El magistrado de una de las unidades judiciales del Guayas falló a favor de la medida cautelar al exsegundo mandatario. La resolución manda a que: «se le restituyan inmediatamente los derechos políticos de participación de elegir y ser elegido y a participar en los asuntos de interés público».

Además, se levantó los impedimentos para ejercer cargos en el sector público y se solicitó que se delegue a la Defensoría del Pueblo la supervisión de la ejecución de las medidas referidas.

Ahora, el Consejo Nacional Electoral (CNE) será notificado para dar de baja los impedimentos señalados.

La resolución ocurre en vísperas de que el movimiento Revolución Ciudadana anuncie el binomio presidencial que se candidatizará para los comicios 2023. ¿Los ecuatorianos verán a Jorge Glas en la papeleta presidencial o en la legislativa?

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, se pronunció a través de Twitter; aunque no mencionó a Glas.

«¡La Corte Constitucional ha dejado claro que los jueces sí pueden cometer prevaricato cuando violan normas procesales expresas en garantías jurisdiccionales. Importante para no dejar en impunidad la conducta de jueces que actuaron violando groseramente la ley!», señaló en un trino.

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Uno de los involucrados es Darwin Campuzano, alias “La Mole”, presunto cabecilla de la banda delictiva “Las Águilas”. Según el juez a cargo, en la audiencia de flagrancia se liberó a los implicados al no haberse formulado cargos en su contra. Mientras que para los otros siete dictó prisión preventiva.

La Policía se pronunció

La Policía Nacional rechazó la decisión de la unidad de control. Además, detalló que a los sospechosos se les incautó armas de grueso calibre y atentaron contra la vida de los uniformados.

“Solicitamos a las autoridades el respaldo y apoyo al trabajo que realizan los servidores policiales (…) para garantizar la seguridad y paz de los ecuatorianos”, reza el comunicado.

La entidad aseguró que este grupo delictivo mantendría un centro de monitoreo en Yaguachi con Durán y Milagro. Además, explicaron que los detenidos son sospechosos de delitos de extorsión, asesinato y robo.

La noche del tiroteo

La noche del 19 de abril, usuarios en redes sociales reportaron una balacera ocurrida en Yaguachi, provincia del Guayas. El comandante zonal de la Policía, William Villarroel, informó que el intercambio de disparos se produjo en medio de un operativo que duró alrededor de dos horas y donde más de 400 personas trataron de impedir la labor policial.

“Hubo disparos, gracias a los equipos tácticos ya se aseguraron los objetivos y se retiró del lugar con aprehendidos y evidencias”, dijo en rueda de prensa.

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Videos que circulan en redes sociales muestran cuando Roditti iba conduciendo el vehículo e impactó con otros dos automóviles. Como consecuencia de este accidente fallecieron dos personas y hubo varios heridos.

Según la Función Judicial, Roditti fue acusado por “muerte culposa”, pero el juez del cantón La Libertad, Augusto García lo dejó en libertad. Pese a las graves consecuencias que deja este accidente, el juez solamente le otorgó medidas sustitutivas. Es decir, el implicado tiene prohibido salir del país y está obligado a presentarse de manera periódica ante el fiscal a cargo.

Finalmente, dispuso que el proceso se resuelva de manera directa y se llevará a cabo el 3 de enero de 2023, a las 10:00.

Otra raya al tigre

En 2018, Roditti y su padre, Antonio Giovanni Roditti Viteri fue acusado por intento de homicidio, tras atacar a dos guardias de seguridad en una urbanización de Guayaquil.

Los registros de la Función Judicial indicaron que los acusados «intentaron ingresar por la entrada de residentes de la urbanización, sin embargo, el sistema automatizado TAG no detectó su dispositivo para levantar la pluma de manera automática. Eso provocó que el ciudadano descargue su irritación en nuestra contra», según Ecuavisa.

Aunque quedó captado como Roditti golpea al guardia con un ventilador, el fiscal Edgar Escobar se abstuvo de acusarlos y salieron en libertad. También consideró que fue una “contravención” y no un delito, porque las lesiones de las víctimas no pusieron en riesgo la vida de los acusantes.

Además, el día de la audiencia presentaron una carta con la que autorizaban que los representen, pero con una la siguiente leyenda “La gente juzga por las apariencias, pero el señor mira el corazón”. (N.J.C)

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«Recibido el viernes 11 de noviembre de 2022, el proceso Constitucional, tipo de procedimiento: Garantías jurisdiccionales de los derechos por acción de protección con medida cautelar seguido por Fernando Villavicencio en contra de Virgilio Saquicela», reza el oficio.

