Compensación económica a las fuerzas del orden

Mediante los decretos ejecutivos 584 y585, ambos de caracter extraordinario, el Ministerio de Economía y Finanzas será el responsable de entregar los recursos a las instituciones y el Ministerio de Defensa se encargará de que la disposición presidencial se cumpla. El Gobierno Nacional entregará esta compensación económica denominada «Plan Legado de Honor» como retribución al esfuerzo y riesgo en el marco del
conflicto armado interno, decretado en enero de 2024.

Los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Jean Carlo Loffredo, aparecieron en un video de redes sociales juntos para enaltecer la decisión del presidente-candidato. Reimberg dijo que «aunque no hay forma de compensar ese nivel de sacrificio (…) tanto policías como miliatres merecen estar mejor».

Decisiones electorales de Noboa

La decisión del Ejecutivo respondería a las críticas de la candidata Luisa González en el tercer eje del debate, donde aseguró que el primer mandatario «dice que trayendo mercenarios nos va a traer seguridad». Dijo, además, que es una manera de humillar a las Fuerzas Armadas del país. Asimismo, la candidata se refirió a la reunión que el primer mandatario tuvo con Erik Prince, fundador de la empresa rivada internacional Blackwater, organización paramilitar que ha generado polémica por posibles denuncias de violaciones a derechos humanos.

Lea también: Noboa dará un bono extraordinario a militares y policías

Sin embargo, no es la única medida de apoyo económica que el presidente-candidato ha prometido durante su campaña. Mediante el Decreto 576 oficializó el Programa de Incentivo Emprende, que promete la entrega de USD 1.000 a actores de la Economía Popular y Solidaria del IEPS. A su vez, el Ejecutivo impulsó la actualización del Registro Social para el acceso al Bono de Desarrollo Humano (BDH).

Un día antes del inicio de la campaña electoral, el 22 de marzo, Noboa lanzó el plan “Ecuatorianos en Acción” que busca la entrega de 800 dólares en dos pagos a causa de la emergencia por lluvias, a personas de entre 30 y 64 años de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y Los Ríos, provincias en las que la candidata Luisa Gonzales había generado mayoría en primera vuelta.

Previo a la primera vuelta electoral, también dispuso la entrega de hasta USD 1.410 a ecuatorianos deportados desde los Estados Unidos por las políticas externas de Donald Trump.

La entrada Noboa y la fanesca de bonos: ¿Estrategia electoral? se publicó primero en La Calle.

La protesta se centra en las concesiones mineras IMBA 01 e IMBA 02, otorgadas a la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration Andmining S.A., vinculada a la australiana Hancock Prospecting.

Según un comunicado difundido por los organizadores, estas concesiones fueron aprobadas sin consulta previa y están suspendidas desde marzo de 2023 por resoluciones no inscritas en la Agencia de Regulación y Control (ARCOM). Pese a ello, denuncian que la empresa continúa operando con impunidad, mientras mineros ilegales y grupos criminales —algunos ligados al narcotráfico— se disputan el control de yacimientos como «Vieja», «Nueva», «El Olivo» y «Ciudad de Plástico».

El oficio resaltó que Hanrine S.A. ha solicitado permisos para uso de agua en «Mina Nueva», pese a la oposición comunitaria y que en 2021, el Ministerio del Ambiente autorizó similares permisos en La Libertad, en un proceso irregular.

El conflicto ha sido documentado en varios informes que advierten sobre violaciones sistemáticas a derechos humanos y de la naturaleza. Aunque las autoridades locales y nacionales conocen la situación, los manifestantes acusan falta de acción efectiva para desarticular las redes criminales o frenar los abusos empresariales.

Exigencias al Estado

Entre las demandas destacan:

1. Desalojo urgente de mineros ilegales y grupos armados, en línea con la Decisión 774 de la Política Andina contra la Minería Ilegal.
2. Inscripción formal de la resolución que suspendió las concesiones y sanción a funcionarios que omitieron el dictamen
3. Investigación a Hanrine S.A. por permitir actividades ilícitas en sus concesiones.
4. Cumplimiento de las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo para garantizar derechos constitucionales y ambientales.

El comunicado también alerta sobre la vulnerabilidad de autoridades como la presidenta del GAD parroquial de La Merced, quien ha denunciado amenazas por su oposición a la minería ilegal, sin recibir protección estatal.

Actualización: Fuerzas Armadas intercambian disparos con grupos armados

La tensión en la parroquia La Merced alcanzó un nuevo punto crítico cuando efectivos del Ejército ecuatoriano se enfrentaron a tiros con un grupo de mineros ilegales en el sector conocido como Ciudad de Plástico, un área controlada por grupos delictivos organizados (GDO).

Testigos presenciales relataron a La Hora que el tiroteo duró aproximadamente 15 minutos, creando un clima de pánico entre los habitantes de comunidades aledañas. Tras el enfrentamiento, los mineros ilegales —cuya identidad y número exacto se desconoce— lograron huir hacia zonas boscosas de difícil acceso.

