Las irregularidades se observaron en el último concurso de frecuencias de radio realizado en mayo de 2020, por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel). Se encontraron cinco empresas ecuatorianas con inversión extranjera que pasaron por alto la Ley Orgánica de Comunicación, según el examen a las matrices de concesiones en Pichincha y Guayas.

Contraloría encuentra irregularidades

La CGE también determinó que se les otorgaron a ocho empresas morosas con el Servicio de rentas Internas (SRI) y Arcotel las concesiones de frecuencias. En total son 36 radiofrecuencias que operan de manera prorroga.

Otras irregularidades comprenden a una organización religiosa que estaría almacenando frecuencias. También, una empresa consiguió una concesión sin completar los requisitos a tiempo. Compañías concesionarias traspasaron acciones sin autorización de Arcotel. Estas son las conclusiones del informe de Contraloría aprobado en junio pasado.

Ángel González y las concesiones

Las empresas nacionales Ecuadorario S. A., Andivisión S. A., Trafalgar del Ecuador S. A., Ayax del Ecuador S. A. y Televisión Independiente Indetel S. A. obtuvieron frecuencias a pesar de que la mayor parte de su capital perteneciera a accionistas extranjeros, domiciliados en Guatemala y Uruguay, según lo mencionó la Contraloría.

En dichas empresas operan emisoras como Platinum FM, Tropicálida, Like FM, Alfa Stereo y Galaxia Stereo. Esto a pesar de que la Ley Orgánica de Comunicación afirma que “medios de comunicación social de carácter nacional no podrán pertenecer en más del 49 % de su paquete accionario, de forma directa o indirecta, a organizaciones o compañías extranjeras”.

Fundamedios en una investigación ya alertó que tales compañías se relacionaban con el empresario Ángel González.  En el informe de la Controlaría también se expone que, a inicios del concurso, las compañías fueron inhabilitadas. Sin embargo, debido a la directora de Impugnaciones de Arcotel en el análisis jurídico se vinieron abajo esas inhabilidades.

La funcionaria aseveró que el Ecuador tiene tratados con Guatemala y Uruguay que estarían por encima de la Constitución y demás normas.

Empresas con traspaso de acciones

La Contraloría encontró ocho empresas con traspasos de acciones en la Superintendencias de Compañías sin contar con el requisito que la ley ordena de que, si la empresa concesionaria realiza una transferencia de acciones, debe tener el permiso de Arcotel.  

Las empresas que incumplieron tal disposición son: Radiodifusión América Quito, Radio Activa FM 88 Cía. Ltda., Roadme S. A., Cablemar S. A., Radio La Prensa TV S. A., Radiodifusora Ondacero S. A., Ecuaenlace S. A. y K&P RTV Productions C. A. (JP)

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“El anuncio del veto tiene un carácter político. Este es un golpe político por parte del presidente Lasso”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, comentó que el gremio periodístico tiene casi totales coincidencias con el proyecto de minoría de la Ley de Comunicación, aprobado por la Asamblea Nacional. Sin embargo, no es la misma posición la de los dueños de los medios de comunicación.

«Los dueños de los medios de comunicación, aunque hacen una supuesta defensa de la libertad de expresión, hay otros temas que les importa: redistribución de frecuencias, apropiación patrimonial de frecuencias, captación de fondos públicos por publicidad”, afirmó Jurado.

También detalló que otros temas de su interés son: la eliminación de los controles para circular contenido publicitario o de entretenimiento rentables, preservar la indemnidad y el poder para realizar afirmaciones falsas con el propósito de afectar a los adversarios políticos de los medios o sus socios.

“Estos son los problemas que en el fondo incomodan a un grupo de medios de comunicación que se han beneficiado de la cercanía con el Gobierno”, aseguró Jurado.

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“En el informe de minoría planteamos la democratización del espectro radioeléctrico para realmente alcanzar los porcentajes de frecuencias que corresponden”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Castro comentó que lo único que se está plegando con el informe de minoría es sostener los avances de derechos por todos quienes hacen periodismo.

“Los medios tradicionales han dicho que el informe de minoría es un retroceso. Desde sus intereses dicen retroceder a una ley mordaza, pero no podemos desconocer los contenidos en cuanto a derechos que se tiene en la Ley”, afirmó Castro.

Además, sostuvo que ven el tema de la autorregulación y el manejo del espectro radioeléctrico con mucha lejanía,

«Hay una decisión anticipada del Presidente de la República al veto. Esperamos que la Asamblea Ecuador busque los mecanismos para sostener el avance de derechos de la ciudadanía en general. No se está contraviniendo la libertad de expresión», aseveró Castro.

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Ricaurte señaló que en el anterior concurso la Contraloría identificó una supuesta concentración de medios. Andivisión S.A, Radiodifusora Trafalgar del Ecuador S.A, Megacomunication S.A, Radio Difusora Ayax del Ecuador S.A, Radiodifusora Kashmir del Ecuador S.A, Televisión Independiente Indetel S.A, Organización Ecuatoriana de televisión Ortel S.A, y Telecuatro Guayaquil C.A.

Empresas que correspondían a un mismo RUC y una misma dirección Precisamente son algunas de las empresas que nuevamente están en concurso.

Las empresas ecuatorianas según señala Ricaurte, tienen inversores de Uruguay, quienes son dueños del 99% de las acciones. Este hecho iría contra la ley, puesto que solo permite el 49% de participación extranjera. Además, el predio solicitado al Estado Uruguayo señala que varias empresas tienen una misma dirección, donde tan solo funciona una empresa de contabilidad.

Respuesta de Michelena

Ante la denuncia el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena no resolvió las irregularidades visibilizadas por Cesar Ricaurte. Más bien volvió a señalar que el manejo del país en materia de comunicación ha sido ejemplar.

Según Michelena, el Gobierno propicio salir de “una mordaza a la libertad de expresión”. Para el ministro, el actual concurso es transparente, técnico y legal. Sin embargo, la información de FUNDAMEDIOS demuestra que hay varios participantes que no cumplen con las leyes y buscan monopolizar el espectro radioeléctrico.

«Fantasma»

El mexicano Ángel Remigio González González es empresario y propietario de la red latinoamericana de medios Albavisión. El empresario se involucró en el caso de corrupción que desembocó en la destitución del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

Para finalizar su intervención, Ricaurte, llamó la atención a los organismos de control, y dijo “no permitamos que nuestro país se convierta en la propiedad de un magnate que pone y saca presidentes».

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