Sobre la sanción

El 10 de noviembre, el CAL suspendió a Villavicencio por una queja de su homóloga por UNES, Patricia Núñez. La sanción se debió a comentarios ofensivos y discriminadores contra la legisladora. Asimismo, Villavicencio enfrenta otra queja (aún no tramitada por el CAL) de Pamela Aguirre.

El asambleísta se refirió a Núñez a través de Twitter: «Por hacerte la fiscalizadora con información falsa, quedaste como puerco y ahora tienes que enfrentar a la justicia, Patricia Núñez» o «Esta señora de Ecomoda irá a acompañar a Glas (en prisión)».

En la otra queja, Aguirre lo denunció por haber calificado a la bancada de UNES como una «banda de mafiosos».

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Este lunes 8 de agosto, el presidente del Legislativo solicitó al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela y al presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, tomar las acciones correspondientes para garantizar la autonomía de las funciones del Estado y evitar que la Función Judicial interfiera en ellas.

“Es su deber y obligación no permitir inferencias, ni inferir y evitar cualquier tipo de intromisión por parte de la justicia en las decisiones de los demás poderes del Estado”, señaló en el documento.

Saquicela recalcó que las determinadas responsabilidades y obligaciones de cada función asegura la independencia del actuar entre ellas.

Además, sostuvo que de lo resuelto por el tribunal de alzada respecto al recurso de apelación presentado dependerá la designación y posesión para el Superintendente de Bancos.

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Asimismo, en su cuenta de Twitter aseguró que los comentarios vertidos alrededor de este suceso han sido “infundados, maliciosos, sin bases jurídicas y que pretenden confundir a la opinión pública».

“La Fiscalía General del Estado actúa siempre sobre la base de sus competencias constitucionales y legales, entre las cuales se encuentra la obligación de investigar todas las denuncias que le sean presentadas por cualquier ciudadano. No tiene la posibilidad de decidir si las acepta o no, porque entonces sí estaría incumpliendo sus funciones, al negar el acceso a la justicia”, señaló.

De igual forma, explicó que, en el caso de la denuncia presentada por Llori, el pasado 26 de abril, por el presunto delito de incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, la Fiscalía inició una investigación previa y que esta es una fase pre procesal, para recabar elementos de cargo y descargo.

Salazar insistió en que la Fiscalía “no ha interferido ni interferirá en ninguna de las otras funciones del Estado” y que, malintencionadamente, pretenden involucrar al sistema de Justicia en una pugna política.

La fiscal hizo un llamado a los políticos y dirigentes del país para que “no pretendan utilizar a la Fiscalía, al sistema de Justicia y al derecho penal en conflictos que escapan a su competencia y que deben resolverse por otras vías”.

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Los policias hicieron la entrega de las notificaciones en la ventanilla del edifico legislativo y las reacciones no se hicieron esperar. Darwin Pereira, de Pachakutik, dijo que no les asusta esta notificación, pero que es algo sin precedentes en la historia.

«Hasta ahora nos deja tranquilos, porque solo notifican el inicio de la investigación. No nos han dicho todavía que diligencias se van a practicar. Únicamente lo qué contempla esta notificación es darnos por notificados, a los a los 93 asambleístas sobre el inicio de una indagación previa», dijo el legislador.

«No nos asusta en lo más mínimo. Entendemos que esto es un trámite normal, que tienen que atender. Lamentablemente, la justicia tiene que verse abocada a atender procesos políticos cuando podría estar aprovechándose todo el aparataje penal para perseguir a la delincuencia. Esto es una locura, porque cada uno de los 93 asambleístas tendremos que contratar 93 abogados, mientras que la presidenta lo está haciendo con el abogado de la Asamblea. Todas estas cosas son las que le pasan factura al final del día la presidenta de la Asamblea», añadió Pereira.

Por su parte, Marcela Holguín, de UNES, dijo que ven con absoluta preocupación el hecho de que, una vez más, se intente judicializar la política en el país.

En una entrevista con Notimundo, Llori dijo que fue elegida democráticamente para un período de dos años y que tiene grandes posibilidades de reelegirse. Aseguró que la Asamblea no está paralizada, que siguen trabajando y que «solo Dios la sacará del cargo»

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Aseguró que independencia de poderes no quiere decir indiferencia. “Ni el presidente ni nadie debe politizar la justicia, pero tampoco puede un jefe de Estado permanecer indiferente ante situaciones que propagan el miedo y la indignación en la colectividad”, añadió.

Dijo que no está ahí para dar a los jueces instrucciones de nada ni para emitir criterios jurídicos, pero aseguró que en calidad de presidente de la República no va a permanecer callado ante la indignación, preocupación y miedo que siente el Ecuador.

“Lo que la ciudadanía siente es indignación, estupor, decepción, ante las instituciones y la justicia cuando los ciudadanos se ven en desigualdad de derechos frente a delincuentes comunes. Entonces la sociedad empieza a sentir una profunda decepción hacia las instituciones”, aseveró.