En el lugar, las fuerzas militares encontraron y decomisaron:

• Una pistola calibre 9mm sin serial visible
• Una radio Motorola de alta frecuencia, modelo utilizado por grupos criminales
• Diversas herramientas de minería ilegal

En un comunicado oficial, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas confirmó que este operativo se enmarca en «acciones permanentes para restablecer el orden constitucional» en la zona. El portavoz militar, coronel Luis Martínez, advirtió que «la minería ilegal en esta región está directamente vinculada a estructuras del crimen organizado que operan con total impunidad». Reconocieron la complejidad del operativo debido a la difícil geografía del área, la infiltración de grupos armados foráneos y la sofisticación logística de los mineros ilegales.

La entrada Imbabura: Comunidad de La Merced exige desalojo grupos armados en una vigilia que cumple diez días se publicó primero en La Calle.

Según un comunicado firmado por más varias organizaciones defensoras de derechos humanos, cientos de personas se congregaron en el parque central de Puerto del Carmen para disfrutar de las fiestas del carnaval. Entre ellos, Luis Sebastián C., de 16 años, y los hermanos Kevin M., de 19 años, y Johan M., de 16 años.

Alrededor de las 21h00, los tres jóvenes decidieron pasear en motocicleta por las calles aledañas, una actividad común entre los adolescentes de la localidad. Sin embargo, cerca del cuartel de la Capitanía de la Marina, en la calle Simón Bolívar, se encontraron con una camioneta del Batallón de Selva Nº 55. De acuerdo a testigos, sin mediar provocación alguna, los militares abrieron fuego contra los jóvenes. Kevin y Johan resultaron gravemente heridos, mientras que Luis Sebastián sufrió lesiones de menor consideración.

La respuesta estatal: Hostigamiento, negligencia y encubrimiento

Los hermanos Kevin y Johan fueron trasladados de urgencia al Hospital Provincial de Sucumbíos, en un viaje que tomó tres horas. Sin embargo, su madre denunció que, desde el momento del ingreso, fue objeto de hostigamiento y seguimiento por parte de policías y militares. Además, afirmó que el personal médico le negó información sobre el estado de salud de sus hijos y no le permitió verlos, mientras que agentes policiales sí tuvieron acceso a la sala donde se encontraban.

El 4 de marzo, Johan M. falleció a causa de la gravedad de sus heridas. Su muerte no fue comunicada oficialmente por el hospital, sino que la madre se enteró a través de un empleado de una funeraria privada. La familia denunció que no se le permitió ver el cuerpo de su hijo antes de que se realizara la autopsia sin su consentimiento, lo que ha levantado serias dudas sobre la transparencia del proceso.

La comunidad se levanta: Marchas y exigencias de justicia

El mismo día del fallecimiento de Johan, la comunidad de Puerto el Carmen realizó una marcha pacífica hacia el Batallón Militar Selva 55. Decenas de personas, entre familiares, amigos y vecinos, exigieron justicia y responsabilizaron a los militares por la muerte de Johan y las heridas de Kevin y Luis Sebastián. Los manifestantes rechazaron el comunicado oficial del ejército, que intentó justificar el ataque, y denunciaron la estigmatización de los jóvenes como una estrategia para encubrir la violencia indiscriminada.

Durante la marcha, el comandante del batallón se solidarizó con las familias y prometió colaborar con la investigación. Sin embargo, tanto el Ministerio de Defensa como la institución militar han sido acusados de dilatar el proceso y obstruir la justicia. Testigos aseguran que, tras el ataque, los militares recogieron los casquillos de bala antes de abandonar el lugar.

Un patrón sistemático de violencia estatal

Este caso no es un hecho aislado. Organizaciones de derechos humanos han señalado que se enmarca en un patrón sistemático de violencia estatal contra jóvenes racializados y estigmatizados, particularmente en contextos de militarización y estados de excepción. La Corte Constitucional del Ecuador ha reiterado en múltiples ocasiones que no se ha acreditado la existencia de un conflicto armado interno en el país.

Durante el sepelio de Johan, organizaciones comunitarias y defensores de derechos humanos leyeron un manifiesto en el que responsabilizaron no solo a los militares involucrados, sino también a toda la cadena de mando. Entre sus exigencias se encuentran:

1. Reparación integral para las víctimas y sus familias, incluyendo compensación económica, atención psicológica y garantías de no repetición.
2. Investigación diligente y sin dilaciones para identificar a todos los responsables, incluyendo a los mandos superiores que autorizaron o encubrieron los hechos.
3. Protección para las familias, testigos y defensores de derechos humanos, quienes han sido objeto de ataques digitales y hostigamiento.
4. Verdad, justicia y garantías de no repetición, para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir.

Además, las organizaciones exigieron a la Corte Constitucional y a la Fiscalía General del Estado que actúen con celeridad para evitar la impunidad y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.

La entrada Organizaciones sociales denuncian un nuevo caso de ejecución extrajudicial se publicó primero en La Calle.

En el documento, las Fuerzas Armadas citaron los Decretos Ejecutivos No. 490 y 494, firmados por Noboa, que establecen la designación de Abad como consejera económica en la embajada de Ecuador en Turquía y el nombramiento temporal de Cynthia Gellibert como vicepresidenta hasta el 22 de enero o hasta que Abad asuma su función en Ankara.

“Nos corresponde acatar las disposiciones del Presidente Constitucional en funciones y cumplir nuestra misión con estricta sujeción al poder civil y a la Constitución”, subraya el comunicado.

