»El último informe del sistema de riesgos del 25 de enero del 2024 establece que tenga un 70% de riesgo de que puedan atentar contra mi vida», dijo la activista a través de redes sociales.

Cuestionó la gestión del sistema de protección, pues enfatizó que los mismos funcionarios al frente de la justicia estarían filtrando su información personal. Denunció que el pasado 3 de enero, cuando varios sujetos ingresaron a su domicilio, activó todos los protocolos para pedir ayuda, sin embargo, la Policía llegó una hora tarde.

»Dos tipos nos apuntaron a mi hijo y a mí, nunca llegó el sistema de protección a tiempo. Quien llegó fue la Policía del Ministerio de Gobierno gracias a un publicación que hice porque nadie llegaba», resaltó.

Hasta el momento la activista ha presentado 13 denuncias en Fiscalía por agresiones, intimidación y amenazas de muerte. »Todo empezó cuando empezó a asumir frontalmente la defensa de su esposo, Freddy Carrión», dijo su abogada, Angélica Porras. (AGM).

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Palencia comentó, a través de su cuenta de X, que se comunicó con el comandante general de la Policía y solicitó que brinden ayuda de inmediato para la familia de Schettini. «La Policía está activada. Su angustia es nuestra», expresó.

Por su parte, AJP agradeció a la ministra por su intervención y solicitó a los uniformados que realicen rondas constantes en el sector.

«Reconocemos su humanidad y la protección brindada (…) pues el programa de víctimas y testigos no sirve (…) «, recalcó AJP.

Una noche llena de angustia

La integrante del colectivo alertó que los antisociales habrían ingresado a su casa, lugar donde se encontraba con sus tres hijos, y la Policía no respondía a los llamados. «La Policía no llega y ya son 20 minutos. Alguien ayúdenos», enfatizó.

Esta no es la única vez que la implicada denuncia este tipo de hechos. Según Schettini, ya presentó 12 denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la autoridad a cargo no ha tomado acciones al respecto.

Todo es un caos

Schettini responsabilizó de los últimos hechos a la fiscal Salazar, y a la Policía. Además, recalcó que este sería el cuarto ataque que recibe y las autoridades no han ejecutado ninguna acción.

De la misma manera, aclaró para Radio La Calle, que la FGE sortea las denuncias interpuestas a diferentes jueces, pero ninguno ha dado respuesta. “Mi causa la conocen más de seis jueces, pero estamos igual”, manifestó.

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Cámaras de videovigilancia grabaron cuando un sujeto desconocido intentó ingresar -sin éxito- a su domicilio. La persona encapuchada fracasó, pero se quedó por unos momentos merodeando la zona. El hecho se suscitó durante la tarde del miércoles 27 de septiembre de 2023 a las 15:38.

Además, la afectada responsabilizó del crimen a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y a la Policía Nacional. Adicionalmente, refirió que ha puesto nueve denuncias por ataques e intimidaciones, pero las autoridades no ha procedido a investigar.

Vida en peligro

El 5 de junio de este año, Schettini recibió amenazas de muerte a través de redes sociales. Además, anteriormente también fue intimidada de distintas formas, aseguró.

La esposa del exdefensor Carrión atribuye los ataques a una persecución por parte de las autoridades. Según ella, las amenazas surgen a partir de la denuncias contra la fiscal general Diana Salazar por el caso de su cónyuge y el presunto plagio en la tesis de pregrado de la titular de la Institución.

La familia de Carrión (su esposa y tres hijos menores) contaba con el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes (SPAVT) desde el 2022. Sin embargo, el 19 de mayo de 2023, la Fiscalía retiró a los ciudadanos del programa.

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Rechazamos la decisión de los rector del IAEN que nos cierre las puertas y al rector de la Universidad Andina Simón Bolívar por prestarse para chismes de Twitter. Haro censuró y desalojó a todos los que acudimos al foro. ¿Por qué no quieren que hablemos del plagio de la Fiscal General? ¿Cuál es el miedo?», publicó Priscila Schettini en su cuenta de X.

El evento académico se titulaba «Universidad y Justicia: entre el Plagio y la Impericia». Se trataba de un coloquio sobre el análisis académico del supuesto plagio cometido por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en su tesis de pregrado y en un artículo académico de su autoría.

Foto: IAEN

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Schettini mencionó que pese a los casos de corrupción que salpican a Moreno y Lasso no hay una sola persona detenida o investigada. De la misma manera, indicó que la fiscal tomó acciones contra los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ) porque tenían conocimiento de la denuncia sobre el supuesto plagio de su tesis.

