Quito, 20 de ago (La Calle).- La Fiscalía General de Bolivia anunció este viernes que presentó una acusación por «genocidio» y otros delitos contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, por la muerte de una veintena de manifestantes opositores en 2019, tras la renuncia de Evo Morales.

El fiscal general, Juan Lanchipa, dijo que presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia «un requerimiento acusatorio» contra Áñez» que incluye cargos de «genocidio», un delito sancionado con penas de 10 a 20 años de cárcel, según el Código Penal boliviano.

La conservadora Áñez se proclamó presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que su antecesor, el izquierdista Evo Morales, renunciara tras intensas protestas por su polémica reelección a un cuarto mandato. Morales huyó del país luego de que un informe de la OEA hallara pruebas de fraude.

Después de las elecciones, unas 37 personas fallecieron en enfrentamientos entre seguidores y opositores de Morales, así como entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La acusación contra Áñez se origina en la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, dijo el fiscal.

En un informe presentado esta semana el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), totalizó 22 fallecidos en los dos incidentes, que calificó de «masacres».

Incidencia de Ecuador

La exministra de Gobierno de Lenín Moreno, María Paula Romo, habría autorizado la entrega de material bélico a la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez. Este material se habría usado para reprimir al pueblo boliviano que, protestaba contra el golpe de Estado a Evo Morales.

“En atención a la solicitud dirigida a esta Cartera de Estado, en relación al préstamo de material antidisturbios y su posterior devolución, informo que, en virtud del principio de reciprocidad internacional, el Ministerio a mi cargo, por medio de la Policía Nacional hará llegar su requerimiento de acuerdo a las especificaciones pertinentes”, dice el oficio del Ministerio de Gobierno, firmado por Romo el 16 de noviembre en 2019.

El mismo 16 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la difusión del Decreto Supremo 4078, que eximió de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas, a cargo de los operativos en Bolivia.

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“El gremio de productores de la hoja de coca advirtieron que las principales vías del país serán bloqueadas indefinidamente en caso de no atender sus demandas”, informó el diario El Deber.

La reunión de los cocaleros, partidarios del ex presidente Morales, tuvo lugar en la carretera de Sacaba, lugar donde eran velados los cuerpos de nueve personas. Tras su paso por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se determinó que los decesos fueron a causa de las balas.

Los cocaleros, además de la renuncia, demandan el repliegue inmediato de las Fuerzas Armadas para evitar más muertes en la ciudad de Sacaba, la liberación de los detenidos y que se acabe la persecución a todos sus dirigentes.

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El artículo 3 del decreto menciona que “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el establecimiento del orden interno y la estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legitima defensa.”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se manifestó en su twitter oficial. “El grave decreto de #Bolívia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH”.

Las protestas en Bolivia dejan, hasta el día de hoy, según datos de la Defensoría del Pueblo; 23 muertos, 144 detenidos y más de 500 heridos.

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«La OEA no está al servicio de los pueblos latinoamericanos y menos de los movimientos sociales, está al servicio del imperio norteamericano», dijo Morales en suelo mexicano donde ha pedido asilo.

El domingo pasado, Evo Morales anunció que se repetirían las elecciones presidenciales en Bolivia después de que la OEA anunciara la existencia de supuestas irregularidades en el proceso electoral, lo que desencadenó una serie de protestas.

Sin embargo, repetir las elecciones no fue suficiente para las Fuerzas Armadas del país, quienes le quitaron su apoyo y le “sugirieron” dar un paso al costado para que Bolivia recobrara la estabilidad, por lo cual Morales presentó su renuncia y pidió asilo político en México.

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