Declaraciones de Abad

En un video difundido en redes sociales, Abad afirmó que, conforme a la Constitución, asumirá la Presidencia durante la campaña electoral de Noboa, quien busca la reelección. Sostuvo que su función no requiere un acto de posesión adicional y que ejercerá la presidencia en cumplimiento del mandato popular.

“La sucesión es clara, no existe confusión ni oscuridad en el ejercicio de la Presidencia Constitucional”, aseguró Abad, enfatizando que su administración garantizará paz, estabilidad y respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos.

La vicepresidenta también hizo un llamado a las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y la comunidad internacional para respaldar su gestión.

“Convoco al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para establecer una agenda de trabajo el 5 de enero y evitar cualquier vacío de poder”, señaló.

Tensión en la cúpula de poder

El anuncio de Abad y la respuesta de las Fuerzas Armadas profundizan la tensión entre el Ejecutivo y la Vicepresidencia. La disputa surge en medio de un proceso electoral marcado por la polémica y la incertidumbre jurídica.

El Ejecutivo considera que cualquier acción unilateral de Abad podría interpretarse como un intento de desestabilización. Mientras tanto, sectores afines a la vicepresidenta insisten en que su accionar se enmarca en la Constitución.

La situación plantea interrogantes sobre la gobernabilidad en Ecuador a pocas semanas de las elecciones presidenciales, programadas para el 9 de febrero.

La entrada Fuerzas Armadas rechazan a Verónica Abad y respaldan a Daniel Noboa se publicó primero en La Calle.

Los menores, de entre 11 y 15 años, habrían sido secuestrados el 8 de diciembre por individuos que vestían uniformes militares. Según testimonios, los niños salieron de sus hogares para jugar fútbol en el barrio Las Malvinas y no regresaron.

Luis Arroyo, padre de dos de los desaparecidos, denunció que pudo comunicarse con uno de sus hijos tras el incidente. Según la versión del adolescente, los secuestradores, presuntamente uniformados, los agredieron físicamente y los abandonaron en Taura, cerca de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Posteriormente, la familia contactó a la Policía, pero no lograron localizar a los menores en el lugar señalado. Días después, recibieron una nueva llamada en la que se les recriminó haber involucrado a las autoridades. En esa ocasión, el interlocutor afirmó que “la mafia” tenía a los niños.

Pronunciamiento oficial

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, rechazó cualquier participación militar en la desaparición de los menores y aseguró que la institución colabora con las investigaciones. “No encubriremos ningún hecho y estamos comprometidos con el esclarecimiento del caso”, enfatizó.

Por su parte, el comandante general de la Policía, Víctor Zárate, confirmó que la Fiscalía lidera la investigación bajo carácter reservado. La Policía ha recibido dos denuncias formales relacionadas con el caso: una por secuestro el 9 de diciembre y otra por desaparición involuntaria el 18 de diciembre.

Posiciones en conflicto

Loffredo también condenó las acusaciones que buscan vincular a las fuerzas del orden con grupos criminales, calificándolas como intentos de deslegitimar la lucha contra el crimen organizado. “Presentar este hecho como una desaparición forzada solo beneficia a las mafias y a quienes buscan generar caos”, sostuvo el funcionario.

El pronunciamiento ocurrió luego de que la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, convocara a Loffredo y a otras autoridades para comparecer el próximo lunes y rendir cuentas sobre el caso.

La entrada Gobierno apunta a grupos criminales como responsables de la desaparición de los niños de Las Malvinas se publicó primero en La Calle.

Esta gestión del Ejecutivo se da en medio de las recientes masacres en la provincia de El Oro, así como también, el acto de reconocimiento a los jefes de distrito de la provincia de Los Ríos “por su gestión en la lucha contra el crimen organizado”, según informó el Ministerio del Interior.

El guiño del Ejecutivo

Después del silencio del Gobierno Nacional por las masacres que se dieron el fin de semana pasado en varios cantones de la provincia de El Oro, donde 27 personas fueron asesinadas al estilo sicariato, la mañana del 3 de diciembre el presidente Daniel Noboa visitó las instalaciones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).

Durante este recorrido, que estuvo acompañado de un evento público, el primer mandatario anunció el cumplimiento del acuerdo de pago a una deuda que se mantendría con la Institución de 2014 al 2023. Este hecho, que el Ejecutivo calificó como histórico y trascendental, cumpliría con un acuerdo de pago por aportes atrasados de USD 28 millones hasta el cierre de este año, así como el pago de las contribuciones mensuales para pensiones de USD 34 millones en noviembre y USD 68 millones en diciembre de 2024.

Con estos montos, según el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, el Gobierno Nacional habrá pagado un total de USD 484.8 millones al ISSFA durante este año, correspondientes a obligaciones del 2015 y 2016. Según el Ejecutivo, estos esfuerzos serían para honrar las deudas con la institución de la seguridad social de las Fuerzas Armadas, como acciones necesarias para estar al día con los uniformados que protegen a Ecuador en este contexto de lucha contra el crimen organizado. Además, en un comunicado oficial emitido por la Presidencia de la República se enfatiza que “el bienestar de los uniformados es una prioridad inquebrantable” para el primer mandatario.

¿Por qué se hacen estas gestiones ahora?