«Esa investigación la conocía hace un año y sorpresa que ahora sí actúa. Utiliza a la Fiscalía par meter preso y advertir que no la vayan a destituir porque les pongo a la institución», refirió para Radio Pichincha.

Recalcó que Salazar persigue a los denunciantes con la institución y abre supuestas investigaciones que no tendrían argumentos. También mencionó que las teorías de la máxima autoridad de la Fiscalía sobre el «supuesto regreso de los correístas, la posible salida de Carrión» es falso.

«De llegar a una destitución, los casos siguen en pie, las investigaciones continúan, no es que por la señora todo se detiene», dijo.

¿Cómo va el caso del plagio?

Frente a la denuncia del supuesto plagio de la tesis de Salazar, Schettini manifestó que la comisión de la Universidad Central que tenía revisar el caso también puso trabas. Explicó que respondieron 15 días después de la petición porque AJP impuso una acción de información.

Además, recalcó que la mesa de investigación se conformó el 1 de junio y tenía 20 días para resolver el asunto. Según la esposa del exdefensor del Pueblo, la toma de todo este tiempo es con el afán de recibirlos para una audiencia pública.

«No tenemos confianza en la Universidad Central ni en las autoridades porque nos ocultaron información a todos y tenemos que demandar para que nos contesten», apuntó.

El meollo del asunto

AJP pasó por un sistema antiplagio la tesis de pregrado de Salazar y también realizó una revisión manual. En el documento que el grupo jurídico entregó a la UCE detectaron 37 páginas de plagio.

En dichas páginas, hay, según el análisis, textos completos sin cita o referencia alguna, usando incluso textos que no están en la web. La denuncia se presentó con un informe de más de 170 hojas con todos los hallazgos encontrados para que se analicen y apliquen las sanciones que correspondan, explica un hilo del defensor de DDHH, Cristhian Bahamonde. (N.J.C)

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«Se le han vulnerado toda clase de derechos ahí adentro, inclusive la salud», manifestó para Only Panas. Según Schettini, la culpa de esta acción es de ella, porque denunció a la fiscal por el supuesto plagio de tesis de pregrado.

De la misma manera, comentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto investigaciones en contra de varios de sus compañeros. «La Fiscalía persigue, la Fiscalía amenaza, inclusive a nosotros como Acción Jurídica Popular (AJP) nos tacha como una estructura criminal«, aseguró.

Sin embargo, expuso que dentro de la AJP hay una estructura académica de profesionales, defensores de derechos humanos y feministas.» Hay de todo en este colectivo al que tratan de forzar un caso para detenerlo«, explicó.

La denuncia contra la fiscal Salazar

El 22 de mayo, el colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) solicitó al Consejo de la Judicatura (CJ) la suspensión y destitución de la fiscal general, Diana Salazar, por presunto plagio en su tesis de pregrado.

Según los denunciantes, la tesis académica que le otorgó a Salazar el título de abogada tendría un 40 % de plagio. Como principales acciones se presentaron tres denuncias en el CJ, en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y en la Universidad Central del Ecuador (UCE).

El caso de Freddy Carrión

Freddy Carrión fue sentenciado por abuso sexual y condenado a tres años de prisión. No obstante, el acusado ha manifestado en varias ocasiones que el “proceso es político”.

Asimismo, aseguró que el caso proviene de una fiscal General que pretende mantener presos y secuestrados, a quienes se opusieron a sus gestiones dolosas y fraudulentas.

El 17 de mayo del 2021, Carrión habría forcejeado con la esposa del exministro de Salud, Mauro Falconí. El hecho se registró en el interior de un ascensor del edificio donde realizaban una fiesta.

Durante esa noche circularon los vídeos en los que se observaba a Carrión violentar a una dama. Posteriormente, fue arrastrada contra su voluntad fuera del elevador. Luego de hacerse público el hecho, Carrión fue procesado por abuso sexual y condenado a tres años de prisión. (DCJ)

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La activista y defensora de derechos humanos busca demandar al Estado ecuatoriano por las irregularidades en el caso de su esposo, quien está preso desde el 16 de mayo de 2021, más de dos años.

Asimismo, exigirá sanciones para las autoridades que no han seguido el debido proceso, como la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y los jueces que detuvieron y sentenciaron a Carrión.

«Sigo luchando por la inocencia de mi esposo. Nos hemos enfrentado al lado más cruel, inhumano e injusto del poder estatal. En Ecuador no existe justicia, por eso quiero llevar el caso a nivel internacional. Quiero pedirles a ustedes su apoyo económico para continuar con nuestra lucha», dijo en un video en redes sociales.

Schettini señala que el proceso judicial que enfrenta ha mermado sus recursos económicos. De igual modo, precisa que la persecución por parte de Fiscalía la ha dejado sin trabajo y cerró toda posibilidad laboral.