De igual forma, afirmó que jamás permitirá que el Ecuador se convierta en un Estado sitiado por bandas de narcotráfico.

¿Qué medidas se definieron en el encuentro?

“El doctor Saquicela, a quién he transmitido mi malestar, está tomando medidas como las que acaba de anunciar y que deben ser escuchadas de manera especial por todos los jueces de la República del Ecuador, para que los abusos judiciales paren. Confío en que sus gestiones darán resultados y permaneceremos vigilantes para que así sea”, sostuvo Lasso.

Entre las medidas propuestas, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, solicitó a la Corte Constitucional que por vía jurisprudencial se aclare el alcance y se delimite al habeas corpus para eliminar elementos discrecionales que pueden dar paso al abuso de este recurso.

Otro de los pedidos fue que se revierta el precedente jurisprudencial que impide iniciar procesos por prevaricato. También que se revisen los límites de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, en particular, lo referente con la facultad de actuación en caso de manifiesta negligencia.

Otras propuestas de la Función Judicial

El presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, pidió que se restituya al Consejo la potestad de actuar de oficio, es decir, iniciar sumarios de oficio cuando se presenten las infracciones, especialmente, las de negligencia manifiesta. “Que el Consejo pueda, sin esperar una denuncia o una declaratoria jurisdiccional previa, iniciar de oficio los expedientes disciplinarios», señaló.

También solicitó que los jueces de cortes superiores y de tribunales ejerzan su potestad disciplinaria en el campo que les corresponde, es decir, aplicar la facultad correctiva que tiene un juez superior frente a la actuación de un juez inferior.

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«La seguridad es una prioridad para nuestro gobierno, por eso, hoy estamos reunidos con: la fiscal, Diana Salazar, el presidente de la Corte Nacional, y el titular del Consejo de la Judicatura, con el fin de brindar soluciones y promover la defensa conjunta del Estado de Derecho», escribió.

Este sábado, Lasso convocó a un “diálogo urgente” al presidente de la Corte Nacional de Justicia, al presidente del Consejo de la Judicatura, y a la fiscal General del Estado para tratar las recientes resoluciones judiciales.

Según Lasso, estas decisiones judiciales indignan a la ciudadanía, porque han plasmado abusos, que juegan en favor de criminales y ocasionan el desmantelamiento de las instituciones que deberían proteger a los ciudadanos y no a los delincuentes.

La meta de este diálogo sería “encontrar soluciones y propuestas que permitan defender el Estado de Derecho de abusos, con irrestricto apego y respeto a la independencia de funciones consagrado por la Constitución”.

La polémica

El Ejecutivo ha cuestionado las resoluciones judiciales desde que se aceptó la excarcelación del exvicepresidente, Jorge Glas. Desde el Gobierno, se anunció que se tomarían todas las medidas pertinentes para revertir esta decisión.

Desde el 10 de abril, existe una indagación contra el juez Diego Moscoso, quien otorgó el habeas corpus a Jorge Glas. Asimismo, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), solicitó a través de un comunicado, una investigación a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura por haber concedido un habeas corpus a un ciudadano holandés acusado de tráfico de drogas.

También hay una investigación por el habeas corpus entregado a un ciudadano extranjero con difusión roja de la Interpol. Esta medida también habría sido entregada por un juez de Manglaralto.

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Según Lasso, estas decisiones judiciales indignan a la ciudadanía, porque han plasmado abusos, que juegan en favor de criminales y ocasionan el desmantelamiento de las instituciones que deberían proteger a los ciudadanos y no a los delincuentes.

La meta de este diálogo sería “encontrar soluciones y propuestas que permitan defender el Estado de Derecho de abusos, con irrestricto apego y respeto a la independencia de funciones consagrado por la Constitución”.

El mandatario propuso que la primera reunión se desarrolle este domingo 24 de abril, a las 10:00AM, en la Gobernación del Guayas.

En su cuenta de Twitter escribió: “Basta de más abusos que juegan a favor de los criminales. Convoco públicamente del Consejo de la Judicatura y a Diana Salazar a un diálogo urgente para encontrar soluciones que aseguren la protección y seguridad de los ciudadanos”.

La polémica

El Ejecutivo ha cuestionado las resoluciones judiciales desde que se aceptó la excarcelación del exvicepresidente, Jorge Glas. Desde el Gobierno, se anunció que se tomarían todas las medidas pertinentes para revertir esta decisión.

Desde el 10 de abril, existe una indagación contra el juez Diego Moscoso, quien otorgó el habeas corpus a Jorge Glas.

Asimismo, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), solicitó a través de un comunicado, una investigación a la Fiscalía y al Consejo de la Judicatura por haber concedido un habeas corpus a un ciudadano holandés acusado de tráfico de drogas.