En un contexto preelectoral, esta gestión con las Fuerzas Armadas le aseguraría el voto de al menos 40 mil afiliados activos; pero, también, con la Policía Nacional. Pues, este miércoles 4 de diciembre, la ministra del Interior, Mónica Palencia, viajó a Los Ríos para otorgar un reconocimiento a los jefes de distrito de la provincia “por su gestión en la lucha contra el crimen organizado”, como indica un comunicado de esta Cartera de Estado. Luego de este evento, la ministra Palencia estuvo en Machala para presidir la reunión del Comité de Seguridad Ciudadana para constatar el despliegue policial por los crímenes dados en la provincia de El Oro.

Según el exministro del Interior, José Serrano, la supuesta deuda al ISSFA y al ISSPOL habría sido debidamente tratada en su momento, algo que estaría en la documentación histórica. Durante su entrevista en este medio, el extitular de esa Cartera de Estado manifestó que estos gestos con las fuerzas del orden público se tratarían de un pago de favores entre el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas. Además, cuestiona que en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país, se esté priorizando estos pagos cuando se mantienen deudas también con la seguridad social de la ciudadanía. Agregó que “estos alardes reivindicatorios y personales” del presidente Noboa persiguen objetivos de campaña en favor de su candidatura para los próximos comicios.

Hasta el cierre de esta edición, no se encontró documentación pública sobre esta supuesta deuda total con el ISSFA. Lo que concuerda con la petición del primer mandatario de precisar los montos exactos que corresponderían a la deuda. La única información vigente en el portal web del Ministerio de Finanzas es un cronograma de pagos que se haría de octubre 2022 a mayo 2023, como parte del Plan Económico Reactivación del expresidente Guillermo Lasso.

La entrada El gobierno de Noboa le hace un guiño a las Fuerzas Armadas se publicó primero en La Calle.

Tras la llegada del presidente Noboa al poder, Ecuador ha pasado por seis estados de excepción a nivel general, incluso, uno de los decretos fue respaldado por la »Asociación Mundial de Juristas», como un peso adicional para no recibir otra objeción por parte de la Corte Constitucional (CC).

En esta ocasión, el Ejecutivo anunció que la medida tendrá una vigencia de 60 días y permitirá la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en las siguientes provincias y cantones:

• Guayas
• Los Ríos
• Manabí
• Orellana
• Santa Elena
• El Oro
• El Distrito Metropolitano de Quito, Pichincha, cantón que vuelve a constar en esta lista desde enero.
• Camilo Ponce Enríquez, Azuay

El decreto dispone la suspensión al derecho de la inviolabilidad de domicilio y el de correspondencia, así como el derecho a la libertad de reunión en los territorios antes descritos.

De igual manera, el Primer Mandatario dispuso la medida del toque de queda todos los días de 22h00 a 05h00 en los siguientes cantones:

• Camilo Ponce Enríquez, en Azuay
• Durán, Balao y parroquia Tenguel, en Guayas
• Babahoyo, Buena Fe, Quevedo, Pueblo Viejo, Vinces, Valencia, Ventanas, Mocache, Urdaneta, Baba, Palenque, Quinsaloma, Montalvo, en Los Ríos

¿La situación se sale de las manos?

Según la justificación del Gobierno el detonante de este Decreto está relacionado con los asesinatos a tres funcionarios del SNAI, lo cual evidenciaría el intento de las organizaciones delictivas para influir en las decisiones gubernamentales.

Asimismo citó un informe de la Policía que detalla que entre el 8 de enero y el 15 de septiembre se ha registrado la detención de un número preocupante de menores de entre 12 y 17 años, quienes estarían reclutados por bandas delictivas. El 63% de estas detenciones se concentran en las provincias de Guayas (27%), Pichincha (14%), El Oro (8%), Los Ríos (7%) y Manabí (7%).

»Las cifras son alarmantes: de las detenciones a menores, 281 corresponden a tráfico de drogas, 233 a posesión de armas y 230 a robo», detalló el documento.

Respecto a las cifras de violencia, el Ministerio del Interior informó que desde enero del 2024 se documentaron 500 homicidios intencionales, de los cuales 363 corresponden a dobles asesinatos, 96 a triples, y así sucesivamente, hasta eventos de 10 víctimas en un solo ataque.

Además, el registro de 109 víctimas colaterales o indirectas durante el mismo período.

Homicidios durante el estado de excepción

Esta medida no resuelve por completo la ola de violencia que atraviesa el país. Por ejemplo, en marzo, durante la renovación de 30 días al primer decreto de estado de excepción a nivel nacional se registraron varios homicidios.

• En Manabí, el asesinato de la alcaldesa de San Vicente, Briggite García, y el director de comunicación del Municipio, Jairo Loor
• Seis asesinatos en Santa Elena
• Amenaza de bomba en Latacunga
• Asesinato a un miembro de las Fuerzas Armadas y a uno de la Policía, en Sucumbíos y Los Ríos respectivamente

La entrada El Gobierno aplica por sexta vez la vieja fórmula del estado de excepción se publicó primero en La Calle.

El operativo se llevó a cabo el 26 de agosto en el sector de Urcuquí, en donde la Policía detuvo a 14 personas. Una llamada anónima delató esta red de minería ilegal.

Según la declaración de las autoridades, los militares involucrados intentaron evadir los controles y uno de los camiones que trasladaban el material ilícito pertenecía al Centro de Inteligencia Estratégica de las Fuerzas Armadas. Asimismo cargaban pistolas, fusiles y municiones.