En la página www.libertadparafreddycarrion.com/donaciones.html puede conocer los datos bancarios y demás detalles para contribuir a esta causa.

Caso Carrión

El exdefensor del Pueblo fue una autoridad incómoda para el régimen del Lenín Moreno. En el paro nacional de Octubre de 2019, Carrión acusó al expresidente de crímenes de lesa humanidad y solicitó a la Fiscalía que impida su salida del país.

Sin embargo, los llamados fueron ignorados por la fiscal general Diana Salazar. Ya en 2021, fue acusado del presunto delito de abuso sexual durante una reunión con el exministro de Salud, Mauro Falconí.

El exdefensor fue condenado a tres años de prisión por ese presunto delito. Sin embargo, Radio La Calle tuvo acceso a un documento de Fiscalía que confirmaba que el ADN de Carrión no se encontró ni en la ropa ni cuerpo de la víctima.

Desde entonces, su familia y el colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) han denunciado las irregularidades en el caso. El último episodio ocurrió el 6 de junio cuando un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó la sexta petición de hábeas corpus a favor de Carrión.

La defensa de Carrión alegó que su cliente cumplió más del 70 % de la sentencia. Además, detalló que lleva cerca de 25 meses bajo la modalidad de prisión preventiva, cuando la ley estipula un máximo de seis meses.

Schettini señaló que el tribunal no le permitió presentar las pruebas que ratificarían la inocencia de Carrión y no revisaron todo su expediente.

Amenazas de muerte

La lucha de la familia Carrión le ha valido desde intimidaciones hasta amenazas de muerte. Por tal motivo, la Fiscalía ingresó a su esposa y tres hijos al programa de protección de testigos en 2022.

No obstante, los retiró el 19 de mayo de 2023 tras las denuncias de Schettini por el ilegal proceso contra su marido y los presuntos plagios de Salazar en documentos académicos, impulsados por AJP. Actualmente, el linchamiento digital y ataques contra Schettini continúan.

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«Lanzamos nuestra voz de alerta por la violencia política de género en contra de la activista y defensora de derechos humanos, Priscila Schettini. Si tocan a una respondemos todas», publicó el organismo ciudadano.

Schettini se ha vuelto una figura pública por denunciar a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por irregularidades y falta del debido proceso en el caso Carrión. Asimismo, el colectivo Acción Jurídica Popular -del cual es miembro- denunció presuntos plagios por parte de Salazar en su tesis de pregrado y en un artículo científico.

Por estas acciones, la activista ha recibido intimidaciones y amenazas de muerte; incluso contra sus tres hijos menores de edad. Asimismo, han aumentado los ataques en redes sociales por su condición de mujer con estereotipos por su apariencia física y vestimenta.

Amenazas de muerte

El 5 de junio, Un usuario de Twitter la intimidó a través de un mensaje: “Cuidado y te puede suceder lo de María Belén. Digo no más”.

La familia de Carrión (su esposa y tres hijos menores) contaba con el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes (SPAVT) desde el 2022. Sin embargo, el 19 de mayo de 2023, la Fiscalía retiró a los ciudadanos del programa.

La esposa del exfuncionario ha puesto ocho denuncias por agresión, intimidación, robo y más, que aún no han sido investigadas. Sin embargo, Schettini sostuvo que la medida de sacarlos del Sistema de Protección fue por “represalias de la fiscal, Diana Salazar”.

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Schettini atribuye los ataques a una persecución por parte de las autoridades. Según ella, las amenazas surgen a partir de la denuncias contra la fiscal general Diana Salazar por el caso de su cónyuge y el presunto plagio en la tesis de pregrado de la titular de la Institución.

La familia de Carrión (su esposa y tres hijos menores) contaba con el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes (SPAVT) desde el 2022. Sin embargo, el 19 de mayo de 2023, la Fiscalía retiró a los ciudadanos del programa.

La esposa del exfuncionario ha puesto ocho denuncias por agresión, intimidación, robo y más, que aún no han sido investigadas. Sin embargo, Schettini sostuvo que la medida de sacarlos del Sistema de Protección fue por “represalias de la fiscal, Diana Salazar”.

Acción Jurídica Popular (AJP) denunció a Salazar de supuesto plagio que habría cometido en su tesis de pregrado. El colectivo asegura que plagió al menos 37 páginas en su escrito académico. Además, reveló otro posible caso en un artículo científico que involucra a su círculo familiar.

El caso Carrión

Freddy Carrión fue sentenciado por supuesto abuso sexual y condenado a tres años de prisión. No obstante, el acusado ha manifestado en varias ocasiones que el “proceso es político”.

