eso que la esposa y familia del exdefensor del Pueblo hacen un pedido y llamado a la ciudadanía, para que se observe las actuaciones del poder judicial que, hasta el momento, a pesar de un sin fín de irregularidades, sigue manteniendo ilegalmente en prisión preventiva a Freddy Carrión Intriago”.

El comunicado reitera que la arbitrariedad y la discrecionalidad establecen un orden de privilegios. “Pedimos se trate al exdefensor bajo los parámetros legales establecidos y no bajo la óptica de que él es un enemigo de Estado y, por ello, se justifique que se lo persiga políticamente por haberse atrevido a denunciar al expresidente de la República Lenin Moreno, la cúpula policía, y a la exministra de Gobierno, María Paula Romo, por la violación de derechos humanos”, reza el escrito.

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La esposa de Carrión, Priscila Schettini, y el abogado defensor, Richard González, denunciaron que Salazar habría forjado pruebas y documentos para justificar la detención de Freddy Carrión. González explicó que la verificación del código, que se registra en la firma electrónica de la Fiscal Salazar, evidencia que el documento fue firmado el 17 de mayo y no el 16 de mayo del 2021, como aparece en el expediente.

Diana Salazar evadió y no respondió a las preguntas. Argumentó que no existe nada para desconfiar de la justicia ecuatoriana y que no existen  irregularidades  en el caso de Freddy Carrión.

La fiscal mencionó que esta caso penal “fue motivo de un amplio análisis pasando por decisiones jurisdiccionales que efectuaron los controles de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de las actuaciones de Fiscalía”. 

Salazar dijo también que “la discordancia de fechas entre el documento de detención emitido y la fecha de la firma responde a la formalización de las disposiciones verbales dadas en su momento a las dos fiscales delegadas”. 

Schettini solicitó al Legislativo, el pasado 7 de enero del 2022, que investiguen estas inconsistencias. También solicitó un juicio político en contra de la Fiscal General del Estado.

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“La fiscal está confundida, la oralidad de los procesos tiene que ver con que se puedan debatirlos en audiencias y no tiene que ver con la exigencia que tienen las autoridades y, sobre todo ella, de registrar sus actuaciones y de ponerlas por escrito cuando hay una orden de investigar y aprehender a Carrión”, dijo Angélica Porras, abogada de Carrión, según reseña Radio Pichincha.

La defensa de Carrión expresó su inconformidad y reclamó que “Salazar debió explicarlo ante el juez, en su momento, y no esperar a que la defensa descubra la modificación de fechas y ahora tratar de salir a justificar”.

Además, la abogada defensora señaló que la fiscal reconoce que están alteradas las fechas, pero argumenta que es una formalización posterior de las disposiciones verbales, pero eso no fue explicado.

“En el documento tenía que haber dicho que fue, mediante disposición verbal que hizo la delegación y por eso se iniciaron las investigaciones”, afirmó Porras. Asimismo, indicó que esto demostraría las irregularidades dentro del caso.

Por otro lado, Priscila Schettini, esposa de Carrión, mencionó que esta información fue presentada a la Asamblea Nacional para que inicie una investigación y un juicio político contra Diana Salazar, por el incumplimiento de sus funciones.

Investigación por fraude procesal

En septiembre de 2021, Angélica Porras y Richard González, abogados defensores de Freddy Carrión, presentaron una denuncia por fraude procesal contra la Fiscal General, Diana Salazar, Mayra Soria, delegada de la fiscal, y Juan Fernando Ramos, Mayor de la Policía.

Esta denuncia fue presentada ante Fiscalía y se abrió una investigación previa liderada por el fiscal General subrogante, Wilson Toainga.

En la denuncia se propone la aparente forja de documentos para la detención inconstitucional e ilegal de Carrión, quien fue acusado por el supuesto delito de abuso sexual.

El fraude procesal, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), se da cuando se engaña al juez en el curso de un procedimiento civil o administrativo al ocultar o alterar instrumentos, evidencias, o estado de cosas, lugares o personas. Y se sanciona con pena privativa de libertad de uno a tres años.

El viernes 14 de enero de 2022, Salazar compareció y rindió su versión por su presunta participación en el delito de fraude procesal, en el caso de Freddy Carrión.

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«El Fiscal Subrogante Wilson Toainga finalmente fija fecha para que la Fiscal General del Estado y otros rindan su versión en la investigación por Fraude Procesal que se lleva adelante por la detención inconstitucional e ilegal de Freddy Carrión», indicó en un tuit.

Se espera que la fiscal Salazar rinda su versión el viernes 14 de enero, a las 10:00. También están convocados: Mayra Soria, fiscal delegada; Freddy Carrión, exdefensor; Priscila Schettini, esposa y testigo presencial.

Esta última se pronunció sobre el caso. «Avanzamos en el proceso de Fraude Procesal contra la Fiscalía. Se llama a rendir versiones a la Fiscal General Diana Salazar y la Fiscal Mayra Soria presentaremos la prueba de forjamiento de documentos y la detención ilegal de Freddy Carrión».