Fiscalía explicó que el material a bordo de los vehículos ya estaba triturado, es decir, que tenía un procesamiento inicial, por lo cual tendría un mayor valor. El juez de la causa dictó prisión preventiva para los diez civiles procesados y para los cuatro miembros de las Fuerzas Armadas dispuso presentaciones periódicas y la prohibición de salida del país.

¿Infiltrados de las bandas criminales?

El pasado 24 de agosto, Fiscalía procesó a 30 personas por el presunto delito de asociación ilícita en Milagro, Guayas. Los detenidos fueron atrapados en una ‘narcofiesta’, entre ellos se encontraba un militar en servicio activo, quien pertenecería a la banda delictiva de »Las Águilas».

Según un reporte de Primicias, el uniformado habría estado encargado de brindar seguridad a Alias ‘Alan’, líder de la banda criminal, quien también fue detenido y es considerado un objetivo de alto valor de la Policía Nacional.

Por otro lado, el medio La Posta reveló que personal militar le entregó a alias ‘Fito’, líder de Los Choneros, un uniforme para que escape de la cárcel de La Roca camuflado en un camión. El hecho ocurrió el 7 enero y ya pasaron 200 días desde su fuga, las autoridades desconocen cómo huyó de la prisión de máxima seguridad. (AGM).

La entrada Militares entre la red de minería ilegal y la criminalidad se publicó primero en La Calle.

La mañana del 26 de abril se produjo el accidente de un helicóptero que transportaba ayuda humanitaria a las 159 familias afectadas por el desbordamiento del río Bobonaza, en la comunidad de Pakayaku, en la Amazonía. El trágico suceso provocó el fallecimiento de todo sus tripulantes, entre personal de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGRE).

Tripulación:

• Mayo. de A.E. Andrés Octavio Sierra Martínez (piloto)
• Tnte. de A.E. Jaime Fernando Cordones Ortega (piloto)
• Sgos. de A.E. Leonardo Javier Gutiérrez Aymara (ingeniero de vuelo)
• Cbop. de A.E. Cristian Patricio Morales Arboleda (mecánico)
• Cbop. de A.E. Édgar Vinicio Montesdeoca Sanipatín (mecánico)

Pasajeros:

• Srta. Katya Aragón
• Sr. Diego Ima
• Sr. Erik Reyes

Este 28 de abril la Fiscalía junto a la Policía procedieron al levantamiento de los ocho cuerpos en el sector de Tiwino. Serán trasladados a la morgue, en Pastaza, para las prácticas de las respectivas autopsias.

La extracción de cadáveres estaba prevista para el pasado 27 de abril, sin embargo, las condiciones climáticas evitaron el operativo. Actualmente, las autoridades investigan la causa del suceso.

»Lamento profundamente el trágico accidente que sufrieron militares y servidores públicos que se encontraban brindando ayuda humanitaria en el sector Tiwino de Pastaza. He dispuesto desplegar todos los esfuerzos necesarios en la búsqueda de la tripulación y pasajeros quienes cumplían con esta misión heroica en favor de los ecuatorianos», dijo el presidente Noboa.

La entrada ¿Qué se sabe del accidente aéreo en Pastaza? se publicó primero en La Calle.

El Decreto Ejecutivo No. 229 firmado por el mandatario ordena la movilización e intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, incluso, las infraestructuras energéticas para prevenir sabotajes, ataques terroristas u otras amenazas que puedan afectar su funcionamiento.

La medida durará sesenta días y se fundamenta en la necesidad de contar con el tiempo adecuado para superar el déficit de electricidad y garantizar el suministro de energía a toda la ciudadanía. Este es el segundo estado de excepción que decreta el Gobierno de Noboa en más de cuatro meses de gestión.

¿Sabotaje?

El pasado 17 de abril Presidencia informó que existen supuestos indicios de que funcionarios de alto nivel, incluida la exministra de Energía Andrea Arrobo, ocultaron intencionalmente información crucial para el funcionamiento del sistema nacional energético.

En este sentido, iniciaron una investigación- liderada por el actual ministro de Energía encargado, Roberto Luque- en donde se expone que hubo actos de corrupción y negligencia en la cartera de Estado al omitir las alertas y advertencias sobre la situación energética y no tratar el tema en el Comité de Crisis. (AGM).

La entrada Militares resguardan las centrales hidroeléctricas para evitar »sabotajes» se publicó primero en La Calle.

«La Asamblea determinó que las Fuerzas Armadas no podían complementar el trabajo de la Policía Nacional de manera permanente, entonces le han puesto un límite de tiempo. Máximo 180 días con una prórroga de 30 días. Nosotros (en el gobierno de Lasso) propusimos que el acompañamiento sea permanente debido al carácter permanente de la delincuencia», dijo en una entrevista con Teleamazonas.

Agregó que «nadie está apoyando que la Fuerza Pública se exceda en el uso de la Fuerza, pero la Justicia tiene que activarse en esos momentos. Considero que es importante esta propuesta para fortalecer la Fuerza Pública, es necesario para apoyar al Gobierno en la lucha contra la delincuencia».