Asimismo, aseguró que el caso proviene de una fiscal general que pretende mantener presos y secuestrados, a quienes se opusieron a sus gestiones dolosas y fraudulentas.

El 17 de mayo del 2021, Carrión habría forcejeado con la esposa del exministro de Salud, Mauro Falconí. El hecho se registró en el interior de un ascensor del edificio donde realizaban una fiesta.

Durante esa noche circularon los vídeos en los que se observaba a Carrión violentar a una dama. Posteriormente, fue arrastrada contra su voluntad fuera del elevador. Luego de hacerse público el hecho, Carrión fue procesado por abuso sexual y condenado a tres años de prisión. 

No obstante, Radio La Calle tuvo acceso a un documento de Fiscalía que confirmaba que el ADN de Carrión no se encontró ni en la ropa ni cuerpo de la víctima.

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El Consejo de la Judicatura (CJ) envió un examen de admisibilidad del expediente disciplinario a la fiscal. A lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que esta nueva disputa respondería al supuesto delito de arrogación de funciones.

En este conflicto, abogados como André Benavides, Lolo Miño y Gonzalo Muñoz aseguraron que la FGE no está bajo el control del CJ, por lo que dicha medida carecería de valor.

Según ellos, la fiscal solo puede ser destituida a través de un juicio político en la Asamblea Nacional. Benavides señaló que el artículo 131 de la Constitución del Ecuador y el 290 detallan que la renuncia o cesura de Salazar tendría que pasar el filtro del Legislativo.

Asimismo, Muñoz enfatizó que la solicitud de suspensión a la Fiscal y el expediente que abrieron en su contra no le corresponde al CJ.

«Cualquier decisión que adopten los vocales en ese sentido constituye delito de arrogación de funciones», señaló Muñoz.

Otra versión

Sin embargo, los artículos 178 y 182 de la Constitución indican que el CJ es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Además, menciona que es su deber iniciar acciones administrativas en contra de servidores judiciales que incumplan o fragmenten la ley.

«Se realizará el análisis de admisibilidad para determinar si las acciones de Salazar son ejercidas de manera oportuna o si la denuncia (de Acción Jurídica Popular sobre el supuesto plagio de la tesis de Salazar) cumple o no con los requisitos», detalla un informe del subdirector de Control Disciplinario del CJ.

De la misma manera, la esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, Priscila Schettini mencionó que la servidora confunde las sanciones políticas con las disciplinarias. En está última, el Consejo tiene la potestad de investigarla por el presunto plagia de su tesis.

¿Se iba o no?

El CJ pretendía resolver la suspensión de la fiscal en una reunión la noche del 29 de mayo. No obstante, no completó el cuórum para decidir. A la sesión solo acudió el presidente Wilman Terán y el vocal Fausto Murillo. Mientras que  los vocales Juan Morillo, Ruth Barreno y Xavier Muñoz no acudieron. 

La fiscal general, Diana Salazar, tiene una denuncia por presunto plagio de tesis en su pregrado. En el caso de que se compruebe el plagio podría de ser destituida de su cargo. (N.J.C)

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Según la pareja del exfuncionario, Priscila Schettini, la fiscal no asistió por «todas las denuncias que tiene en su contra, entre ellas el plagio de su tesis». Asimismo, aseguró que no confía en la justicia, pero que usarán «todos los mecanismos que manda la ley para probar la inocencia de Freddy».

Schettini manifestó que usan el habeas corpus porque la sentencia de prisión preventiva contra Freddy Carrión caducó hace más de un año. «Es decir, que está detenido ilegalmente y secuestrado por la justicia», respondió para Radio La Calle.

Además, se preve un cambio de jueces en el caso, porque los actuales aseguraron que no tienen parcialidad en el caso. «Esperamos que se resuelva este mecanismo con jueces que no hayan conocido el proceso y sean parciales», manifestó.

En 2022, la defensa de Carrión presentó la misma solicitud, pero el Tribunal negó el pedido. Los jueces comentaron que en el caso no existió violación constitucional de los derechos, ni al proceso penal.

El caso

Freddy Carrión fue sentenciado por abuso sexual y condenado a tres años de prisión. No obstante, el acusado ha manifestado en varias ocasiones que el “proceso es político”.

Asimismo, el caso proviene de una fiscal General que pretende mantener presos y secuestrados, a quienes se opusieron a sus gestiones dolosas y fraudulentas, según familiares de Carrión.

El 17 de mayo del 2021, Carrión habría forcejeado con la esposa del exministro de Salud, Mauro Falconí. El hecho se registró en el interior de un ascensor del edificio en el que realizaban una fiesta.