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“Este tema de vulneración de derechos empezó desde el 20 de junio de 2019, mientras me encontraba haciendo uso de mi derecho y licencia de maternidad. Mediante llamada telefónica, recibo la noticia de la remoción de mis funciones. Se me solicitó acercarme durante mis vacaciones a conversar con las autoridades de manera personal”, indicó la funcionaria en su testimonio.

La Coordinadora Técnica de Evaluación y el Coordinador General Técnico del INEVAL de ese entonces alegaron, en su momento, que la maternidad no le permitiría ejercer todas las funciones que requiere ese puesto de dirección. Le comunicaron que sería mejor tomar un puesto de técnica que no tener un trabajo. Desde allí empezó un vía crucis para la funcionaria.

Al terminar el período de baja por maternidad, regresó a sus obligaciones laborales. Sin embargo, el Coordinador General Técnico de ese entonces insistió en que acepte la propuesta, de una forma concebida como acoso laboral. Sus superiores buscaban que ella dejara su puesto sin una notificación por escrito.

De puesto en puesto

A la funcionaria, la ubicaron en la Dirección de Modelos de Estructuras de Evaluación, con el mismo salario para evitar un juicio que afectaría sus aspiraciones políticas. La denunciante estuvo primero en la Dirección de Instrumentos, después en la de Modelos y Estructuras de Evaluación. Luego mediante quipux se dispuso su ingreso como directora de análisis geoestadístico e informes, el 30 de julio. Al día siguiente se dispuso su ingreso a la dirección de investigación educativa por el mismo mecanismo.

No obstante, el acoso volvió a darse.»A mi me pidieron sentarme en un pasillo. En un mail me solicitan salir de mi oficina y alejarme de mi equipo técnico. Hasta el día de hoy me mandan a sentarme en un pasillo que no es oficina», expresó.

El cambio de puestos y por ende, la falta de seguridad laboral trajo como consecuencia una descompensación anímica de la denunciante que ha puesto también en riesgo el sano desenvolvimiento de su hijo. La vulneración de sus derechos laborales la llevó a acudir a los tribunales. El director del INEVAL, Gustavo Salgado no realizó ninguna acción para proteger a la funcionaria.

Intervención legal

La denunciante emprendió acciones legales debido a la vulneración de sus derechos y los de su hijo. En la audiencia pública de acción de protección, que resultó favorable para la funcionaria se resolvió:

1.- Declarar la vulneración de parte del INEVAL del derecho constitucional a la igualdad material y no discriminación en el ámbito laboral.

2.- Declarar la vulneración del derecho constitucional del trabajo y como servidora pública.

3.- Dejar sin efecto los memorando y oficios que atenten con los derechos de la denunciante. Su inmediata restitución en el cargo u otro de igual nivel, garantizándose su permanencia en el cargo hasta el periodo fiscal en que concluya su periodo de lactancia de acuerdo con la ley. Que el INEVAL realice las gestiones pertinentes a efectos de garantizar sus condiciones de afiliación y continuidad laboral desde el momento de la cesación del cargo.

Pedido de disculpas públicas través del representante legal.

Disponer el pago de los haberes dejados de percibir desde el momento en que se produjo la trasgresión de los derechos constitucionales hasta la reintegración de funciones.

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“Dotar de elementos técnicos al Pleno del Consejo de la Judicatura, para la toma de decisiones con respecto al actual escenario epidemiológico de los servidores judiciales en Pichincha con corte al 29 de julio”, dice parte de la solicitud.

Según los reportes, 14 jueces, 12 secretarios, tres coordinadores, dos médicos peritos, un asistente de coordinación y un asistente administrativo tienen Covid-19. Así mismo, dos técnicos de audiencia, tres técnicos de sala, cinco auxiliares de oficina y dos auxiliares de servicios dieron positivo al virus. Por su parte, cuatro citadores, dos miembros de TICS, un técnico de ventanilla, una parvularia y cinco conductores contrajeron el virus

El Consejo de la Judicatura indicó que se priorizará el uso de las herramientas digitales para las audiencias y procesos en la ciudad de Quito. La misión es prevenir el aumento de Casos de Covid-19.

En su portal web, el Consejo de la Judicatura anunció que durante la emergencia sanitaria «garantiza la tutela de los derechos ciudadanos. A través de 250 unidades judiciales en todo el país». Así, se suma a las medidas de bioseguridad para mitigar el contagio.

El 23 de junio pasado, el abogado Fausto Jarrín ya denunció que el sistema de justicia obligaba a los defensores a acudir a audiencias. En esa fecha, dio a conocer que era positivo para Covid-19 e hizo responsable a la institución por exponer a los asistentes y funcionarios.

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