Un segundo round

Sichel saltó a la opinión pública en la Consulta Popular de febrero de 2023, donde abogó por el Sí, al ser parte del gabinete de Lasso. No obstante, unos días después de que el No se llevara la victoria en la Consulta, renunció a su cargo, al igual que otros funcionarios como el exministro de Gobierno, Francisco Jiménez.

En febrero del 2023, la Consulta Popular de Lasso tuvo un rechaza del 50% en sus preguntas:

• La pregunta 1, el No obtuvo el 51.54% de los votos.
• La pregunta 2, el No obtuvo un 56,71% de votos.
• La pregunta 3, el No registró un 53,07% de votos.
• La pregunta 4, el No obtuvo el 54,55% de votos.
• La pregunta 5, el No contabilizó el 57,63% de votos.
• La pregunta 6, el No obtuvo el 57,87% de votos.
• La pregunta 7, el No obtuvo el 55,41% de votos.
• La pregunta 8, el No obtuvo el 55,96% de los votos.

La entrada Reaparece Karen Sichel; ahora en la Consulta de Noboa se publicó primero en La Calle.

Este proceso, realizado en colaboración con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las Fuerzas Armadas, se lleva a cabo únicamente con el consentimiento informado de las personas privadas de libertad y tiene objetivos forenses y humanitarios, en cumplimiento con la normativa vigente.

Un censo penintenciario en la primera fase

Previamente, la entidad confirmó que se está realizando un censo de la población penitenciaria para verificar identidades, registrar información biométrica y procesarla en el Sistema Informático Penitenciario (SIP).

Este proceso ya se está implementando en algunas prisiones como la cárcel 1 de Cotopaxi, la cárcel 1 de Chimborazo y desde el 11 de marzo en la cárcel 1 de Guayas.

La entrada SNAI confirma creación de perfiles genéticos en prisiones de Ecuador se publicó primero en La Calle.

«Hay un panorama a estudiar. Guillermo Lasso tuvo su primera gran victoria: la vacunación. Llegamos al 2022 y la popularidad está cayendo estrepitosamente. Uno puede tener una gran victoria y luego no tener más que mostrar. (…) No hay cómo exigir tremendos resultados con una crisis profunda como la inseguridad, la entrada de narcotraficante, donde ya estaba el contrabandista», dijo en entrevista con La Calle.

La fuerza de la FF.AA.

Para Febres Cordero, es importante tener en cuenta dos consideraciones. La política de cara a su reelección. Con la prórroga, el presidente podrá tener 90 días de estado de excepción y aunque el Ejército también puede prorrogar sus funciones, «en algún punto, los militares saldrán de las calles. Ya están entregando los bloques de seguridad en las cárceles a el SNAI que no se ha reformado. Cuando eso pase, puede haber una venganza de los ‘narcos’, es decir, volverán las vacunas o la violencia. No estoy tratando de hacer una proyección, pero es un riesgo que considero razonable. Hay que ver si eso puede desacreditar al Gobierno de Daniel Noboa».

Un segundo punto es la relación entre las Fuerzas Armadas y los ciudadanos «¿Están las FF.AA. preparadas para tratar con los civiles? Cómo explicar los incidentes con reos en la cárcel de Santo Domingo, los vídeos que hemos visto todos nosotros. También puede haber abusos de la FF.AA. por los que el Gobierno de Noboa tendrá que responder y no se trata de lloriquear porque pobrecitos los delincuentes. Hay mucha gente inocente que puede estar involucrada y porque el más vil de los delinuentes tiene derechos humanos y defender esos derechos es defendernos a todos nosotros».

Sobre el IVA

El analista indicó que las bancadas legislativas no fueron sinceras con sus votantes. «Deberíamos preguntar, más allá de quién es el operador político del gobierno, por qué las bancadas legislativas actúan de esta forma, por qué sienten la libertad de hacerle eso al votante, pretender que se oponen a esa medida sin hacer nada para detenerla».

De manera que, no solamente pasó el aumento el IVA al 13% sino la potestad de Noboa para aumentarlo hasta el 15% cuando lo considere necesario. Por lo que hubo una «traición al votante porque no se lo compartió así, pero es la medida que está en el registro oficial. (…) No fueron de frente con el votante a decirle lo que pasaba y eso deben darse cuenta los votantes de izquierda, derecha, incluso los que se llaman apolíticos».

Sobre el impasse diplomático con Rusia

«El gobierno de Guillermo Lasso a pesar de su cercanía con Estados Unidos, mantuvo la distancia y es porque podía haber un alto precio para Ecuador debido a las sanciones. En algunos casos camufladas por restricciones fitosantiarias como en este caso», expresó Febres Cordero.

Especialmente porque miembros del Gobierno o sus familiares son grandes exportadores de las Costa que llegan al mercado ruso. «Llama la atención que en el gobierno de Daniel Noboa, cuyo ministro de Agricultura es Danilo Palacios, hijo de Uclides Palacios, dueños de Comersur, Corporación Palamar son grandes exportadores de banano, entre otros países, a Rusia».

Para el analista, lo que también llama la atención es que Estados Unidos, a través de uno de sus secretarios de Estado, diga la verdad sobre que era armamento y que iba a llegar a Ucrania y no siguiera la línea de Ecuador de la «chatarra» que iban a entregar a cambio armamento moderno.

Rusia mantenía una queja justa debido a los tratados previos con Ecuador. «El país que vende las armas no puede transferir a terceros si no tiene autorización del país al que compró originalmente».