Durante esa noche circularon vídeos en los que se observaba a Carrión violentar a una dama. Posteriormente, fue arrastrada contra su voluntad fuera del elevador. Luego de hacerse público el hecho, Carrión fue procesado por abuso sexual y condenado a tres años de prisión. (DCJ)

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Schettini contaba con el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes (SPAVT) desde el 2022. La pareja del procesado fue amenazada tras denunciar que el caso presentaba irregularidades.

La esposa del exfuncionario ha puesto ocho denuncias por agresión, intimidación, robo y más, que aún no han sido investigadas. Sin embargo, Schettini sostiene que la medida de sacarlos del Sistema de Protección es por «represalias de la fiscal, Diana Salazar».

El caso de Freddy Carrión

Freddy Carrión fue sentenciado por abuso sexual y condenado a tres años de prisión. No obstante, el acusado ha manifestado en varias ocasiones que el «proceso es político».

Asimismo, aseguró que el caso proviene de una fiscal General que pretende mantener presos y secuestrados, a quienes se opusieron a sus gestiones dolosas y fraudulentas.

El 17 de mayo del 2021, Carrión habría forcejeado con la esposa del exministro de Salud, Mauro Falconí. El hecho se registró en el interior de un ascensor del edificio donde realizaban una fiesta.

Durante esa noche circularon los vídeos en los que se observaba a Carrión violentar a una dama. Posteriormente, fue arrastrada contra su voluntad fuera del elevador. Luego de hacerse público el hecho, Carrión fue procesado por abuso sexual y condenado a tres años de prisión. (DCJ)

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El magistrado indicó que Guamaní debe detallar quién le entregó ese material, con qué fin obtuvo la información y el origen del clip.

«Debe indicar si dispone del video integral o solo la parte que fue proyectada en la Asamblea Nacional. Además, deberá indicar que documentadamente y con precisión qué es lo que obtuvo y cuándo lo obtuvo», reza la notificación.

En caso de que la legisladora incumpla esta nueva disposición, el juzgado dispondrá «medidas coercitivas» para el cumplimiento de la misma.

Participación de Guamaní

La asambleísta fue la segunda interpelante en el juicio político contra Carrión. Guamaní precisó que el exdefensor del Pueblo, incumplió el toque de queda el 16 de mayo 2021 para realizar actividades externas al cargo que ocupaba.

De la misma manera, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, presentó extractos de unos videos en los que supuestamente se demostraría la culpabilidad del exfuncionario.

«Con eso queda en evidencia que él (Carrión) usó bienes públicos para quehaceres personales», dijo Guamaní.

Otras medidas de la defensa de Carrión

El 28 de abril de 2023, una de las abogadas de Carrión, Angélica Porras mencionó que impusieron tres acciones por la actuación de los jueces y la Fiscalía General del Estado en el caso.

1.- Habeas Corpus: Porras detalló que con esto pretenden recuperar la libertad del exservidor, pues hasta el momento no han aceptado la audiencia para la sustitución de la presión preventiva.

2.- Queja en contra de los jueces Felipe Córdova, Byron Guillén y Luis Rivera, por haber demorado 50 días en notificar la sentencia.

«Queremos ver si el Consejo de la Judicatura (CJ) sanciona a los jueces de la Corte Nacional de Justicia o si les permite quedarse en la impunidad», refirió Porras.

3.- Una petición, por tercera vez, a la Asamblea Nacional para que inicien el juicio político contra la fiscal General, Diana Salazar, por las inconsistencias en el caso Carrión. (N.J.C)

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«Cómo es posible que el Ecuador siga permitiendo este tipo de vulneraciones, este tipo de injusticias. Apartarme de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Hoy no es posible que el Ecuador permita este tipo de injusticias. Tenemos que seguir luchando, tiene que el sistema de Justicia cambiar», insistió.

Enfatizó en que no es posible que los jueces justifiquen la actitud de la Fiscalía, que constituye un fraude procesal y legaliza la persecución política. «Es doloroso seguir secuestrado por parte del Estado, apartado en familia, con una sentencia completamente injusta, con todas las pruebas que se verificaron en esta semana, que se dieron a conocer al país entero, de que la fiscal tenía preparado una situación mucho más grave con la cual acusarme», señaló.

«Seguiremos luchando (…) les pido a ustedes que me sigan apoyando y respaldando. No nos vamos a callar, no nos vamos a silenciar y ahora sí vamos a sacar todo lo necesario para que ustedes vean cómo estos jueces, Felipe Córdoba, Byron Guillén y Luis Rivera, destruyeron a la justicia ecuatoriana, porque el día de hoy acaban de cometer un grave error que es defender a la fiscal General del Estado, Diana Salazar», añadió Priscila Schettini, esposa de Carrión.