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Proceso viciado

Schettini explicó a Radio La Calle que este proceso por fraude procesal no es reciente. «Hace un par de meses denunciamos, por fraude procesal, a la Fiscal Diana Salazar, por crear una falsa flagrancia con ayuda de partes policiales adulterados, en el caso de Fredy Carrión».

Agregó que las denuncias contra la fiscal Salazar son graves. “Se encontró en el expediente penal que la propia Diana Salazar falseó y forjó documentos”, expresó.

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«Todos somos iguales ante la justicia», escribió Diana Salazar. Con este texto informó que recibió la notificación del inicio de una investigación previa en su contra por presunto delito de fraude procesal.

La denuncia en contra de Salazar parte de una supuesta manipulación de los partes policiales con los que se consignó el arresto del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, ocurrido el pasado 17 de mayo.

De acuerdo con la denuncia, Salazar habría alterado los hechos para lograr la calificación de flagrancia. La mañana siguiente a la pelea que protagonizó Carrión con el exministro de Salud, Mauro Falconí, no hubo persecución ininterrumpida por parte de la Policía en contra de Carrión por lo que el caso no calificaba como «flagrante»,

Salazar anunció del proceso el pasado viernes 17 de septiembre en un tweet adjunto con la imagen de la notificación del proceso.

Xavier Rosero, fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional, notificó a Salazar de la investigación previa y de su «pleno acceso al derecho a la defensa para lo cual deberá señalar casillero judicial para futuras notificaciones».

Salazar finalizó escribiendo que «cuando se actúa con ética y apego a la ley, las investigaciones no causan miedo».

El delito de fraude procesal, tipificado en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), indica este se produce cuando una persona induce a engaño a un juez en el decurso de un procedimiento civil, administrativo o penal.

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De acuerdo con los abogados, existen “pruebas suficientes de que la Fiscalía General del Estado forjó los hechos para lograr que califique la flagrancia y se dicte prisión preventiva contra el defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Al respecto, la Asamblea Nacional pudo verificar aquello durante las comparecencias recibidas durante la etapa de evacuación de la prueba del juicio político que se lleva adelante en contra del Defensor”, indica parte del documento.

En concordancia con estas pruebas, los juristas solicitan “se inicie la investigación previa por el delito de fraude procesal tipificado en el artículo 272 del COIP. El delito se sanciona con una pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Sin detención

Entre las pruebas, los abogados indican que no existió detención previa. La versión de la escolta del Defensor, Johnny Lema dice que Freddy Carrión no fue detenido tras los acontecimientos ocurridos en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconí. Según la denuncia, Fiscalía indicó en el informe que Carrión estuvo preso desde la madrugada para que pueda aplicar la flagrancia. “Crearon un falso judicial”, añaden.

El defensor del Pueblo guarda prisión preventiva en la cárcel #4 de Quito mientras transcurre el proceso judicial en su contra. La Asamblea nacional espera el informe de la Comisión de Fiscalización para llevar el juicio político al Pleno.

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Esta orden de detención ilícita habría sido fraguada por la exministra de Gobierno, María Paula Romo; el exviceministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; el exdirector de la Dirección General de Inteligencia (DGI), Freddy Ramos; y los oficiales de inteligencia Francisco Saavedra, Paúl López, Jorge Cortez y Mauro Vargas.

Según el medio, el montaje contra Ola Bini fue planificado porque, la entonces ministra Romo, necesitaba presentarle a Moreno un culpable, frente a la acusación de intentar desestabilizar al régimen y específicamente tras la filtración de los INA Papers.

A través de su cuenta de Twitter, el abogado de Ola Bini, Carlos Soria, indicó que desde siempre han sostenido que la persecución contra el sueco “fue política y con probadas ilegalidades”. También dijo que, ante estos hechos, el 30 de junio del 2021, presentaron una denuncia por fraude procesal.

Informó también que, con fecha 10 de agosto, fue abierta la investigación previa por la fiscal a cargo.

El medio también advirtió al gobierno de Lasso que muchos de los que participaron en esta pantomima siguen en el poder. Mencionó a Jorge Costa, ex Senain, que hoy funge como asesor de la inteligencia de Lasso; Mauro Vargas, es el actual director de inteligencia; y Fredy Ramos, que hoy es director de Inteligencia Nacional.

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Dentro de 3 días, aproximadamente, el Consejo de la Judicatura asignará un nuevo juez para que continúe con el caso.

Los hechos

El caso Ola Bini inició en 2019 por ingresar al sistema informático de las empresas: PetroEcuador, y la antigua Secretaria Nacional de Inteligencia (Senain). Los cargos pasaron de ataque a la integridad de sistemas informáticos a acceso no consentido.

Según diario El Mercurio, Carlos Soria, abogado de Bini dijo que Proaño violó los derechos humanos y constitucionales del sueco.

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