La entrada César Febres Cordero: «Se puede tener una gran victoria y luego nada más que mostrar» se publicó primero en La Calle.

En operativos simultáneos en las cárceles del Inca, en Quito, Guayas, el Puyo, Carchi encontraron droga, celulares, machetes, computadoras y otros objetivos prohibidos. En videos que circulan en las redes sociales de las fuerzas del orden se observa como los agentes ingresan con martillos y otros instrumentos para derribar algunas paredes y extraer varios dispositivos.

¿Qué más hallaron?

En otros centros penitenciarios, los uniformados encontraron paredes y pisos falsos construidos en las celdas. Los operativos se realizaron tras el decreto del conflicto armado interno en el país y la ola de violencia desatada en las calles. Sin embargo, es pertinente cuestionar ¿cuál fue el accionar del SNAI en este proceso?

¿Cómo accedieron los reclusos a los materiales para la construcción de estas estructuras? o ¿Durante las intervenciones y requisas diarias que realizaban nunca se percataron de este suceso? ¿Qué autoridad debía estar pendiente de estos incidentes?

Se encuentran con cada cosa…

El 16 de junio de 2023 en el gobierno de Guillermo Lasso, los agentes encontraron desde televisores hasta gallos de pelea y un corral de cerdos, en la cárcel de Santo Domingo. Además, hallaron 26 armas blancas, 16 dispositivos electrónicos, ocho estufas. 12 gallos de pelea y dos cerdos.

De la misma manera, en los pabellones de mínima y mediana seguridad encontraron 11 kilos de marihuana, dos kilos de cocaína, 57 celulares, 17 parlantes, 41 botellas de licor, 290 cajas de cigarrillos, neveras, entre otros objetos.

Al «nuevo» escenario que presentan las fuerzas del orden, el SNAI se ha mantenido en silencio o ha brindado escasa información ante los acontecimientos. De hecho, dos directores de cárceles de la Penitenciaría del Litoral fueron detenidos tras la inspección que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE), el 4 de agosto de 2023.

A la par fueron aprehendidos cinco funcionarios administrativos y dos guías penitenciarios. Horas después, los funcionarios fueron liberados por supuestamente mostrar una detención ilegal.

La entrada En 30 días, las FF.AA. decomisaron más cosas prohibidas que el SNAI en toda su vida se publicó primero en La Calle.

Junto a la ola de violencia que se desató en las calles del país, los reclusorios protagonizaron otra guerra interna que dejó un saldo de más de 200 guías penitenciarios retenidos. Además, de los disturbios y motines que se ejecutaron en las cárceles.

En una especie de sesión honorífica con los presos formados y entonando el himno nacional, los uniformados se retiran del centro. Durante los operativos, los uniformados encontraron sustancias sujetas a fiscalización, celulares, armas blancas, equipos de sonido, televisores incluso refrigeradoras.

Ahora, el SNAI deberá preservar el orden y la disciplina en el lugar. El acto se da a la par de la decisión del juez Manuel Estupiñán de emitir un habeas corpus a favor de los presos. Según el magistrado, el Estado habría vulnerado los derechos de los presos, detalla El Expreso.

La intervención militar se da luego de que el presidente Daniel Noboa emitiera el decreto 110 y 111. Los documentos declaraban conflicto armado interno en el país y colocaban como objetivo militar a 22 bandas delictivas. Aunque la cárcel de Los Ríos regresa a poder del SNAI, las FF.AA. mantienen operativos en los diferentes centros carcelarios.

La entrada Cárcel de Los Ríos regresa a manos del SNAI, tras salida de las FF.AA. se publicó primero en La Calle.

»Mi hijo no tiene antecedentes ni tatuajes ni piercings (…) Es un dolor tan grande el que tengo», dijo en entrevista para BN Periodismo.

El hecho ocurrió la mañana del 2 de febrero cuando el joven salió con su primo Eduardo Velasco a vender un perro en los exteriores de la Universidad Politécnica Salesiana, sin embargo, no pudieron pasar debido a un control militar en el camino.

Según el testimonio del conductor, al tratar de irse manejó en reversa y chocó accidentalmente con un patrullero. Ahí fue cuando escuchó disparos y encontró a su primo herido.

“Llegaron los militares que me dispararon y les dije que no me hiciera nada, que me dispararon por gusto. No me terminen de matar, mataron a mi primo”, fue el testimonio de Velasco.

La versión de la FF.AA.

»Durante una operación de ámbito interno en la ciudad de Guayaquil, dos presuntos terroristas fueron aprehendidos ante intento de ataque a un retén militar», dijo las Fuerzas Armadas en un comunicado oficial.

La institución agregó que los supuestos terroristas intentaron evadir el control embistiendo a personal militar e impactando contra el vehículo de la patrulla. Además resaltó que las personas recibieron primeros auxilios por parte de la Cruz Roja y luego fueron trasladados a una casa de salud.

Carlos Vega falleció al siguiente día en el Hospital del Guasmo, mientras Eduardo quedó herido y le formularon cargos por ataque y resistencia.

La entrada Madre denunciará al Estado por presunta ejecución de su hijo se publicó primero en La Calle.