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La audiencia (que inició a las 14h00) duró un lapso de tres horas. El dictamen final fue corroborado por Fiscalía a través de sus cuentas oficiales. «El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia acoge argumentos expuestos, rechaza el recurso de apelación interpuesto y ratifica la sentencia de 3 años de prisión«, publicó en Twitter.

El abogado de Carrión argumentó ante los magistrados que durante proceso se había armado una persecución contra el ex funcionario. Asimismo, planteó que «no se podía comprobar un abuso». Argumentó que fue rechazado antes de ratificar el fallo primera instancia.

Tras lo ocurrido, a Carrión le resta la alternativa del recurso de casación antes de cumplir su sentencia. Actualmente le resta un año y dos meses de condena.

Priscila Schettini califica el dictamen como injusto

«Nos indigna que los magistrados Felipe Córdova, Byron Guillén y Luis Rivera hayan avalado el caso armado y forjado por Diana Salazar. Son cómplices de esta injusticia, protegen a Salazar. La protegen inventando lapsus de formalidad, ahora son lapsus numéricos. Y Freddy Carrión tiene que pagar nuevamente cárcel por culpa de esta clase de justicia prostituida», expresó Priscila Schettini, esposa del exdefensor.

«No descansaré hasta que Diana Salazar, hasta que los jueces, la policía, Lenín Moreno, y las personas y autoridades que estuvieron armando este caso judicial paguen. Hasta el último. Por las lágrimas de mis hijos de mi familia», concluyó Schettini ante los medios de comunicación.

En tanto, Freddy Ron, uno de los abogados de Carrión, exigió que la justicia respete los derechos de su defendido y que no se enrede la situación con «conceptos tan arcaicos». «Existió una investigación fraguada por parte de Diana Salazar y Mayra Soria«, manifestó la defensa de Carrión.

Los antecedentes del caso Carrión

Freddy Carrión está detenido en la Cárcel 4 de Quito desde el pasado 16 de mayo de 2021. Esto, luego de una confrontación entre con Mauro Falconí, exministro de Salud. El hecho ocurrió en el domicilio de este último.

Durante esa noche se registraron vídeos en los que se observa a Carrión forcejear con una mujer, que sería pareja de Falconí, en el asecensor del edificio. Posteriormente, fue arrastrada contra su voluntad fuera del elevador. Suceso que trascendió en redes sociales. Luego de hacerse público el hecho, Carrión fue procesado por abuso sexual y condenado a tres años de prisión.

JR

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Durante el juicio, la Fiscalía desestimó esta prueba entre sus elementos de convicción y acusó al exfuncionario por el delito de abuso sexual. Para los abogados de Carrión, se forzaron las pruebas en su contra y se creó una falsa flagrancia para que lo detengan.

Radio La Calle accedió a este documento, enviado el 23 de junio del 2021 por el Laboratorio de ADN de la Fiscalía. El informe especifica que el “material genético” de Carrión se excluye de estar en la ropa y el cuerpo de Peñaherrera. Por otro lado, el material genético de Mauro Falconí sí apareció en el cuerpo y vestimenta de su pareja. Sin embargo, no se tomaron en cuenta estas evidencias en la audiencia de Carrión. 

Al no encontrarse indicios del ADN de Freddy Carrión en la supuesta abusada no existen pruebas para armar una acusación.

¿Hubo irregularidades?

Una de las principales irregularidades, para la defensa del exdefensor del Pueblo, es que no existió una denuncia particular por parte de la víctima. La acusación dictada por Fiscalía dice que Carrión habría tocado los pechos y el cuello de Gabriela P. Sin embargo, ella no detalló este hecho en su declaración previa, a la que también tuvo acceso este medio de comunicación.

Carrión debe ser juzgado bajo la atribución judicial del “fuero de corte”. Es decir, la fiscal general, Diana Salazar, asume la responsabilidad de este proceso por tratarse de una dignidad pública con la misma jerarquía. No obstante, el 16 de mayo del 2021, la respectiva autoridad no emitió la orden detención contra Carrión, sino delegó verbalmente a la fiscal de Pichincha, Mayra Soria para que lo haga.

¿Qué consiguieron con esta jugada?

Ganar tiempo para convencer a Mauro Falconí para que cambie su versión y tengan una mínima posibilidad de apresar a Carrión. De eso han transcurrido hace 662 días. Todos ellos Freddy Carrión ha permanecido en prisión. 

La trampa: USD 100 mil por la cabeza de Carrión

Una conversación obtenida por este medio revela que la reunión que origina todo el caso era un espacio fraguado para sacar del cargo de Defensor del Pueblo a Carrión, a través de una transacción económica de USD 100 mil y que incluía a una menor de edad que debía llegar a la reunión en la casa de Falconí.

“Hay algo que ustedes no saben, existe un factor económico que hubo para sacarlo del cargo y todo fue planeado en la reunión. Incluso no llegó allí la chica que iba a ser…una menor de edad”, dice el audio.

Caso Carrión 

El 20 de octubre del 2021, Carrión fue sentenciado a tres años de cárcel por presunto abuso sexual. Todo empezó el 16 de mayo de ese mismo año cuando fue puesto en prisión preventiva con el pretexto de violar el toque de queda por una reunión en la casa de otro funcionario público. Esto, a pesar de que, de acuerdo con su abogada Angélica Porras, no existía prisión por violar el toque de queda sino hasta la tercera reincidencia. 

También se allanó el domicilio del exministro de Salud, Mauro Falconí, donde se encontraron USD 47.000 que el funcionario no supo justificar. Él permaneció en prisión preventiva y en sus tres primeras versiones declaró que hombres ajenos habrían entrado a su casa para golpearlos. Porras aseguró que  una vez que da su cuarta versión, nombra a Freddy Carrión y Fiscalía lo coloca en el programa de protección a testigos, lo que levanta sospechas sobre el accionar de Falconí. 

La acusación de Salazar, a juicio del equipo legal de Carrión, se forjó por la fiscal en conjunto con la Policía. En las declaraciones, previas la víctima no nombró a Carrión como autor de abuso sexual en su contra por lo que no hay elemento para la acusación. El exfuncionario lleva preso desde mayo del 2021 en la cárcel # 4 de Quito. El exdefensor del Pueblo se enfrentará este viernes a la decisión final del juez sobre su libertad. 

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“Fíjate vos por ejemplo el Pleno de la Corte está lleno de cobardes. La AEMAJ llena de cobardes o de sinvergüenzas. ¿No te parece que deberían pronunciarse sobre lo que sucede en el país y ser los primeros en decir que se vaya el Consejo de la Judicatura?”, dice Saquicela en el audio.

En entrevista para Notimundo, Guillén manifestó que el titular de la CNJ reconoció que fueron sus palabras y afirmó que las dijo “en un momento de coraje, cuando fue suspendido por un parte de trámite administratrivo de parte del Consejo de la Judicatura (CJ)”.

Para Guillén, estas excusas no justifican esas palabras denigrantes. Además, criticó que Saquicela quiera aprovecharse de su puesto de presidente de la CNJ para buscar alguna aspiración política. “Si esas son sus intenciones que renuncie y no lleve a la CNJ a un escenario político”, resaltó

Un peón de salvación

En redes sociales, se divulgaron unas imágenes del juez Marco Rodríguez y a Saquicela reunidos. El encuentro habría sido en la cafetería Cyril. Además, se presume que Rodríguez realizará el informe de negligencia que recomienda la destitución de Saquicela. Esta petición fue realizada por el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión.

¿Quién tomará el control de la Judicatura?

Guillén también señaló que los 14 jueces de la Corte solicitaron una sesión extraordinaria para tratar la terna que se enviará al Cpccs para la designación del titular del CJ. Sin embargo, no se respetó el orden del día que se propuso desde el Pleno, lo cual impidió la instalación de la reunión.

El puesto a representante del CJ (e) lo ocupa Fausto Murillo desde febrero del 2022, cuando María del Carmen Maldonado renunció a la presidencia. Después de un debate para elegir un sucesor, el presidente de la CNJ se comprometió a enviar una terna para elegir al titular. Ya pasaron 10 meses, en los que ha surgido tres ternas sin resultados en el Cpccs.

La nueva terna podría estar encabezada por el juez nacional Wilman Terán, que integra la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil. La lista la completaría Marco Antonio Tello, director técnico de asesoría jurídica y cooperación internacional de la CNJ, y Alexandra Vallejo, jueza de la Sala Especializada de Familia.

La propuesta tendría el consenso de la mayoría de los 21 jueces que integran la Corte, excepto de Saquicela. La justificación que dio a sus colegas es que ya tenía los nombres de los nuevos candidatos y había dado su palabra, según información de diario La Hora.

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«Negaron caducidad de la Prisión Preventiva de Freddy Carrión, jueces de la Corte Nacional. Nuevamente regresa a la cárcel, caducada 8 meses su prisión preventiva, su salud sigue desmejorando», informó Priscila Schettini, esposa de Carrión.

El Tribunal conformado por Javier de la Cadena, Byron Guillén y Luis Rivera concluyeron que la sentencia fue dictaminada dentro del plazo establecido en la ley.