Un juez constitucional dio paso al recurso de habeas corpus presentado por la organización social y responsabilizó a las Fuerzas Armadas de vulnerar el derecho a la integridad personal de los privados de la libertad. En este sentido dictó las siguientes medidas reparatorias:

• Atención médica ininterrumpida a personas detenidas.
• Dar seguimiento al estado de salud mental de las personas detenidas.
• La Defensoría del Pueblo deberá investigar en 45 días los actos de tortura al interior de las prisiones
• Exhortó a las Fuerzas Armadas a respetar la Ley y enmarcar sus actuaciones en respeto a la dignidad.
• El SNAI deberá otorgar colchones, acceso a luz, agua potable, alimentación, útiles de aseo y de higiene personal de manera directa. »Las familias no tienen porqué pagar por eso», dice el comunicado del Comité de DD.HH.

Además, el magistrado declaró responsable al Estado por acción y omisión. Acción porque las Fuerzas Armadas incurrieron en acciones que atentaron contra la integridad personal de las personas privadas de libertad (ppl) al someterlas a maltratos que presumiblemente podrían ser tortura, esta acción será investigada por la Defensoría del Pueblo.

También señaló que hubo omisión porque el SNAI no estaría ejerciendo su competencia de gestionar los centros penitenciarios debido a la intervención militar. (AGM).

La entrada Tribunal declara violación de derechos en las cárceles del país se publicó primero en La Calle.

Mientras que, las preguntas 2, 4,5,6,7 y 9 tuvieron un dictamen favorable ante el análisis en la Constitución y la ley. Sin embargo, la pregunta 6 deberá colocar el nombre completo de la norma en referencia, como parte de una modificación.

Además, en los cuestionamientos 4, 5, 6, 7 y 9 -a consideración de la Corte- deberán estar junto a sus anexos para que el lector pueda leerlo de manera conjunta. El presidente debe solicitar al Consejo Nacional Electoral (CNE) unifique estos estamentos y no los presente en páginas separadas.

«Esto a consideración de la Corte para garantizar las cargas de claridad y lealtad con el lector en el ámbito de lo que será consultado», detalla el informe.

¿De qué tratan estas preguntas?

Las preguntas que fueron aprobadas por la Corte se relacionan con el control de armas y municiones de las Fuerzas Armadas (FF.AA.); los centros de privación de libertad; tipificación de delitos que se incluyan a tenencia o porte de armas; apropiación de de bienes de origen ilícito; y el incremento de penas en delitos como el terrorismo, la delincuencia organizada, entre otros.

Cambios constitucionales

De la misma manera, la CC indicó que las preguntas que refieren a cambio constitucional la vía correcta para tratarlas es la enmienda. Los temas que trata son: extradición de personas ecuatorianas; extinción de dominio; establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional; proyectos de ley urgente; y arbitraje internacional.

La entrada Corte rechaza cuatro de diez preguntas del primer paquete de la consulta popular se publicó primero en La Calle.

»El personal militar procedió a retirar e inhabilitar alrededor de 1.500 metros de cable UTP y cable coaxial, que eran utilizados por los PPLs», dijo el Ejército en su cuenta de X.

Desde el pasado 14 de enero, las fuerzas del orden público empezó a realizar operativos para retomar el orden en las cárceles. Según la institución se presume que las conexiones también eran utilizadas para la planificación de actividades ilícitas al interior del centro penitenciario.

De acuerdo a los datos del Censo Penitenciario realizado a finales del 2022, cerca de 6 mil presos declararon haber tenido acceso a un celular, mientras que 5.432 afirmaron tener acceso a internet, es decir, el 17 % de la población carcelaria. (AGM).

La entrada Militares cortaron conexiones de internet a reos de Machala se publicó primero en La Calle.

El jefe del Comando Conjunto de las FF.AA, almirante Patricio Vela, pidió a los comandantes de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea un informe que detalle si existe la necesidad de personal de la reserva activa.

De acuerdo al artículo 63 del Reglamento de la Ley de Servicio Militar Obligatorio, los ciudadanos que integren las reservas podrán ser llamados al servicio activo »ante peligro de inminente agresión externa, de guerra internacional o de grave conmoción interna mediante Decreto Ejecutivo».

¿Cuáles son las reservas?

Según información de la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF.AA), el personal de reserva constituye el grupo humano que ha salido del período de licencia temporal y luego pasó a formar parte de las reservas, cuyas edades oscilan entre los 26 hasta los 55 años y son:

• Oficiales y tropa en servicio pasivo con o sin pensión de retiro militar.
• Los ex cadetes de las escuelas de formación de oficiales de las Fuerzas Armadas que no se hubieran graduado de oficiales.
• Los/as graduados en los colegios y liceos militares dependientes de las Fuerzas Armadas.
• El personal de oficiales y voluntarios de reserva, formados en los cursos de reserva organizados por la DIRMOV.
• Los que hubieren cumplido más de cinco años con licencia temporal luego de realizar el servicio militar.
• Personal de técnicos requeridos por las Fuerzas hasta los 55 años de edad cuya asignación será realizada por la Dirección nacional de movilización.
• Los demás ciudadanos ecuatorianos calificados idóneos para el servicio militar, que no hubieren cumplido con el servicio activo como conscriptos.

La entrada Fuerzas Armadas analiza convocar al personal de reserva ante conmoción interna se publicó primero en La Calle.