La audiencia para resolver la solicitud fue suspendida el pasado 3 de enero y luego de siete meses se reinstaló este 11 de agosto.

Schettini aseguró que la prisión preventiva lleva caducada 8 meses y que seguirán luchando. «Justicia Prostituida, la justicia está secuestrada, ya no guardan ni las formas», dijo.

Antecedentes del caso

Freddy Carrión fue sentenciado a tres años de prisión por el delito de abuso sexual.

El 17 de mayo del 2021, Carrión fue ingresado a la Cárcel 4 en Quito, donde cumple su sentencia. Además, la CNJ dictaminó el pago de USD 21.560 a la víctima del caso como reparación integral.

Así también, el exdefensor del Pueblo enfrentó un juicio político por incumplimiento de funciones y falta de probidad notoria. Posterior a eso, el 15 de septiembre de 2021, la Asamblea Nacional lo destituyó del cargo con 75 votos a favor.

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Con pancartas y trompetas, familiares y amigos del exdefensor del Pueblo, entre ellos la esposa de Carrión, Priscila Schettini denunciaron persecución política e irregularidades en el caso.

“Un año de engaño, un año de forjamiento de pruebas, un año en el que el Gobierno Moreno-Lasso secuestró al Defensor del Pueblo del Ecuador. 365 días preso de manera ilegal y arbitraria”, señaló Schettinni, en su cuenta de Twitter.

Caso Carrión

Hace un año, Freddy Carrión fue detenido por el delito de abuso sexual y en octubre de 2021, fue hallado culpable y sentenciado a tres años de prisión.

Actualmente se encuentra cumpliendo su condena en la cárcel 4 de Quito.

Posterior a ello, el Pleno de la Asamblea Nacional con 75 votos a favor, 47 en contra y 14 abstenciones decidió la destitución y censura de Carrión, por incumplimiento de funciones y falta de probidad para ejercer el cargo.

Si bien, en el proceso del caso, la defensa del exdefensor del Pueblo ha interpuesto varias medidas legales, como el habeas corpus, no han obtenido un resultado favorable para su defendido.

Así también, la defensa de Carrión demandó al presidente de la Corte Nacional de Justicia por impedirles el acceso al expediente penal de su defendido, aduciendo “persecución política”.

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El gol histórico ante Alemania, que dio el pase a Colombia a los octavos de final de Italia 1990, marcó la vida de una generación y del propio Rincón.

Esa jugada, que ahora se repite en redes sociales y medios de comunicación, fue el punto de explosión de una carrera que inició en Atlético de su natal Buenaventura.

La misma que prosiguió, entre 1986 y 1989, en Santa Fe de Bogotá, y en el año del Mundial; al que Colombia regresaba luego de 18 años, pasó al América de Cali.

Aquel histórico gol no solo puso a los «cafeteros» en la siguiente ronda, sino que puso al «Coloso» en la mirada de los grandes del mundo.

Sin embargo, la salida de su país tardó un poco en llegar, primero se mudó de Bogotá a Cali, para jugar en los «diablos rojos». tres años (1990-1993) estuvo en la ciudad conocida como «La Capital Mundial de la Salsa».

Durante su paso por el elenco «rojo», Rincón consiguió dos títulos nacionales (1990 y 1992), además, de alcanzar las semifinales de la Copa Libertadores en su último año con América.

En tanto, el idilio con la selección Colombia continuaba y en la Copa América Ecuador 1993 consiguió el tercer lugar.

Mientras, que en las Eliminatorias para Estados Unidos 1994 hicieron un campañón, que incluyó la goleada 5-0 sobre Argentina en Buenos Aires.

Rincón hacía méritos para ser transferido al exterior y en el año del Mundial estadounidense se dio, Palmeiras de Brasil compró su pase.

En Brasil jugó también en Santos, Cruzeiro y Corinthians, equipo con el que se consagro campeón mundial de clubes y puso fin a su carrera.

El «Coloso» de Buenaventura jugó en Europa

Las actuaciones de Rincón con la selección de su país y Palmeiras le abrieron las puertas del viejo continente. La primera escuadra que se fijó en él fue Napoli de Italia.

Una temporada le bastó para que el poderoso Real Madrid se fije en sus condiciones. Con los «merengues» disputó la campaña 1995-1996.

Luego retornó a Brasil para jugar con el primer club que lo contrato fuera de Colombia, también en el exequipo de Pelé, Cruzeiro y Corinthians.

Aquella pelota que pasó entre las piernas del golero alemán Bodo Illgner y se abrazó con la red en ese Alemania 1-1 Colombia, inmortalizó al mediocampista «cafetero», que ayer partió de este mundo.

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